El incesante aumento de precios y la contención salarial evita que 64.7 por ciento de la Población Económicamente Activa pueda adquirir los alimentos básicos para una dieta balanceada, mientras que en 2007 el índice se ubicaba en 63.3 por ciento, afirman académicos de la Universidad Obrera de México (UOM).

Con datos de un estudio de la CEPAL, señalan que 28.5 millones de mexicanos tienen ingresos que no rebasan los cuatro salarios mínimos, mientras que el costo de la canasta cuesta seis salarios.

Así, el alza de 2.20 pesos que entrará en vigor el primero de enero provocará que se eleven los niveles de pobreza y desnutrición, que ya afectan a 70 por ciento de la población.

Con base en el análisis “Impacto de la Crisis en el Consumo”, los académicos señalaron que más de un millón de asalariados se vieron forzados a modificar sus hábitos de consumo ante las alzas en los precios del arroz, fríjol, aceite, leche, huevo y cárnicos.

En este año el número de mexicanos que no tienen acceso a adquirir los alimentos básicos para una dieta balanceada aumentó de 63.3 a 64.7 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) y se espera que en 2009 continué ampliándose la brecha ante el incesante aumento de precios y una más férrea contención salarial anticipada por la magra retabulación a las minipercepciones de sólo 4.4 por ciento, precisaron académicos de la Universidad Obrera de México (UOM).

Con datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), los investigadores Laura Juárez y Luis Lozano Arredondo señalaron que el pírrico aumento de 2.20 pesos diarios a los salarios mínimos que entrará en vigor el primero de enero, limitará aún más el poder de compra de los asalariados y se acentuarán los niveles de pobreza y desnutrición que ya afectan a casi el 70 por ciento de la población.

Expusieron que de acuerdo a la CEPAL la población más vulnerable al sistemático aumento a los precios son 9.1 millones de trabajadores y sus familias que perciben entre menos de uno y hasta un salario mínimo que no tendrán más alternativa que continuar disminuyendo el consumo de alimentos o adquirir productos de menor precio y calidad.

En su análisis “Impacto de la Crisis en el Consumo” los académicos destacaron que tan sólo entre abril y noviembre más de un millón de asalariados se vieron forzados a reducir o modificar sus hábitos de consumo ante las alzas en los precios del arroz, fríjol, aceite, leche, huevo y cárnicos.

“Ante la difícil situación que enfrentan los trabajadores la tendencia en el consumo se orienta ya hacía productos de menor precio y calidad carentes de valor proteínico como son sopas instantáneas, frituras e incluso vísceras que sin duda impactarán en un aumento de la desnutrición y obesidad”, puntualizó la investigadora Laura Juárez.

El académico Luis Lozano Arredondo precisó que a la insuficiencia salarial que enfrenta la clase trabajadora se sumará el fantasma del desempleo que ya agobia al 4.4 por ciento de la PEA en términos oficiales, y a casi una cuarta parte de la población en edad de trabajar que se encuentra semiempleada o que obtiene sus ingresos por su cuenta.

“Aunado a los bajos salarios el país estará enfrentando en 2009 uno de los más difíciles años en generación de empleo que junto con la inseguridad será el principal riesgo a la paz social”, alertó.

w Desempleo al alza

En tan sólo el último año la tasa abierta de desempleo pasó de 3.9 por ciento a 4.4 por ciento el indicador más alto desde la crisis de 1994, mientras que la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo acumuló un 80 por ciento, es decir, una minipercepción es apenas suficiente para adquirir diez de los 42 artículos que conforman la canasta básica.

Bajo la premisa de que adquirir una canasta básica indispensable para una familia de seis integrantes requiere el equivalente a seis minipercepciones (312 pesos diarios), se concluye que 28.5 millones de asalariados (64.7 por ciento) de una PEA de 44 millones, no puede comprar lo satisfactores básicos porque sus ingresos son inferiores a los seis salarios mínimos.

Tan sólo para tener una visión de cómo vive el grueso de la población de acuerdo a sus ingresos, es de destacar que 9.1 millones perciben entre menos de uno y un salario mínimo, 11.2 millones entre uno y dos salarios mínimos y 5.8 entre dos y tres minipercepciones, mientras que 2.4 millones más trabajan a “destajo” en factorías, talleres o changarros que forman parte del inmensurable sector informal de la economía.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), indicó que del total de 14 millones 415 mil afiliados, sólo 2.4 por ciento, unos 295 mil, perciben ingresos superiores a los diez salarios mínimos, en tanto que 77 por ciento de los agremiados están en el rango de entre uno y cuatro salarios mínimos lo que se refleja en el bajo nivel de cotización a esa institución declarada en quiebra técnica.

En su informe “Panorama Social de América Latina”, la CEPAL señaló que el número de pobres en México continúa creciendo como consecuencia del errático crecimiento económico, insuficientes programas de inversión para crear empleos y la insistencia de utilizar los salarios como instrumento antiinflacionario (retabulación adelantada frente a tasas oficiales de inflación, casi siempre superadas).

El organismo internacional asienta que en los dos años transcurridos de esta administración federal, cuando menos cuatro millones más de mexicanos se sumaron al décil de subsistencia al aumentar de 6.8 a 9.4 por ciento el índice de población ocupada en condiciones críticas y advirtió que de no ejercer acciones inmediatas que alienten el crecimiento y el equilibrio en la distribución del ingreso, la situación de pobreza se agudizará.

En los dos años de la administración de Felipe Calderón el poder adquisitivo del salario mínimo retrocedió 4.8 por ciento para una pérdida acumulada de 80 por ciento lo que, de acuerdo a la CEPAL, lo convierte en uno de los más bajos de América Latina, similar a lo que perciben los trabajadores de El Salvador, Perú, Haití y Ecuador.

Hace poco menos de quince años una salvaje operación militar insurgente se dió inicio en México y con ello una nueva época de insurgencia que ha dejado como saldo miles, quizá millones, de personas desplazadas, ejecuciones sumarias, genocidio y muchas más injusticias contra los pueblos indios del sureste mexicano. No son pocas las expresiones de repudio contra la brutalidad que comenten estados poderosos contra naciones no conformadas por límites jurídicos y no reconocidas por las grandes organizaciones occidentales. Si bien los ataques israelíes contra el pueblo palestino no dejan de ser un crímen deleznable tampoco nos debería sorprender más de la cuenta ya que en nuestro propio país cometemos, por no impedirlo, ataques de la misma naturaleza. El EZLN vino a formar un nuevo tipo de guerrilla, una lidereada por un mestizo de ojos verdes que enarboló la luha indígena con métodos poco ortodoxos. ¿Lo logros? son pocos pero valiososos. El más importante fue haber puesto el tema indígena en la agenda nacional a fuerza de fuego y sangre de los muertos de San Cristobal y la matanza de Acteal. Entonces supimos muchos de nosotros que dentro de México había muchas más naciones que la conformada por las gentes de las ciudades y pueblos periféricos de cada estado. Supimos que había naciones integradas por pueblos con sus propias costumbres y sistemas de valores de los que poco entendemos quizás por no saber de dicha existencia. Luego los gobiernos neoliberales fueron consecuentes en cierto grado. En una medida suficiente para que la opinión internacional tuviera la impresión que México se ocupaba de sus asuntos olvidados con mesas de diálogo y con la participación ciudadana. Al final todo aquello fue na farsa bien diseñada por los representantes del gobierno quienes decidieron llegar a acuerdo que darían la autonomía suficiente a los pueblos indios para ejercer la autodeterminación regidas por sus usos y costumbre dentro de las tierras que históricamente les pertenecen. Es así que los Acuerdos de San Andrés Larrainzar quedaron sólo en papel, y como ese papel no tenía niguna denominación fue ignorado, deshechado por aquellos firmantes del gobierno que se comprometieron con hipocresía.

Los años pasaron y los pueblos indios de México siguen en la misma miseria, en la mismas condiciones a las que los gobiernos neoliberales y caciquiles les han sometido históricamente. Mientras tanto uno de sus líderes insurgentes se ha convertido en una caricatura de si mismo. un personaje que inidistintamente asiste a las televisoras que le reciben como una estrella más de la barra de telenovelas a escuchar sus opiniones sobre política y denostar siempre a la entonces izquierda real representado por el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Pero como el discurso de Marcos es camaleonico poco tuvimos que esperar para escucharlo desdecirse y aclarar que para él, y presuntamente para los pueblos indios, la política partidista poco tiene que ver con él, con ellos. Son quince años más de una revolución de una nación dentro de México que no se ha concretado, que sigue el camino que las fuerzas globalizadoras dictan ante la falta de determinación de los líderes insurgentes que prefieren no cometer el error de salirse de las señales televisivas antes de continuar con los ideales de la lucha con los que muchos de nosotros estuvimos de acuerdo.

Siete indígenas tzeltales acusados de ser los primeros traidores a la patria en el siglo XX después de la Revolución Mexicana, habitan en esta comunidad de las cañadas de la selva Lacandona desde hace 15 años. Desde entonces pertenecen a la Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC) –una de las cuatro fracciones en que se dividió la agrupación después de 1994– y fueron acusados por el Ejército Mexicano de pertenecer al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), siete meses antes de que éste hiciera su aparición pública el primero de enero de 1994.

Junto con dos guatemaltecos y otro habitante del poblado, que ya murió, los siete indígenas fueron los primeros encarcelados por su presunta participación en la guerrilla zapatista, cuando ésta todavía no se daba a conocer públicamente.

Ellos no saben si la acusación de “traidores a la patria” deba enorgullecerlos por absurda, o apenarlos por su delicada implicación. Pero están seguros de su inocencia, y de la honda huella que el alzamiento zapatista dejó en ellos y sus familias.

El 22 y el 23 de mayo de 1993, siete meses antes de la insurrección armada del EZLN, tropas del Ejército mexicano localizaron el campamento Las Calabazas en la sierra Corralchén, de la selva Lacandona. Fue el primer indicio firme de la presencia del hasta entonces desconocido grupo rebelde. Esto provocó los primeros enfrentamientos entre fuerzas federales y zapatistas, con bajas mortales y heridos de ambos bandos, y trajo en consecuencia un enorme despliegue militar en la zona.

El 24 de mayo de 1993, con tres muertos y algunos heridos en sus filas, decenas de uniformados llegaron a Pataté y rodearon el pueblo. Pidieron a los pobladores que se concentraran en el centro, y luego obligaron a los jefes de familia a mostrarles sus viviendas. Durante las revisiones los uniformados encontraron ocho armas calibre 22 y rifles arcaicos, que los indígenas utilizaban para cazar.

Al final de la inspección y del interrogatorio colectivo, ocho indígenas fueron escogidos y, con la mentira de que los regresarían poco después, los llevaron detenidos a la comunidad La Garrucha, a unas dos horas, donde los militares construyeron su campamento. Ellos eran Tiburcio Ruiz Clara, Melchor Jiménez López –quien falleció hace dos años–, Lázaro Pérez Lorenzo, su hijo Marcos Pérez Jiménez, Nicolás Clara Ruiz, Manuel Clara Ruiz, Antonio López Jiménez y Melchor López Jiménez. Por separado se aprehendió a los guatemaltecos Salvador Mateo y Mateo Salvador Domingo, quienes fueron bajados de un camión cuando recorrían la zona vendiendo ropa.

Después de tres días de interrogatorios sobre su presunta actividad guerrillera y la ubicación de los demás campamentos, fueron internados en el área de máxima seguridad del penal de Cerro Hueco, en la capital chiapaneca.

Entonces se enteraron de que se les imputaron los supuestos delitos de homicidio, lesiones, asociación delictuosa, portación y acopio de armas y de traición a la patria, crimen del que nadie había sido acusado desde la Revolución Mexicana, y que en teoría los puso al borde del fusilamiento.

Gracias a gestiones de abogados, presión de la ARIC y de organismos defensores de derechos humanos, dos meses después de su detención fueron liberados bajo fianza Lázaro Pérez, Marcos Pérez, Nicolás Clara y Melchor López, así como el guatemalteco Salvador Mateo. Los restantes cuatro indígenas de Pataté y el otro guatemalteco continuaron su proceso recluidos en Cerro Hueco.

López Jiménez señaló que el gobernador interino Javier López Moreno les prometió que antes de que cumplieran un año en prisión los liberaría, por saber de su inocencia. Y así fue: salieron de la cárcel el 23 de mayo de 1994, la víspera del primer aniversario de su detención.

“No nos dijeron nada, ni disculpas ni nada, sólo nos soltaron en la puerta y que nos vaya bien; no preguntaron si teníamos cómo irnos o no; una patada en el trasero nos dieron”, contó Tiburcio Ruiz.

Los ocho indígenas regresaron a Laguna El Carmen Pataté. Lo triste, afirmaron, es que después de 15 años, las 36 familias que habitan en el poblado, a unos 60 kilómetros de la cabecera municipal de Ocosingo, siguen en la marginación.

Oventic, Chis. 1º de enero. “Los zapatistas, los pueblos indígenas que nos propusimos luchar por un mundo mejor y más humano, empezamos a ser más perseguidos y golpeados en todos los aspectos por los malos gobernantes de nuestro país, los poderosos y los partidos políticos”, señaló ayer el comandante David en el discurso central de la celebración por los primeros tres lustros del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

“Durante 15 años hemos sufrido amenazas, hostigamientos, persecusiones, ataques militares y paramilitares. El mal gobierno, los partidos políticos y sus aliados, aunque sean gente pobre, no cesan de sus ataques de muchas formas con el fin de detener el avance de nuestra lucha y destruir nuestra base que son todos los pueblos en resistencia.”

En el caracol Resistencia y rebeldía por la humanidad, y a nombre del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del EZLN, los comandantes David y Javier, quienes por cierto participaron en la toma de San Cristóbal de las Casas el primero de enero de 1994, dieron lectura al mensaje rebelde (en castellano y tzotzil, respectivamente) ante unas 2 mil bases de apoyo zapatistas de la zona Altos, así como centenares de colectivos e individuos nacionales y extranjeros que participan en el primer Festival Mundial de la Digna Rabia, que a partir de este viernes continuará en San Cristóbal de las Casas.

“El mal gobierno durante 15 años ha fundado, financiado y entrenado a los grupos paramilitares en todos los pueblos, que tienen la tarea de provocar, amenazar y dividir a nuestros pueblos”, señalaron los comandantes tzotziles. “Para debilitar y destruir nuestras bases sociales, el mal gobierno ha estado repartiendo limosnas a través de sus programas asistenciales a las familias afiliadas a los partidos políticos, con el fin de contentar, acallar y calmar el hambre de la gente pobre.”

Admitiendo que “desgraciadamente hay hermanos indígenas que han caído en las trampas del mal gobierno, creyendo que con esto van a mejorar sus condiciones de vida sin luchar”, el CCRI del EZLN sostuvo anoche: “Los zapatistas no nos levantamos en armas para pedir migajas o que nos traten como limosneros. Luchamos por una verdadera democracia, libertad y justicia para todos, por el bien de la humanidad y contra el neoliberalismo, por otro mundo más justo y humano, donde quepamos todos los que habitamos nuestro planeta”.

A pesar de los logros zapatistas en la construcción de gobiernos propios en las comunidades, las palabras “centrales” del festejo, donde también hubo baile, deportes y canciones, expresaron un dolor que no cesa ni se rinde: “Los malos gobernantes, los poderosos, los que se consideran señores y dueños de todo, se empeñan en saquear las riquezas de nuestros pueblos, en destruir a la naturaleza y en destruir a la humanidad”.

Considerando “necesario y urgente que toda la gente buena y honesta” una sus palabras, luchas, resistencia y digna rabia, los zapatistas sostuvieron la esperanza “de que otro mundo es posible”. Invitaron a sus “hermanos compañeros” a organizarse, unirse “en sus pueblos” contra un “enemigo común”, y buscar la forma y los mecanismos para “unir y globalizar” luchas, resistencias y rebeldías.

Esto “sólo será posible si nos proponemos caminar y luchar juntos sin importar los tiempos y las distancias”. El EZLN llamó a hacer “fuertes y grandes” la lucha, la resistencia, la digna rabia y la rebeldía. Como “pueblos originarios de estas tierras” adviertieron que seguirán adelante, resistiendo “con dignidad y rebeldía los golpes del mal gobierno”.

En estos 15 años no sólo han sido golpeados. “Hemos aprendido a resistir y sobrevivir.” Esto, reconocieron, “también ha sido posible por el apoyo y la solidaridad de muchos hermanos y hermanas de México y el mundo. Con esfuerzo y dificultad hemos tratado de dar unos pasos, pero aún no ha sido suficiente para resolver los problemas y las grandes necesidades de nuestros pueblos”.

Con ese tono autocrítico tan arraigado entre los indígenas zapatistas de Chiapas, los comandantes dijeron que si bien las autoridades autónomas “han tratado de resolver los problemas de nuestros pueblos y algunas de sus múltiples necesidades, gran parte de nuestras necesidades siguen sin soluciones; el hambre, la miseria y las enfermedades van aumentando día con día”.

A pesar de los incumplimientos y engaños del gobierno, los zapatistas anunciaron que siguen adelante, “porque no traicionaremos la sangre de nuestros caídos”.

Antes del discurso central de la comandancia, saludaron a las caravanas de México y otros países los comandantes Domingo y Florencia, dando “gracias a la vida y a todos los que nos han apoyado durante estos 15 años de guerra”, pues así permanecen “con vida y en pie de lucha”.

Con una gran bandera nacional a sus espaldas, presidieron la sobria y poderosa ceremonia decenas de autoridades autónomas de la región, la junta de buen gobierno (JBG) Corazón céntrico de los zapatistas delante del mundo, y los diferentes consejos municipales autónomos de los Altos. “Esta lucha es nuestra, de ustedes y de nosotros”, había confiado la JBG ante los presentes.

Cerca de 50 familiares de los presos de Loxicha, principalmente mujeres y niños, realizaron un plantón en los corredores del que fue el Palacio de Gobierno, en demanda de la liberación de los indígenas “falsamente” sentenciados por pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Además, cuestionaron a las autoridades por retener a los presos de la región Loxicha, Cirilo Ambrosio Antonio, Gregorio o Ricardo Martínez Enríquez, Urbano Ruiz Cruz y Estanislao Ramírez Santiago, quienes, dijeron, a pesar de que ya alcanzan el beneficio de la preliberación, se niegan a atender sus peticiones.
Procedentes de las comunidades de Tierra Blanca, Llano Palma y Loma Bonita, perteneciente a San Agustín Loxicha, los indígenas zapotecos reanudaron sus manifestaciones en demanda de justicia.
Afirmaron que, a pesar de todos los obstáculos que han enfrentado, “después de tantos muertos, presos, amenazas, persecución y el desplazamiento forzado, no estamos dispuestos a permanecer callados, mientras se nos asesina salvaje e impunemente, peor que si fuéramos animales”.
El líder de la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos, Juan Sosa Maldonado, manifestó que, “si bien es cierto que, mediante diversos mecanismos, nos han expulsado de los lugares que han sido acondicionados para el paseo y la recreación de los blancos y los ricos, el problema es que tampoco en nuestras comunidades nos dejan vivir en paz”.
Señaló que, “no obstante la insultante miseria y abandono en que se encuentra nuestro pueblo, las autoridades se roban los recursos que deben ser aplicados para el desarrollo integral de nuestra gente, además de que las empresas madereras saquean nuestros bosques y los paramilitares asesinan e infunden el terror en la región”.
Dijo que “el gobierno federal, a pesar de utilizar un discurso hipócrita de la defensa de los derechos humanos, no ha escuchado nuestras demandas de libertad de los presos de Loxicha. Menos está interesado en castigar a los responsables de la represión, que ha dejado familias desplazadas, decenas de muertos, presos, torturados, viudas y huérfanos”.
Los campesinos realizaron marchas en silencio en el zócalo de Oaxaca portando dos mantas, con las consignas: “Presos Loxicha, Libertad” y “Ya no más injusticias”, mientras que los hijos de los presos llevaban cartulinas con los nombres de los presos Justino Hernández José, Eleuterio Hernández García, Agustín Luna Valencia, Ricardo Martínez Enríquez, Fernando Santiago Enríquez y Urbano Ruiz Cruz.