Siete indígenas tzeltales acusados de ser los primeros traidores a la patria en el siglo XX después de la Revolución Mexicana, habitan en esta comunidad de las cañadas de la selva Lacandona desde hace 15 años. Desde entonces pertenecen a la Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC) –una de las cuatro fracciones en que se dividió la agrupación después de 1994– y fueron acusados por el Ejército Mexicano de pertenecer al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), siete meses antes de que éste hiciera su aparición pública el primero de enero de 1994.

Junto con dos guatemaltecos y otro habitante del poblado, que ya murió, los siete indígenas fueron los primeros encarcelados por su presunta participación en la guerrilla zapatista, cuando ésta todavía no se daba a conocer públicamente.

Ellos no saben si la acusación de “traidores a la patria” deba enorgullecerlos por absurda, o apenarlos por su delicada implicación. Pero están seguros de su inocencia, y de la honda huella que el alzamiento zapatista dejó en ellos y sus familias.

El 22 y el 23 de mayo de 1993, siete meses antes de la insurrección armada del EZLN, tropas del Ejército mexicano localizaron el campamento Las Calabazas en la sierra Corralchén, de la selva Lacandona. Fue el primer indicio firme de la presencia del hasta entonces desconocido grupo rebelde. Esto provocó los primeros enfrentamientos entre fuerzas federales y zapatistas, con bajas mortales y heridos de ambos bandos, y trajo en consecuencia un enorme despliegue militar en la zona.

El 24 de mayo de 1993, con tres muertos y algunos heridos en sus filas, decenas de uniformados llegaron a Pataté y rodearon el pueblo. Pidieron a los pobladores que se concentraran en el centro, y luego obligaron a los jefes de familia a mostrarles sus viviendas. Durante las revisiones los uniformados encontraron ocho armas calibre 22 y rifles arcaicos, que los indígenas utilizaban para cazar.

Al final de la inspección y del interrogatorio colectivo, ocho indígenas fueron escogidos y, con la mentira de que los regresarían poco después, los llevaron detenidos a la comunidad La Garrucha, a unas dos horas, donde los militares construyeron su campamento. Ellos eran Tiburcio Ruiz Clara, Melchor Jiménez López –quien falleció hace dos años–, Lázaro Pérez Lorenzo, su hijo Marcos Pérez Jiménez, Nicolás Clara Ruiz, Manuel Clara Ruiz, Antonio López Jiménez y Melchor López Jiménez. Por separado se aprehendió a los guatemaltecos Salvador Mateo y Mateo Salvador Domingo, quienes fueron bajados de un camión cuando recorrían la zona vendiendo ropa.

Después de tres días de interrogatorios sobre su presunta actividad guerrillera y la ubicación de los demás campamentos, fueron internados en el área de máxima seguridad del penal de Cerro Hueco, en la capital chiapaneca.

Entonces se enteraron de que se les imputaron los supuestos delitos de homicidio, lesiones, asociación delictuosa, portación y acopio de armas y de traición a la patria, crimen del que nadie había sido acusado desde la Revolución Mexicana, y que en teoría los puso al borde del fusilamiento.

Gracias a gestiones de abogados, presión de la ARIC y de organismos defensores de derechos humanos, dos meses después de su detención fueron liberados bajo fianza Lázaro Pérez, Marcos Pérez, Nicolás Clara y Melchor López, así como el guatemalteco Salvador Mateo. Los restantes cuatro indígenas de Pataté y el otro guatemalteco continuaron su proceso recluidos en Cerro Hueco.

López Jiménez señaló que el gobernador interino Javier López Moreno les prometió que antes de que cumplieran un año en prisión los liberaría, por saber de su inocencia. Y así fue: salieron de la cárcel el 23 de mayo de 1994, la víspera del primer aniversario de su detención.

“No nos dijeron nada, ni disculpas ni nada, sólo nos soltaron en la puerta y que nos vaya bien; no preguntaron si teníamos cómo irnos o no; una patada en el trasero nos dieron”, contó Tiburcio Ruiz.

Los ocho indígenas regresaron a Laguna El Carmen Pataté. Lo triste, afirmaron, es que después de 15 años, las 36 familias que habitan en el poblado, a unos 60 kilómetros de la cabecera municipal de Ocosingo, siguen en la marginación.

Cerca de 50 familiares de los presos de Loxicha, principalmente mujeres y niños, realizaron un plantón en los corredores del que fue el Palacio de Gobierno, en demanda de la liberación de los indígenas “falsamente” sentenciados por pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Además, cuestionaron a las autoridades por retener a los presos de la región Loxicha, Cirilo Ambrosio Antonio, Gregorio o Ricardo Martínez Enríquez, Urbano Ruiz Cruz y Estanislao Ramírez Santiago, quienes, dijeron, a pesar de que ya alcanzan el beneficio de la preliberación, se niegan a atender sus peticiones.
Procedentes de las comunidades de Tierra Blanca, Llano Palma y Loma Bonita, perteneciente a San Agustín Loxicha, los indígenas zapotecos reanudaron sus manifestaciones en demanda de justicia.
Afirmaron que, a pesar de todos los obstáculos que han enfrentado, “después de tantos muertos, presos, amenazas, persecución y el desplazamiento forzado, no estamos dispuestos a permanecer callados, mientras se nos asesina salvaje e impunemente, peor que si fuéramos animales”.
El líder de la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos, Juan Sosa Maldonado, manifestó que, “si bien es cierto que, mediante diversos mecanismos, nos han expulsado de los lugares que han sido acondicionados para el paseo y la recreación de los blancos y los ricos, el problema es que tampoco en nuestras comunidades nos dejan vivir en paz”.
Señaló que, “no obstante la insultante miseria y abandono en que se encuentra nuestro pueblo, las autoridades se roban los recursos que deben ser aplicados para el desarrollo integral de nuestra gente, además de que las empresas madereras saquean nuestros bosques y los paramilitares asesinan e infunden el terror en la región”.
Dijo que “el gobierno federal, a pesar de utilizar un discurso hipócrita de la defensa de los derechos humanos, no ha escuchado nuestras demandas de libertad de los presos de Loxicha. Menos está interesado en castigar a los responsables de la represión, que ha dejado familias desplazadas, decenas de muertos, presos, torturados, viudas y huérfanos”.
Los campesinos realizaron marchas en silencio en el zócalo de Oaxaca portando dos mantas, con las consignas: “Presos Loxicha, Libertad” y “Ya no más injusticias”, mientras que los hijos de los presos llevaban cartulinas con los nombres de los presos Justino Hernández José, Eleuterio Hernández García, Agustín Luna Valencia, Ricardo Martínez Enríquez, Fernando Santiago Enríquez y Urbano Ruiz Cruz.