Publicado en Reforma, Sección Cultura; 30 de enero de 2009.

Por referirme, en mi anterior columna, a la obra de Edgar Chías, Crack o de las cosas sin nombre, y declararme, como siempre, por la legalización de la droga, he recibido, por enésima vez, una serie de correos que me hablan de los daños físicos y psicológicos que ésta provoca, como si yo la defendiera de alguna manera. Para quien quiera escucharme repito que soy enemigo del uso de cualquier droga, fuera del ámbito terapéutico, y que estoy convencido de los daños que causa.

No es la droga lo que defiendo, y estoy de acuerdo con mis detractores en las largas listas que podamos elaborar en su contra. Sí defiendo, en cambio, el derecho de cualquier adulto, mujer u hombre, a decidir sobre su cuerpo y su conducta dentro de los límites que los derechos de terceros marcan.

Pero lo realmente importante es lo que ataco: la prohibición como medida de salud social.

Quienes hacemos literatura sabemos en primera persona que la letra no entra con sangre. Aquello fue una mentira de torturadores. Hoy que, afortunadamente, la sangre no se usa en la pedagogía, la mejor manera de alejar a los niños de las letras es imponiéndolas o impidiendo que las descubran y las saboreen.

Una sociedad que no enseña a sus niños a saborear la vida los está condenando, entre otros vicios, a la drogadicción. Y el prohibicionismo sólo viene a sellar con fuego esta condena. Pero se trata de un fuego que incendia todo el tejido social: violencia contra violencia, cada vez mayor violencia, de narcos y autoridades en una espiral que quién sabe a dónde llegue.

Es necesario discutir estos temas entre todos nuestros múltiples problemas tanto políticos como de salud pública, pero después de reflexionarlos en clave democrática. Tomo este concepto del subtítulo de un libro que deberá ser de lectura obligada para todos los mexicanos, sobre todo jóvenes, y no sólo para la clase política: Entre el pasado definitivo y el futuro posible. Ejercicios de reflexión política en clave democrática, de Gilberto Rincón Gallardo.

El libro salió del Fondo de Cultura Económica apenas un mes después de la muerte de su autor, uno de los luchadores sociales más limpios y lúcidos de las últimas décadas. Es, pues, un producto póstumo que demuestra en cada línea la voluntad de Rincón Gallardo por construir una izquierda que se defina en torno a la igualdad, pero a una igualdad en “clave democrática”, sin autoritarismos ni imposiciones de ningún signo.

No en balde el capítulo anterior a su reflexión sobre la izquierda es su reflexión acerca del laicismo como valor sine qua non para un México que se pretenda moderno. Formado por jesuitas hasta el bachillerato, Rincón Gallardo conocía muy bien la historia de una Iglesia que ha querido imponerse como única, a sangre y fuego, en el mundo hispanoamericano.

Pero también conoció de cerca el aliento de esa Teología de la Liberación, aún viva, que parte justamente de lo contrario: de la necesidad del laicismo para liberar a la propia fe de la manipulación de los poderosos y de su instrumentalización contra los empobrecidos. Me constan la admiración y el cariño que siempre sintió por teólogos como el jesuita Luis del Valle, quien fuera su maestro en el Instituto Patria.

Conocido durante sus últimos años por sus luchas al frente del CONAPRED, Rincón Gallardo fue, sobre todo, un hombre de izquierdas y su lucha contra la discriminación fue, además de una victoria personal, parte de la agenda de la izquierda democrática que él veía como única salida posible para México.

Entre los trece temas que plantea en su libro –el primero de los cuales es la renuncia de la izquierda a la violencia revolucionaria y a las presiones extralegales– destacan la lucha por la igualdad, por las libertades públicas, defensa militante del Estado laico, reencuentro con el mundo del trabajo y reivindicación de la autonomía cultural y organizativa de los grupos indígenas, el medio ambiente, la inserción equilibrada de México en el mundo y la revisión de la figura de partido político.

Su libro es el testamento personal y político de un luchador ejemplar.

1.- En Jumiltepec las voces de la rebeldía juvenil.

Antes de las actividades programadas en el Foro Social Mundial en Morelos a través de Belém Expandida, dio inicio un evento fuera de programa, pero solicitado a raíz de la publicación de la convocatoria, lo que muestra el efecto mariposa del aleteo que se va transformando poco a poco en un verdadero huracán de participación social. Fue precisamente en Jumiltepec, un pequeño pueblo ubicado en las faldas del volcán Popocatepetl, donde un centenar de jóvenes estudiantes de secundaria organizaron un paro de actividades en solidaridad con su maestra, la profesora Lilia Ibarra, quien sufrió un despido por participar en el Movimiento Magisterial de Bases. Ahí, reunidos en el zócalo del pueblo, se abordó el tema de los jóvenes y los derechos humanos ante un mundo en crisis, donde el futuro de la juventud está más que empeñado por el dominio del capital que se encuentra en una fase tardía, de declive, donde se enseñorea la barbarie, las guerras se suceden de manera ininterrumpida y el desempleo crece geométricamente hundiendo en la miseria miles de millones de personas, cancelando las esperanzas de una vida humana, digna, para los más jóvenes, quienes son cercenados en sus derechos y aspiraciones, las que se podrán recuperar en la medida que avance la conciencia, la organización y la lucha colectiva, como la que están llevando a cabo jóvenes estudiantes de secundaria que tienen entre 14 y 16 años y ya están organizando protestas, a pesar de que muchos adultos se empeñan en negarles su capacidad de decidir bajo el criterio de que los derechos tutelados les confieren no la responsabilidad sino atribuciones por encima de los derechos humanos, por lo tanto, inaceptables para las y los jóvenes.
Ahí escuchamos las denuncias por los atropellos sufridos en los operativos mochila, instrumentados por la policía y la asociación charra de padres de familia, quienes no se detuvieron en proferir toda clase de amenazas, burlas y vejaciones en contra de los estudiantes que protestaron, por lo que, en lugar de combatir el consumo de sustancias tóxicas, son utilizados como instrumentos de represión hacia la rebeldía y la inconformidad social de los jóvenes. Les quitaron celulares, les rompieron sus apuntes, manosearon a las púberes y discriminaron verbalmente a quienes usan el pelo engomado estilo punk.
Ahí mismo escucharon la solidaridad de maestras y maestros del Movimiento Magisterial de Bases, para no permitir que continúen con estas agresiones, logrando en lo inmediato la remoción del Director del plantel, así como el fortalecimiento de la asociación estudiantil que ha iniciado a presentar las denuncias correspondientes ante la Comisión Independiente de Derechos Humanos.
Este tema se transformó en el centro del Foro sobre Represión, Militarización y Derechos Humanos, en donde integrantes del Frente Morelense contra la Represión (FMCR), reunidos en La Comuna el 27 de enero, presentaron un texto de análisis sobre la grave presencia de militares y policías en las calles y pueblos de Morelos con el consecuente incremento en las violaciones a los derechos humanos de la población.

2.- El sindicalismo ante los retos de superar divisiones y burocratismo.

En el Foro con el tema de la Educación y el Sindicalismo, los desafíos ante la ofensiva antilaboral del capital y la derecha neoliberal, organizado en las instalaciones del SNTE democrático de la Sección XIX, una treintena de dirigentes y activistas del Movimiento Magisterial de Bases, de la Confederación de Jubilados Pensionados y Adultos Mayores, de ex trabajadores azucareros del Ingenio de Zacatepec y de telefonistas, entre otros, recibieron mensajes de trabajadores automotrices que enfrentan paros técnicos que son verdaderos despidos masivos disfrazados en la industria automotriz de Nissan, y escucharon diversas ponencias, como las tituladas “La Reforma laboral neoliberal desataría el México bronco” y “Educación: entre el sindicalismo corrupto y la burocracia sin ideas”, que expusieron Blanca Nieves Sánchez Arano, vocera del MMB, así como la compañera Martha de telefonistas y el compañero Gil de los azucareros (ponencias enviadas aparte para ser consultadas en las páginas del FSM).
En las consideraciones expresadas en ellas se establece que: “La imposición abrupta de la reforma laboral neoliberal no es aconsejable por razones políticas, económicas, culturales, sicológicas, jurídicas e históricas, pues se corre el riesgo de que se convierta en el detonador de grandes movimientos sociales, el despertar del México bronco y, posiblemente, el inicio de una tercera revolución social”, está última frase subrayada para explicar que: “La intención es flexibilizar las condiciones de trabajo en favor de los empresarios para que tengan la posibilidad de contratar y despedir cuando deseen, “pauperizando” el mercado laboral, aduciendo que el neoliberalismo es el único sistema viable, realista y funcionalmente eficiente, para la organización de las economías y sociedades mundiales… se busca eliminar el constitucionalismo social laboral y modificar la legislación del trabajo, suprimiendo derechos sustantivos de los trabajadores, como contar con un sueldo justo, prestaciones sociales y la seguridad de una jubilación digna, lo cual empezó a concretarse con las reformas impositivas fast track a las leyes del IMSS y del ISSSTE”.
En el capítulo de la educación, se expresó la idea de que “para que haya una buena educación en el país, dado su gran atraso, los poderosos intereses que hay que romper, la enorme desconfianza de la población y de los docentes en que las cosas puedan cambiar, se necesita una profunda transformación que parta de la raíz. Se requiere de una gran revolución cultural que venga de profundos cambios políticos y económicos. Hay que cambiar el sindicalismo, no solo a los líderes sindicales; hay que transformar la conciencia de los profesores, pero también de los padres de familia; hay que cambiar a los funcionarios de la SEP, pero antes a los gobiernos de los ricos… el problema no es de cambio de personas en el gobierno o en un sindicato, sino de cambio radical de estructuras”.

3.- Ante la discriminación y la exclusión de artesanas indígenas: las redes de solidaridad comunitaria.

Las artesanas nahuas y mazahuas reunidas en La Comuna, dialogan entre ellas en su lengua antes de transmitir su decisión a las autoridades del Ayuntamiento de Cuernavaca, demandando respeto a su derecho a trabajar vendiendo sus artesanías en el zócalo como lo vienen haciendo desde hace muchos años atrás, cuando se vieron obligadas a migrar desde Ameyaltepec, San Agustín Oapan, Tlamacazapa y San Antonio de la Laguna, en los vecinos estados de Guerrero y México, por la miseria creciente, el desempleo, las políticas neoliberales, racistas y discriminatorias de gobiernos priistas y panistas que las condenan a la exclusión social y económica.
Son 40 mujeres artesanas que tienen en doña Francisca Claudio, mujer de 65 años de edad, una voz que se expresa en nahuatl, y en un español suavecito, para defender sus derechos a través de la organización de la Unión entre mujeres de estos dos pueblos originarios que han ido incorporando a tzotsiles y ñañuus, para exigir sus derechos.
Sus vestidos multicolores, sus blusas bordadas, dan un significado especial a esta asamblea que da paso al foro sobre migración, indígenas, campesinos artesanas que se convocó en el marco de Belém Expandida del FSM en Cuernavaca.
“Morelos ha sido destino para la población indígena migrante proveniente de Guerrero desde hace más de medio siglo” precisó en su ponencia la Doctora en Antropología Lilian González Chevez, quien agregó: “Muchos de estos migrantes indígenas mantienen una migración temporal o ciclica entre sus lugares de orígen y Morelos, mierntras que otros de plano han terminado por asentarse en la entidad, al grado tal que en el segundo conteo de población y vivienda realizado en 2005, los municipios con mayor proporción de hablantes de una lengua indígena, no solo son aquellos que incluyen a la población nahua originaria de Morelos asentada en Xoxocotla, Hueyapan, Cuentepec o Tetelcingo, sino los municipios urbanos de Cuernavaca, Jiutepec, Jojutla, Yautepec y Emiliano Zapata y los de ámbito más rural como Atlatlahucan y Villa de Ayala”.
Este fenómeno social se alimenta de dos corrientes migratorias indígenas, la de los jornaleros agrícolas nahuas, tlapanecos y mixtecos de la Montaña de Guerrero que se dirigen hacia los Altos de Morelos o al corte de caña a los valles centrales de la región calida del estado. La segunda corriente es la de los productores y comerciantes de artesanías provenientes del Alto Balsas hacia Cuernavaca y Tepoztlán, ya que en sus lugares de orígen hace tiempo que la crisis ecológica, les impide vivir de la agricultura temporal. Los nahuas mantienen vínculos estrechos con su comunidad y su tierra, sembrar la tierra sintetiza su historia y su vida, plasmadas en su artesanías, enfatiza González Chevez, “los nahuas de Guerrero desarrollaron una artesanía única en su género, plasmar sobre papel amate o sobre artefactos de barro escenas referentes a su cultura… realizan tallas en madera, decoran vainas en ciertos árboles y comrcializan productos semi-industriales como collares de piedra y de fantasía”. Además de destacar el carácter cosmopolita de hamaqueros de Copalillo o amateros de Oapan, abunda sobre el desarrollo de formas propias, singulares, que las nahuas han desarrollado para afrontar la crisis económica y el desastre ecológico, como una forma estrategica de sobrevivencia actual.
La conclusión es clara: “El desalojo por parte de las autoridades municipales de los artesanos y vendedores ambulantes indígenas del primer cuadro de la ciudad de Cuernavaca, bajo el endeble argumento de que los comerciantes ubicados en los puestos semifijos a un lado del Palacio de Cortés se habían amparado para que los artesanos no pudieran vender en la plaza” responde a “criterios estéticos” que dan por sentado que “la alteridad cultural y de clase” que representan las artesanas y vendedoras indígenas “afean” el primer cuadro de la ciudad, se advierten signos de intolerancia, tanto de clase como de exclusión ética. Por ello, la solidaridad ce la ciudadanía de Cuernavaca, como lo expresó en su momento el Movimiento Magisterial de Bases durante el plantón de casi tres meses, es fundamental para hacer respetar los derechos de las artesanas indígenas.
En este mismo foro se escucharon las voces de organizaciones como El Barzón, quien a través de una ponencia de Rosario Velázquez, sobre la crisis alimentaria provocada por el modelo neoliberal, señaló las graves implicaciones que tiene la crisis actual, que provocará una mayor depreciación del peso, reducción de las remesas y una mayor contracción del financiamiento al sector agropecuario, lo que significa más desempleo y subempleo, con el regreso de migrantes y la disminución de la calidad de vida, pronunciándose por un cambio en el modelo económico y una retribución a las comunidades indígenas por su labor en la conservación y el mejoramiento de los recursos genéticos y alimentarios en el país, fortaleciendo sus raíces y cultura profunda de los pueblos.

‘Lo hemos dicho en todos los foros y eventos: las crisis alimentaria, financiera y económica terminarán contaminando la tranquilidad social y la civilidad política’, señaló en el Zócalo de Ciudad de México el presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), una de las organizaciones convocantes mayoritarias.

Con un México a las puertas de la recesión y un pronóstico del banco central de que el Producto Interior Bruto (PIB) se contraerá entre un 0,8% y un 1,8% en 2009, sindicatos, organizaciones agrarias y de la sociedad civil exigieron potenciar aún más los programas sociales y proteger el empleo en un año difícil a priori.

Antes de la marcha, la capital mexicana se sumió en el caos con cortes en importantes arterias de la ciudad por la llegada de decenas de miles de manifestantes de más de un centenar de organizaciones sociales.

Sindicalistas de sectores como los de telefonía y electricidad, organizaciones agrarias y pesqueras como la CNC, el Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (Conorp), y la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (Unorca), entre otros grupos, lideraron la movilización.

Miles de personas que se desplazaron a la capital del país venían de una decena de estados mexicanos y marcharon desde el Angel de la Independencia, en el Paseo de la Reforma, hasta el Zócalo, la principal plaza de México, que lució llena al atardecer.

El líder de la CNC, Cruz López, demandó del Gobierno mexicano que reduzca el precio del diesel y otros combustibles, y que aprenda de Obama, ‘quien sin empacho alguno amplía el déficit público’ para tratar de detener la sangría laboral en EE.UU., el principal socio comercial de México.

Además, López exigió en su discurso ‘un replanteamiento del capítulo agropecuario del TLCAN’, que permita introducir mecanismos de protección a los pequeños productores mexicanos.

Advirtió que se está consolidando ‘el movimiento nacional por la soberanía alimentaria y energética’ y que en México hacen falta más ‘políticas públicas con rumbo y compromiso’.

Más lejos fue el presidente de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Agustín Rodríguez Fuentes, quien emplazó a una huelga general a futuro alegando que hay un problema de ‘modelo económico’ en el país que está aumentando la desigualdad y la exclusión.

El líder recordó que hay ‘más de veinte millones de mexicanos en extrema pobreza’ que requieren soluciones en un momento de crisis que, no únicamente viene del exterior, sino que se ha generado en este país por no remediar las carencias añejas que existen.

A nombre de las organizaciones civiles que marcharon, Adriana Labó dijo que un verdadero ‘cambio de rumbo’ debe comenzar por ‘lo fundamental, la garantía del derecho de toda persona a la alimentación’.

El secretario general de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (Coduc), Miguel Luna Hernández, dijo a Efe que 14 grandes plataformas agrarias entregaron una carta en la embajada de EE.UU. en México, dirigida a Obama en la que solicitan que los reciba para presentarle ‘un diagnóstico de la realidad’ del medio rural mexicano.

‘Tenemos ya aproximadamente 14 años con el TLCAN y nos ha dejado profundamente pobres en el campo, sin escuelas, sin salud y sin empleo. Requerimos la reactivación de nuestro campo mexicano’, añadió.

Recordó que la emigración de decenas miles de mexicanos en busca de mejores empleos hacia EE.UU. es un síntoma de una crisis que este país ha padecido por años, y que en los últimos tiempos se ha agudizado.

La marcha transcurrió sin incidentes, pero estuvo vigilada de cerca por unos 1.600 agentes de la policía de la capital mexicana, que se apostaron delante de edificios oficiales y hoteles para evitar posibles daños.

En el anterior análisis sobre el tema en el asesinato de Aristeo López Martínez,  titulado “Una muerte anunciada”,  hablábamos del interés de grupos políticos por acallar al hoy extinto, el cual se había comprometido con el gobierno federal al declarar como testigo protegido en torno de la desaparición de

Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, los dos guerrilleros que el EPR reclama  desaparecidos en Oaxaca el 25 de mayo de 2007, presuntamente por parte de fuerzas estatales y federales en inmediaciones del barrio de la Soledad. Habría sido la decisión de cooperar con la Procuraduría General de la República(PGR) uno de los hechos que propició que Aristeo hubiera salido fuera del círculo de confianza del grupo en el poder, más aún cuando por declaraciones del testigo protegido se puso en evidencia la  confianza y seguridad al arraigar a Pedro Hernández Hernández como uno de los involucrados en la detención y desaparición de los eperristas.
La fecha puede ser relevante, para algunos quizás no tenga mayor trascendencia, sin embargo, coincide en el mes, sólo unos días antes, con el cabo de año de Alejandro Barrita Ortiz, el cual murió el 31 de enero de 2008, alcanzado por ráfagas de francotiradores en el parque “El Tequio”. Este mismo personaje involucrado en el caso EPR y en las acciones contra insurgentes en contra de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca ( APPO).
El tiempo es uno de los mejores consejeros, hay organizaciones de la ultra izquierda que valoran el tiempo como uno de los consejeros más efectivos, la prudencia que surge de la paciencia  permite evaluar, determinar, priorizar y ejecutar, son los cuatro pasos que un guerrillero debe de actualizar, la capacitación armada y la educación son los otros dos ejes que permiten eficientar al buen guerrillero, de estos puntos depende la sobrevivencia de un combatiente. Ante ello vemos que en los secuestros efectuados por grupos políticos-militares, la espera puede trascurrir por meses, incluso un año si es posible, no buscan la riqueza porque para  los actos que la ley tipifica como acciones de la delincuencia, para los grupos guerrilleros son acciones o consignas revolucionarias que llevan a un solo fin: expropiar la riqueza de la oligarquía y la burguesía. En caso de una ejecución para los grupos revolucionarios es un ajusticiamiento, después de haber pasado por un juicio popular en el que hay acusadores y un defensor nombrado por el buró político, la dirigencia del partido al que pertenece el grupo armado y la Comandancia General del Ejército, brigada o Frente.
Por otro lado, el crimen organizado no respeta tiempos, actúa más por coraje que prudencia, es decir, no tienen ética, lineamientos e ideología una de las disciplinas más poderosas que tiene un revolucionario, por lo tanto, si la muerte de Alejandro barrita Ortiz y Aristeo López Martínez hubiera sido un acto desesperado hubiéramos tenido en un lapso de no menos de 24 horas dos ejecuciones, es decir, Alejandro y Aristeo, suponiendo que hubiera sido la delincuencia quien los hubiera abatido, pero no, aquí se tuvo la paciencia de esperar el regreso del segundo de tres que, según la amenaza encontrada en el Tequio el 30 de enero de 2008, sucedería  y que coincidió con una diferencia de días al cabo de año de Barrita, curioso, pero el tiempo se cumplió en el asesinato de  “Bismarck”, código con el que era conocido al interior de las fuerzas policíacas Aristeo.
Cuando hablamos de grupos guerrilleros no definimos perfiles porque no existen en estos momentos, no se puede enjuiciar una sigla por su participación al interior de la APPO; en el conflicto del 2006 no sólo participó una agrupación, al menos fueron identificadas: Tendencia Democrática Revolucionaria ( TDR) una escisión del EPR, Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), Comando Popular Revolucionario “La Patria es Primero”(CPRLPP), Organización Insurgente “Primero de Mayo” (OIPR), Milicias Insurgentes “Ricardo Flores Magón” (MIRFM) y Ejército Villista Revolucionario del Pueblo ( EVRP), al menos dejaron presencia tanto en comunicados como siglas colocadas en la ciudad de Oaxaca en esos tiempos.
Lo anterior nos hace reflexionar que el EPR es una organización más, que fue herida es cierto, pero en los mismos comunicados hablan de una tregua pactada con la comisión de intermediación, algo que les impediría llevar a cabo acciones que pusieran en peligro la labor de la comisión, más aún cuando insisten en el reconocimiento de  este grupo de intelectuales y periodistas, no obstante los otros grupos no han hecho pacto de tregua.
Se habla de la APPO en una actuación de ajusticiamiento, es dudoso, pero no descabellado pensar en un grupo radical, más aún cuando se nota que no hay formación revolucionaria en algunos personajes de la dirigencia appista, actúan más por consigna que por consciencia y eso los hace peligrosos. La rabia, el rencor, la falta de bases ideológicas afines a la sección XXII que es un grupo de choque más que revolucionario, advierte que de ser cierta la línea de investigación que se sigue de los dos crímenes en el sentido de que hay personajes de la APPO involucrados, podría ser motivo de preocupación, más para los jefes policíacos y funcionarios que estuvieron implicados en acciones represivas.
¿Porqué habría que preocuparse? Primero hay que tomar en cuenta que las decisiones en un grupo guerrillero son concensadas, valoradas y aprobadas por una dirigencia militar y un buró político, no actúan  espontáneamente, mucho menos por rabia, rencor o imprudencia. Es difícil que en un grupo guerrillero bien definido se tomen decisiones a la ligera, han dicho por lo menos el EPR que valoran la vida y que no creen en las venganzas, se aplaude esta filosofía revolucionaria, pero ¿qué hacer cuando Lumpens armados y sirviendo a intereses ajenos a la revolución que plantean  pudieran tomar la justicia por propia mano?
Claro que hablamos de personas entrenadas, una brigada de ajusticiamiento que no reivindica sus actos, otra de las dudas que explotan en la cara, ya que todo revolucionario  está comprometido a informar del porqué de su acción a considerar porqué se hizo. Tanto Barrita como Aristeo tenían acusaciones serías por parte de la APPO en cuanto a violación de los derechos humanos y agresiones, como el caso de Emeterio Merino, que fue agredido brutalmente según dijeron testigos por el hoy occiso, así también como la muerte de Panfilo Hernández, asesinado en una barricada presuntamente por Aristeo López Martínez en el 2006.
Otra de las dudas que siguen flotando es porqué asesinan a Aristeo en el marco de la salida del presunto asesino de Brad Will, Juan Manuel Moreno, ahora trascurrirá más tiempo para que el juez  libere al implicado en base al amparo promovido, sería un atenuante para la APPO aunque no definitivo, tomando en cuenta que hablamos de un grupo radical que ha tomado decisiones propias, excluyendo a los líderes y demás grupos.

Es falso que Aristeo hubiera trabajado en la PGR en estos momentos, era un testigo protegido y colaboraba aún en las actividades en contra de los grupos guerrilleros, hasta hace un mes  habría intervenido en las acciones conjuntas entre agentes federales y el ejército federal en Guerrero, Hidalgo, Chiapas y Estado de México en busca de guerrilleros, el status de testigo protegido lo hacía participar para identificar a personajes insurgentes que en Oaxaca participaron en las acciones de la APPO, era una especie de entregador al servicio del gobierno federal según ha trascendido.

Es decir, para la PGR será una papa caliente más que se suma al garbanzo de a libra que tiene luego que no ha podido resolver el crimen de Barrita Ortiz, perpetrado el 30 de enero de 2008.
Lo cierto es que hay cuatro líneas de investigación que han sido definidas: Los grupos del crimen organizado, la guerrilla, la APPO y funcionarios estatales  que pretenden esconder  la verdad en  en cuanto a los desaparecidos del EPR.

Las actividades realizadas por el EZLN para conmemorar los 15 años del levantamiento armado fueron al mismo tiempo un recuento de lo logrado y de lo que falta por hacer. Fue al mismo tiempo un espacio para abrir el debate sobre temas de alcance nacional.

Con precisión, el comandante David señaló: “El mal gobierno ha tratado de convencer y comprar la conciencia de nuestras bases de apoyo, prometiéndoles mejores condiciones de vida para olvidar a sus muertos y sus justas demandas. Desgraciadamente hay hermanos indígenas que han caído en las trampas del mal gobierno creyendo que con esto van a mejorar sus condiciones de vida sin luchar”.

La Sedeso respondió que “los programas para el combate a la pobreza no forman parte de planes de contrainsurgencia social” y que “desde el año 2000 ha habido empeño del gobierno federal por resarcir el daño derivado del olvido, marginación y exclusión en que se tenía a las comunidades indígenas de Chiapas”. Están documentados decenas de ejemplos donde dependencias federales han realizado acciones que ni han resuelto los problemas estructurales derivados de la pobreza pero sí han contribuido a la fractura del tejido social comunitario.

La utilización de los recursos gubernamentales para la cooptación y el clientelismo es la constante en la mayoría los gobiernos, de todos los niveles y de todos los partidos. La política social se ha reducido a formas silvestres de asistencialismo ramplón y son escasos los programas sociales que promueven la organización y el trabajo comunitario. Por ello la crítica del EZLN tiene una connotación que incluso trasciende al zapatismo, y la realidad está a la vista. Los índices de desarrollo humano en el país no han variado sustancialmente y cada día son más los mexicanos hundidos en la pobreza. Eso que dicen que es política social, no alcanza a atender a los pobres que la política económica genera.

Por desconocimiento o por convicción, existe un rechazo en los aparatos gubernamentales a empoderar a las comunidades. Se ha optado por la dávida en lugar de la organización, la capacitación, la productividad y el trabajo comunitario. La planeación regional o local es una entelequia. Se hace lo que a la autoridad en turno le parece mejor. En ocasiones le atinan, pero en la mayoría se diluye el impacto social o la efectividad del trabajo gubernamental.

Por ello la política social entendida como una política de Estado debe trascender el ámbito temporal y funcional de la administración pública, involucrando a los otros niveles de gobierno, a los partidos, a las organizaciones sociales y al conjunto de la sociedad.

Ante el reto de la pobreza, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida de la ciudadanía que amenazan nuestro futuro, es necesario plantear la elaboración de una política social de largo aliento.

La política social puede coadyuvar a lograr una nueva gobernabilidad que cierre el paso a la violencia como lenguaje político; al escepticismo como actitud de la sociedad frente a las instituciones; al rumor como agente corrosivo de la cohesión y el respeto social.

Ningún esfuerzo en materia de política social tiene futuro si no se encamina a modificar las tendencias actuales que asignan a un pequeño porcentaje de la población una gran cantidad de la riqueza, mientras una enorme masa de ciudadanos enfrenta pobreza, desempleo, malos ingresos, viviendas inadecuadas, insuficiente equipamiento urbano, bajos niveles de educación y crecientes deficiencias en materia de salud y alimentación.

En la medida enque la sociedad cuente con la debida atención a sus demandas y sus necesidades sean resueltas, la autoridad tendrá mayores márgenes de gobernabilidad para el cumplimiento de su misión.

La integralidad de la política social debe partir del hecho tangible de que el combate a la pobreza es sólo un aspecto de la acción del Estado, la cual debe incidir en la modificación de la actual distribución del ingreso y, en consecuencia, en aspectos tales como empleo, salario y desarrollo regional.

A este respecto, mayores niveles de participación y vigilancia social, en un ambiente de plena democracia, ayudarían a alcanzar una política social más eficiente. Los errores u omisiones en materia social, al igual que en lo político y económico, afectan a miles que esperan una respuesta a su situación.

Convertir la política social en una tarea de Estado requiere democratizar su concepción y aplicación, convocar a amplias y plurales fuerzas políticas y sociales a su discusión, a que coadyuven en su operación, evaluación y corrección. Lo anterior implica generar nuevas formas de articulación entre la sociedad y el gobierno, que impulsen la organización y participación comunitaria y generen mejores niveles de convivencia ciudadana.

Mucho de lo aquí expuesto tiene que ver con el rechazo del Estado mexicano a respetar lo acordado en San Andrés, en cuanto a “reconocer a las comunidades como entidades de interés público”, con lo cual los ciudadanos dejarían de ser “objeto” y se convertirían en sujetos de las políticas públicas.

Por ello el comandante David, desde la trinchera zapatista, abrió un tema que requiere un tratamiento estructural por parte del Estado mexicano, que trascienda la coyuntura y defina nuevos modos de relación entre el gobierno y la sociedad, incluyendo, por supuesto, al zapatismo.