Archivo para Marzo, 2009

Ayutla de los Libres, ayer y hoy

En un día como hoy, se promulgó el Plan de Ayutla. En un domingo como hoy, o cualquier día de la semana, es bueno para expresar la indignación por los crímenes de lesa humanidad cometidos con premeditación, alevosía y ventaja contra los luchadores sociales. Esta vez fueron sometidos a desaparición forzada, tortura y asesinato dos dirigentes mixtecos oriundos de Ayutla: Raúl Lucas Lucía de 39 y Manuel Ponce Rosas de 32 años de edad, presidente y secretario, de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM). Es un día para clamar justicia.

Ayutla viene del náhuatl o mexicano Ayotlan. Investigué que las etimologías ayotl o ayutl significa tortuga y tlan cerca, literalmente “cerca de las tortugas”. Otros nahuatlatos traducen la toponimia como “lugar de tortugas” o “lugar donde abundan las tortugas”. En mixteco el nombre del municipio es Tatioo.

La cabecera municipal se designó Ayutla de los Libres, en justicia por haber sido sede del movimiento político-militar acreditado en la historia de México como la Revolución de Ayutla, iniciado precisamente aquí en esta población un 1º de marzo de 1854. El epíteto de los Libres le fue añadido porque la proclama del Plan de Ayutla logró derrotar al dictador Antonio López de Santa Anna y a su mal gobierno.

El Plan de Ayutla –redactado en la hacienda de la Providencia–, fue suscrito por el general Juan Alvarez, el general Tomás Moreno, el coronel Florencio Villarreal, Ignacio Comonfort y el capitán Vicente Luna.

Como dicen algunos historiadores, fue una “segunda independencia jurídica” de alcance nacional. Aunque la lucha por la autonomía de los descendientes de los antiguos yopes, continúa –como en los viejos tiempos de la dominación azteca–.

Raúl Lucas y Manuel Ponce fueron secuestrados el pasado 13 de febrero de 2009, levantados con violencia por hombres armados con corte militar en las afueras de la escuela secundaria Plan de Ayutla. Se los llevaron en un vehículo; a Raúl –oriundo de Roca Colorada– ya lo habían detenido y herido varias veces. Desde su detención ilegal –sin orden de aprehensión–, sus familias, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan y Amnistía Internacional, demandaron su presentación con vida y el respeto de sus garantías individuales a altos niveles. Petición con nulos resultados.

El 23 de febrero, con ayuda de un detector GT200 fueron encontrados los cadáveres de ambos activistas en Las Cazuelas, municipio de Tecoanapa, a media hora de Ayutla. Sus cuerpos mostraban huellas de tortura. Por ejemplo, el cráneo del máximo representante de la OFPM, Lucas Lucía –según el forense de Acapulco–, presentaba orificio producido por arma de fuego, “tiro de gracia”.

La misión pacífica de estos compañeros y su agrupación era y seguirá siendo denunciar los abusos y atropellos que sufren los te savi y na savi (mujeres y hombres mixtecos) en sus comunidades a manos de las fuerzas militares y policiales. Y por eso, “por defender indios” fueron desaparecidos y masacrados los líderes honestos. Los presuntos agresores: agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) y de la coordinación de Seguridad Pública de Costa Chica en Ometepec.

Así ha sido desde los tiempos de Santa Anna o de los Figueroa, buscan a los Lucios y Genaros, y matan copreros, cafetaleros, jamaiqueros o maiceros que se organizan para mejorar sus condiciones de vida.

En la región Costa Chica se da mucha impunidad. Mencionaré ciertos casos como antecedentes para tratar de entender la larga serie de agravios, injusticias, discriminación, criminalización de la lucha social, venganzas y exterminio que padecen los pueblos indígenas.

Gorgonio Flores Cortés.- Presidente y fundador de la Unión Regional de Ejidos y Comunidades de la Costa Chica (URECCH), fue matado el 14 de octubre de 1992. Los caciques ordenaron dispararle a traición en la cabeza con una escopeta. Al líder campesino Goño le gustaba caminar descalzo. Era de Acalmani, un pueblo mixteco perteneciente al municipio de Igualapa.

La matanza de Aguas Blancas.- Ocurrió el 28 de junio de 1995, en el municipio de Coyuca de Benítez. La ejecución sumaria fue planeada y llevada a cabo por agentes de la Policía Motorizada y Judicial estatal, quienes emboscaron a miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) que iban a un mitin en Atoyac de Alvarez. Allí fueron acribillados 17 campesinos.

La masacre de El Charco, municipio de Ayutla.- acaecida el 7 de junio de 1998, mientras pernoctaban en una escuela primaria, donde participaban en una asamblea para tratar asuntos relacionados con proyectos productivos para sus comunidades. Soldados del Ejército mataron a 11 aldeanos e hirieron a 5 más; en total 22 detenidos de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OIPMT). El gobierno local y federal manejó el hecho sangriento como un enfrentamiento con presuntos me’phaa y na savi guerrilleros.

Se sabe que al mando del “enfrentamiento casual” estuvo el general Alfredo Oropeza Garnica, jefe de la 27 zona militar. El castrense había sido victima de una emboscada el 24 de mayo de 1997 en el Guanábano, cerca de su cuartel en Atoyac, lo que puede explicar la saña y crueldad prevista en el sitio de El Charco.

Erika Zamora Pardo, universitaria sobreviviente de esa masacre. Ella relata la injuria con qué los soldados irrumpieron su sueño: “¡Salgan, perros, es domingo, les vamos a dar sus chileatole con pan!”. Fue detenida y vio cómo iban asesinando uno a uno a los pobladores; la esposaron, le vendaron los ojos y la torturaron… La obligaron a firmar “su declaración”. Fue presa política durante 4 años.

Emboscan a policías preventivos.- El 31 de marzo de 2008, unos 10 encapuchados armados con AK-47 interceptaron la camioneta que transportaba recursos del programa Oportunidades. La patrulla municipal fue atacada en El Salto, comunidad tlapaneca de Ayutla. El saldo: 5 muertos, cuatro preventivos y un civil, además de dos heridos. Se llevaron el dinero y las armas de los policías extintos. Se dice que en la zona operan grupos paramilitares, así como células de grupos guerrilleros.

A raíz del incidente, se instaló en Ayutla una base de operaciones mixtas: soldados de la SDN, efectivos de la AFI, agentes de PFP, de la PIM y policías preventivos del Estado. Ya se han de imaginar el trato sanguinario para con los sospechosos pertenecientes a las organizaciones de la sociedad civil, con lo que el régimen trata de acallar sus afanes y luchas dentro del marco legal.

Miguel Angel Gutiérrez Avila, antropólogo e investigador en lingüística de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), es asesinado cerca del paraje El Roble, municipio de San Marcos, el 26 de julio de 2008. El profesor y también defensor de los derechos indios realizó estudios entre los ñomndaa y los afromestizos. El absurdo de su muerte sigue sin aclararse.

Raúl y Manuel –los nuevos difuntos–, sobrevivientes de El Charco, siempre fueron activistas del desarrollo rural alternativo desde la sociedad civil. Pero las autoridades siguen necias en achacarles nexos con el ERPI y EPR. Descansen en paz los defensores de derechos humanos. Su vida y muerte no será en vano, quedará inscrita en las páginas de la historia regional. Exigimos que se investigue.

Su espíritu indómito seguirá luchando en Ayutla de los Libres y en los pueblos de la sierra, entre olores de cempasúchil, consignas y mantas y marchas. Ojalá que Guadalupe Castro Morales y Margarita Martín de las Nieves, sus viudas respectivas, encuentren consuelo y apoyo en su mundo na savi y sigan honrando sus ideales, ahora que sus asesinos los hicieron gigantes.

La antigua capital Yopitzinco –hoy Ayutla–, es famosa por sus machetes fraguados en acero bien templado. A decir de los paisanos de allí “sirven pa’ tumbar la caña, limpiar la milpa o pa’ cobrar cualquier agravio”. Y les inscriben dibujos y frases: “Soy forjado en fino acero, para un amigo sincero” o “De la Costa Chica vengo y miedo a nadie le tengo”.

Vicente Fox Quesada, dijo tener la conciencia tranquila sobre las acciones que realizó contra la delincuencia en su administración

Señala el ex presidente que hizo su tarea ante el crimen organizado el sexenio pasado, y que la historia lo juzgará por su trabajo en Los Pinos

San Andrés Larráinzar: 13 años después

En retrospectiva es posible afirmar que la etapa que culmina con la firma de los acuerdos de San Andrés fue la más fructífera del diálogo, no obstante los desacuerdos, las provocaciones y la lentitud con la que se avanzó.

En contraste con lo que sucedía en el contexto del proceso de diálogo entre el gobierno federal y el EZLN, en el ámbito nacional la crisis se advertía ya en toda su magnitud. Aún no había tocado fondo, pero ya se hablaba de que era la crisis más grave de los tiempos recientes.

En efecto, hasta octubre de 1995 se había registrado una inflación mayor a 40 por ciento y la tasa de desempleo era la más alta desde 1987. Se perdieron durante esos meses 780 mil puestos de trabajo. Los expertos señalaban que, por primera vez, la economía informal ocupaba más mexicanos que la formal.

La caída del PIB en el segundo semestre de 1995 se calculaba en 10 por ciento, la más grave de los 50 años anteriores. Ante este panorama, más de 10 mil millones de dólares habían salido del país entre enero y junio de ese año.

Los bancos zozobraban y el problema del Fobaproa ya se gestaba. Este fondo daba aportaciones multimillonarias a los bancos con facilidad y sin que se viera claro ninguna mejoría en su situación. Los partidos de oposición cuestionaban el funcionamiento del fondo y la forma en que habían sido privatizados los bancos.

En medio de este contexto, en San Andrés Larráinzar se encuentran también dos lenguajes o, mejor todavía, varios lenguajes. El del EZLN es incisivo y desconfiado. A pesar de ello, dialoga y negocia.

El lenguaje del gobierno federal es inseguro, esquivo y siempre trata de investirse de un ropaje institucional que en los hechos no tiene. La delegación negocia sin saber adónde se dirige el barco y trata de retomar una iniciativa que en los hechos siempre tuvieron los zapatistas. A pesar de todo, ellos también negocian.

También están los otros lenguajes. Los legisladores de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) tratan a cada paso de hacer a un lado sus diferencias de concepciones partidarias y de sus intereses y afinidades personales para lograr primero consensos internos y luego servir de puente entre las partes. Cuesta trabajo, pero lo logran.

Así, el lenguaje de la Cocopa y la Conai se va construyendo a cada paso para constituirse en el intento de dos instancias por traducir al lenguaje de la paz los desafíos de cada parte.

El EZLN insistía en que San Andrés se opinara sobre todos los problemas nacionales. En principio, la delegación gubernamental se resiste. Sólo se debe acordar la paz y, después, se podrá opinar de lo que se quiera. ¿Cómo se puede alcanzar la paz sin opinar de las causas que han llevado al estallamiento del conflicto?

Las causas profundas del conflicto armado en Chiapas son las mismas que las de muchas otras muestras de inconformidad pacífica que existen a lo largo y ancho del país: injusta distribución de la riqueza; míseras condiciones de vida y un sistema político con rasgos excluyentes y autoritarios. En el caso de las comunidades indígenas, los pobres entre los pobres, se acentúan porque se les agrega una opresión racista hacia sus formas culturales e incluso hacia su propia existencia étnica.

Para los miembros de la Cocopa de aquellos tiempos, la solución del conflicto pasaba y pasa por el impulso a la reforma democrática del Estado, que es, finalmente, el escenario en el que los acuerdos que se establecen entre las partes podrán llevarse al terreno de los hechos.

En esencia, el EZLN demanda lo mismo que otros muchos millones de mexicanos: democracia, paz con dignidad, justicia y un desarrollo económico y social incluyente. Las agendas del conflicto y de la reforma democrática del Estado están hermanadas. Por esto, la propuesta de la Cocopa por incluir al EZLN en el diálogo nacional no sólo resultaba deseable, sino que además era indispensable. La historia del México contemporáneo ha demostrado que EZLN es un actor político cuya trascendencia no debe ni puede escatimarse. Las dirigencias partidarias y el gobierno de Zedillo se encargaron de que este esfuerzo sincero fracasara.

El clamor de nunca más un México sin nosotros es explicable cuando las comunidades indígenas han sido sometidas a una opresión centenaria, durante la cual han perdido tierras y derechos, aunque no se ha logrado aniquilarlos ni despojarlos de su rica cultura, parte de las raíces de nuestra patria.

Por ello los acuerdos de San Andrés Larráinzar convenidos entre el gobierno federal y el EZLN hace 13 años son la expresión de una de las construcciones políticas más importantes de las dos décadas pasadas y son una referencia fundamental en la construcción del México democrático al que aspiramos. No hay ni puede haber avance democrático en México sin su cumplimiento.

Las fuerzas políticas mexicanas tienen el compromiso de poner en juego todos los instrumentos políticos y las atribuciones republicanas a su alcance, por concretar la aspiración y los anhelos de los pueblos indios de México convenidos hace 13 años entre el gobierno federal y el EZLN en San Andrés Larráinzar.

APPO da respaldo político al EPR

Luego de tres días de sesiones, el Segundo Congreso Ordinario de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) determinó dar su respaldo político y revisar el proceso jurídico del caso de desaparición forzada de los integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ocurrida el 25 de mayo de 2007.

El caso será llevado a la mesa de negociación con la Secretaría de Gobernación, anunció ayer el secretario general de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Azael Santiago Chepi.

Tras dirimir sus diferencias entre organizaciones que la integran y que protagonizaron conatos de bronca en las reuniones celebradas en el hotel del magisterio, la APPO reiteró su desconocimiento a los gobiernos de Ulises Ruiz Ortiz y de Felipe Calderón y puntualizó que la única relación que mantienen será de tipo jurídico para exigir la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos, combinando la lucha legal con la movilización en las calles.

Asimismo, recordó que el movimiento social ha dejado 26 muertos, más de 500 detenidos —de los cuales 380 fueron torturados—, siete desaparecidos, entre ellos los dos eperristas, y las 177 medidas cautelares que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por conflictos sociales, lo cual “es preocupante y lamentable”.

El dirigente del movimiento magisterial —el cual convocó a la refundación de la APPO— dio a conocer los resolutivos en conferencia de la prensa, en la que destacó que “la APPO es independiente en lo político, organizativo e ideológico del Estado y de los partidos políticos electorales; que no puede haber dirigentes de ninguno de los partidos políticos como dirigentes o miembros porque esta asamblea no es trampolín político”.

Advirtió que “si algún militante quiere participar en el proceso electoral tendrá que renunciar al cargo que ostente en la APPO de manera pública con cinco meses de antes de su registro”.

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