Al argumentar que son merecedores de la libertad por cumplir la mayor parte de su condena, la defensoría jurídica de indígenas de la Región Loxicha — presos al ser acusados de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR) –hizo una serie de propuestas a las autoridades penitenciarias para tal fin.

El abogado Israel Ochoa Lara detalló que a partir de los hechos ocurridos el día 28 de agosto de 1996 en la Crucecita Huatulco, en donde se dio un enfrentamiento entre el EPR y diferentes cuerpos de seguridad del estado, fueron detenidos 152 indígenas de la región Loxicha.

Desde entonces se inició el trabajo de defensa y la lucha por la libertad de dichas personas, lográndose hasta la actualidad la libertad de 140 personas y la cancelación de 113 órdenes de aprehensión que se encontraban pendientes de ejecutar, las cuales se cancelaron mediante la aplicación de la Ley de Amnistía.

Ahora queda por resolver la situación de 12 personas que han sido sentenciadas en procesos penales del fuero federal y once de ellas están en el Penal de Santa María Ixcotel y una más en el reclusorio de Etla.

Los sentenciados son Justino Hernández José a 23 años con 6 meses; Zacarías Pascual García López 24 años; Eleuterio Hernández García 31 años 7 meses y 3 días; Mario Ambrosio Martínez 26 años 10 meses y 3 días y Cirilo Ambrosio Antonio 13 años 6 meses.

Además Gregorio Enríquez Martínez o Ricardo Martínez Enríquez con 13 años 6 meses; Urbano Ruiz Cruz 13 años 6 meses; Arnulfo o Estanislao Ramírez Santiago 13 años 6 meses; Fortino Enríquez Hernández 30 años y Abraham García Ramírez 30 años.

A su vez los procesados y en espera de sentencia son Álvaro Sebastián Ramírez y Agustín Luna Valencia, éste último ex presidente municipal de San Agustín Loxicha y ambos recluidos en Ixcotel.

La mayoría de los indígenas están presos por los delitos de conspiración, terrorismo, homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa, en términos generales.

Israel Ochoa Lara describió que para ellos se pide el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que se revoque la sentencia del Tribunal Unitario y en su lugar dicte una sentencia absolutoria o bien, se reclasifique el delito de homicidio calificado como homicidio simple.

En otros de los casos se propone que la Dirección de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Estado autorice la libertad preparatoria al cumplirse la mayor parte de la condena.

Fichero archivado: Ejercito Zapatista de Liberacion Nacional

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