Vía @abstraitconcret me topé con la estadística de Google sobre qué aman las mujeres, pero en francés. He aquí lo que aman según los cibernautas mexicanos:

A una semana de los comicios federales aparece en escena un nuevo “método” para intentar el despojo de las comunidades zapatistas en tierras recuperadas: las invasiones fraudulentas. Eso pretende hacer un grupo de particulares contra la comunidad autónoma 16 de Febrero, perteneciente al caracol Torbellino de nuestras palabras, de Morelia.

La junta del buen gobierno (JBG) Corazón del arco iris de la esperanza denunció hoy que un tal Baltazar Domínguez Trejo “vendió” a particulares las tierras de dicha comunidad, y el pasado 16 de junio “mandó” a un grupo de 12 personas “según para posesionarse en el poblado 16 de Febrero, donde ya viven nuestros compañeros bases de apoyo, tomado por el EZLN desde 1994”.

Los intrusos amagaron a los zapatistas con “expulsarlos de sus casas, y llevaban la disposición de quedarse a construir sus casas y pasara lo que pase porque llevaban machete en la mano, lonas y cobijas”. Estaban a punto del enfrentamiento cuando “llegó un empleado de gobierno, que es operador público, de nombre Óscar Pérez Hernández, según para calmar el ánimo”, refiere la junta.

Con argumentos “totalmente increíbles”, Domínguez Trejo ha realizado transacciones con terrenos que hace años pertenecen a los zapatistas, y por los cuales ya fueron indemnizados los antiguos ganaderos que los poseían. El defraudador “está renegociando la tierra recuperada”, además ya pagada por el gobierno.

“La postura de nuestros compañeros, y de todos nosotros, es que jamás dejaremos las tierras recuperadas porque ya están pagadas por sangre de nuestros compañeros caídos”, advierte la autoridad autónoma. Y denuncia que “el comisión de tierra” del municipio rebelde Lucio Cabañas, Juan Cruz Pérez, fue vigilado y perseguido hace dos días por los sedicentes nuevos poseedores de los predios, o sea, los clientes de Domínguez Trejo. Ahora amenazan a Cruz Pérez con una orden de aprehensión, “inventándole delitos”.

La JBG cuestiona: “En qué podemos confiar de ellos, cuando sabemos que son los mismos del mal gobierno, que es parte y actor de impulsar la contrainsurgencia en nuestras regiones y sin vergüenza de él. Dizque llegó para calmar la violencia, cuando sabemos que está dentro de sus planes de los tres niveles del gobierno acabar las comunidades indígenas y sus culturas”.

A lo lejos, desde la espesura del monte, se escucha el repicar de machetes que chocan con piedras y troncos. Conforme uno se va acercando se espera encontrar a campesinos, metidos en la faena de sus cultivos, pero lo primero que se alcanza a ver es a hombres vestidos con ropa tipo militar, su rifle AK-47 terciado en la espalda, con botas y cubriendo el rostro con paliacates o pasamontañas.

Son una treintena de milicianos del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) que auxilian a los campesinos de comunidades ubicadas en lo alto de la Sierra del Filo Mayor de Guerrero. Con la diestra blanden el machete que corta la hierba que estorba a la milpa, mientras que con la otra sujetan el arma.

“Aquí estamos, somos los delincuentes, como nos llama el gobierno, estamos haciendo producir la tierra porque es lo que sabemos hacer, porque todos somos campesinos”, dice el jefe de la columna guerrillera Omar Guerrero Solís, comandante Ramiro, a manera de recibimiento a un grupo de periodistas, mientras se sostiene con la punta del machete enterrada en la tierra húmeda.

Se trata del grupo armado que hace dos semanas se enfrentó con tropas del Ejército en las inmediaciones de los municipios de Petatlán y Coyuca de Catalán, en la Sierra de Guerrero.

La entrevista que Ramiro concede en algún lugar de la Sierra del Filo Mayor se da dentro del mismo tlacolol, mientras que el resto de los milicianos continúan su labor y sólo se hace una pausa cuando uno de los erpistas ofrece agua.

“Bajen el agua muchachos, grita un erpista a sus compañeros regados por toda la falda del cerro.

Ramiro recuerda que el choque entre los militares y la columna del ERPI que encabeza, el 9 de junio pasado cerca de las comunidades de Las Joyas y Las Palancas de los municipios de Coyuca de Catalán y Petatlán, se dio de manera fortuita.

“Los pobladores eran perseguidos hacia el monte, y como ya es sabido que estamos en varios lugares de la sierra esa gente se dirigió hacia donde estaban las columnas del ERPI para buscar apoyo, que por supuesto les dimos”.

Señala que el intercambio de disparos fue breve pero suficiente para causar tres bajas al Ejército. “No fue gran cosa, pero si el gobierno sigue actuando de esa manera va a provocar otra respuesta”.

—¿Qué hubiera pesado si el Ejército sigue la ofensiva en las comunidades?

—Se hubiera dado una respuesta militar en diferentes lugares y hubiera sido más en forma. Porque cuando se nos dice que están maltratando a mujeres y niños, cuando dicen que están robándose todo lo que hay de comer, la ropa de los niños, las cobijas, la herramienta de trabajo de la gente, da más coraje todavía.

Recuerda que ese día los milicianos sólo estaban preparando la retirada de la gente de las comunidades que salían huyendo por la presencia de los soldados.

“Eso nos permitió responder de una manera adecuada. Nada más fue para evitar que el Ejército siguiera a los pobladores de las comunidades, porque iban niños y ancianos, les iban tirando”.

El dirigente de la célula del ERPI señala que es la segunda vez que accionan, porque la primera ocasión fue en venganza por la masacre que cometió el Ejército contra indígenas desarmados en El Charco.

Recordó que esa vez emboscaron al Ejército en El Guanábano (municipio de Atoyac) en 1998, cuando resultó herido el general Alfredo Oropeza Garnica.

El miliciano, a quien el gobierno estatal giro orden de aprehensión por delitos de homicidio y secuestro, señala que el grupo armado va a responder siempre que el pueblo sea agredido, “porque ya estamos cansados del olvido, de la pobreza y todavía vienen y nos masacran”.

—¿En Guerrero hay grupos guerrilleros en varias partes del estado o solamente focalizados en una sola región?

—No, no en una sola, hay en varios lados.

—¿A parte de la defensa de las comunidades cuando son atacadas por el Ejército y acciones como la de ayudar a los campesinos, hay otro tipo de servicio social en el que ustedes participan?.

–No sé si se le puede llamar un servicio social, pero sí hemos estado ayudando a combatir el alcoholismo y la drogadicción. Antes de que llegáramos por acá había mucho alcoholismo y venta de cocaína y hemos hablado con la gente, haciendo asambleas, y explicándoles los daños.

“Todo eso lo hemos ido quitando, no es que sea algo impuesto, es algo consensado con la gente. En una asamblea se decide, toda la gente vota a favor y después se le advierte, de una forma tranquila, al que vende que a partir de esa fecha deje de vender eso, porque fue un mandato del pueblo y que si no lo hace pues va a ser sancionado por la columna”, agregó.

El Ejército Popular Revolucionario (EPR), grupo armado con presencia en  Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Hidalgo, Estado de México y Morelos, denunció a través de su comunicado fechado el 23 de junio, la cacería que ha desatado el Estado mexicano en contra de los miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente(ERPI), luego de los enfrentamientos que ha sostenido está organización guerrillera, con elementos del  ejército mexicano en Guerrero, al mismo tiempo llaman a la

unidad de los diferentes grupos guerrilleros, según plantean para hacer frente a las acciones de contra insurgencia que ha desatado el gobierno de Felipe Calderón.

Para el EPR el gobierno de Felipe Calderón es antipopular, carente de legitimidad que busca ante todo una salida político-militar a los problemas y exigencias populares.

Los guerrilleros sostienen que en nombre de una democracia se busca beneficiar a los pudientes, se violan los derechos constitucionales y se justifican las atrocidades de los cuerpos policíaco- militares, desde los diferentes gobiernos estatal y federal.

Denuncian la cacería contrainsurgente que hay en contra de los guerrilleros del ERPI, y comparan estás acciones con las campañas represivas que en los años 70 se vivieron en diferentes estados del sur de México, cometiéndose crímenes sistemáticos de lesa humanidad.

En la misiva firmada por el comité de prensa y propaganda del  Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR), sostienen que existe una necesidad urgente de organizar e impulsar de manera fundada la autodefensa popular, ya que indican el pueblo tiene derecho a defenderse del terror del Estado, nadie subrayan puede negarle a la guerrilla el derecho  de organizarse y responder con la autodefensa armada, y puntualizan que pueblo e insurgentes son parte de un mismo proceso de lucha.

Sin embargo sostienen que lo anterior no podrá ser, si los diferentes destacamentos de lucha del pueblo, marchan cada quien por su lado, la unidad agregan de todo el pueblo y sus organizaciones sigue siendo una tarea estratégica que se debe de trabajar en función de la misma, por lo que consideran que es tiempo de dejar a un lado los intereses que van en contra de la unidad del pueblo.

Para finalizar se solidarizan y ofrecen su apoyo a todos aquellos que organizan y luchan mediante las diferentes formas en nuestro estado- Guerrero-, así como en otros rincones del país contra el régimen , trabajemos todos en función de consolidar y desarrollar los pilares de la revolución, sin éstos es impensable agregan la realización de la nueva revolución que exige y clama nuestro pueblo, concluyen.

En su afán de deslindarse del crimen organizado, el Comité Directivo Estatal del PRI y su bancada en el Congreso local, acusaron al PRD de aliarse con los grupos radicales como el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG); anunciaron que el próximo lunes presentarán la demanda penal ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) por guerra sucia.

Los priístas ofrecieron una conferencia de prensa para respaldar al candidato del PRI a diputado federal del distrito 1, con cabecera en Pungarabato, Cuauhtémoc Salgado Romero, apoyo que será refrendado en la sesión del Consejo Político Estatal que se realizará este sábado, ante las acusaciones que hicieron los perredistas de ser el responsable del atentado que sufrió el abanderado del sol azteca, Nicanor Adame Serrano.

El dirigente estatal del PRI, Marco Antonio Leyva Mena, reprochó que el PRD trate de poner una cortina de humo, cuando se debería investigar el asesinato de dos hermanos de Adame Serrano en años pasados y el tipo de armas que utilizaron en el atentado.

Se les preguntó si se referían a que el sol azteca tiene vínculos con la delincuencia organizada, pero el coordinador de la bancada, Héctor Vicario Castrejón y Salgado Romero manifestaron que no son tan irresponsables para hacer ese tipo de señalamientos, sin embargo, acusaron que se podía tratar de un autoatentado, pues en ningún momento –aunque lo aseguró el PRD– se presentó alguna denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), instancia a la que le solicitaron como PRI que investigue a fondo y sancione a los responsables.

Acompañados por Armando Romero González, delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Vicario y Salgado Romero se desvincularon de los señalamientos que les hicieron los perredistas. Acusaron que es una estrategia perversa de carácter político-electoral producto del resultado de las últimas encuestas y sondeos de opinión que reflejan un retraso de ellos en las preferencias electorales.

Por ello, Leyva adelantó que el próximo lunes presentarán una demanda formal ante la Fepade por difamación, calumnias y por acciones dolosas del PRD en perjuicio del daño a la imagen del PRI.

Vicario consideró que el PRD actúa de esa forma por la desesperación de ir abajo en las encuestas, “en todo caso el responsable de la violencia es el sol azteca, pues lleva más de cuatro años gobernando el estado”.

En tanto, Salgado Romero dijo que se siente “completamente limpio” de las acusaciones en su contra, aseguró que en Tierra Caliente nadie le cree al PRD.

Leyva Mena y Vicario acusaron al PRD de hacer alianzas con los grupos radicales como el ERPI y la CETEG, quienes incluso podrían estar siendo arengados por el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local y coordinador de los diputados locales perredistas, Armando Chavarría Barrera.

Por su parte, el ex gobernador, Rubén Figueroa Alcocer justificó el resurgimiento de la guerrilla, pues expreso que aún no se han atendidos las demandas sociales como la seguridad, educación y salud, solicitó al gobierno estatal tender puentes de diálogo y entendimiento.

Chavarría niega acusaciónEn tanto, el coordinador de los diputados del PRD, Armando Chavarría Barrera, negó que el PRD esté aliado con la CETEG y con el ERPI, como lo afirmó el dirigente estatal del PRI, Marco Antonio Leyva Mena.

Asimismo, consideró que la inhabilitación por tres años del ex alcalde de Acapulco, Alberto López Rosas, además de “injusta es políticamente inoportuna”.

Se extrañó del señalamiento de Leyva Mena con respecto al ERPI, pues dijo que en más de una ocasión han coincidido en que se trata de un movimiento que tiene su origen en la pobreza de la entidad.

“Creo que de repente (Marco Antonio Leyva) es dado a declarar sin reflexionar”, señaló el perredista, quien destacó que con el coordinador de los diputados del PRI, Héctor Vicario han planteado juntos que lo más sano es entablar un diálogo con el grupo armado.

Agregó que ambos han rechazado las declaraciones del gobernador cuando los ha catalogado como delincuentes, pues tienen en claro que se trata de una fuerza beligerante que ha optado por la vía armada, situación que no justifican pero sí entienden.

Chavarría aprovechó para insistir en que es necesario que de parte del gobierno haya una propuesta de diálogo, aunque el ERPI haya dicho que lo rechaza, pues también dejaron abierta esa posibilidad, pero el asunto es que no hay una propuesta de la autoridad en ese sentido.

Con respecto a la CETEG, aseguró que el PRD no tiene vínculos con esa corriente magisterial, pues se trata de un movimiento que agrupa a maestros de distintos grupos políticos y lo único que han hecho en el Congreso es preocuparse porque sus demandas sean resueltas.

Sobre la inhabilitación de López Rosas dijo que la decisión fue políticamente inoportuna y consideró que el gobierno estatal debió “haber aguantado esta decisión después de las próximas elecciones, ya que hacerlo en este momento no ayudan a crear un clima adecuado para ningún partido político”.

Sobre la versión de la inhabilitación del candidato a diputado federal por la circunscripción de la Montaña, Socorro Sofío Ramírez, señaló que aún no tiene información si tal situación sea oficial.

Dijo que caso todos los presidentes municipales tienen observaciones de la Auditoría General del Estado.

Calificó el trabajo de la AGE como lenta porque los alcaldes entregan sus cuentas y pasan meses hasta que son revisados.