A muchos extraña que Felipe Calderón pida la despenalización del consumo de drogas, tratándose de un presidente de filiación conservadora. Pero todo indica que la guerra civil en la que se ha convertido la lucha contra el Narco rebasa consideraciones ideológicas y exige medidas prácticas.

A mi juicio, el proyecto de ley que el Presidente presentó al Senado es provechoso, a condición de quitarle autocontenciones y mojigaterías.

Ciertamente, estábamos en el limbo con respecto al consumo. La ley vigente no castiga a un consumidor si se le considera adicto, pero tampoco establece las cantidades mínimas de posesión de uso personal, ni define con claridad la “dependencia”. Ello introduce una enorme discrecionalidad de parte de los jueces, con la consiguiente inequidad y corrupción. Peor aún, permite que muchos narcomenudistas apelen a su adicción para quedar libres, pese a ser capturados con sendos paquetes de drogas. La nueva ley define con precisión las cantidades que permiten diferenciar a un consumidor de un traficante.

El problema es que las dosis estipuladas en el proyecto de Calderón convierte en delincuentes a la mayoría de los consumidores. El límite de dos gramos de marihuana, inferior a un cigarro, condenaría a cualquier preparatoriano que antes podía acogerse a la evaluación de un juez prudente. Parece que los panistas se asustaron de su propia temeridad y a golpes de severidad decidieron inhabilitar su propio proyecto.

Esperemos que durante la discusión en el Congreso se reajusten estas minidosis de manera realista. Cuando Vicente Fox pasó un proyecto similar, los legisladores ampliaron los límites de manera significativa pero el mandatario terminó vetando la ley (todo indica que por presiones de Estados Unidos). Me parece que, con ese antecedente, Calderón decidió proponer dosis menores que el proyecto original de Fox (bajó el límite de 5 a 2 gramos de marihuana), bajo la consideración de que se trataba de niveles ya aprobados por los panistas y sectores conservadores. El Presidente esperaría que fuese el Congreso el que ampliara las dosis a límites razonables, de tal manera que la nueva ley fuese de responsabilidad compartida. Ojala así sea.
Con todo, la iniciativa es importante. El consumo de drogas es un problema de salud pública, no de justicia. Si bien el consumo de drogas es perjudicial, carece de sentido llevar a la cárcel a alguien para protegerlo de sí mismo. Sostener una ley que no se puede aplicar es absurdo, además de que favorece la corrupción: según la última encuesta difundida por la Secretaría de Salud 4.5 millones de habitantes admiten haber consumido alguna droga en México (la cantidad real debe ser aún mayor). No hay cárceles suficientes para encerrar al equivalente de la población de Guadalajara. Peor aún, el paso por la prisión es la manera más rápida de convertir en criminal a un adicto o un consumidor.

Sacar de la clandestinidad al consumo de drogas, y dejar de ver a los “usuarios” como delincuentes permitirá ampliar los programas de apoyo en contra de la adicción. Despenalizar el consumo es importante para concentrar la lucha en los narcotraficantes. La solución real pasa por legalizar la venta y no sólo el consumo, y regularlos como al alcohol. Pero es claro que la correlación de fuerzas y el poder de Estados Unidos, impiden una decisión netamente mexicana. El proyecto de Calderón puede ser útil, a condición de modificarlo para hacerlo realista y práctico. www.jorgezepeda.net

En su opinión, es muy acertado que los gobiernos intervengan, lo que no significa que se trate de favorecer a un banco, sino de proteger el patrimonio de los ciudadano

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Puede ser una crisis peor que la del 29, dijo el secretario de Hacienda. Y no es poca cosa pues se refiere a la peor depresión económica que el mundo haya conocido. La frase de Agustín Carstens tendría que tener sumido al Presidente y a su gabinete económico en una encerrona de urgencia, que derivase en un plan de emergencia para paliar las consecuencias del desplome financiero mundial. No obstante, el mismo día que Carstens vislumbraba la magnitud de la catástrofe, Felipe Calderón se ufanaba en Nueva York de que México ya no contraía neumonía cuando a Estados Unidos le daba una gripe. Alguien tendría que preguntarle al Presidente ¿y qué pasa con México cuando a Estados Unidos le da una neumonía?

Lo cierto es que la crisis de Wall Street de 1929 dejó a México en estado de coma, pese a que era un mundo mucho menos globalizado. Según estudios de Nacional Financiera, el nivel de vida del mexicano promedio en 1932 volvió a ser el de 1910, es decir, un retroceso de 22 años (citado por Lorenzo Meyer). Sólo de 1929 a 1932 el PIB disminuyó 16 por ciento y la producción manufacturera se desplomó a poco más de la mitad.

De boca para afuera las autoridades insisten en que México está blindado. Pero debe ser un blindaje de aluminio si consideramos que en enero se estimaba un crecimiento de 3.7% para 2008 y esta semana lo bajaron a 2.4%, y eso que la crisis apenas comienza. Las corredurías señalan que podría ser de 1.9% y quizá aun menos. En julio, último mes del que Inegi ofrece reportes, decreció la producción industrial del país, anticipando lo que podría ser una recesión.

Es comprensible que el gobierno quiera evitar el pánico de la opinión pública y la zozobra entre los actores económicos. Pero frente a la magnitud de los hechos, pretender que no pasa nada puede ser tan irresponsable como pedir calma a pobladores ribereños ante la inminencia de un tsunami.

Lo que no está haciendo el gabinete lo han comenzado a hacer las empresas cúpula de la economía mexicana. Lorenzo Zambrano, presidente de Cemex, circuló la semana pasada un memorándum entre su personal para introducir medidas draconianas frente a la crisis que se avecina (paralizar fábricas y recortes sustanciales). Otras grandes empresas se están inclinando por no pagar impuestos para mantener liquidez en los próximos meses. Prefieren afrontar el eventual pago de recargos y multas, que desafiar el futuro inmediato con las chequeras vacías. También saben que si muchas empresas no pagan impuestos por la crisis, el gobierno tendrá que negociar condonaciones tarde o temprano. Es decir, una vez más como en el Fobaproa, desarrollan estrategias para “socializar” las pérdidas con cargo al erario, mientras que las ganancias siempre son privadas.

El problema es que estas son soluciones individuales de “sálvese quien pueda”. Justamente lo que hace la población frente a un desastre climatológico cuando la autoridad está ausente.

Calderón tendría que dejar a su secretario de gobernación el manejo de la crisis de inseguridad y concentrar sus esfuerzos en la debacle económica. Pero primero tendría que cambiar de secretario, porque el actual, Camilo Mouriño, es incapaz de imponer orden entre las cabezas de la PGR, la SSP, el Cisen y el ejército, dedicados todos ellos a pelearse entre sí y ningunear al supuesto coordinador de seguridad. Pero esa es otra historia. www.jorgezepeda.net

La verdadera explicación del baño de sangre que padecemos reside tanto en el subdesarrollo de nuestras policías como en el de nuestros delincuentes. La mayor tragedia es que el llamado crimen organizado es más bien un crimen absolutamente desorganizado. Hay momentos en que veríamos con cierta envidia y no poca nostalgia a la Mafia italiana de Estados Unidos, o incluso la siciliana, capaz de conducir sus negocios con el mínimo derramamiento de sangre. Un poco de Tony Soprano y mucho menos de Chapo Guzmán no nos vendría mal.
Hay evidencias de que la mayoría de los 24 asesinados en La Marquesa eran albañiles y no estaban relacionados con el narcotráfico. Todo indica que sicarios del Cártel de Sinaloa llegaron a una zona del estado de México en la que La Familia, un cártel rival, está introduciéndose, y buscaron escarmentar a la población. Algo que hace recordar las siniestras represalias de la Gestapo durante la ocupación.
Hace poco más de un mes, otros sicarios liquidaron a 13 personas, incluyendo a un bebé, en Creel, Chihuahua. El comando que buscaba a dos cabecillas rivales irrumpió entre la muchedumbre con estrategias más propias del genocidio que de una ejecución puntual.
Las granadas de fragmentación lanzadas en contra de “civiles” durante la ceremonia del Grito en Morelia, obedecen a otro tipo de subdesarrollo. Lo de Creel o lo de La Marquesa se inscriben en la lógica de la lucha por espacios y la guerra entre bandas que se disputan territorios. Además de cruentos se trata de operativos mal planeados e ineficaces, pero buscaban golpear a su enemigo frontal. Una versión brutal de la ley de la selva. Lo de Morelia, en cambio, responde a una estrategia de varias bandas y tiene un propósito político.
Los actos terroristas en contra de civiles (y no en contra de policías) buscan precipitar el pánico entre la población y desencadenar actitudes represivas de parte del Estado. Hay movimientos políticos radicales que llegan a considerar que un régimen represor es algo que conviene a sus intereses. La idea es muy discutible, pero escapa a los límites de este espacio. Lo que resulta evidente es que las granadas en contra de civiles sólo pueden traducirse en malas noticias para los narcos. Otorgan al gobierno un espaldarazo de la población para recrudecer la guerra en contra de los cárteles. En los próximos días veremos una andanada de leyes más severas y mayores recursos económicos orientados en su contra.
La única lógica que podría encontrar es que uno de los cárteles creyese que con que esta acción podría desencadenar la furia del Estado en contra de un cártel rival. Por ejemplo, hacer creer que se trata de una acción de La Familia, afincada en Michoacán, de allí la idea de un atentado salvaje en Morelia. Desde luego es una estrategia absurda, porque la opinión pública y las fuerzas federales han reaccionado en contra del “Narco” en su conjunto y no sólo en contra del cártel La Familia, que dicho sea de paso, se apresuró a deslindarse de los hechos.
Desde luego cabe otra posibilidad mucho más terrible y preocupante: que alguien, ajeno al crimen organizado, esté buscando una coartada para que la opinión pública, los medios de comunicación, los legisladores y las fuerzas políticas entreguen un cheque en blanco a los aparatos de seguridad y, en general, favorezcan un régimen autoritario. Una hipótesis infame, que por desgracia tampoco podemos descartar.