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En los últimos 13 años en la región de los Loxichas han sido ejecutados más de 100 indígenas zapotecos, primero por policías y luego por grupos paramilitares sin que el gobierno estatal haga nada para detener esta oleada de violencia, así lo denunció el líder social de esa región, Juan Sosa Maldonado.

Teniendo como marco la catedral de la ciudad de Oaxaca, el líder loxicha, expuso que pocos son los muertos que alcanzan notoriedad, ahora que el Estado ya no puede esgrimir el falso argumento del EPR en esa región, por lo cual es responsable por comisión.

Asimismo acuso al Estado de utilizar una política etnocida que pretende vaciar las comunidades mediante mecanismos violentos que incluyen ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, detenciones ilegales, además de las eternas condiciones de pobreza.

Ante estas situaciones y en vista de que en Oaxaca se han dado otras desapariciones forzadas, Sosa Maldonado, indicó que van a iniciar la jornada de lucha denominada “Zapata Vive”, que busca mantener la memoria de aquellos que han desaparecido en el último año.

Las acciones dijo, más concretas serán que cada 25 de cada mes, llevarán a cabo una jornada de información y denuncia para recordar estos lamentables sucesos, pero sobre todo con la intención de que no se vuelvan a repetir y con la firme exigencia de la presentación con vida de las y los desaparecidos políticos.

La comandancia general del Ejército Popular Revolucionario (EPR) demandó a las personalidades que integraron la Comisión de Mediación (Comed) que reconsideren reanudar el funcionamiento de ese organismo, para continuar con las gestiones a fin de localizar a sus compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos desde marzo de 2007.

En un comunicado, el EPR sostiene que ambos se encuentran en el Campo Militar Número Uno, pero, según se han enterado, “la cúpula del Ejército” pretende cambiarlos a un búnker de la Secretaría de Seguridad Pública federal, ubicado debajo de lo que fueron los juzgados del antiguo penal de Lecumberri, hoy sede del Archivo General de la Nación.

El EPR advierte que hay testimonios de personas que vieron muy golpeados, “graves, por las torturas”, a Reyes Amaya y Cruz Sánchez. Pese a ello y al “destacado papel de la Comisión de Mediación, que realizó esfuerzos sobrehumanos para que presentaran a los compañeros, el capricho y la venganza del señor Felipe Calderón y la cúpula del Ejército” lo han impedido, ya que niegan que estén en su poder, “cuando todo mundo sabe que los tienen”.

Los siguen torturando, asegura el EPR, y advierte que continúan las desapariciones forzadas y asesinatos de líderes sociales como política de Estado. Piden, por ello, que la Comed reanude actividades. “Esperamos su respuesta con paciencia y la seguridad de su compromiso con la lucha por la justicia.” De aceptar, “daríamos a conocer el nombre de las personas que participarían en el desarrollo de esta encomienda”.

En el escrito, signado también por el comité central del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR), responsabilizan al presidente Calderón y al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, “de no tener voluntad de dialogar con el pueblo” ni de atender sus demandas.

Hay también, agregan, “falta de voluntad política para resolver todas las violaciones de derechos humanos cometidas por miembros del Ejército. La milicia ha declarado, “con todo cinismo”, que la estrategia que han desarrollado contra el crimen organizado “es un ensayo para descubrir los focos rojos de descontento social y ubicar, es decir, reprimir a los luchadores sociales”.

Advierten que a los militares que se les descubre que han violado derechos humanos e incluso asesinado a luchadores sociales, en lugar de juzgarlos los cesan “para formar con ellos grupos paramilitares”. Citan ejemplos: Lenin Ortiz Betancourt, hijo de dirigentes del Movimiento Democrático Magisterial Poblano; Fermín Mariano Matías, estudiante universitario originario de Puebla; Mariano Abarca Roblero, integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería; Jordán López Aguilar y Ballardo Hernández de la Cruz, de la OCEZ, y Miguel Pérez Cazales, dirigente del Consejo de Pueblos de Morelos.

Fueron también asesinados “la hija y el yerno de una de las madres de la ONG Nuestras Hijas de Regreso a Casa”. Se trata, sostiene el EPR, de “hechos premeditados, dentro de la estrategia de guerra de baja intensidad” que, como declara el representante de Amnistía Internacional en México, “ni uno solo debería existir en un país que presume de democrático”.

El grupo guerrillero pide que se juzgue a quienes son responsables de esos crímenes y de desapariciones forzadas, y menciona entre ellos al secretario de Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, a los gobernadores de Oaxaca, Ulises Ruiz, y de Puebla, Mario Marín.

El EPR alerta también a los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas de que el gobierno de Calderón, que sólo ha empleado hasta ahora contra ellos la represión selectiva, “creyendo que al eliminar a los líderes descabeza las luchas populares, podría activar la represión masiva a su máxima expresión”.

El cuerpo de Omar Guerrero Solís, el comandante Ramiro del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), fue sepultado la tarde de este martes en el cementerio municipal de Chilpancingo, horas después de que la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) recogió sus restos del Servicio Médico Forense, donde permanecieron desde la madrugada del viernes pasado, cuando fueron llevados allí por las autoridades para su identificación.

La noche del martes, el grupo armado emitió su comunicado número 40, en el cual reconoció que Ramiro fue ultimado el 4 de noviembre pasado y responsabilizó de ello al “Estado, por medio de sus órganos de inteligencia militar y política, el cual planeó y pagó para que el pistolero Cayetano Alvarado Palacios, El Cuche Blanco, sirviente de los caciques más famosos de Guerrero, ametrallara con cuatro impactos de rifle AK-47 al líder social.

“La mañana del martes 4 de noviembre, siete narcoparamilitares liderados por El Cuche Blanco le tendieron una emboscada en la comunidad de Palos Grandes, municipio de Ajuchitlán del Progreso”, anotó el comunicado.

Acerca de por qué Ramiro fue inhumado clandestinamente en Palos Altos, dijo que “se realizó todo lo necesario para darle sepultura de acuerdo con las tradiciones familiares, decidiendo mantener con discreción su caída mientras se aplicaban medidas de seguridad necesarias y obligadas para el caso, sabíamos que era cuestión de tiempo el que lo localizaran; las bestias criminales del Ejército y la policía decidieron no respetar su cadáver y lo mancillaron exhibiendo como trofeo su cuerpo en descomposición”.

Batida contra paramilitares

El grupo armado mencionó que la muerte de Ramiro “duele porque encabezó una batida contra paramilitares y narcosicarios ligados a las fuerzas del gobierno que infestan Guerrero y todo el país”.

Detalló que Ramiro cayó en condiciones aún por indagar “y que van más allá de los asesinos materiales, para decírselas con la mayor precisión y cautela al pueblo, para que esté alerta y preparado a defenderse”. El ERPI advierte: “Nuestra justicia irá contra los asesinos de Ramiro, considerando siempre la voluntad y la seguridad del pueblo al que servimos”.

Cerca de las 2 de la tarde, y después de innumerables trámites, la Procuraduría General de Justicia del estado entregó finalmente el cuerpo del comandante a la dirigencia de la APPG, encabezada por Pablo Sandoval Cruz, ex militante comunista y fundador del PRD en el estado.

De allí fue llevado a una funeraria, donde se le veló durante dos horas, pues el homenaje que estaba previsto en la sede de la organización fue suspendido por razones de seguridad, ya que desde la noche del lunes se recibieron dos telefonemas anónimos que advertían que si el cadáver era llevado al local de la APPG “les va a ir muy mal, porque entonces vamos a llevarnos su cuerpo”, y “quienes asistan al sepelio la van a pagar muy duro”, según denunció Bertoldo Martínez Cruz, también dirigente de la APPG.

Foto de los asistentes al sepelio

No obstante, arribaron a la funeraria unos 300 campesinos, colonos y estudiantes provenientes de Tixtla, Coyuca de Benítez, Atoyac e Iguala, entre otros municipios. Apenas hubo un padrenuestro, dos avemarías y la lectura de un poema para Ramiro antes de que su cuerpo fuera llevado al cementerio con el fondo de las notas de La internacional.

Al llegar el cortejo, gente con corte de pelo tipo militar, vestidos de civil y con gorras se encontraba cerca de la fosa y empezó a tomar fotografías a los asistentes, denunciaron Vidulfo Rosales Sierra y Manuel Olivares, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y de la Red Guerrerense de Organizaciones.

De 87 años, Sandoval Cruz fue el único orador durante el sepelio: “Tenemos la dicha de recibir el cuerpo de Omar Guerrero; nos sentimos complacidos de ser los portavoces de los anhelos del pueblo de Guerrero, porque la tierra se va a encargar de darle vida, porque sus ideas se quedan con nosotros, como una gran enseñanza”, dijo el también dirigente de la APPG.

Debido a su vida de clandestinidad, en las comunidades de la Sierra Madre del Sur simplemente se le conocía como comandante Ramiro, pues ni Omar Guerrero Solís ni Ramiro Salgado López, como lo identificaba el gobierno, son sus nombres reales. Sólo se sabe que estaba casado, tenía 33 años y que se integró a los 14 años al Partido Obrero Clandestino Unión del Pueblo/Partido de los Pobres, luego al Ejército Popular Revolucionario (EPR) y en una primera escisión de ese grupo optó por el ERPI.

Piden reintegrar la Comed en Oaxaca

En la ciudad de Oaxaca, el comité Hasta Encontrarlos, integrado por los familiares de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, militantes del EPR detenidos y desaparecidos el 25 de mayo de 2007, solicitó la reintegración de la Comisión de Mediación (Comed) entre el gobierno federal y el grupo armado para dar seguimiento a la exigencia de dar con el paradero de ambos combatientes.

Nadín Reyes Maldonado, hija de uno de los eperristas, dijo que “los familiares de los desaparecidos creemos y estamos convencidos de que sólo el trabajo y la lucha de las organizaciones sociales, de derechos humanos y de personalidades solidarias nos permitirá alcanzar mayores resultados en el esclarecimiento de los casos de desaparición forzada”.

El académico Enrique González Ruiz, ex integrante del Comed e invitado del comité, descartó la reintegración del grupo debido a la complejidad de las agendas de trabajo de los siete ex integrantes.

Sostuvo que durante su participación en la Comed, extinta el 21 de abril pasado, quedó evidenciada la “falta de voluntad política del Estado por la burocracia de los trámites ministeriales. El Estado no tiene interés en resolver el caso de los desaparecidos, inventó argucias y utilizó a personas para disimular una supuesta voluntad política”, señaló.

Elementos de la Policía Ministerial y de la Agencia Federal de Investigación, lograron detener a dos integrantes de la organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), séquitos del dirigente actualmente detenido en el Penal de Nayarit por 17 delitos, José Manuel Hernández Martínez.

Los detenidos responden a los nombres de Roselio de la Cruz González y José Manuel de la Torre Hernández, ambas personas estaban a cargo del proceso de liberación de su dirigente detenido hace 25 días, José Manuel Hernández Martínez. Sin embargo la OCEZ, precisa que durante la madrugada llegaron hombres armados a sus respectivos domicilios y se los llevaron.

Hasta el momento desconocen el paradero de los dos campesinos. La OCEZ se quejó de que las instancias gubernamentales no respetaron el pacto de gobernabilidad. José Manuel Hernández Martínez líder regional de la AOCEZ, fue detenido tras contar en su haber un historial delictivo informó el gobierno, se le acusa por 17 delitos entre los más grave el tráfico de armas, secuestro y homicidio.

También es ligado por las autoridades federales, de integrar un brazo armado del llamado Ejército Popular Revolucionario EPR.

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“¿Estallido?, todavía no”: EPR

Contra lo que pudiera imaginarse, el Partido Democrático Popular Revolucionario- Ejército Popular Revolucionario dice no ver que la cosa esté socialmente madura para un estallido social, aun cuando las condiciones económicas y políticas del país parecieran inrodicar lo contrario. O no cuando menos un estallido social que tenga posibilidades de triunfar.

Pero esto dependera de que nuestras consiencias despierten, que cada uno de nosotros rompamos el miedo o apatia que tenemos; o realmente esperaremos que llego otra epidemia y ver que nuestros hijos estan muriendo en cama por el rezago tecnologico que tenemos; ni siquiera podemos desarrollar nuestras propias vacunas que país tan miserable ha formado el PRI y el PAN. Pero si no queremos cambiar podemos esperar a que algun dia nos corran de nuestro trabajo porque el gobierno cerro la empresa o porque las empresas huyen del pais donde son estafadas con grandes impuestos. HASTA QUE NO TE TOQUE REACCIONARAS VERDAD¡¡¡¡.  ES UN OPORTUNIDAD HISTORICA DE QUE HAGAMOS HISTORIA CADA UNO DE NOSOTROS; PODEMOS SALVAR A MEXICO.

 En su edición 121, correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 2009, el órgano de difusión El Insurgente presenta un artículo titulado “El estallido social como chantaje político”, en el que el grupo dice que ve que aun cuando están dadas las condiciones objetivas (pobreza, conflictividad social, indignación ciudadana, represión, autoritarismo) y subjetivas (la existencia de un movimiento revolucionario), este segundo punto no está suficientemente consolidado.
Comienza rechazando los que le parecen usos chantajistas y abusivos de la amenaza de un “inminente estallido social”; tanto de quienes lo minimizan y niegan, como de quienes desde la izquierda electoral prometen que, con ellos en el poder, se conjuraría.
Insisten en que son los primeros convencidos de la necesidad histórica de una nueva revolución en el país y que repudian a “timoratos y derrotistas” que no quieren oír hablar de ella, “pero también sostenemos la convicción de que dicha revolución tiene que ser preparada concienzudamente, como un acto racional que libere al hombre de la opresión y explotación”. No como un acto meramente voluntarista.
Dicen que falta consolidar y desarrollar todavía el partido revolucionario y el ejército revolucionario del pueblo y estructurarlo con un poderoso movimiento de masas, para que, juntos, dirijan la revolución.
Y dan la que para ellos es la receta para avanzar: “Basta ya de la dispersión de las fuerzas populares, pasemos ala concreción de las grandes tareas revolucionarias (…) cerremos filas y construyamos ya la unidad e todo el pueblo, conjuntemos esfuerzos para la construcción de una conciencia de clase nacional, preparémonos política y militarmente para estar a la altura de las exigencias de la presente etapa de lucha de nuestro pueblo”.
Se infiere que, para ellos, la unidad del pueblo y la vanguardia que dirija la revolución no están maduros. Un estallido social en este momento, según esto sería insurreccional, rebelde, pero caótico y sin dirección, y, por ende, débil en lo estratégico y táctico.
Esto explicaría los llamados a la unidad que ha lanzado en anteriores comunicados a intelectuales comprometidos e incluso a otros grupos armados con los que se encuentra distanciado, como el ERPI.
Unidad para hacer una revolución fuerte, concienzuda, como la califican, no sólo para que tenga posibilidad de iniciarse, sino de triunfar.
Ahora bien, queda la duda de qué entienden por la vanguardia de la revolución. ¿Ellos?, ¿que toda esa inconformidad social tenga cauce a través del PDRP-EPR?, ¿estarían dispuestos sumarse a quienes organicen otra vanguardia en nombre del pueblo y a lo mejor con otro Proyecto de nación distinto: por ejemplo el EZLN, o algún actor emergente aglutinador del hartazgo social?.
 
Son preguntas retóricas a una situación hipotética, pero sirven para saber ideológicamente en dónde andan los grupos armados mexicanos.

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