Convencidos de que las acciones del gobierno de Felipe Calderón contra el narcotráfico estarán condenadas al fracaso si no bajan pronto los índices de violencia en México, asesores del gobierno de Barack Obama proponen una estrategia que incluye operativos militares con características de contrainsurgencia urbana, una policía militar transitoria y asistencia multilateral.
Los expertos recomiendan de plano cambiar las medidas adoptadas por Calderón, cuyo gobierno “carece de una estrategia hacia la violencia relacionada con la droga”.
Consideran que sin un regulador del mercado ilegal de las drogas, la crisis de inseguridad generada por el narco –que controla varios territorios del país– tiene más paralelismos con Afganistán y Somalia que con Colombia.
La estrategia está planteada en el documento El violento mercado de la droga en México y lecciones de Colombia, elaborado por Vanda Felbab-Brown, experta en conflictos internacionales e internos de Brookings Institution, un centro de investigación cercano a Obama que se dedica a la elaboración de políticas públicas.
La relación de Obama con dicho centro es tan estrecha que el 26 de marzo pasado propuso al vicepresidente y director de Estudios de Política Exterior del instituto, Carlos Pascual, como embajador de Estados Unidos en México. Tanto en Brookings como en el Departamento de Estado Pascual se ha dedicado a estudiar países que enfrentan problemas de inestabilidad.
El documento sobre el narcotráfico en México está fechado el 12 de marzo y firmado por Felbab-Brown, pero de acuerdo con la autora contiene los comentarios y observaciones de varios especialistas, entre ellos el propio Pascual.
El documento coincide con los recientes señalamientos de funcionarios estadunidenses que molestaron a Calderón sobre el poderío del narco, la extendida corrupción policial y la ausencia del Estado mexicano en varias zonas del país, dominadas por los cárteles.
Si bien aclara que las comparaciones con Afganistán o Somalia no indican que México sea un “Estado fallido” –como difundió en diciembre pasado el Departamento de Defensa–, el centro asesor de Obama le sugiere poner en marcha políticas públicas tomando en cuenta que la violencia está fuera de control en México.
Y advierte que las medidas de Calderón para enfrentar el narcotráfico son reactivas y, en consecuencia, limitadas, por lo que plantea una “estrategia alternativa” de largo plazo para disminuir la violencia de los cárteles, pero también para regular el mercado ilegal de las drogas en México.
Como muestra de la falta de estrategia de la administración calderonista, menciona la dispersión en el combate al narcotráfico, así como la falta de transparencia y de rendición de cuentas sobre el uso del paquete de mil 600 millones de dólares para los próximos tres años en equipo y tecnología contenidos en la Iniciativa Mérida
Esto “refleja no sólo preocupaciones sobre la soberanía, sino la falta de articulación (y formulación argumentada) por parte del gobierno mexicano de una estrategia hacia la violencia relacionada con la droga”.
Vanda Felbab-Brown, especializada en la relación entre las economías ilícitas y el conflicto militar en regiones de América Latina, Asia y África (en particular la región andina, México, Afganistán y Somalia), es autora además de dos reportes recientes sobre las prioridades de la seguridad nacional de Estados Unidos en América Latina.
Los documentos fueron elaborados durante la campaña presidencial estadunidense. En mayo de 2008 publicó La política de seguridad nacional de Estados Unidos en Latinoamérica: Evaluación de la amenaza y recomendaciones de políticas para la próxima administración. En octubre, Bloqueando el crimen organizado: Adaptando la política de seguridad nacional de Estados Unidos en Latinoamérica.
Luego, en diciembre pasado, fue la encargada del Brookings Presidential Memo, titulado “Expansión de la agenda en Pakistán y Afganistán”.
A partir de comparaciones con Afganistán, Somalia y Birmania, Felbab-Brown señala que en México “pocas áreas son inmunes a la violencia relacionada con la droga”, y a tal escala que supera a la de países en guerra, al punto de que la cifra de ejecuciones en México durante 2008 “es más que el total de bajas en Irak en 2008, más que en Afganistán y seis veces más que el promedio de una guerra civil, de unas mil personas al año”, y hasta supera a la violencia que afectó a Colombia entre los ochenta y principios de los noventa, cuando hubo una confrontación similar entre el Estado y los grupos de narcotraficantes.
De hecho, el procurador Eduardo Medina Mora admitió el martes 8 en San Diego, California, en la reunión anual de la agencia informativa Associated Press, que de diciembre de 2006 a marzo de 2009 se han registrado 10 mil 657 muertes violentas relacionadas con esos grupos.
De esas muertes, 988 fueron de policías, lo que según el procurador significa que “lento, pero seguro, los cárteles están entrando en un estado de fragmentación y autodestrucción”. Además, resaltó los “miles” de detenidos por el gobierno de Calderón.
Pero lo que presenta como éxito la PGR, para los asesores de Obama es exactamente una forma equivocada de enfrentar el problema, pues consideran que la “estrategia de decapitación oportunista” de algunos capos o jefes medios simplemente propicia una turbulencia más grande en el mercado y “más batallas territoriales”.
Apoyado en las cifras oficiales, el documento deja ver que las medidas tomadas por Calderón no responden a un plan integral y hasta pueden ser contraproducentes.
Menciona que Calderón desplazó a 45 mil soldados y 5 mil policías federales en ocho estados, ha detenido a 25 funcionarios de alto nivel y a muchos otros de bajo nivel como una manera de obstaculizar “la extendida corrupción” en la policía y el aparato de procuración de justicia, y ha gastado 6 mil 500 millones de dólares para combatir a los cárteles.
Pese a ello, cuestiona los resultados, pues de los 90 mil “narcotraficantes” detenidos desde 2001, sólo 400 son sicarios; es más, la mayoría son vendedores al menudeo, lo cual ni incide en una disminución de la violencia ni debilita a las organizaciones criminales. En cambio, dice, probablemente provocará un flujo intenso de detenidos y la paralización de los sistemas judicial y carcelario, de por sí ya bajo una enorme presión.
Nuevos acuerdos, viejos arreglos
Para los asesores de Obama, la crisis de seguridad en México debe compararse con nuevos referentes: “La turbulencia en el mercado mexicano de la droga es en varios sentidos análoga al nivel de caos y violencia en los mercados con profundos disturbios, como fue el caso de Afganistán a principios de los años noventa, antes del establecimiento de los Talibanes, o en Somalia”.
Aclara que la analogía no significa que México sea un “Estado fallido”, sino que el narcotráfico mexicano “está muy desorganizado y sus costos de transacción son tan altos que afectan al propio negocio ilegal”. Es más, dice, “el mercado ilegal en México necesita que emerja un árbitro o regulador”.
En cuanto a la producción de cultivos ilegales, indica que en la última década se sembraron anualmente en México entre 20 mil y 25 mil hectáreas de amapola (de la que se obtiene el opio), lo que lo equipara con Birmania y supera el máximo que alcanzó Tailandia en los años sesenta.
En el caso de la mariguana, las cifras son todavía más altas: de 30 mil a 40 mil hectáreas cultivadas cada año. Asegura que en estados como Michoacán y Sinaloa, las drogas “representan una parte sustancial de la economía local”.
Con tales niveles de producción y los diversos grupos involucrados, el mercado de las drogas en México es muy fluido y complejo. Para estabilizarlo, los asesores de Obama consideran cuatro escenarios.
El primero es que surja una o varias organizaciones que puedan imponer un control adecuado en sus territorios, en una suerte de “división del comercio”, incluidas las rutas de contrabando. En clara alusión al régimen del PRI, dice que tales pactos existían hasta antes del año 2000.
Advierte que cuando no se logra una distribución estable de ese tipo, surgen otros actores beligerantes, como grupos insurgentes y terroristas, como fue el caso de los Talibanes, que a mediados de los noventa regularon todo tipo de tráfico ilegal en Afganistán.
Por eso considera como “atípico” que ni el EZLN, el EPR o el ERPI –a los que define como “grupos insurgentes”– hayan penetrado significativamente en el comercio de las drogas, a diferencia de lo ocurrido en Perú, Colombia, Tailandia, Afganistán y Birmania.
El segundo escenario “representa el resultado óptimo y es la meta de los esfuerzos del presidente Calderón”: el éxito del Estado en dividir a los cárteles en grupos pequeños y débiles, sin la capacidad de violencia y penetración que ahora tienen. Esa situación sería parecida a lo que ocurre en Estados Unidos y Europa Occidental.
Sin embargo, dudan que la administración de Calderón lo logre, pues entre los mayores obstáculos destacan “los muy altos niveles de corrupción” entre los 400 mil policías y los encargados de la procuración y aplicación de justicia, incluidos los mandos de “las instituciones supuestamente reformadas”, como la Agencia Federal de Investigación (AFI), creada en 2001 por el ahora secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Y aun si llegara a triunfar –señala en su tercer escenario–, los narcotraficantes impondrían arreglos corporativos como los que tuvieron en el pasado con la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y la Policía Judicial Federal (PJF), lo que tendría “un fuerte rechazo” por parte de Estados Unidos.
La DFS y la PJF “nunca tuvieron la voluntad de arrestar y procesar a los capos del narcotráfico”; pero desde entonces la penetración del narco en las instituciones alcanzó a los tres grandes partidos, el PAN, el PRI y el PRD, “que han sido acusados de tener dirigentes y grandes apoyos de personas vinculadas al comercio de drogas”.
Considera que si el Estado mexicano no ofrece rápidas mejoras en seguridad, “el apoyo a la actual confrontación con los narcotraficantes se podría evaporar entre la población y las élites (y se estaría) pidiendo que se llegue a tales acomodos”.
El cuarto escenario de estabilización del mercado, y que define como “muy peligroso”, es que el Estado retroceda, limitándose a garantizar seguridad pública sólo a algunos segmentos de la población y del territorio, lo que ha sido persistente en la historia de América Latina.
Señala que, la decisión de Calderón de sacar a los militares a las calles, busca reducir los niveles de violencia impuestos por el narco; pero en lugar de conseguirlo se han incrementado las quejas por violaciones a los derechos humanos, “lo cual no es una sorpresa, pero sí una preocupación”.
Más aún, “el despliegue de militares para contener a los traficantes hasta ahora ha fallado para poner fin a la violencia. De hecho, los militares han sufrido ataques de los cárteles, lo que ha redundado en apoyo de la población a esa política”.
Pero advierte que si en el corto plazo no mejora la seguridad pública, Calderón no sólo se quedará sin opciones, sino que su fracaso tendría consecuencias peligrosas, incluido un creciente rechazo social al Ejército.
Menciona que las protestas callejeras contra el Ejército, atribuidas por el gobierno mexicano a los propios cárteles, “indican la ambivalencia hacia la estrategia militar y la incapacidad del Estado para mejorar la seguridad pública y detener la violencia”.
Sociedad militarizada
Ante ese panorama, los asesores de Obama le proponen una estrategia de tres fases que incluye un modelo de “cumplimiento enfocado” de procuración de justicia, la institucionalización de la protección de los derechos humanos y las libertades civiles, la reforma de la policía y la justicia, y el establecimiento de una unidad de inteligencia táctica y estratégica contra el narcotráfico.
La primera fase consiste en “el redespliegue de las fuerzas militares para enfocarse inicialmente en áreas estratégicas, establecer un firme control y gradualmente incrementar las áreas de predominio del Estado”.
Tal estrategia, dice, “es análoga, aunque no necesariamente idéntica, a la estrategia enfocada de contrainsurgencia urbana”. Esto no significa un aumento de fuerzas militares, sino un diferente despliegue como se hizo en las favelas de Brasil (aunque el ejemplo no precisa si se refiere a antes o después de que surgieran los escuadrones de la muerte que eliminaban a niños de la calle, particularmente en Río de Janeiro).
Una vez que los militares hayan impuesto orden, iniciaría la segunda fase, que transformaría la presencia militar en un modelo combinado de policía militar y policía comunitaria.
“Eso permitiría dispersar unidades más pequeñas de militares (o) policías militares entre la población y la construcción de relaciones con la población”. El modelo aquí son los carabineros de Italia.
La fase tres consiste en una verdadera reforma policial, para que sus elementos sustituyan a esa policía militarizada.
Respecto de la necesidad de contar con inteligencia táctica y estratégica, asegura que el Ejército mexicano carece de esa capacidad, por lo que puede constituirse como una pequeña unidad ubicada en alguna de las actuales oficinas dedicadas al combate del narcotráfico.
