42,6 por ciento de la población infantil mexicana vive en familias con ingresos de dos salarios mínimos o menos, según informe de la Red por los Derechos de la Infancia

La Red por los Derechos de la Infancia en México, coalición de 58 ONGs mexicanas, presentó el informe alternativo Infancias Mexicanas: Rostros de la desigualdad, ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, en Ginebra, Suiza. En el documento señala que el 42,6 por ciento de la población infantil vive en condiciones de pobreza en el país, en familias con ingresos de dos salarios mínimos o menos.

La estimación de la tasa de mortalidad infantil en menores de cinco años es de 25. El ritmo de descenso anual en la tasa de mortalidad infantil en México es de 1,8 por ciento, por abajo de Perú (5%), Bolivia (4,5%), Honduras (2,9%) y Nicaragua (2,4%).

Hace dos años, las indígenas mixtecas, Ofelia Lorenzo Ramírez y su hija, Maribel Vázquez, de 4 años de edad, emigraron a Estados Unidos, con la esperanza de salir de la pobreza.

Pero en su aventura, madre e hija sólo encontraron la muerte. Sus familiares recibieron recientemente los cadáveres.

Dada la pobreza en que vivían, Ofelia decidió abandonar Metlatónoc, su tierra natal, enclavada en la Montaña de Guerrero. Se llevó consigo a sus tres hijas, entre ellas, Maribel. En agosto de este año, de manera trágica murieron en un accidente automovilístico, cuando se dirigían a su hogar, ubicado en Oxnard, California.

Teresa de la Cruz, coordinadora del Área de Difusión del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, denuncia que, como ocurre con la mayoría de los indocumentados en Estados Unidos, aun muertas ambas fueron víctimas de la discriminación por su condición de inmigrantes y también por ser indígenas.

Durante más de un mes, acusa, el consulado de México en Oxnard se negó a localizar a los familiares de las víctimas, aun cuando contaba con datos e información precisa sobre el pueblo en el que nació Ofelia.

Cuando por iniciativa propia los padres de Ofelia hicieron contacto con las autoridades consulares, éstas respondieron que enviarían únicamente las cenizas de las dos mujeres, asegura la activista

La familia de Ofelia tuvo que apelar en varias ocasiones ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que les entregaran los cuerpos, ya que, según sus usos y costumbres, la cremación implica una profanación y un vilipendio a la memoria de los muertos.

Finalmente los cadáveres llegaron el pasado viernes a la Ciudad de México y para su traslado a Tlapa y de ahí, por un camino de terracería al poblado de Zitlatepec, municipio de Metlatónoc, uno de los más pobre del país, según el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI).

La Montaña de Guerrero, es considerada la región con un mayor rezago económico y social en la entidad. Las condiciones de pobreza en que viven sus habitantes y el desinterés de las autoridades hacia el campo, son algunas causas que obligan a los indígenas a emigrar a Estados Unidos, como Ofelia, afirma Teresa de la Cruz.

Ofelia tenía 25 años de edad, trabajaba como jornalera agrícola. Ella murió junto con la pequeña Maribel (la segunda de sus tres hijas), cuando el vehículo que conducía su esposo Rogelio Vázquez Arce, originario de Oaxaca, volcó en una autopista de California.

Tras ese accidente, explica Teresa de la Cruz, el esposo fue detenido y los cuerpos de madre e hija, depositados en la morgue del consulado de Oxnard.

Casi un mes después, un paisano de Ofelia que también vive en Oxnard, avisó a los padres de ésta: Tomás Lorenzo Peñafort y Socorro Ramírez Ignacio, sobre lo ocurrido, aunque desconocía el lugar donde estaban los cuerpos.

El 4 de septiembre, con sus limitados medios, vía telefónica los padres de Ofelia iniciaron la búsqueda en los distintos consulados de México en California hasta que en el de Oxnard les confirmaron que estaban ahí los cadáveres.

Sin embargo, la cónsul, Rosa Elba García Franco, expresó a Tomás Lorenzo que les enviarían las cenizas de su hija y su nieta; y “agradeció” que se hubieran comunicado, pues se había programado ya la cremación de los cuerpos para dos días después. Las cenizas serían arrojadas al mar, de acuerdo con las políticas de Estados Unidos.

La cónsul argumentó que los cuerpos estaban en “avanzado estado de putrefacción” y, de acuerdo con las leyes de sanidad de Estados Unidos, así no se permite el traslado. Con reticencias, el consultado en Oxnard aceptó enviar los cuerpos.

“Como Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan consideramos que, pese a las cuentas alegres y a las estadísticas que hablan del mejoramiento económico de nuestro país, la realidad es que cientos de personas emigran a Estados Unidos orillados por la pobreza en que viven en sus lugares de origen”, señala Teresa de la Cruz.

Lamentablemente, agrega la representante de Tlachinollan, en su búsqueda por mejorar sus condiciones de vida, entre 1999 y el primer semestre del 2007 han muerto en su intento por cruzar la frontera 2 mil 994 mexicanos, según cifras del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados.

Como en un flash back de cuando gobernaba el interino Roberto Albores Guillén, quien de plano no se medía para inventar informaciones, la Subsecretaría de Gobierno en Palenque armó una versión de la agresión sufrida por bases de apoyo zapatistas de la comunidad Bolom Ajaw por pobladores del ejido Agua Azul que nada tiene que ver con lo que sucedió el pasado martes 11. ¿Boletín mata realidad?

Diversos medios locales reprodujeron esa versión el 13 de septiembre; en un caso, ilustrada con fotografías de milicianos zapatistas de diciembre de 1994 en otra parte del estado, como si correspondieran a los hechos del día 11. Los pies de foto así lo aseguraban.

Tras visitar el lugar, entrevistar a testigos presenciales y a la junta de buen gobierno (JBG) de Morelia, el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE) desmintió la información oficial, oponiéndola a los testimonios y señalando falsedades evidentes (como ubicar los hechos en la comunidad San Jerónimo, que es lejana y cuyos pobladores no tuvieron nada que ver ni estuvieron presentes).

El CAPISE subraya que “existe un altísimo riesgo de un desalojo contra las bases de apoyo zapatistas de Bolom Ajaw”, para lo cual las versiones oficiales tendrían el papel doble de tender una cortina de humo y “justificar” acciones represivas. “El Estado encuentra enemigos prácticamente en todo el territorio nacional, pero existe un grupo al que le ha declarado e implementado una guerra sin cuartel desde 1994, agudizada ferozmente en los pocos meses de gobierno de Felipe Calderón Hinojosa: el EZLN, las JBG, las autoridades de los municipios autónomos, los pueblos zapatistas y todo su movimiento”, considera el reporte.

Afirmaciones oficiales

La versión oficial sostenía que hubo un “enfrentamiento” entre ejidatarios de Agua Azul (a quienes no identificó como miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos, Opddic, pero lo son) y “milicianos” zapatistas “con armas de alto poder”. Si lo que dijo el subsecretario de Gobierno Manuel Miranda Rodas fuera cierto, se trataría de la primera acción armada de los zapatistas en más de una década, y no fue el caso.

Además, confunde a la JBG con “comandantes”, y no capta que la junta que acude al lugar es de Morelia, y no de La Garrucha. ¿Lo mismo da? Omite que los miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic), señalados como paramilitares, agredieron e hirieron gravemente a tres indígenas pacíficos y desarmados, a razón de 50 contra tres: su “pelea generalizada” fue un intento de linchamiento.

La versión hablaba de un “clima de potencial confrontación, que hubo de ser atendido inmediatamente por la Secretaría de Gobierno”. Entre los motivos que esgrimió para el “enfrentamiento” estarían presuntas diferencias por una pluma de peaje para los turistas que acuden a las cascadas de Agua Azul; esta pluma nunca fue de zapatistas. Instalada hace tiempo por un grupo perredista del vecino municipio oficial de Chilón, la operó luego la propia Opddic, cuyas bases están en el municipio de Tumbalá.

El CAPISE asienta que los pobladores de Bolom Ajaw, definidos por la información oficial como “invasores” de una reserva forestal, de hecho viven en ella, la “trabajan, cuidan y conservan”. Además, los mismos agresores del ejido Agua Azul han destruido cultivos y áreas boscosas, y han ocupado parcelas de Bolom Ajaw. El gobierno considera “provocación del EZLN” lo que fue una reacción defensiva de sus bases de apoyo.

El escenario que figura la versión gubernamental es considerado “falso” por el CAPISE y la JBG de Morelia. Los funcionarios que arribaron al lugar la noche del día 11 no fueron recibidos por “35 milicianos”, y mucho menos los campesinos zapatistas portaban “armas de alto poder”. No hubo ninguna firma de acuerdo. Simplemente, los detenidos (y heridos) fueron liberados por exigencia de la JBG.

Bolom Ajaw se encuentra dentro de lo que actualmente se conoce como Área de Protección de Flora y Fauna Cascada de Agua Azul, y la problemática real “es por tierra, proyectos ecoturísticos y control del territorio”. Bolom Ajaw es tierra recuperada y comprende 339 hectáreas, donde habitan 41 familias zapatistas.

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional lanzó en un comunicado difundido hoy una dura crítica a los partidos legales de México, principalmente a lo que llamó la “izquierda institucional” y reconoció la demanda del Ejército Popular Revolucionarios.El comunicado del EZLN, firmado por el subcomandante Marcos, también anuncia que esa organización suspendió una gira por el centro del país y que del 11 al 14 de octubre próximos realizará en Vicam, en el norteño estado Sonora, en territorio de los indígenas Yaqui, un Encuentro de los Pueblos Indios de América.

Los zapatistas denunciaron que “en estos momentos los gobiernos estatal de Chiapas y Federal llevan adelante una campaña en contra de las comunidades zapatistas” realizando “desalojos ‘oficiales’, ataques de paramilitares, invasiones patrocinadas por funcionarios, persecuciones y amenazas”.

Agrega que el gobernador del suroriental estado Chiapas, Juan Sabines, elegido por una coalición de fuerzas encabezada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), actúa “como en los peores tiempos del PRI (Partido Revolucionario Institucional)”.

Cuando el EZLN se levantó el primero de enero de 1994 el país y Chiapas eran gobernados por el PRI. El EZLN sostiene que ahora las acciones contra ellos se realizan “con la bandera de la izquierda”, critica al presidente de México, Felipe Calderón, y al ex candidato presidencial de la izquierda Andrés Manuel López Obrador, afirmando que ambos dan su “aval” a las fuerzas que se mueven en su contra.

También sostiene que esas agresiones, como provienen de un gobierno presuntamente de izquierda (el de Chiapas), cuentan “con el silencio de voces que antes se alzaban para protesAnte la situación que denuncia señala que el EZLN hará lo que sabe hacer, “resistir”.

Al referirse al EPR, los zapatistas afirman que aunque tienen “diferencias de concepción, de estructura, de método, de análisis, de historia” las “reconocemos y respetamos”.

También indican que “la demanda de presentación” de dos eperristas que presuntamente fueron detenidos por las autoridades “no sólo es legítima, es también una denuncia actual de la guerra sucia” que Calderón “está reeditando”.

El EPR, en reclamo de sus dos miembros presuntamente desaparecidos en mayo pasado, ha realizado desde julio anterior varios atentados que han destruido ductos de la empresa estatal Petróleos Mexicanos, cortando con ello el abastecimiento de combustibles a amplias zonas del país.

Con respecto al encuentro internacional de indígenas que se realizará en octubre próximo en el norte del país, los zapatistas señalan que asistirán delegaciones de todo el continente y que ellos participarán en la organización de esa reunión.

Al señalar que suspenden una gira que iban a realizar en octubre y noviembre por el centro del país, los zapatistas indican que lo hacen porque no le pueden pedir, como lo han hecho en otras ocaciones, al EPR y otras organizaciones armadas, que declaren una tregua durante sus visitas a distintas colectividades y que temen que se monte una “provocación” en su contra.