En cualquier momento la guerra del gobierno mexicano contra los zapatistas del EZLN podría pasar a un nivel de intervención militar abierta del gobierno de Calderón.
Subiría hasta ahí desde el nivel que tiene ahora, paramilitares, agresiones de la policía con pretextos ambientalistas, judicial (con órdenes de aprehensión suspendidas, en reserva) y la militarización de Chiapas.
El gobierno mexicano ha estado, durante tres sexenios, usando una estrategia de guerra en todos los niveles. Envenena la cotidianidad de un terreno militarizado. Es la gota de veneno contrainsurgente. Pero pasar a la guerra abierta ha sido la obsesión del gobierno federal, no de un régimen o un presidente, sino un gobierno mexicano con idéntico método antizapatista, por encima de la transición de partidos en el poder del PRI al PAN y de presidentes, de Ernesto Zedillo, iniciador de la paramilitarización (recordemos la masacre de Acteal, cuyos autores siguen impunes), a Vicente Fox y Felipe Calderón.
Cada iniciativa de movilización pacífica zapatista ha sido respondida con provocaciones gubernamentales para tratar de hacerlos romper el alto al fuego que han respetado desde 1994. No es una exageración, a pesar del falso lugar común de que “no hay guerra”. Porque los ataques paramilitares, desde la época de los Chinchulines, “Paz y Justicia”, el Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista (MIRA) y Los Puñales, hasta el actual grupo, la OPDDIC (bajo el camuflaje del nombre: “organización para la defensa de los derechos indígenas y campesinos”) han dado lugar a nuevas agresiones, cualitativamente más cínicas y abiertas, con Calderón.
En el desalojo de dos comunidades, una de bases zapatistas (Nuevo San Manuel), intervinieron policías estatales y federales. Fue una confrontación más directa que las anteriores. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) le declaró la guerra al gobierno en 1994, pero los combates duraron apenas 12 días.
La guerra del gobierno se concentró en una estrategia de largo plazo, para esperar que los zapatistas dejen de contar con simpatías en el país. La lectura de Calderón es que hoy es cuando. El alto al fuego y la posterior simulación de diálogo, primero con un personero del salinismo, Manuel Camacho Solís, y luego mediante la Comisión para la Concordia y la Pacificación (Cocopa) y mediante la creación de una Ley para el Diálogo, sirvieron al gobierno de Zedillo y sus sucesores para preparar una estrategia de muchos frentes, la cual está operando hoy con cada vez mayor intensidad.
Uno de los elementos más importantes de la contrainsurgencia es la paramilitarización: La creación de grupos de choque antizapatistas reclutados, entrenados, pertrechados y protegidos por el gobierno chiapaneco y el federal para atacar a las bases zapatistas. Como lo ha expresado Andrés Aubry, uno de los pocos que han documentado este proceso, se trata de meter en la pecera a un pez más agresivo (los paramilitares) para agredir a los zapatistas.
Este elemento de contrainsurgencia está probado por hechos de sangre como la masacre de Acteal y la agresión al poblado de Viejo Velasco, en Montes Azules, donde protegidos por el gobierno los paramilitares (indígenas) agredieron a grupos indígenas no zapatistas, pero con la intención de involucrar al EZLN, ya sea obligándolo a responder con las armas o buscando la posibilidad de acusarlos de agresores.
Las agresiones a tiros contra zapatistas también se han dado, como la ocurrida contra una marcha pacífica en Zinacantán, donde los zapatistas llevaban agua a compañeros suyos que habían sido privados de ese suministro y el grupo paramilitar agresor era de filiación perredista (otro elemento, la incorporación del PRD a la contrainsurgencia). El activismo de la OPDDIC en estos días es una de las falanges de esa mano agresora, como el ataque a las bases zapatistas con balas y machetazos, hiriendo a Leonardo y Juan Navarro, en Chilón. Pero lo más importante es que el gobierno federal aprendió la lección de la importancia de los medios de masas para la guerra. Así que está utilizando el factor psicológico de la propaganda de guerra: Ganarse las mentes y corazones.
Lo deseado por el gobierno, y lo que con más cuidado ha preparado, es que las agresiones de paramilitares no sean identificadas como un brazo del gobierno, sino como enfrentamientos entre indígenas, como los ha venido llamando la prensa, en los hechos más recientes: “disputas, pleitos, riñas o enfrentamientos por la tierra” no entre un grupo de choque del gobierno y zapatistas, sino “entre campesinos o entre indígenas”.
De esa manera el gobierno aparece como ajeno, casi neutral. Con un mucho más de maña, y con ayuda de la negligencia y el dolo de cierta prensa, al gobierno federal le interesa presentar a los zapatistas como “agresores de campesinos, agresores de indígenas”. Le falló en el caso de Acteal, le falló en Viejo Velasco, pero insiste.
Basta ver el nombre del grupo de choque y paramilitar que está usando para agredir a los zapatistas. Lo llamaron “Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos”, Opddic. Si los zapatistas respondieran con armas a una agresión, podrían el gobierno y la prensa presentarlos como agresores de una organización “defensora de los derechos indígenas y campesinos”.
Para el gobierno es muy necesario contar con un elemento así. Porque evitaría el costo político de ser agresor y endosaría al EZLN el rol de “agresor de campesinos e indígenas”. La manera en que maneje la prensa estos hechos de violencia es vital para el gobierno. Como en el caso de Oaxaca, donde los medios comerciales siempre hablaron de muertos y jamás explicaron que los asesinos eran sicarios pagados por el gobierno oaxaqueño y los muertos eran gente del pueblo. Así, para una gran cantidad de población desinformada, la imagen de la APPO fue la de “violentos” (como los campesinos de Atenco eran “macheteros”) y la intervención militar disfrazada de policiaca era para “recuperar la paz y tranquilidad”.
Por ejemplo, el 16 de noviembre de 2006, El Universal, en nota firmada por Freddy Martín Pérez, dice en las cabezas: “Crisis en la Selva Lacandona; entra la fuerza pública” y luego redondea: “Se teme otro enfrentamiento entre indígenas por un conflicto agrario”. Ahí se reúnen todos los elementos que el gobierno se ha cuidado estratégica y pacientemente de sembrar: La presentación de las agresiones de sus paramilitares a los zapatistas y otros grupos indígenas independientes del priismo como “enfrentamientos entre indígenas” y la entrada de la “fuerza pública”, militares y/o policías, como un tercero, que “va a poner paz”.
Esta presentación de los hechos la hemos observado también en La Jornada, con notas de Elio Enríquez, por ejemplo, al informar de la agresión de indígenas progobiernistas lacandones a indígenas no zapatistas en Viejo Velasco.
Cada vez es más insistente y difundida la estrategia de prensa contrainsurgente con estos conflictos que el gobierno genera con sus grupos de choque. El caso más reciente es el del poblado San Jerónimo, en las cercanías de la reserva forestal Agua Azul, municipio de Palenque Chiapas. La nota ha tenido mucha más cobertura que la del desalojo por la fuerza de las comunidades de Montes Azules y su reclusión en condiciones insalubres e inhumanas en improvisados albergues de La Trinitaria y Ocosingo.
Mientras la noticia del desplazamiento forzado ha sido seguida sólo por La Jornada, agencias de Internet, como CIMAC, las organizaciones de derechos humanos y medios libres, la noticia sobre el “enfrentamiento” entre indígenas choles de San Jerónimo y ejidatarios de la reserva de Agua Azul, como lo describe en La Jornada una nota de Ángeles Mariscal y Elio Enríquez, ha sido publicada por diversos medios en el país y a nivel internacional.
Los corresponsales de La Jornada dan la noticia así: “Indígenas choles del poblado de San Jerónimo se enfrentaron con ejidatarios de la reserva forestal Agua Azul por las tierras donde se ubican las cascadas del mismo nombre, pertenecientes al municipio de Palenque, con saldo de dos campesinos heridos.”
La Jornada lo cabecea como: “Riña por tierras en Chiapas deja 2 labriegos heridos”. La cortedad de una nota no permite asomarse al contexto del problema, es un “enfrentamiento” o “riña” entre indígenas choles y ejidatarios también indígenas. Los ejidatarios, dice la nota, son “presuntas bases de apoyo del EZLN”, pero en los párrafos siguientes ya no son “presuntos”, simplemente los llaman “zapatistas”.
Veamos cómo evoluciona la nota, y sobre todo la cabeza de la nota, que es lo único que leen muchos de los apresurados usuarios de periódicos y la Internet: La Jornada: “Riña por tierras en Chiapas deja 2 labriegos heridos”. El Siglo de Torreón, Coahuila: “Se enfrentan ‘zapatistas’ y campesinos” Proceso (nota de Isaín Mandujano): “Chocan zapatistas y opositores en Cascadas de Agua Azul, un herido”. Terra Noticias: “Un pleito entre simpatizantes zapatistas y campesinos deja un herido”. AFP (Associated France Press), nota publicada por Univisión: “México: EZLN y campesinos se enfrentan a balazos por disputa territorial.” Ahí están la nota y el titular que Ernesto Zedillo y Vicente Fox soñaban. Lo tienen ahora con la estrategia del gobierno priista perredista de Juan Sabines y panista de Felipe Calderón. Un lector descuidado puede imaginar toda una batalla, casi un hecho de guerra civil. Y el gobierno agresor no aparece por ningún lado. Al contrario, aparece el EZLN echando tiros.
De eso a que el gobierno federal anuncie que tiene que meter la “fuerza pública” para “restaurar el orden y la tranquilidad”, queda muy poco. Por eso pensamos que cualquier día podría iniciarse otra fase en la guerra contra los zapatistas, ya no sólo los paramilitares y policías. Incluso, los gobernantes mexicanos, que tiraron a la basura los Acuerdos de San Andrés, el diálogo y la ley para el diálogo, podrían pasar al “mátenlos en caliente” que les dejó recomendado desde el siglo pasado (y desde el antepasado) el cacique mayor, santo patrono de los gobiernos que “pacifican” indios. (¿Porfirio Díaz, Fidel Velázquez?)
Las piezas del gobierno se mueven rápido. Si la guerra abierta se reinicia en Chiapas, será una dura prueba para la Otra Campaña. El gobierno de Calderón está jugando con fuego.
