Si no se asumen las medidas necesarias para impulsar el crecimiento a mediano y largo plazos, México podría perder hasta 500,000 empleos en el presente año, por la crisis más severa que ha padecido el mundo, desde la gran depresión de 1929, reconocieron académicos de la Universidad Nacional.

En conferencia de prensa, el integrante del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM, José Luis Calva Téllez, subrayó que de no implementarse más iniciativas fiscales que el Programa para Impulsar el Crecimiento y el Empleo, y el Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo, el Producto Interno Bruto (PIB) podría caer cerca del 4% y se perderían más de medio millón de plazas laborales.

La única manera de salir de un escenario recesivo es a través de la aplicación de políticas expansivas, de orden fiscal y monetario, lo que permitiría detener la pérdida de empleos y, además, generar algunos miles con un déficit fiscal que pasaría del 1.8% del PIB, al 5.2%, subrayó el académico.

Es necesario diseñar una estrategia económica con visión de largo plazo, y hacer un enorme esfuerzo fiscal. “Si no se reactiva la economía desde ahora, el próximo año será peor, porque las medidas de la política macroeconómica no actúan de inmediato”, acotó.

Al respecto, el director del Instituto, Jorge Basave Kunhardt, sostuvo que México debe invertir pensando en la superación de la crisis, con un proyecto bien definido, en el que se identifiquen prioridades.

Se deben detectar, a mediano y largo plazo, áreas de oportunidades que permitan salir de la depresión y crecer como país en áreas como la electrónica, la industria maquiladora, la ciencia y la tecnología, y la educación; de lo contrario, se desperdiciarían oportunidades, apuntó.

No obstante, Basave explicó que ya se toman algunas medidas como la aplicación de recursos en infraestructura, trascendente en la medida que la industria de la construcción dinamiza otras ramas, fundamental para crear empleos y edificar hacia el futuro.

• Las cifras

De acuerdo con los integrantes del Departamento de Análisis Macroeconómicos, Prospectivos y de Coyuntura del IIEc, este 2009 la economía nacional caerá al menos 1.9%, con una inflación anual de 5%, y una cuenta corriente deficitaria que alcanzará los 22,000 millones de dólares.

Sin embargo, existe un alto grado de incertidumbre, pues las expectativas se deterioran día a día, y los acontecimientos económicos “nos llevan a ser más pesimistas”, dijeron.

Alberto Cruz Blanco, del IIEc, explicó que una de las consecuencias de la desaceleración económica en México y en Estados Unidos, es la caída del empleo, pues de diciembre del 2007 al mismo mes en el 2008, se perdieron 59,000, 324 plazas permanentes en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Además, el crédito bancario al consumo se ha reducido de forma significativa; tan sólo en el tercer trimestre del 2008, en términos reales con respecto al mismo periodo del 2007, cayó 27%; en consecuencia, la cartera vencida total va en aumento considerable.

El sector externo también se ha visto afectado. Las exportaciones totales han caído, al igual que las no petroleras, a partir de la reducción del precio del hidrocarburo, y las remesas familiares han tenido una contracción en el 2008, con respecto al 2007, de 3.57 por ciento.

Finalmente, la también integrante del IIEc, Mildred Espíndola, coincidió en la urgencia de un cambio en el modelo nacional, pues el actual ha reflejado el mal desempeño. Tan sólo entre el 2000 y el 2008, mientras China creció en promedio a tasas de 10%, e India del siete por ciento, México sólo registro 2.8 por ciento.

En el anterior análisis sobre el tema en el asesinato de Aristeo López Martínez,  titulado “Una muerte anunciada”,  hablábamos del interés de grupos políticos por acallar al hoy extinto, el cual se había comprometido con el gobierno federal al declarar como testigo protegido en torno de la desaparición de

Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, los dos guerrilleros que el EPR reclama  desaparecidos en Oaxaca el 25 de mayo de 2007, presuntamente por parte de fuerzas estatales y federales en inmediaciones del barrio de la Soledad. Habría sido la decisión de cooperar con la Procuraduría General de la República(PGR) uno de los hechos que propició que Aristeo hubiera salido fuera del círculo de confianza del grupo en el poder, más aún cuando por declaraciones del testigo protegido se puso en evidencia la  confianza y seguridad al arraigar a Pedro Hernández Hernández como uno de los involucrados en la detención y desaparición de los eperristas.
La fecha puede ser relevante, para algunos quizás no tenga mayor trascendencia, sin embargo, coincide en el mes, sólo unos días antes, con el cabo de año de Alejandro Barrita Ortiz, el cual murió el 31 de enero de 2008, alcanzado por ráfagas de francotiradores en el parque “El Tequio”. Este mismo personaje involucrado en el caso EPR y en las acciones contra insurgentes en contra de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca ( APPO).
El tiempo es uno de los mejores consejeros, hay organizaciones de la ultra izquierda que valoran el tiempo como uno de los consejeros más efectivos, la prudencia que surge de la paciencia  permite evaluar, determinar, priorizar y ejecutar, son los cuatro pasos que un guerrillero debe de actualizar, la capacitación armada y la educación son los otros dos ejes que permiten eficientar al buen guerrillero, de estos puntos depende la sobrevivencia de un combatiente. Ante ello vemos que en los secuestros efectuados por grupos políticos-militares, la espera puede trascurrir por meses, incluso un año si es posible, no buscan la riqueza porque para  los actos que la ley tipifica como acciones de la delincuencia, para los grupos guerrilleros son acciones o consignas revolucionarias que llevan a un solo fin: expropiar la riqueza de la oligarquía y la burguesía. En caso de una ejecución para los grupos revolucionarios es un ajusticiamiento, después de haber pasado por un juicio popular en el que hay acusadores y un defensor nombrado por el buró político, la dirigencia del partido al que pertenece el grupo armado y la Comandancia General del Ejército, brigada o Frente.
Por otro lado, el crimen organizado no respeta tiempos, actúa más por coraje que prudencia, es decir, no tienen ética, lineamientos e ideología una de las disciplinas más poderosas que tiene un revolucionario, por lo tanto, si la muerte de Alejandro barrita Ortiz y Aristeo López Martínez hubiera sido un acto desesperado hubiéramos tenido en un lapso de no menos de 24 horas dos ejecuciones, es decir, Alejandro y Aristeo, suponiendo que hubiera sido la delincuencia quien los hubiera abatido, pero no, aquí se tuvo la paciencia de esperar el regreso del segundo de tres que, según la amenaza encontrada en el Tequio el 30 de enero de 2008, sucedería  y que coincidió con una diferencia de días al cabo de año de Barrita, curioso, pero el tiempo se cumplió en el asesinato de  “Bismarck”, código con el que era conocido al interior de las fuerzas policíacas Aristeo.
Cuando hablamos de grupos guerrilleros no definimos perfiles porque no existen en estos momentos, no se puede enjuiciar una sigla por su participación al interior de la APPO; en el conflicto del 2006 no sólo participó una agrupación, al menos fueron identificadas: Tendencia Democrática Revolucionaria ( TDR) una escisión del EPR, Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), Comando Popular Revolucionario “La Patria es Primero”(CPRLPP), Organización Insurgente “Primero de Mayo” (OIPR), Milicias Insurgentes “Ricardo Flores Magón” (MIRFM) y Ejército Villista Revolucionario del Pueblo ( EVRP), al menos dejaron presencia tanto en comunicados como siglas colocadas en la ciudad de Oaxaca en esos tiempos.
Lo anterior nos hace reflexionar que el EPR es una organización más, que fue herida es cierto, pero en los mismos comunicados hablan de una tregua pactada con la comisión de intermediación, algo que les impediría llevar a cabo acciones que pusieran en peligro la labor de la comisión, más aún cuando insisten en el reconocimiento de  este grupo de intelectuales y periodistas, no obstante los otros grupos no han hecho pacto de tregua.
Se habla de la APPO en una actuación de ajusticiamiento, es dudoso, pero no descabellado pensar en un grupo radical, más aún cuando se nota que no hay formación revolucionaria en algunos personajes de la dirigencia appista, actúan más por consigna que por consciencia y eso los hace peligrosos. La rabia, el rencor, la falta de bases ideológicas afines a la sección XXII que es un grupo de choque más que revolucionario, advierte que de ser cierta la línea de investigación que se sigue de los dos crímenes en el sentido de que hay personajes de la APPO involucrados, podría ser motivo de preocupación, más para los jefes policíacos y funcionarios que estuvieron implicados en acciones represivas.
¿Porqué habría que preocuparse? Primero hay que tomar en cuenta que las decisiones en un grupo guerrillero son concensadas, valoradas y aprobadas por una dirigencia militar y un buró político, no actúan  espontáneamente, mucho menos por rabia, rencor o imprudencia. Es difícil que en un grupo guerrillero bien definido se tomen decisiones a la ligera, han dicho por lo menos el EPR que valoran la vida y que no creen en las venganzas, se aplaude esta filosofía revolucionaria, pero ¿qué hacer cuando Lumpens armados y sirviendo a intereses ajenos a la revolución que plantean  pudieran tomar la justicia por propia mano?
Claro que hablamos de personas entrenadas, una brigada de ajusticiamiento que no reivindica sus actos, otra de las dudas que explotan en la cara, ya que todo revolucionario  está comprometido a informar del porqué de su acción a considerar porqué se hizo. Tanto Barrita como Aristeo tenían acusaciones serías por parte de la APPO en cuanto a violación de los derechos humanos y agresiones, como el caso de Emeterio Merino, que fue agredido brutalmente según dijeron testigos por el hoy occiso, así también como la muerte de Panfilo Hernández, asesinado en una barricada presuntamente por Aristeo López Martínez en el 2006.
Otra de las dudas que siguen flotando es porqué asesinan a Aristeo en el marco de la salida del presunto asesino de Brad Will, Juan Manuel Moreno, ahora trascurrirá más tiempo para que el juez  libere al implicado en base al amparo promovido, sería un atenuante para la APPO aunque no definitivo, tomando en cuenta que hablamos de un grupo radical que ha tomado decisiones propias, excluyendo a los líderes y demás grupos.

Es falso que Aristeo hubiera trabajado en la PGR en estos momentos, era un testigo protegido y colaboraba aún en las actividades en contra de los grupos guerrilleros, hasta hace un mes  habría intervenido en las acciones conjuntas entre agentes federales y el ejército federal en Guerrero, Hidalgo, Chiapas y Estado de México en busca de guerrilleros, el status de testigo protegido lo hacía participar para identificar a personajes insurgentes que en Oaxaca participaron en las acciones de la APPO, era una especie de entregador al servicio del gobierno federal según ha trascendido.

Es decir, para la PGR será una papa caliente más que se suma al garbanzo de a libra que tiene luego que no ha podido resolver el crimen de Barrita Ortiz, perpetrado el 30 de enero de 2008.
Lo cierto es que hay cuatro líneas de investigación que han sido definidas: Los grupos del crimen organizado, la guerrilla, la APPO y funcionarios estatales  que pretenden esconder  la verdad en  en cuanto a los desaparecidos del EPR.

Las actividades realizadas por el EZLN para conmemorar los 15 años del levantamiento armado fueron al mismo tiempo un recuento de lo logrado y de lo que falta por hacer. Fue al mismo tiempo un espacio para abrir el debate sobre temas de alcance nacional.

Con precisión, el comandante David señaló: “El mal gobierno ha tratado de convencer y comprar la conciencia de nuestras bases de apoyo, prometiéndoles mejores condiciones de vida para olvidar a sus muertos y sus justas demandas. Desgraciadamente hay hermanos indígenas que han caído en las trampas del mal gobierno creyendo que con esto van a mejorar sus condiciones de vida sin luchar”.

La Sedeso respondió que “los programas para el combate a la pobreza no forman parte de planes de contrainsurgencia social” y que “desde el año 2000 ha habido empeño del gobierno federal por resarcir el daño derivado del olvido, marginación y exclusión en que se tenía a las comunidades indígenas de Chiapas”. Están documentados decenas de ejemplos donde dependencias federales han realizado acciones que ni han resuelto los problemas estructurales derivados de la pobreza pero sí han contribuido a la fractura del tejido social comunitario.

La utilización de los recursos gubernamentales para la cooptación y el clientelismo es la constante en la mayoría los gobiernos, de todos los niveles y de todos los partidos. La política social se ha reducido a formas silvestres de asistencialismo ramplón y son escasos los programas sociales que promueven la organización y el trabajo comunitario. Por ello la crítica del EZLN tiene una connotación que incluso trasciende al zapatismo, y la realidad está a la vista. Los índices de desarrollo humano en el país no han variado sustancialmente y cada día son más los mexicanos hundidos en la pobreza. Eso que dicen que es política social, no alcanza a atender a los pobres que la política económica genera.

Por desconocimiento o por convicción, existe un rechazo en los aparatos gubernamentales a empoderar a las comunidades. Se ha optado por la dávida en lugar de la organización, la capacitación, la productividad y el trabajo comunitario. La planeación regional o local es una entelequia. Se hace lo que a la autoridad en turno le parece mejor. En ocasiones le atinan, pero en la mayoría se diluye el impacto social o la efectividad del trabajo gubernamental.

Por ello la política social entendida como una política de Estado debe trascender el ámbito temporal y funcional de la administración pública, involucrando a los otros niveles de gobierno, a los partidos, a las organizaciones sociales y al conjunto de la sociedad.

Ante el reto de la pobreza, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida de la ciudadanía que amenazan nuestro futuro, es necesario plantear la elaboración de una política social de largo aliento.

La política social puede coadyuvar a lograr una nueva gobernabilidad que cierre el paso a la violencia como lenguaje político; al escepticismo como actitud de la sociedad frente a las instituciones; al rumor como agente corrosivo de la cohesión y el respeto social.

Ningún esfuerzo en materia de política social tiene futuro si no se encamina a modificar las tendencias actuales que asignan a un pequeño porcentaje de la población una gran cantidad de la riqueza, mientras una enorme masa de ciudadanos enfrenta pobreza, desempleo, malos ingresos, viviendas inadecuadas, insuficiente equipamiento urbano, bajos niveles de educación y crecientes deficiencias en materia de salud y alimentación.

En la medida enque la sociedad cuente con la debida atención a sus demandas y sus necesidades sean resueltas, la autoridad tendrá mayores márgenes de gobernabilidad para el cumplimiento de su misión.

La integralidad de la política social debe partir del hecho tangible de que el combate a la pobreza es sólo un aspecto de la acción del Estado, la cual debe incidir en la modificación de la actual distribución del ingreso y, en consecuencia, en aspectos tales como empleo, salario y desarrollo regional.

A este respecto, mayores niveles de participación y vigilancia social, en un ambiente de plena democracia, ayudarían a alcanzar una política social más eficiente. Los errores u omisiones en materia social, al igual que en lo político y económico, afectan a miles que esperan una respuesta a su situación.

Convertir la política social en una tarea de Estado requiere democratizar su concepción y aplicación, convocar a amplias y plurales fuerzas políticas y sociales a su discusión, a que coadyuven en su operación, evaluación y corrección. Lo anterior implica generar nuevas formas de articulación entre la sociedad y el gobierno, que impulsen la organización y participación comunitaria y generen mejores niveles de convivencia ciudadana.

Mucho de lo aquí expuesto tiene que ver con el rechazo del Estado mexicano a respetar lo acordado en San Andrés, en cuanto a “reconocer a las comunidades como entidades de interés público”, con lo cual los ciudadanos dejarían de ser “objeto” y se convertirían en sujetos de las políticas públicas.

Por ello el comandante David, desde la trinchera zapatista, abrió un tema que requiere un tratamiento estructural por parte del Estado mexicano, que trascienda la coyuntura y defina nuevos modos de relación entre el gobierno y la sociedad, incluyendo, por supuesto, al zapatismo.

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunció la realización de un festival el próximo ocho de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el caracol de Oventic, Chiapas, en honor a la luchadora social y madre de desaparecidos políticos doña Concepción García de Corral, o Mamá Corral, como la llaman los zapatistas, recientemente fallecida en Chihuahua y adherente a La otra campaña.

El acto, organizado por las comandantas del CCRI-CG del EZLN, será “un evento deportivo, cultural y político”.

El subcomandante Marcos, en un comunicado, destacó que Mamá Corral fue “madre de luchadores caídos en combate y tenaz luchadora por la presentación de los desaparecidos políticos. Ella nos acogió como sus hijos, sin oportunismos de temporada, sin condiciones y con un cariño sin templetes y fotos de por medio. Cuando la conocimos personalmente, quienes formamos parte de la delegación de la Comisión Sexta, sentimos en ella esa fuerza que, es seguro, levantó más de una vez a nuestras compañeras Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua, nuestras ‘mamaces’ en la lucha”.

Aunque el acto fue planeado inicialmente para las mujeres zapatistas, “las comandantas pensaron también invitar a las otras mujeres que también son nuestras compañeras en México y en el mundo”, y enteradas de la muerte de doña Concepción “decidieron llamar a esta celebración con el nombre de lucha con el que la conocimos y conocemos, Mamá Corral, para así honrar a las mujeres que son madres y que, sin importar la edad, no se rinden, ni se venden, ni claudican”.

El encuentro se realizará los días siete y ocho de marzo y tendrá las siguientes características: “Sólo podrán participar directamente mujeres, sin importar su edad, raza, creencia religiosa, idioma, nacionalidad o preferencia sexual, en los deportes y en los actos artísticos y culturales.

Los hombres que asistan sólo podrán participar cocinando o cuidando niños, haciendo el aseo o trabajando para apoyar el evento”. Habrá basquetbol, volibol y futbolito, y “actos culturales, como canciones, poesías, obras de teatro, periódicos murales, bailables”.

Además, el ocho de marzo “las comandantas zapatistas van a dar un mensaje de lucha”.

Los estereotipos de género, la pobreza y la desigualdad social crean expectativas muchas veces injustas e inalcanzables que propician en las familias inequidades, frustración, falta de libertad, en particular de las mujeres, la juventud y la infancia, y violencia familiar y social.

Por eso es necesario encontrar puntos de confluencia entre todos los actores sociales, económicos y políticos del país, para sumar esfuerzos y recursos que favorezcan la protección social de las familias y de todos sus integrantes.

Así inicia el texto “Familias en el siglo XXI: declaratoria de la Ciudad de México”, dado a conocer al concluir los trabajos del Seminario “Familias en el siglo XXI: realidades diversas y políticas públicas”, que reunió a 729 asistentes, en su mayoría mujeres, en El Colegio de México, de esta ciudad, el 19 y 20 de enero de 2009.

El texto, elaborado por el Comité científico del Seminario, conformado por integrantes de instituciones académicas, de la sociedad civil, de organismos públicos nacionales e internacionales, destaca que la privatización y la pérdida de calidad de los servicios estatales han trasladado responsabilidades y riesgos de la esfera pública a las familias y las personas, afectando de manera particular a mujeres y jóvenes.

Y propone, entre otras cosas, un reparto más equitativo de las responsabilidades entre los diversos actores sociales, entre sexos y generaciones, que no rezague social, cultural ni económicamente a las mujeres y las niñas.

Políticas y programas públicos

Señala la Declaratoria que, al igual que diversos actores sociales en México y en el mundo, tiene preocupación por las problemáticas que aquejan a las familias y a sus integrantes y en la necesidad de diseñar e instrumentar políticas y programas públicos dirigidos a las familias, consideradas como grupo primario de convivencia, seguridad, protección y afecto de los seres humanos.

Reconocen, a partir de estudios y diagnósticos recientes sobre la realidad de las familias mexicanas, que éstas son diversas, en términos sociodemográficos, económicos, culturales y religiosos.

Saben asimismo los retos que enfrentan en un contexto de crisis económica y de violencia generalizada y consideran necesario comunicar a la opinión pública y al Estado mexicano en sus distintos niveles dichas preocupaciones, propuestas y demandas en beneficio de las familias y del fortalecimiento de la vida democrática, en el marco del Estado laico como principio de convivencia en la diversidad y como ámbito que permite la pluralidad y el respeto a los derechos humanos de todas las personas.

Cambios sociodemográficos

Afirman que, lejos de una supuesta existencia natural, las familias son producto de la evolución histórica y cultural de las distintas sociedades. Por ello, las transformaciones de la sociedad mexicana exigen del Estado mexicano el reconocimiento y atención a los fenómenos emergentes que han generado transformaciones en las personas y en las familias, como son los avances tecnológicos, las migraciones, la reducción de la fecundidad, la ampliación de la esperanza de vida, el envejecimiento poblacional, los cambios en el mundo del trabajo, las crisis de crecimiento, empleo e ingresos, la incertidumbre social, entre otras.

Las políticas públicas, afirman las y los expertos, deben partir de diagnósticos actualizados que recojan los hallazgos científicos más recientes sobre la diversidad y complejidad en la que se van construyendo los vínculos familiares y reconocer las nuevas problemáticas que afectan a las familias.

Pobreza, familia y trabajo

Las políticas económicas de las últimas décadas, señala la Declaratoria, en particular el lento crecimiento y la baja generación de empleos, más la contención salarial y la vulneración sistemática de los derechos laborales, han provocado un deterioro en la calidad de vida de las familias y una creciente inseguridad económica y social que tensiona las relaciones familiares, propicia las migraciones y aumenta la violencia en sus diversas manifestaciones.

Estas condiciones, afirma, han incidido en la transformación de la organización, dinámica, ciclo y composición de las familias.

A la vez, el adelgazamiento de los programas sociales de amplia cobertura, la privatización y la pérdida de calidad de los servicios estatales, han trasladado responsabilidades y riesgos de la esfera pública a las familias y las personas, afectando de manera particular a mujeres y jóvenes.

Muchas familias mexicanas, especialmente las más pobres, explica la Declaratoria, enfrentan necesidades económicas y sociales verdaderamente apremiantes. En este contexto, muchas mujeres se ven obligadas a buscar una ocupación remunerada sin dejar de realizar las tareas domésticas y de cuidado de sus hijas e hijos y de las personas adultas mayores.

Urge, por tanto, reconocer esta sobrecarga de trabajo y definir el cuidado y la protección intergeneracional como un asunto de interés público y objeto de políticas de Estado.

Es preciso, señala el texto, promover un reparto más equitativo de las responsabilidades entre los diversos actores sociales, entre sexos y generaciones, que no rezague social, cultural ni económicamente a las mujeres y las niñas.

Exigimos un nuevo pacto social entre Estado, empresas y familias, con una concepción amplia de las familias, que sea respetuosa de los derechos humanos y promueva una efectiva conciliación entre el trabajo para el mercado, el trabajo doméstico y de cuidado, y la provisión de servicios públicos.

Violencia y familias

Considera la Declaratoria que uno de los desafíos para todos los actores sociales, económicos, políticos y religiosos es la eliminación de cualquier forma de violencia hacia los integrantes de las familias, cualquiera que sea su arreglo de convivencia.

La violencia física, emocional, sexual y económica en las familias afecta a todos sus integrantes, en especial a las mujeres; casi la mitad de ellas han sufrido algún incidente de violencia a lo largo de su última relación conyugal. Al mismo tiempo, la violencia que se ejerce sobre las niñas y los niños sigue siendo una práctica ampliamente difundida y tolerada en México, lo que es urgente revertir.

El gobierno mexicano, recuerda el texto, ha reconocido la importancia del problema de la violencia de género y ha firmado y ratificado todos los instrumentos internacionales sobre la materia.

Pero a pesar de los avances legislativos, normativos e institucionales en el ámbito federal, urge una política integral que dé una respuesta efectiva en cuanto a programas para la prevención, detección, atención y sanción de las diferentes formas de violencia de género y familiar.

Familias y derecho en el nuevo siglo

Es prioritario, continúa el texto, impulsar un nuevo Derecho de las Familias que reconozca los diversos arreglos familiares más allá de la consanguinidad, que preserve los derechos y la dignidad de cada uno de sus integrantes y que promueva relaciones equitativas y justas.

Es preciso actualizar la legislación y promover reformas institucionales para adecuar las normas relativas a la identidad, estado civil, arreglos familiares, formas de convivencia, matrimonio, adopción, reproducción, sexualidad, divorcio, herencia, cuidado, muerte digna y derechos de los integrantes de las diversas estructuras familiares, de cara a los cambios sociodemográficos, culturales, científicos y tecnológicos para garantizar la libertad de elección y de consciencia y el pleno respeto a los derechos humanos.

Asimismo, se requieren instrumentos y políticas públicas que favorezcan la convivencia democrática en las familias y que impidan que las violaciones a los derechos de las personas, cometidas dentro o fuera del ámbito familiar, por parte de individuos o de instancias gubernamentales o sus agentes, queden en la impunidad.

Ética y valores

Reconocemos, continúan las y los autores de la Declaratoria, la creciente diversidad religiosa y de creencias en las familias y la necesidad de que las distintas tradiciones filosóficas atiendan las nuevas problemáticas que aquejan a las comunidades familiares, para ofrecer respuestas nuevas a realidades nuevas.

Las familias son vitales en la existencia, convivencia y vida espiritual de los seres humanos, afirman, y consideran que lo esencial son los vínculos y el tipo de relaciones que se tejen en ellas, y los valores para la vida democrática y ciudadana: libertad, solidaridad, equidad, respeto, igualdad y tolerancia.

Debe respetarse, afirman, la voluntad de unir afectos, esfuerzos y patrimonios, independientemente de que la familia esté constituida por padres o madres sin cónyuge, por una pareja de homosexuales, lesbianas o bisexuales, por personas unidas en segundas nupcias o integrada por diversas generaciones.

El Estado, dice, debe crear un marco propicio para que las familias puedan informar a hijas e hijos sobre la dignidad y respeto del cuerpo y de los deseos propios y ajenos y favorecer una expresión libre, responsable y placentera de la sexualidad, sin discriminación entre hijos e hijas, cualquiera que sea su orientación sexual, y con apego a los derechos humanos.

En este mismo sentido, el Estado debe garantizar el acceso a una educación pública y gratuita de calidad, apegada a los principios del laicismo, como base para la formación de una ciudadanía democrática, plural y tolerante.

Políticas públicas y familias

Es obligación del Estado mexicano garantizar que las familias, en cada momento de su ciclo de vida, cuenten con condiciones para desarrollarse con seguridad económica, certeza jurídica, equidad, aceptación social y libertad, señala el texto.

Para construir un verdadero Estado de Derecho, una vida democrática con justicia social y pleno ejercicio de los derechos humanos de todos y todas, consideran, es urgente crear las bases de un nuevo pacto social que surja de un diálogo amplio, incluyente, constructivo y respetuoso.

Este pacto habrá de reconocer la heterogeneidad que caracteriza hoy a la sociedad mexicana y a las familias, e impulsar el desarrollo de las instituciones, la legislación, la procuración de justicia, las políticas públicas y los acuerdos sociales, para implementar sistemas de protección social hacia las familias y sus integrantes.

Demandan por tanto, dice el texto, que el Estado, en todos sus niveles, asuma su responsabilidad ética ante la sociedad y que sus funcionarios tengan la calidad moral y profesional necesaria para responder con eficacia y responsabilidad a las necesidades de las familias y personas.

El Estado debe ver en la ciudadanía sujetos de derechos a los que ha de rendir cuentas y no clientela política.

Exigen, concluye el texto, el respeto al principio de laicidad del Estado. Refrendarlo como base de las instituciones y de las políticas públicas en México es indispensable para dar cabida a la diversidad religiosa, ideológica y filosófica y favorecer una convivencia respetuosa en la pluralidad.

El Comité científico del Seminario, autor de la Declaratoria, está integrado por Susana Lerner, del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colmex; María Consuelo Mejía, Católicas por el Derecho a Decidir; José Ángel Aguilar Gil, Red Democracia y Sexualidad (Demysex) AC; Rosa María Camarena, Instituto de Investigaciones Sociales (UNAM); Carlos Echarri, Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colmex; y Brígida García, del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colmex.

También por Soledad González, del Centro de Estudios Sociológicos-Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, de El Colmex; Clara Jusidman, Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social/INCIDE Social AC; Lucía Melgar, Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM; Guadalupe Ordaz, Incide Social AC, y Gabriela Rodríguez, de Afluentes SC.