Convencidos de que las acciones del gobierno de Felipe Calderón contra el narcotráfico estarán condenadas al fracaso si no bajan pronto los índices de violencia en México, asesores del gobierno de Barack Obama proponen una estrategia que incluye operativos militares con características de contrainsurgencia urbana, una policía militar transitoria y asistencia multilateral.
Los expertos recomiendan de plano cambiar las medidas adoptadas por Calderón, cuyo gobierno “carece de una estrategia hacia la violencia relacionada con la droga”.
Consideran que sin un regulador del mercado ilegal de las drogas, la crisis de inseguridad generada por el narco –que controla varios territorios del país– tiene más paralelismos con Afganistán y Somalia que con Colombia.
La estrategia está planteada en el documento El violento mercado de la droga en México y lecciones de Colombia, elaborado por Vanda Felbab-Brown, experta en conflictos internacionales e internos de Brookings Institution, un centro de investigación cercano a Obama que se dedica a la elaboración de políticas públicas.
La relación de Obama con dicho centro es tan estrecha que el 26 de marzo pasado propuso al vicepresidente y director de Estudios de Política Exterior del instituto, Carlos Pascual, como embajador de Estados Unidos en México. Tanto en Brookings como en el Departamento de Estado Pascual se ha dedicado a estudiar países que enfrentan problemas de inestabilidad.
El documento sobre el narcotráfico en México está fechado el 12 de marzo y firmado por Felbab-Brown, pero de acuerdo con la autora contiene los comentarios y observaciones de varios especialistas, entre ellos el propio Pascual.
El documento coincide con los recientes señalamientos de funcionarios estadunidenses que molestaron a Calderón sobre el poderío del narco, la extendida corrupción policial y la ausencia del Estado mexicano en varias zonas del país, dominadas por los cárteles.
Si bien aclara que las comparaciones con Afganistán o Somalia no indican que México sea un “Estado fallido” –como difundió en diciembre pasado el Departamento de Defensa–, el centro asesor de Obama le sugiere poner en marcha políticas públicas tomando en cuenta que la violencia está fuera de control en México.
Y advierte que las medidas de Calderón para enfrentar el narcotráfico son reactivas y, en consecuencia, limitadas, por lo que plantea una “estrategia alternativa” de largo plazo para disminuir la violencia de los cárteles, pero también para regular el mercado ilegal de las drogas en México.
Como muestra de la falta de estrategia de la administración calderonista, menciona la dispersión en el combate al narcotráfico, así como la falta de transparencia y de rendición de cuentas sobre el uso del paquete de mil 600 millones de dólares para los próximos tres años en equipo y tecnología contenidos en la Iniciativa Mérida
Esto “refleja no sólo preocupaciones sobre la soberanía, sino la falta de articulación (y formulación argumentada) por parte del gobierno mexicano de una estrategia hacia la violencia relacionada con la droga”.
Vanda Felbab-Brown, especializada en la relación entre las economías ilícitas y el conflicto militar en regiones de América Latina, Asia y África (en particular la región andina, México, Afganistán y Somalia), es autora además de dos reportes recientes sobre las prioridades de la seguridad nacional de Estados Unidos en América Latina.
Los documentos fueron elaborados durante la campaña presidencial estadunidense. En mayo de 2008 publicó La política de seguridad nacional de Estados Unidos en Latinoamérica: Evaluación de la amenaza y recomendaciones de políticas para la próxima administración. En octubre, Bloqueando el crimen organizado: Adaptando la política de seguridad nacional de Estados Unidos en Latinoamérica.
Luego, en diciembre pasado, fue la encargada del Brookings Presidential Memo, titulado “Expansión de la agenda en Pakistán y Afganistán”.
A partir de comparaciones con Afganistán, Somalia y Birmania, Felbab-Brown señala que en México “pocas áreas son inmunes a la violencia relacionada con la droga”, y a tal escala que supera a la de países en guerra, al punto de que la cifra de ejecuciones en México durante 2008 “es más que el total de bajas en Irak en 2008, más que en Afganistán y seis veces más que el promedio de una guerra civil, de unas mil personas al año”, y hasta supera a la violencia que afectó a Colombia entre los ochenta y principios de los noventa, cuando hubo una confrontación similar entre el Estado y los grupos de narcotraficantes.
De hecho, el procurador Eduardo Medina Mora admitió el martes 8 en San Diego, California, en la reunión anual de la agencia informativa Associated Press, que de diciembre de 2006 a marzo de 2009 se han registrado 10 mil 657 muertes violentas relacionadas con esos grupos.
De esas muertes, 988 fueron de policías, lo que según el procurador significa que “lento, pero seguro, los cárteles están entrando en un estado de fragmentación y autodestrucción”. Además, resaltó los “miles” de detenidos por el gobierno de Calderón.
Pero lo que presenta como éxito la PGR, para los asesores de Obama es exactamente una forma equivocada de enfrentar el problema, pues consideran que la “estrategia de decapitación oportunista” de algunos capos o jefes medios simplemente propicia una turbulencia más grande en el mercado y “más batallas territoriales”.
Apoyado en las cifras oficiales, el documento deja ver que las medidas tomadas por Calderón no responden a un plan integral y hasta pueden ser contraproducentes.
Menciona que Calderón desplazó a 45 mil soldados y 5 mil policías federales en ocho estados, ha detenido a 25 funcionarios de alto nivel y a muchos otros de bajo nivel como una manera de obstaculizar “la extendida corrupción” en la policía y el aparato de procuración de justicia, y ha gastado 6 mil 500 millones de dólares para combatir a los cárteles.
Pese a ello, cuestiona los resultados, pues de los 90 mil “narcotraficantes” detenidos desde 2001, sólo 400 son sicarios; es más, la mayoría son vendedores al menudeo, lo cual ni incide en una disminución de la violencia ni debilita a las organizaciones criminales. En cambio, dice, probablemente provocará un flujo intenso de detenidos y la paralización de los sistemas judicial y carcelario, de por sí ya bajo una enorme presión.

Nuevos acuerdos, viejos arreglos

Para los asesores de Obama, la crisis de seguridad en México debe compararse con nuevos referentes: “La turbulencia en el mercado mexicano de la droga es en varios sentidos análoga al nivel de caos y violencia en los mercados con profundos disturbios, como fue el caso de Afganistán a principios de los años noventa, antes del establecimiento de los Talibanes, o en Somalia”.
Aclara que la analogía no significa que México sea un “Estado fallido”, sino que el narcotráfico mexicano “está muy desorganizado y sus costos de transacción son tan altos que afectan al propio negocio ilegal”. Es más, dice, “el mercado ilegal en México necesita que emerja un árbitro o regulador”.
En cuanto a la producción de cultivos ilegales, indica que en la última década se sembraron anualmente en México entre 20 mil y 25 mil hectáreas de amapola (de la que se obtiene el opio), lo que lo equipara con Birmania y supera el máximo que alcanzó Tailandia en los años sesenta.
En el caso de la mariguana, las cifras son todavía más altas: de 30 mil a 40 mil hectáreas cultivadas cada año. Asegura que en estados como Michoacán y Sinaloa, las drogas “representan una parte sustancial de la economía local”.
Con tales niveles de producción y los diversos grupos involucrados, el mercado de las drogas en México es muy fluido y complejo. Para estabilizarlo, los asesores de Obama consideran cuatro escenarios.
El primero es que surja una o varias organizaciones que puedan imponer un control adecuado en sus territorios, en una suerte de “división del comercio”, incluidas las rutas de contrabando. En clara alusión al régimen del PRI, dice que tales pactos existían hasta antes del año 2000.
Advierte que cuando no se logra una distribución estable de ese tipo, surgen otros actores beligerantes, como grupos insurgentes y terroristas, como fue el caso de los Talibanes, que a mediados de los noventa regularon todo tipo de tráfico ilegal en Afganistán.
Por eso considera como “atípico” que ni el EZLN, el EPR o el ERPI –a los que define como “grupos insurgentes”– hayan penetrado significativamente en el comercio de las drogas, a diferencia de lo ocurrido en Perú, Colombia, Tailandia, Afganistán y Birmania.
El segundo escenario “representa el resultado óptimo y es la meta de los esfuerzos del presidente Calderón”: el éxito del Estado en dividir a los cárteles en grupos pequeños y débiles, sin la capacidad de violencia y penetración que ahora tienen. Esa situación sería parecida a lo que ocurre en Estados Unidos y Europa Occidental.
Sin embargo, dudan que la administración de Calderón lo logre, pues entre los mayores obstáculos destacan “los muy altos niveles de corrupción” entre los 400 mil policías y los encargados de la procuración y aplicación de justicia, incluidos los mandos de “las instituciones supuestamente reformadas”, como la Agencia Federal de Investigación (AFI), creada en 2001 por el ahora secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Y aun si llegara a triunfar –señala en su tercer escenario–, los narcotraficantes impondrían arreglos corporativos como los que tuvieron en el pasado con la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y la Policía Judicial Federal (PJF), lo que tendría “un fuerte rechazo” por parte de Estados Unidos.
La DFS y la PJF “nunca tuvieron la voluntad de arrestar y procesar a los capos del narcotráfico”; pero desde entonces la penetración del narco en las instituciones alcanzó a los tres grandes partidos, el PAN, el PRI y el PRD, “que han sido acusados de tener dirigentes y grandes apoyos de personas vinculadas al comercio de drogas”.
Considera que si el Estado mexicano no ofrece rápidas mejoras en seguridad, “el apoyo a la actual confrontación con los narcotraficantes se podría evaporar entre la población y las élites (y se estaría) pidiendo que se llegue a tales acomodos”.
El cuarto escenario de estabilización del mercado, y que define como “muy peligroso”, es que el Estado retroceda, limitándose a garantizar seguridad pública sólo a algunos segmentos de la población y del territorio, lo que ha sido persistente en la historia de América Latina.
Señala que, la decisión de Calderón de sacar a los militares a las calles, busca reducir los niveles de violencia impuestos por el narco; pero en lugar de conseguirlo se han incrementado las quejas por violaciones a los derechos humanos, “lo cual no es una sorpresa, pero sí una preocupación”.
Más aún, “el despliegue de militares para contener a los traficantes hasta ahora ha fallado para poner fin a la violencia. De hecho, los militares han sufrido ataques de los cárteles, lo que ha redundado en apoyo de la población a esa política”.
Pero advierte que si en el corto plazo no mejora la seguridad pública, Calderón no sólo se quedará sin opciones, sino que su fracaso tendría consecuencias peligrosas, incluido un creciente rechazo social al Ejército.
Menciona que las protestas callejeras contra el Ejército, atribuidas por el gobierno mexicano a los propios cárteles, “indican la ambivalencia hacia la estrategia militar y la incapacidad del Estado para mejorar la seguridad pública y detener la violencia”.

Sociedad militarizada

Ante ese panorama, los asesores de Obama le proponen una estrategia de tres fases que incluye un modelo de “cumplimiento enfocado” de procuración de justicia, la institucionalización de la protección de los derechos humanos y las libertades civiles, la reforma de la policía y la justicia, y el establecimiento de una unidad de inteligencia táctica y estratégica contra el narcotráfico.
La primera fase consiste en “el redespliegue de las fuerzas militares para enfocarse inicialmente en áreas estratégicas, establecer un firme control y gradualmente incrementar las áreas de predominio del Estado”.
Tal estrategia, dice, “es análoga, aunque no necesariamente idéntica, a la estrategia enfocada de contrainsurgencia urbana”. Esto no significa un aumento de fuerzas militares, sino un diferente despliegue como se hizo en las favelas de Brasil (aunque el ejemplo no precisa si se refiere a antes o después de que surgieran los escuadrones de la muerte que eliminaban a niños de la calle, particularmente en Río de Janeiro).
Una vez que los militares hayan impuesto orden, iniciaría la segunda fase, que transformaría la presencia militar en un modelo combinado de policía militar y policía comunitaria.
“Eso permitiría dispersar unidades más pequeñas de militares (o) policías militares entre la población y la construcción de relaciones con la población”. El modelo aquí son los carabineros de Italia.
La fase tres consiste en una verdadera reforma policial, para que sus elementos sustituyan a esa policía militarizada.
Respecto de la necesidad de contar con inteligencia táctica y estratégica, asegura que el Ejército mexicano carece de esa capacidad, por lo que puede constituirse como una pequeña unidad ubicada en alguna de las actuales oficinas dedicadas al combate del narcotráfico.

Las autoridades ejidales y comunales de Mitzitón, poblado tzotzil en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, colindante con Teopisca, anunciaron su rechazo a la controvertida autopista San Cristóbal-Palenque, cuya construcción arrancaría precisamente en su territorio, y que ya está generando violencia institucional en otras partes, como Agua Azul.

Dirigiéndose a las juntas de buen gobierno del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), la otra campaña y la sociedad civil, los inconformes denuncian “que el mal gobierno pretende construir una autopista que afectaría gravemente nuestro territorio, destruyendo casas, parcelas, pastizales, bosques y manantiales”.

Y se presentan: “Somos ejidatarios de la comunidad de Mitzitón y pertenecemos al ejido Flores Magón del municipio Teopisca, en los Altos. Nuestra comunidad está ubicada a un costado de la 31 Zona Militar Rancho Nuevo. El 4 de marzo nos reunimos las autoridades ejidales y todos los ejidatarios para tratar el problema relacionado con la medición y trazos que realizaron entre el 25 y 26 de febrero los ingenieros de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) dentro de nuestro territorio”.

Los ingenieros mencionaron que los trazos son para la construcción de la autopista. “Hemos analizado que ella nos traerá mucha destrucción y despojo de tierras. El mal gobierno violó nuestros derechos como pueblo indígena, ya que en ningún momento se nos ha dado a nuestro conocimiento que quieren construir una autopista y tampoco se nos ha pedido permiso para entrar a nuestro territorio y hacer mediciones.”

Consideran que “ya ha comenzado la afectación porque han hecho brechas y puesto estacas en el patio de las casas de nuestros compañeros”, mientras el presidente municipal priísta de San Cristóbal, Mariano Díaz Ochoa, y la SCT federal ofrecen láminas, revestimiento de calles, tinacos, pisos firmes y otros “apoyos”.

“Al paso del tiempo nos hemos dado cuenta de que es a cambio de nuestras tierras. Lo hacen para mantenernos callados y que su proyecto avance. Pero no lo permitiremos, porque de por sí hemos venido viviendo pobres y aquí seguimos, aquí estamos y nos organizaremos y nos defenderemos, no estamos solos. Por donde han pasado sus trazos se encuentran diez casas de compañeros ejidatarios que desde hace muchos años viven en el lugar.”

El Canal 6 de Julio cumple 20 años de documentar aspectos fundamentales de la vida social y política de México. Desde la campaña electoral de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, con los impresionantes mítines en la región de La Laguna, hasta el movimiento de resistencia contra un tiradero de residuos tóxicos en Zimapán, Hidalgo, incluyendo la producción de un filme histórico sobre la intervención, en 1968, de la CIA en México.

Esta productora posee, quizá, el archivo más rico de imágenes de las pasadas dos décadas, con entrevistas y fotos exclusivas.

Su acervo ayuda a formar “la memoria colectiva de este país”, resumió el camarógrafo, editor y realizador Mario Viveros, integrante del equipo del canal.

La urgencia por informar, por darle herramientas a la gente para que esté enterada y luego pase a la acción, ha llevado al equipo a realizar 62 documentales, un promedio de tres por año.

Se trata de “informar, analizar, investigar y dar un punto de vista que se contrapone a las versiones oficiales”, explicó Nancy Ventura, productora del canal.

“El trabajo del canal es necesario, aunque muy marginal”, opinó por su lado Viveros. “Tenemos una posición clara, no jugamos a la objetividad.”

El abanico es amplio, aunque se enfatizan ciertos temas: los procesos electorales, el papel de los medios de comunicación electrónicos, los derechos humanos, los movimientos sociales y la guerrilla. Recientemente tocaron el tema del medio ambiente.

Con sus cintas se puede hacer una especie de radiografía del país. Basta echarle un vistazo a algunos títulos del catálogo: Zapatistas, Teletiranía, Fobaproa, Aventuras en Foxilandia, Habla el ERPI y Tlatelolco, las claves de la masacre.

Este último filme es probablemente el más conocido del canal. Reúne la más completa recopilación de imágenes del 2 de octubre de 1968.

Algunos documentales han nacido por la urgencia de informar algo, como Romper el cerco (sobre Atenco). “Antes funcionábamos mucho al calor de los hechos, tratábamos de ser los primeros en acercarnos al acontecimiento, como ocurrió en Chiapas”, dijo Nancy Ventura.

Otros son temas que el canal cree importante poner sobre la mesa, como ¿Adiós a la izquierda?, que ofrece material para un debate de qué ha hecho la izquierda en estas décadas recientes.

“Ahora hacemos documental con investigación más profunda”, siguió Ventura.

En conjunto, se trata de un archivo riquísimo que incluye no sólo lo incorporado a los documentales, sino también lo que quedó fuera.

Hoy, uno de los mayores apremios del canal es hacer un respaldo digital de todo ese material. Para empezar, sólo 12 de 62 documentales están en dvd, pero también “tenemos muchísimas horas en formatos ya descontinuados”, además “hay archivos que no tiene nadie: el plebiscito del 93 (sobre la elección de gobernantes en la ciudad de México), imágenes de la campaña del 88, un acervo importante sobre grupos armados, registros parciales de luchas obreras y entrevistas”, explicó Carlos Mendoza, fundador del canal.

La Filmoteca de la UNAM tiene interés en hacer un respaldo que quede bajo su custodia, siguió Mendoza. Pero hacen falta recursos para llevarlo a cabo.

El respaldo digital sería de gran utilidad para la gente que llega a consultar los archivos. A veces simplemente necesita revisar el material, y en otras requiere usarlo para alguna cosa. “Nos lo piden muchísimo y lo cedemos, dependiendo del proyecto, porque hay un compromiso con el material, hay esa confianza con el canal de que vas a usar el material correctamente”, explicó la productora.

Por su parte, el camarógrafo Pablo Ramos, quien apenas iba a entrar a la primaria cuando inició la productora, dijo que los documentales deberían ser “un medio para preservar la historia, un poco como las primeras planas que se imprimieron de las gacetas que ahora nos sirven para hacer una investigación. El documental tiene que hacerse con esa visión hacia el futuro, de que sean para consulta posterior. La principal función del documental sería servir como consulta, para conocer la historia”.

Además, “más allá del documental, el archivo es importante para futuras consultas”.

Romper el cerco

Respecto del peso que un documental pueda tener para que las cosas cambien, Mario Viveros opinó que “depende de qué tanto la gente se apropie de él y lo utilice; no depende de ti, sino de los movimientos sociales y los ciudadanos”.

Viveros mencionó el caso de Romper el cerco, que fue ampliamente distribuido por organizaciones y activistas vía Internet y ayudó a difundir, en México y afuera, lo que estaba ocurriendo en Atenco. Al canal llegaron colaboraciones de gente que había hecho “subtítulos en alemán, portugués, italiano…”

La falta de interés y voluntad política del gobierno federal para esclarecer la presunta desaparición forzada de dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) puede motivar el resurgimiento de acciones violentas de ese grupo armado, advirtió la Comisión de Mediación que dio por terminados sus trabajos.

Este mensaje de advertencia lo hicieron los integrantes de la Comisión de Mediación que durante un año sirvieron de canal de comunicación entre el EPR y la Secretaría de Gobernación, para la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos en Oaxaca en abril de 2007.

Carlos Montemayor afirmó que la posibilidad de que resurja el EPR se debe a que el grupo armado se comprometió a declarar un alto el fuego y suspensión de hostilidades durante el tiempo que duraran las negociaciones de la Comisión de Mediación.

Sin embargo, como este organismo, al cual también pertenecen los intelectuales y luchadores sociales Miguel Ángel Granados Chapa, Rosario Ibarra de Piedra y Samuel Ruiz, decidió hoy poner fin a su misión, se abre la puerta a que el EPR desconozca ese pacto.

“Al principio del proceso mediador, la parte oficial mostró cierta apertura, que fue correspondida con una atención muy intensa de la prensa. Posteriormente el gobierno federal se mantuvo en la tesis de que sólo mediante la resolución judicial se podrá determinar si el hecho que nos ocupa es o no una desaparición forzada.

“Y aunque en algún comunicado de la Segob se mencionó ese ilícito regulado por la jurisdicción internacional, más tarde se insistió en meter el asunto en la camisa de fuerza de las gestiones ministeriales”, dijo Montemayor.

En tanto, Granados Chapa afirmó que el gobierno federal perdió una oportunidad histórica de aclarar por vías pacíficas el presunto delito, y lamentó que con esa actitud abre la posibilidad de que se registren nuevas acciones violentas del EPR.

La Comisión de Mediación anunció que su decisión de ponerle fin a sus actividades ya fue comunicada a la Oficina de la Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en relación con el reporte que la ONU emitió recientemente sobre desapariciones forzadas en México.