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Gloria Arenas, ex dirigente del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) presa en el penal de Chiconautla –ubicado en este municipio–, fue notificada esta noche por el primer juzgado de distrito, con sede en Naucalpan, del amparo directo concedido en su favor, por medio del cual fue absuelta de los delitos de rebelión y daño en propiedad ajena, relacionados con la causa penal radicada en Chilpancingo, Guerrero.

Sin embargo, la activista no pudo obtener su libertad porque existe otra causa penal en su contra –radicada en la ciudad de Toluca– por asociación delictuosa, por lo cual en 2002 fue sentenciada a cinco años de prisión.

El mismo caso se repite contra Jacobo Silva Nogales, también ex dirigente del ERPI y esposo de Gloria, por lo que tampoco pudo salir del penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez.

Elizabeth, hermana del activista, consideró esta medida como un acto ilegal y anticonstitucional de las autoridades, las cuales harán lo posible por mantener presos a Jacobo y a Gloria sin tener argumentos jurídicos que sustenten su estancia en prisión.

Junto con familiares, amigos e integrantes de organizaciones civiles, ha esperado durante más de nueve años la liberación de Jacobo y Gloria, quienes fueron detenidos en 1999.

Un tribunal colegiado falló en favor de los presos, pero Elizabeth está muy lejos de sentirse en paz. Gloria, su cuñada, le había advertido que las autoridades buscarían cualquier pretexto para volver a aprehenderlos apenas pongan un pie fuera de la cárcel.

En octubre de 1999, Jacobo y Gloria fueron detenidos como dirigentes del ERPI, una escisión del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Fueron torturados y, en particular a Jacobo, le colocaron la ficha de perfil criminológico de alta peligrosidad, de ahí que en el tiempo que lleva preso ha permanecido –por varios lapsos– prácticamente incomunicado.

Sin ser abogado (apenas tiene estudios de vocacional y antes de formar el ERPI fue maestro rural en la sierra de Guerrero), Jacobo tomó su propia defensa y ganó amparos lisos y llanos, concedidos con la unanimidad de jueces y magistrados.

Una a una fue dejando sin efecto casi todas las imputaciones, desde terrorismo hasta asesinato; sólo aceptó haber cometido el delito de rebelión, por el que debió purgar una condena de seis años, once meses y 19 días.

Lleva más de nueve años en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, antes La Palma.

Gloria temía que –previo a los amparos– algún proceso hubiera quedado abierto, aun cuando ya purgaron el único delito en firme y del que nunca se han desistido: su actividad clandestina en el ERPI.

Elizabeth e integrantes del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, así como del Comité Verdad, Justicia y Libertad para Jacobo y Gloria se trasladaron a los penales donde se encuentran los ex guerrilleros para exigir el cumplimiento de la orden judicial para su liberación.

“Jacobo aceptó ser guerrillero. Nueve años después ya no tiene nexos, pero para ellos mi hermano es de alta peligrosidad porque es un hombre con conciencia para luchar por los campesinos. El régimen, hoy en manos de Calderón, intenta mantener esa política de no permitir su libertad.

No quieren que salgan para evitar que se conozca la situación de los penales de máxima seguridad. El Altiplano es como Guantánamo, donde se pasan las leyes y los resolutivos internacionales por donde ustedes ya saben, señaló.

La quinta fue la vencida. Cuatro ocasiones anteriores, Raúl Lucas Lucía se había librado de la muerte. Pero el pasado 13 de febrero ya no pudo escapársele. Ese día fue detenido y desaparecido con violencia. Tres días más tarde fue asesinado. Sus restos aparecieron ocho días después. Su cuerpo tenía huellas de tortura y tiro de gracia. La misma suerte sufrió su compañero Manuel Ponce Rosas.

Insumiso, desde hace 10 años Raúl vivía acosado por el poder. En 1999, poco después de la matanza de El Charco, el Ejército Mexicano lo torturó y amenazó. En septiembre de 2001 nuevamente fue torturado por militares en su comunidad, junto a sus hermanos y cuñado. El 18 de octubre de 2006, después del paso de la otra campaña por la comunidad mixteca de El Charco, recibió amenazas de los soldados. El 15 de febrero de 2007 fue herido de bala en el cuello durante una emboscada que casi le costó la vida.

La quinta fue la vencida. El pasado 13 de febrero, Raúl y Manuel participaban en un acto oficial para inaugurar la construcción de edificios escolares en la ciudad de Ayutla de los Libres, Guerrero, junto con otras 35 personas. Recién acababa de pasar la una y media de la tarde cuando tres sujetos con armas largas llegaron, gritando policía. Los golpearon en la cabeza, los sacaron de la reunión a rastras para meterlos en una camioneta Liberty negra que los esperaba con el motor encendido y se los llevaron con rumbo desconocido.

Media hora después, Guadalupe Castro Morales, esposa de Manuel, recibió una llamada a su celular proveniente del teléfono de su marido. Cuando ella respondió, una voz masculina le advirtió: No empieces a chingar. Quédate calladita o jodemos a tu esposo. Esto les pasa por defender indios. No se supo más de ellos, hasta el 21 de febrero en que sus restos fueron encontrados.

Raúl Lucas García y Manuel Ponce Ríos eran indígenas, mixtecos, guerrerenses y pobres. Raúl era presidente de la Organización Independente de Pueblos Mixtecos (OIPM) y Manuel el secretario. La organización, nacida en 2002 de las comunidades sembradas entre profundas barrancas y grandes cerros, tiene su base en la cabecera municipal de Ayutla de los Libres. Se dedica a defender los derechos de los pueblos indios de la región, a denunciar las violaciones de los derechos humanos que sufren y a gestionar proyectos productivos y de bienestar social para los nu’saavi.

La OIPM proviene de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OIPMT), fundada en 1994. De esta última surgió, también, la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa, que actualmente tiene a cinco de sus integrantes recluidos en el penal de Ayutla, y que han sido adoptados como presos de conciencia por Amnistía Internacional. Ambas uniones indígenas trabajan de manera coordinada con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Raúl era oriundo de la comunidad de Roca Colorada, en la región mixteca de Ayutla de los Libres. Durante muchos años luchó por el beneficio de las comunidades indígenas. Cuando fue nombrado presidente del comisariado de Coapinola defendió los bosques contra la tala ilegal de la madera que llevaban a cabo empresas que saqueaban la riqueza forestal sin permiso del comisariado. Con éxito, encabezó la lucha de las comunidades mixtecas de su municipio en contra del Programa de Certificación de Derechos Ejidales-Comunales (Procede).

El asesinato de Raúl y Manuel es el más reciente episodio de la cosecha represiva de El Charco. Ellos son las dos últimas víctimas de una saga macabra que se remonta casi 11 años atrás. En la madrugada del 7 de junio de 1998, mientras dormían en la escuela primaria Catarino Maldonado, 10 indígenas mixtecos y un estudiante de la UNAM fueron ejecutados –algunos sumariamente– por soldados. Los campesinos pertenecían a la OIPMT. El general Juan Alfredo Oropeza Garnica, jefe de la 27 zona militar, estuvo al mando del operativo. Ernesto Zedillo era presidente de la República. El gobierno quiso presentar la matanza como un enfrentamiento entre el Ejército y guerrilleros.

La lista de dirigentes indígenas regionales muertos violentamente desde entonces es larga. Entre muchos otros forman parte de ella Galdino Sierra Francisco, tlapaneco de Barranca de Guadalupe, miembro de las Comunidades Eclesiales de Base, asesinado en abril de 2000. Donaciano González Lorenzo, ejecutado en enero de 2001. Y Andrés Marcelino Petrona, dirigente mixteco de El Charco e integrante del Comité de Defensa de los Derechos Humanos, baleado el 26 de agosto de ese mismo año.

En una de muchas otras denuncias hechas en los últimos años, Raúl Lucas explicó cómo militares y policías han entrado en al menos 20 de las 28 comunidades mixtecas de Ayutla. Contó que en los pueblos La Fátima y Vista Hermosa los soldados llevan dulces a los niños, pero luego les preguntan si han visto a guerrilleros o a narcos. Explicó cómo en esas incursiones cerca de 100 uniformados a unos les robaron cultivos de caña y a otros los quisieron vincular con organizaciones guerrilleras como el ERPI o el EPR y, en el peor de los casos, con narcotráfico.

Como presidente de la OFPM, Raúl documentó en 2008 cuatro casos de violaciones a los derechos humanos consistentes en allanamientos, robo, daños, retenciones e interrogatorios ilegales efectuados por militares en poblaciones mixtecas y tlapanecas. Estos casos ameritaron la interposición de cinco quejas ante la CNDH y denuncias penales. Los abusos no cesaron.

Los homicidios de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Ríos son un paso adelante en la guerra de intimidación en contra de las comunidades indígenas de la Montaña y la Costa Chica. Dos hombres, dignos y valientes, defensores de los derechos de los pueblos indios, fueron salvajemente eliminados. En la región, los militares han sembrado odio, violencia, muerte, robo de cosechas, abusos. Le han echado gasolina al fuego. Que nadie se extrañe cuando se levante una cosecha de ira.

El fin de la Guerra Fría y la caída del bloque socialista significaron al mismo tiempo el desmoronamiento de los apoyos y paradigmas tradicionales para las guerrillas latinoamericanas, que sostenían programas socialistas, comunistas y que reivindicaban el marxismo en cualquiera de sus variantes.

Después de la firma de acuerdos de paz respectivos, los movimientos guerrilleros en Centroamérica, como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) o la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca desmovilizaron sus fuerzas militares y se integraron como coaliciones o partidos políticos que buscan el poder por un medio democrático.

Entre las pocas guerrillas latinoamericanas sobrevivientes son las colombianas FARC y el Ejército de Liberación Nacional. Con una fuerza conjunta de más de 20 mil miembros, que mantienen casi un centenar de frentes de guerra en todo ese país.

Colombia arrastra un conflicto armado de 45 años, en el que intervienen rebeldes, paramilitares, narcotraficantes y fuerzas estatales, el cual ha dejado más de cien mil muertos y cientos de miles de desplazados.

El origen de la guerra civil que afecta Colombia, la cual ha salpicado peligrosamente las fronteras venezolana y ecuatoriana, parece difuso. Sin embargo, a grandes rasgos se puede ubicar el 9 de abril de 1948, en Bogotá, cuando en una concentración popular una mano asesina segó la vida de Jorge Eliécer Gaitán, líder popular del Partido Liberal, quien encarnaba las aspiraciones de justicia de la inmensa mayoría pobre de Colombia.

Este acontecimiento desató la furia del pueblo, que durante tres días incendió Bogotá, buscando a quién cobrar su rebeldía, y abrió paso a un período de violencia que aún no ha cesado.

El contexto de la posguerra fría hace sumamente difícil, material y políticamente, ese objetivo. En caso de una victoria político-militar, no hay ninguna posibilidad real, en las actuales condiciones, de que la guerrilla pudiera instalar un régimen socialista en Colombia, sino, en todo caso, uno democrático nacional con equidad social y de beneficio para las clases trabajadoras.

Debacle electoral

Su encrucijada es enorme si se considera el número de víctimas del conflicto armado, pero es mayor si se observa el destino político de las organizaciones ex guerrilleras en Centroamérica, que han pasado por la debacle electoral; ninguna victoria en las urnas, a excepción de los sandinistas nicaragüenses en noviembre de 1984 y en el 2006.

Por el contrario, el electorado centroamericano ha depositado su confianza mayoritaria en partidos políticos ultraconservadores, como la salvadoreña Alianza Republicana Nacionalista, creadora, en su momento, de escuadrones de la muerte. Sin embargo, el ex guerrillero FMLN podría hacer historia hoy si gana las elecciones presidenciales salvadoreñas.

En México, hay tres grupos armados en el sudeste de ese país, pero solo están en activo cuando celebran sus fundaciones respectivas. Uno de estos bloques es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas.

Su único alzamiento armado ocurrió el 1 de enero de 1994, que dejó varios muertos y el desplazamiento de unas 20 mil personas.

En Guerrero y Oaxaca reaparecen muy poco o casi nada el Ejército Popular Revolucionario y el Ejército Revolucionario Popular Insurgente.

Por aparte, la Policía peruana se enfrentó el 7 de marzo recién pasado a una columna del grupo terrorista Sendero Luminoso en el selvático valle de los ríos Apurímac y Ene, informó la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas.

Según el Gobierno, los remanentes de Sendro Luminoso actúan en alianza con grupos del narcotráfico.

El subsecretario de Gobernación, Gerónimo Gutiérrez ya entabló comunicación con los integrantes de la comisión de mediación entre el Gobierno federal y el Ejército Popular Revolucionario (EPR) para que, a la brevedad posible, se reúnan con los titulares de la Procuraduría General de la República (PGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), y definir respecto a los dos “eperristas” desaparecidos.

De acuerdo con el funcionario federal, en el transcurso de la semana que está por concluir y la próxima, quedarán definidos los tiempos para agendar un encuentro con la comisión y tener un primer intercambio de impresiones sobre la desaparición de los dos militantes del EPR, Edmundo Reyes y Gabriel Alberto Cruz.

Recalcó que el Gobierno federal mantiene un compromiso indeclinable con la defensa y la promoción de los derechos humanos, a la vez que rechaza toda forma de violencia y mantiene un compromiso claro con el cumplimiento de la ley y con el estado de derecho.

Refirió que la Procuraduría General de la República continúa desarrollando las investigaciones en torno a la desaparición de los dos eperristas; “sus investigaciones se llevan a cabo sin limitación alguna, y se encuentran en curso”.

El funcionario federal, quien hace poco menos de 15 días tomó posesión de su cargo, recalcó que el proceso iniciado con la comisión de mediación continúa y es una prueba clara de la voluntad de diálogo del Gobierno federal.

“En fechas próximas se definirán los tiempos para ampliar el diálogo con otras instancias del Gobierno federal y precisar, o terminar más bien de precisar las modalidades de ese diálogo, y para ese efecto estaré comunicándome con los voceros de la comisión de mediación esta misma semana para agendar un encuentro y tener un primer intercambio de impresiones. Muchas gracias”, dijo Gerónimo Gutiérrez durante su presentación a los medios de comunicación la semana pasada.

En este sentido, dijo que los desafíos que enfrenta México demandan el fortalecimiento de la gobernabilidad del estado, entendida ésta como la capacidad del orden democrático de plantear y aplicar soluciones con la mayor participación posible, con la plena vigencia de los derechos humanos, y el respeto al disenso.

Por ello, dijo, la pauta para la Subsecretaría de Gobierno será el diálogo franco y respetuoso como medio para llegar a acuerdos en beneficio del país y será también el respeto irrestricto a nuestro marco legal lo que marquen los propios límites de este diálogo.

Indicó que su labor estará basado en tres ejes: la coordinación política con los poderes de la Unión y entre los órdenes de gobierno, buscando y manteniendo siempre una comunicación fluida y respetuosa que permita detectar riesgos a la gobernabilidad y sumar las capacidades públicas ante los problemas a enfrentar.

El segundo eje será la identificación y atención de problemáticas estructurales y de conflictos, que sin duda son propios de una sociedad plural y diversa, con el objetivo de contribuir a fortalecer la unidad nacional y preservar, asimismo, la cohesión social.

Y tercero, dijo, el fortalecimiento del federalismo y del desarrollo municipal, promoviendo una distribución equitativa y eficiente de potestades, de responsabilidades y de recursos; y también, asimismo y naturalmente, coadyuvando en la capacitación y en la profesionalización de las autoridades y de los funcionarios municipales.

A veces en grupos, a veces solas, cientos de mujeres de todas las edades fueron llegando el pasado 7 de marzo al caracol de Oventic para participar en el Evento político, deportivo, artístico y cultural Mama Corral. También estábamos unos cuantos hombres, pero éramos una evidente minoría.

En la entrada cerca de cincuenta mujeres con pasamontañas constituían la brigada de seguridad. Ellas nos pedían nuestras identificaciones, nos registraban en sus listas y luego nos daban la bienvenida al Caracol.

En los primeros metros nada parecía haber cambiado desde el pasado 1 de enero cuando festejamos el aniversario número quince de la aparición pública del EZLN. Pero mientras más nos adentrábamos nos percatamos que se habían acondicionado una cancha de fútbol y otra de voleibol; además de la de básquetbol que ya existía.

Allá estaban mujeres representantes de los cinco caracoles, adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacondona en México y el mundo; así como mujeres de otras organizaciones.

Más de medio centenar de equipos deportivos, todos compuestos por mujeres, participaron en el evento representando a sus municipios u organizaciones. A diferencia de los encuentros pasados, donde la convivencia se dio en asambleas o reuniones, en esta ocasión las mujeres de México y el mundo convivieron con las mujeres zapatistas en canchas deportivas. Al final, casi todos los equipos ganadores fueron los representantes de los municipios autónomos.

No faltaron las actividades culturales, pues para los zapatistas la construcción de un mundo diferente pasa por la formación integral de todos sus miembros, desde el deporte, la educación y las artes. Así, obras de teatro con títeres, canciones, poemas, bailables y mensajes fueron presentados.

Gloria narró como una ocasión, estando en la Sierra de Zongolica, presenció una asamblea en la que se discutía el destino de un joven que había violado a una mujer. Durante la agresión, el joven rompió las cubetas en las que la chica llevaba agua a su casa. El resolutivo de la asamblea fue que la familia del agresor repusiera las cubetas a la familia de la agredida. De esta última, no se dijo nada. Continuó contando los casos de Sally Grace (activista asesinada en septiembre del 2008), las muertas de Ciudad Juárez y Ernestina Ascensión.

Gloria hizo hincapié en su mensaje sobre cómo dentro de muchas organizaciones de izquierda a diario se ejercen formas de discriminación contra la mujer, discriminación que en muchas ocasiones se ha materializado en violencia física y llamó a la congruencia. Por este motivo, señaló Arenas Agis, es importante reconocer que la violencia de género no es sólo un problema de clase, sino una “práctica cultural heredada de la organización patriarcal con la que hay que terminar”.

Entre los y las asistentes al encuentro pudimos ver a dos de las hijas de la homenajeada, Doña Concepción García de Corral; Mamá Corral para los zapatistas. También nos encontramos con Magdalena García Durán, indígena mazahua expresa política detenida durante la brutal represión en Atenco.

En el comunicado firmado por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se expresó que esta conmemoración buscaba recordar a las trabajadoras textiles de la fábrica Cotton de Nueva York que en 1908 murieron quemadas mientras se encontraban en huelga exigiendo mejoras en las condiciones laborales. De igual forma dijeron que con este evento querían recordar a las mujeres que desde 1994 han sido desparecidas, encarceladas o perseguidas por el mal gobierno, “a nuestras compañeras de lucha quienes han caído en el cumplimento de su deber y otras han fallecido por alguna enfermedad. Pero a todas las tenemos presente y tratamos de seguir su ejemplo.” Es decir, para todas las mujeres que han dado su vida por un mundo nuevo y libre.

Nos contaron como las condiciones y la injusticia en que vive la mujer actualmente son insoportables; pero agregaron que las mujeres indígenas viven una triple opresión: “por ser mujeres, por ser indígenas y por ser pobres”.

Por eso, el primero de enero de 1994 las mujeres zapatistas también gritaron ya basta, y decidieron organizarse para luchar en “la política, en lo militar, en lo económico, en lo ideológico en lo cultural y en lo social”, una lucha que no ha sido fácil, pero que a quince años del la aparición del EZLN ha dado ya varios frutos.

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