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San Andrés Larráinzar: 13 años después

En retrospectiva es posible afirmar que la etapa que culmina con la firma de los acuerdos de San Andrés fue la más fructífera del diálogo, no obstante los desacuerdos, las provocaciones y la lentitud con la que se avanzó.

En contraste con lo que sucedía en el contexto del proceso de diálogo entre el gobierno federal y el EZLN, en el ámbito nacional la crisis se advertía ya en toda su magnitud. Aún no había tocado fondo, pero ya se hablaba de que era la crisis más grave de los tiempos recientes.

En efecto, hasta octubre de 1995 se había registrado una inflación mayor a 40 por ciento y la tasa de desempleo era la más alta desde 1987. Se perdieron durante esos meses 780 mil puestos de trabajo. Los expertos señalaban que, por primera vez, la economía informal ocupaba más mexicanos que la formal.

La caída del PIB en el segundo semestre de 1995 se calculaba en 10 por ciento, la más grave de los 50 años anteriores. Ante este panorama, más de 10 mil millones de dólares habían salido del país entre enero y junio de ese año.

Los bancos zozobraban y el problema del Fobaproa ya se gestaba. Este fondo daba aportaciones multimillonarias a los bancos con facilidad y sin que se viera claro ninguna mejoría en su situación. Los partidos de oposición cuestionaban el funcionamiento del fondo y la forma en que habían sido privatizados los bancos.

En medio de este contexto, en San Andrés Larráinzar se encuentran también dos lenguajes o, mejor todavía, varios lenguajes. El del EZLN es incisivo y desconfiado. A pesar de ello, dialoga y negocia.

El lenguaje del gobierno federal es inseguro, esquivo y siempre trata de investirse de un ropaje institucional que en los hechos no tiene. La delegación negocia sin saber adónde se dirige el barco y trata de retomar una iniciativa que en los hechos siempre tuvieron los zapatistas. A pesar de todo, ellos también negocian.

También están los otros lenguajes. Los legisladores de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) tratan a cada paso de hacer a un lado sus diferencias de concepciones partidarias y de sus intereses y afinidades personales para lograr primero consensos internos y luego servir de puente entre las partes. Cuesta trabajo, pero lo logran.

Así, el lenguaje de la Cocopa y la Conai se va construyendo a cada paso para constituirse en el intento de dos instancias por traducir al lenguaje de la paz los desafíos de cada parte.

El EZLN insistía en que San Andrés se opinara sobre todos los problemas nacionales. En principio, la delegación gubernamental se resiste. Sólo se debe acordar la paz y, después, se podrá opinar de lo que se quiera. ¿Cómo se puede alcanzar la paz sin opinar de las causas que han llevado al estallamiento del conflicto?

Las causas profundas del conflicto armado en Chiapas son las mismas que las de muchas otras muestras de inconformidad pacífica que existen a lo largo y ancho del país: injusta distribución de la riqueza; míseras condiciones de vida y un sistema político con rasgos excluyentes y autoritarios. En el caso de las comunidades indígenas, los pobres entre los pobres, se acentúan porque se les agrega una opresión racista hacia sus formas culturales e incluso hacia su propia existencia étnica.

Para los miembros de la Cocopa de aquellos tiempos, la solución del conflicto pasaba y pasa por el impulso a la reforma democrática del Estado, que es, finalmente, el escenario en el que los acuerdos que se establecen entre las partes podrán llevarse al terreno de los hechos.

En esencia, el EZLN demanda lo mismo que otros muchos millones de mexicanos: democracia, paz con dignidad, justicia y un desarrollo económico y social incluyente. Las agendas del conflicto y de la reforma democrática del Estado están hermanadas. Por esto, la propuesta de la Cocopa por incluir al EZLN en el diálogo nacional no sólo resultaba deseable, sino que además era indispensable. La historia del México contemporáneo ha demostrado que EZLN es un actor político cuya trascendencia no debe ni puede escatimarse. Las dirigencias partidarias y el gobierno de Zedillo se encargaron de que este esfuerzo sincero fracasara.

El clamor de nunca más un México sin nosotros es explicable cuando las comunidades indígenas han sido sometidas a una opresión centenaria, durante la cual han perdido tierras y derechos, aunque no se ha logrado aniquilarlos ni despojarlos de su rica cultura, parte de las raíces de nuestra patria.

Por ello los acuerdos de San Andrés Larráinzar convenidos entre el gobierno federal y el EZLN hace 13 años son la expresión de una de las construcciones políticas más importantes de las dos décadas pasadas y son una referencia fundamental en la construcción del México democrático al que aspiramos. No hay ni puede haber avance democrático en México sin su cumplimiento.

Las fuerzas políticas mexicanas tienen el compromiso de poner en juego todos los instrumentos políticos y las atribuciones republicanas a su alcance, por concretar la aspiración y los anhelos de los pueblos indios de México convenidos hace 13 años entre el gobierno federal y el EZLN en San Andrés Larráinzar.

APPO da respaldo político al EPR

La comisión de mediación entre el gobierno federal y el Ejército Popular Revolucionario (EPR) apremiará a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a que comience el diálogo lo más pronto posible, con el fin de hallar elementos que reditúen en la presentación con vida de dos eperristas desaparecidos el 25 de mayo de 2007.

Fuentes ligadas al caso indicaron que luego de que el gobierno federal aceptó ampliar la interlocución con la Sedena, la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), los mediadores señalan que es urgente que la reunión con el Ejército se efectúe a más tardar en la primera semana de este mes, pues conforme pasa el tiempo se aleja la posibilidad de que los desaparecidos sean presentados con vida.

Agregaron que para los integrantes de dicha comisión es necesario que la Secretaría de Gobernación (SG) acepte ya la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pues aunque recientemente el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, declaró que existía la posibilidad de que el documento fuera admitido, a la fecha ello no ha ocurrido, lo cual constituye un motivo de preocupación.

Trascendió que para los mediadores resulta determinante que la recomendación sea aceptada, pues eso sería un elemento positivo para cumplir con el objetivo de localizar con vida a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, integrantes del grupo insurgente.

Asimismo, las personalidades que conforman la comisión vieron con preocupación que la CNDH haya omitido dirigir también el documento a la Sedena, aun cuando el propio organismo, presidido por José Luis Soberanes Fernández, deja en claro la participación del Ejército en la detención y posterior desaparición forzada de los guerrilleros.

Cabe recordar que, en entrevista con este diario, el director general de Derechos Humanos de la Sedena, Jaime Antonio López Portillo, aseguró que la dependencia no tiene ninguna información sobre el paradero de los eperristas.

Asimismo, dio a conocer que la dirección a su cargo requirió a todos los mandos del país y a todos los ministerios públicos que informaran si tenían conocimiento sobre el caso. Inclusive vinieron a las instalaciones del Campo Militar Número Uno a inspeccionar la prisión, a revisar los libros, a interrogar a los internos. Vino un actuario de un juzgado de distrito y toda esa información se entregó a la CNDH, la cual emitió una recomendación, en la que no nos señala.

La comisión de intermediación, conformada por la senadora y luchadora social Rosario Ibarra de Piedra; el académico Enrique González Ruiz; el obispo Samuel Ruiz; el abogado Juan de Dios Hernández Monge; el periodista Miguel Ángel Granados Chapa; el antropólogo Gilberto López y Rivas, y el escritor Carlos Montemayor, ha mantenido constante comunicación con los familiares de los dos desaparecidos, quienes han hecho notar que la CNDH tampoco señaló en su recomendación la responsabilidad del Cisen en la desaparición de los eperristas.

Ante la existencia de 6 millones de mexicanos que no saben leer ni escribir, José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que el país demanda con urgencia una cruzada nacional por la alfabetización. Durante la inauguración de la 30 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, el rector de la máxima casa de estudios consideró que el analfabetismo es una realidad inadmisible y vergonzosa.

Luego de hablar de los hechos relevantes ocurridos durante las tres décadas que lleva de realizarse la feria –como el final de la guerra fría, la caída del Muro de Berlín y la autoderrota del dogma del mercado, debido a la crisis financiera actual, así como de los muchos cambios tecnológicos–, Narro agregó: desafortunadamente estos y muchos otros cambios no parecen implicar un progreso verdadero. A pesar de los avances, continuamos arrastrando profundas y ancestrales injusticias, exclusiones y desigualdades extremas. México no es la excepción, seguimos teniendo problemas de fondo, estructurales. Ahí siguen los millones de mexicanos que viven en condiciones de pobreza extrema, afectados por el desempleo, la ignorancia y el analfabetismo, por el hambre y la enfermedad.

Durante la ceremonia, realizada en el Salón de Actos del Palacio de Minería, el rector advirtió sobre la falta de expectativas y la incertidumbre entre los jóvenes, y señaló que hemos ganado confort y hemos perdido principios. Por ello, llamó a hacer un alto en el camino para analizar las fallas cometidas.

Al plantear el asunto de la pobreza y el analfabetismo, del que 60 por ciento de los afectados son mujeres, Narro Robles reflexionó: el origen étnico, la condición social y económica, el grupo de edad al que se pertenece, la entidad federativa en la que se vive y la condición de ruralidad, se convierten en factores de riesgo que favorecen el analfabetismo. Ser indígena, pobre, anciano, de Chiapas, Guerrero o Oaxaca, y vivir en una localidad rural, describe el perfil de este mal.

Prepara EU a SEDENA en guerra urbana

Para asistirle en la guerra contra los cárteles de la droga en ciudades al norte del país, el Pentágono puso a disposición del Ejército mexicano la experiencia adquirida en combates urbanos contra talibanes, Al-Qaeda e insurgencia iraquí.

Entrenadores militares estadunidenses, con experiencia en batallas callejeras en Medio Oriente, han sido invitados a México para compartir tácticas de combate y patrullaje en escenarios urbanos con unidades de la Secretaría de la Defensa Nacional desplegadas en
la frontera con Estados Unidos en ciudades como Tijuana, Baja California; Ciudad Juárez, Chihuahua, y Reynosa, Tamaulipas.

“Nuestras operaciones en áreas urbanas nos han dado un gran entendimiento de la necesidad de cooperar con la población civil, entrenar a fuerzas locales de seguridad y cómo proteger a nuestros soldados al mismo tiempo. Es en estas áreas donde hemos colaborado con la Secretaría de la Defensa Nacional”, confirmó a MILENIO el Ejército del Norte de Estados Unidos (Arnorth, por su sigla en inglés).

Al mismo tiempo que las confrontaciones entre sicarios y soldados se han multiplicado en ciudades al norte de México —siendo Reynosa el último ejemplo—, el Pentágono ha ordenado a oficiales de distintos grados cooperar en varias formas con las tres regiones militares mexicanas que bordean con territorio de EU.

De acuerdo con información confirmada por la oficina de prensa del Ejército del Norte, su titular, el teniente general Thomas Turner —experto en operaciones urbanas—, visitó el norte de México a finales de noviembre pasado para intercambiar técnicas y tácticas con las comandancias de la segunda región, con sede en Mexicali y jurisdicción en Baja California, Baja California Sur y Sonora; cuarta región, con sede en Monterrey y jurisdicción en Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas; y once región, que se extiende por Chihuahua y Coahuila.

Antes de asumir el cargo de titular del Ejército Norte en 2006, Turner fue el jefe de la división 101 de Ataque Aéreo del Ejército estadunidense y comandó a sus tropas en la zona de Kirkuk y la ciudad de Hawijah, reportada como una de las más violentas de todo Irak.

“Los ejércitos de México y Estados Unidos tienen una relación coordinada que se basa en la confianza, el beneficio mutuo y el respeto mutuo por la soberanía de ambos países. Continuaremos la mejoría de esta relación al intercambiar experiencias y entrenamiento como éstos”, sostuvo el Comando.

Dentro del intercambio de experiencias en combate urbano, Washington envió a México a un comandante de brigada que estuvo desplegado en los últimos años en ciudades iraquíes, en especial en Bagdad, donde las fuerzas armadas estadunidenses han enfrentado batallas callejeras, lo mismo contra insurgentes chiitas y sunitas, como secuestradores y guerrilleros ligados a Al-Qaeda.

Afganistán e Irak, el ejemploLa revelación del entrenamiento en combate urbano fue inicialmente publicada a finales del año pasado por el periódico interno del Ejército del Norte (Afnorth) de EU.

 

En su número de diciembre, este órgano de comunicación informó que en las últimas semanas de noviembre se habían iniciado contactos con las comandancias del Ejército mexicano en el norte del territorio nacional.

“Entre las decenas de actividades que se desarrollan con México, además de intercambios de oficiales, están las de compartir las experiencias urbanas aprendidas en Irak y Afganistán”, se advertía en el artículo, titulado “Cooperación en Escenarios de Seguridad del Ejército Norte”.

La oficina de prensa del Ejército del Norte, integrado a Northcom, respondió un cuestionario vía internet, en el que detalló que dependerá de la propia Sedena definir cómo utilizará las lecciones compartidas.

—¿Qué lecciones de operaciones urbanas en Irak y Afganistán fueron compartidas con el Ejército mexicano?

—Ejércitos profesionales regularmente comparten lecciones y mantienen diálogos en tácticas, técnicas y procedimientos. Las experiencias compartidas por nuestros comandantes de brigada son intercambios normales que el Ejército de EU tiene con sus amigos en todo el mundo. Será la Sedena la que determine cómo y si es que aplicará las lecciones aprendidas y la información compartida.

La Secretaría de Gobernación (Segob) aceptará las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para colaborar en la presentación con vida de dos dirigentes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), desaparecidos el 25 de mayo de 2007 en el estado de Oaxaca, luego de un operativo policiaco.

Funcionarios de comunicación social de la dependencia adelantaron este mediodía que en las próximas horas, la dependencia oficializará su aceptación de las observaciones del organismo de derechos humanos contempladas en la recomendación 007/2009 emitida el 13 de febrero pasado.

Con ello, la Segob fijará su posición dentro de los primeros tres de los 15 días que se tiene previsto para responder a la CNDH, que también turnó el caso al gobierno de Oaxaca y la presidencia municipal de la capital.

En su primera recomendación, el organismo que preside José Luis Soberanes solicita que se realicen las gestiones necesarias para que sean presentados inmediatamente con vida Edmundo Reyes Amaya o Andrés Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez o Raymundo Rivera Bravo.

También considera que si incurrieron en la comisión de alguna antijurídica, sean puestos a disposición de las autoridades respectivas, pero con la posibilidad de que hagan efectivos sus derechos constitucionales, situación donde se exige conocer “la suerte final que corrieron ambas personas”.

También se exige la reparación del daño causado a los integrantes del EPR, de manera extensiva a familiares en el caso de los desaparecidos ya no se encuentren con vida.

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