El sabotaje a instalaciones de Pemex en Guanajuato, realizado en julio de 2007, provocó pérdidas superiores a los 70 millones de pesos, revela un informe oficial de la paraestatal.Tan sólo el ataque a los ductos de Coroneo, el 10 de julio del año pasado, provocó daños por 41 millones de pesos en la infraestructura.

Debido a los estallidos, la refinería de Salamanca dejó de procesar 15 mil barriles diarios de crudo, además de frenar la producción de 11 mil barriles diarios de gasolina Premium y 4.6 mil barriles al día de combustóleo, según precisa el documento de Pemex Refinación, solicitado por la Ley de Transparencia.

A causa del ataque atribuido a la guerrilla del Ejército Popular Revolucionario (EPR), la refinería paró su producción durante cuatro días.

Tan sólo del crudo que se dejó de procesar, las pérdidas podrían ascender a 3 millones 895 mil dólares. El día del estallido, el barril se cotizaba en 64.93 dólares.

Hasta el momento la paraestatal aún no tiene cuantificado el monto de la reparación de las tuberías que explotó la guerrilla eperrista y que dejó pintas en color rojo con las siglas del grupo armado.

“En el área de ductos, los costos aproximados de los daños ocasionados por las explosiones a instalaciones de los ductos de Pemex Refinación, asciende a $41’000,000.00 (Cuarenta y un millones de pesos)”, dice textual el informe oficial.

“Los trabajos de reconstrucción de las nuevas instalaciones que suplirán a las afectadas por el siniestro, aún se continúan y se prevé que su puesta en operación será hasta el mes de diciembre de 2008”.

El reporte sólo menciona las pérdidas ocasionadas por el estallido del 10 de julio en Coroneo; no menciona los daños de los primeros ataques del EPR (el 5 de julio de 2007), en los que se detonaron cargas explosivas en ductos de Celaya, Salamanca y Valle de Santiago.

En varios comunicados, el EPR dijo que los ataques fueron parte de una ‘campaña nacional de hostigamiento’, en reclamo de dos de sus compañeros -Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya- desaparecidos el 25 de mayo de 2007.

“Hemos realizado acciones quirúrgicas de hostigamiento, poniendo ocho cargas explosivas en los ductos de Pemex (…) activadas simultáneamente a la 1 de la madrugada de los días 5 y 10 de julio”, dice el mensaje del EPR que difundió horas después de los ataques.

Tras las explosiones, la empresa Gas Natural cerró el suministro a miles de empresas.

Mil 300 pequeñas empresas y 94 grandes industrias de la región, pararon parcialmente su producción por la escasez de combustible.

Plantas armadoras de autos de Nissan en Aguascalientes, y Honda, en Jalisco, frenaron su producción, tras los ataques del EPR.

Eran las tres de la mañana del viernes cuando Eliseo Silvano padre salió del penal de Playas de Catazajá, aunque no por su propio pie. Los policías y custodios lo cargaron de su celda a la puerta del inmueble (vaya inmueble: una cárcel) a las alambradas del estacionamiento, donde lo recibieron su hijo Eliseo (liberado cuatro horas antes) y otro indígena. Sosteniéndolo por los hombros, lo condujeron al vehículo que lo habría de trasladar a su casa en Betel Yochip’, a unos 50 kilómetros de aquí.Está agotado, enfermo, casi aturdido de dolor. Quizá sedado, pero con un intenso dolor interno a flor de piel. El cabello revuelto, la camisa abierta, malcalza chanclas de hule como de mujer. En el dedo medio del pie derecho, la llaga de un balazo. El rostro hinchado. Una oreja lacerada y quemada. Sus acompañantes le alzan la camisa por detrás y le bajan ligeramente el pantalón para revisar la enorme quemadura en carne viva que le baja del coxis al surco de las nalgas. Aunque es de noche, casi madrugada, entre la oscura y espesa cabellera de Eliseo padre se distinguen las heridas que sus captores le causaron en la cabeza con cachas de pistola el pasado viernes.

Castigado, humillado, torturado, herido por dentro y por fuera, don Eliseo alcanza al fin el asiento delantero de la camioneta y no resulta fácil sentarlo por la quemadura, pero descansa al fin. Una pequeña comitiva está con él. Su mujer, una tzeltal hermosa y distinguida, falda con listones y huipil floreado abierto casi hasta los hombros, como es estilo en estos pueblos. Su jovencísima nuera y su nieta de dos años. Las tres han permanecido en las oficinas del penal desde la primera hora del jueves. Para su tierna edad, la vivaz niña se ha portado muy bien. Y eso que casi todo el tiempo ha estado con sus familiares literalmente en la banqueta, pues ni adentro ni afuera de la sala de audiencias hay dónde sentarse.

Eliseo lleva una semana así, sin atención médica. Por mero trámite pasó unas horas en un hospital del gobierno en Palenque (donde ningún médico lo atendió), luego de las sesiones de tortura a que lo sometieron al menos una decena de agentes de la Policía Estatal de Caminos, aunque sólo tres están identificados: han sido los únicos testigos de la parte acusadora, además de un fantasmal chofer de ADO que reconoció a los Eliseos como “sus asaltantes” el 31 de enero.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas apuntaba ayer en su informe al respecto: “No concuerda que el chofer tuvo que seguir su ruta el mismo 31 de enero y que la supuesta declaración se la tomaron el día primero”. Su firma en la confrontación difiere de la que aparece en la credencial de elector con que se identificó. “Por otra parte, los detenidos afirman que nunca fueron presentados para ser identificados”. Después de un largo día de diligencias, careos y testimonios, los familiares de los detenidos esperaron hasta las 23 horas de este jueves la sentencia del juez, que se había ido horas antes y no volvió; sólo mandaría con el actuario los documentos firmados. Y aunque dictaba auto de libertad, un abogado “social” que estuvo allí todo el día sin identificarse, como si no tuviera relación con el caso, notificó a la defensa de que, un detallito, Eliseo padre tenía también acusación federal y no podía salir: portación ilegal de arma. Eso, a pesar de que toda la historia es falsa, los delitos fabricados y los Eliseos fueron detenidos, torturados y encarcelados por ser zapatistas, nada más.

El personal del juzgado deliberadamente ocultó el “detalle” todo el día. ¿Por hábito burocrático o con la intención de retrasar la salida de Eliseo padre y prolongar su semana de tortura? La presión y las gestiones de la defensa y de organismos civiles –incluyendo una declaración pública horas antes de los obispos Samuel Ruiz y Raúl Vera en San Cristóbal– permitieron que Eliseo Silvano padre dejara el penal a una hora tan inusual. Uno de sus acompañantes comenta que las autoridades “no lo querían soltar para que no pudiéramos ver cómo lo dejaron”.

Durante el sexenio presidencial de Carlos Salinas, éste fue observado como un personaje genial incluso hasta para aparentar cercanías con los más necesitados y vestirse, de vez en cuando, con el traje del populismo para repartir prebendas. El inicio de su gestión, entre los duros señalamientos por la deseada elección que le ungió en contra de la manifiesta mayoría de los mexicanos, marcó el derrotero en sus primeros años hasta que, consolidado en el poder, logró poner su sello en la vida institucional del país.

A la distancia, además de las secuelas de los crímenes de Estado que no se han borrado a pesar de la calculada negligencia oficial, dos son las mayores herencias del salinato trágico: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el sostenimiento de la única guerrilla pacifista sobre la tierra, la del EZLN, ahora acompañada con más de cien bandas armadas distribuidas por diez entidades del país según el registro de la Secretaría de la Defensa Nacional. Lo primero significa un detonante social que, catorce años después de la puesta en marcha, sigue siendo cuestionado por los afectados en el campo, por lo general quienes no han podido especular para modificar el sentido de sus empeños productivos; y lo segundo provee de escenarios violentos que, a su vez, sirven espléndidamente de camuflaje a las grandes mafias con territorialidad coincidente con la de los grupos sublevados.
El legado es, desde luego, corrosivo por donde se vea. Y a pesar de ello nadie, en los círculos del poder, se detiene a meditar sobre los antecedentes que proyectaron, haciéndolo ineludible, el escenario actual. Y por allí anda el ex presidente quien, además, considera superadas las “rencillas” políticas como si éstas prescribieran con el paso de otras administraciones. De cualquier manera se nos dirá que no se puede andar hacia el pasado al igual que se subraya la imposibilidad de que las víctimas mortales de la violencia vuelvan a los planos materiales para reclamar justicia. Siempre, las sentencias manidas destinadas a mantener los intereses soterrados.

El hecho es que, casi tres lustros después, el celebrado TLC, signado por George Bush padre también cuando intentaba reelegirse en la Casa Blanca –sería su vástago quien cumpliera el propósito exaltando los aires bélicos y la consiguiente globalización de la violencia-, tiene en jaque a los productores agrarios que, por supuesto, se sienten en una deplorable situación de desventaja frente a los exportadores del norte que pueden darse el lujo de mandarnos sus excedentes a precios abatidos para disminuir los márgenes negativos de la comercialización. Y ello, en buena medida, gracias al sustantivo ahorro que deviene de contratar la barata mano de obra de los “indocumentados” deslumbrados por los espejismos. Esto es: por falta de oportunidades en nuestro país, millones de mexicanos vuelcan sus esfuerzos en territorio estadounidense y acaban por subsidiar a los ricos.

Lo mismo sucede en cuanto a las ventas del crudo: quienes especulan, en el primer mundo, de benefician del subsidio que les facilitan los pobres países productores que venden barato, a requerimiento de los compradores fuertes, mientras éstos ofrecen muy caros los productos refinados. Los débiles pierden dos veces a la vista de la desatada ambición de los poderosos. Y no hay político ni partido capaz siquiera de proponer alternativas viables más allá de los paralizantes discursos incendiarios. La demagogia no sirve para modificar las rutas de la asfixia financiera.

El reclamo de millones de mujeres y hombres del campo, atenaceados por los bajos precios que les impone el mercado y la carestía de los insumos –una relación fatal para cualquier inversionista-, no extraña. Sorprende, eso sí, que ya transcurrieran catorce años sin que las fuentes de la oficialidad ofrezcan respuesta y salidas a una crisis que fue previsible desde el momento mismo de trazar las líneas generales del tratado gracias al cual el régimen de Salinas pudo planificar la reestructuración de la deuda externa mirando, claro, por los intereses de los acreedores.

Debate

Por cierto, debe hablarse igualmente del tercer legado salinista: la privatización de buena parte de las paraestatales, sobre todo las productivas, que le permitió presumir, al mandatario en funciones y a quien fungió como secretario de Hacienda en el periodo, Pedro Aspe Armella, por el superávit alcanzado en los años de consolidación política del régimen –del tercero al quinto del sexenio-, como efecto de los altos precios del crudo y las ventas, muchas de ellas a precios de verdadera oferta, de buena parte de la estructura gubernamental. Por supuesto, las bienaventuranzas fueron para los grandes socios del establishment.

Tratado, emboscadas y superávits, desde luego, generan dobles lecturas. Los beneficiarios de las derramas de aquella época, todos ellos con elevado estatus entre los grandes empresarios con fuentes multinacionales, dirán que tales elementos proveyeron de estabilidad y seguridad a un país endeudado.
Incluso no faltan quienes asumen que el verdadero papel estratégico del soliviantado EZLN fue el aseguramiento de la continuidad política en 1994, a favor de un candidato priísta sin carisma ni capacidad de liderazgo tras consumarse el sacrificio de otro que amenazó con desprenderse de la ubre salinista. El perfil histórico, eso sí, cambió de manera por demás dramática.

Esto es, los amagos de violencia, ahora convertido en ejecuciones sumarias y hasta rutinarias, han sido un excelente camuflaje para desviar la atención de cuanto sucede en los sótanos de la vida institucional. Por ejemplo, las grandes complicidades que se nutren, precisamente, de los escenarios violentos como parte del andamiaje operativo. ¿Quién mató a Colosio? Y como ésta pregunta otras se responden señalando hacia las mafias dominantes tan estrechamente vinculadas con la clase política sin distingo de partidos ni ideologías. No hay nadie que pueda arrojar la primera piedra creyéndose libre de culpa.

Tras una serie de atentados perpetrados el año pasado contra instalaciones de Pemex, el fantasma de la guerrilla reapareció en México.

Pero el EPR, autor de estos ataques, no es el único grupo subversivo. Una escisión eperrista, las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP), también ha atentado contra objetivos públicos y privados y, a siete años de su creación, dice tener presencia en diversas ciudades y pueblos.

Las FARP dicen a MILENIO que si bien dudan de un gobierno como el de Felipe Calderón, que “criminaliza la lucha social”, aceptarían la posibilidad de entablar “un diálogo verdadero” para encontrar una salida negociada a sus demandas.

“Las FARP creemos en el diálogo”, afirma la organización armada. “Sin embargo, un gobierno que criminaliza la lucha social, la lucha por los derechos humanos, la lucha política, la lucha civil y pacífica, ¿será capaz de ofrecer un diálogo verdadero?”, pregunta el grupo que colocó bombas caseras en diversos bancos entre 2000 y 2001.

Sobre las acusaciones lanzadas desde el gobierno, en torno a vínculos entre la guerrilla y grupos del narcotráfico, las FARP responden: “Es ya de sobra conocido que donde verdaderamente está infiltrado el narcotráfico es en los tres niveles de gobierno, en sus cuerpos policiacos y militares”.

La organización rebelde —que se escindió del EPR a finales de los noventa— considera que una gran alianza de los grupos guerrilleros existentes “podría equilibrar y superar la inferioridad actual frente al Estado”. También critica que en Guerrero las estructuras conservadoras del PRD se hayan aliado con el sector caciquil de Rubén Figueroa y consideró probable un estallido social “a mediano plazo” en la entidad gobernada por Zeferino Torreblanca.

La entrevista se gestionó desde finales 2007 y apenas la semana pasada “una comisión de prensa” de las FARP entregó las respuestas al largo cuestionario elaborado por MILENIO, en el que se tocan diversos temas. Además, los guerrilleros enviaron fotografías donde aparecen integrantes disparando y preparándose militarmente.

¿En qué momento y bajo qué circunstancias aceptarían una oferta del gobierno federal?
Aunque la pregunta la consideramos imprecisa, suponemos que se trata de la probabilidad de entablar un diálogo que permita una salida negociada con el gobierno. Las FARP creemos en el diálogo. Más aún, siempre mantenemos abierto ese canal. Pero lo importante no es el diálogo en sí, sino la confianza en entablar uno verdadero y fructífero.

“Por ello, deben darse al menos dos condiciones para lograr un diálogo verdadero: de parte del gobierno debe haber una auténtica voluntad, no esa cosa que suele llamar ‘diálogo’ y que no es más que un burdo escenario de trampas y trapacerías para acuchillar al adversario por la espalda.

“El diálogo debe dar resultados verificables por parte nuestra. Uno que sólo deja papeles con firmas a las que luego no se les quiere dar ningún valor real, ningún compromiso serio, no sirve para nada, más que para desacreditar el diálogo mismo.

“Sin embargo, un gobierno que criminaliza la lucha social, la lucha por los derechos humanos, la política, civil y pacífica, ¿será capaz de ofrecer un diálogo verdadero?

“Un gobierno que desaparece a adversarios políticos, que asesina en anticonstitucionales retenes policiacos y militares a niños y mujeres; un gobierno ilegítimo incapaz de reconocer que está infiltrado por la corrupción y el narcotráfico y que lleva su guerra intestina de poder putrefacto a todo el país, a todas las calles, a todos los ciudadanos, ¿será capaz de ofrecer un diálogo verdadero? Un gobierno vendepatrias, ¿puede ser capaz de ofrecer un diálogo verdadero a un grupo de patriotas revolucionarios?

Ante los señalamientos de posibles vínculos entre el narco y la guerrilla, ¿qué responden?
Nosotros pensamos que es parte de la guerra de baja intensidad para desprestigiar a las organizaciones revolucionarias, para tratar de justificar la injustificable represión política, la militarización y el impulso de leyes que inhiban las libertades ciudadanas.

“Es ya de sobra conocido que donde verdaderamente está infiltrado el narco es en los tres niveles de gobierno, en sus cuerpos policiacos y militares”.

¿Qué valoración tienen sobre Guerrero, se habla de que hay un estallido social en ciernes?
Predecir tal acontecimiento es muy difícil, sobre todo por la mediatización que se está generando por parte de las estructuras conservadoras del PRD, en alianza con el grupo caciquil de Rubén Figueroa.

“Hemos denunciado que, dada la actual coyuntura electoral, se están invirtiendo enormes cantidades de dinero para comprar el voto, para corporativizar a diversos actores políticos y sectores sociales. Es de esperarse que se “resuelvan” ciertas demandas sociales en las que la atención mediática está asegurada, para de ese modo disminuir la presión de la lucha social y política.

“Prevemos tal escenario, a mediano, no a corto plazo, una vez que los cantos de las sirenas se alejen y el pueblo, más organizado y consciente, vea su realidad.

¿Qué tipo de defensa podrían hacer de los comuneros de La Parota, en caso de que la CFE decida construir la presa hidroeléctrica?
Los compañeros de La Parota o del CECOP no necesitan que los defiendan; han demostrado con creces tener la capacidad política y organizativa para defenderse. Un pueblo organizado y consciente no es fácil vencerlo ni desaparecerlo.

“Nuestra actitud hacia ellos será, por tanto, la misma que tuvimos hacia los compañeros de la APPO: de solidaridad y respeto, sin entorpecer o complicar su lucha.

“En todo caso, en el curso de los acontecimientos, haríamos las valoraciones o revaloraciones pertinentes”.

Fecha: 2008 01 15
Grupo: Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario
País: Mexico
Categoria : Comunicado

AL PUEBLO DE MEXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, POLÍTICAS Y REVOLUCIONARIAS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!

Aclaremos, señores del gobierno ilegítimo de Calderón, porque parece que no entienden o no quieren entender a pesar de las evidencias que contradicen cuanto declaran:

Nuestra campaña de hostigamiento iniciada el 5 de julio del año pasado, no es contra el pueblo de México –como dolosamente manifiesta el Sr. Francisco Ramírez Acuña a través de la Dirección General de comunicación Social, el día 7 de diciembre de 2007 en su Boletín No. 331-07/12/2007, está dirigida contra su gobierno para efectivamente 1) denunciar la desaparición de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, detenidos-desaparecidos por sus agentes federales y por extensión de José Francisco Paredes Ruiz; 2) exigir su presentación con vida y en libertad; 3) para que cese la impunidad con la que su gobierno haciendo “uso legítimo de la fuerza” viola constantemente los derechos humanos de luchadores sociales; y 4) para que por medio de una Ley de amnistía se liberen a todas y todos los presos políticos y de conciencia del país.

Felipe Calderón Hinojosa está desarrollando la guerra sucia en contra del pueblo organizado de México, (por si no le habían informado) desde el momento en que cerró la posibilidad de que Luis Echeverría Alvarez fuera juzgado por su responsabilidad y autoría de los crímenes cometidos por el ejército en contra del movimiento estudiantil de 1968, el halconazo contra jóvenes estudiantes el 10 de junio de 1971 y la guerra sucia en contra de guerrilleros durante su sexenio; desde el momento en que dio libertad a Arturo Acosta Chaparro, asesino señalado por familiares de sus víctimas y autor de cientos de desapariciones forzadas en el estado de Guerrero en contra de guerrilleros del Partido de los Pobres y sus familiares. Siendo así, todos los gobiernos hasta el actual son cómplices del genocida de Echeverría, solapándole la impunidad.

La guerra sucia no es un eufemismo, constituye un componente activo de la Guerra de Baja Intensidad que su gobierno ha venido desarrollando, desde el momento en que cobija con la impunidad a los gobernadores del estado de México, Puebla, Chiapas, Guerrero y Oaxaca y en contubernio con la vergonzante Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), desde que ésta no sienta jurisprudencia y no combate frontal y decididamente la violación a los derechos humanos de una periodista, escritora y defensora de los derechos humanos y a la pederastia, permitiendo el contubernio entre “autoridades”, funcionarios y empresarios corruptos y degenerados que degradan la vida de nuestro pueblo y sobre todo se ceban en la inocencia de nuestras niñas y niños, destruyendo su futuro; desde que se tardó en “analizar y estudiar” si ampliaba la investigación de la brutal represión en Oaxaca.

Basta con una sola violación a los derechos humanos de cualquier ciudadano, en cualquier rincón de la patria, basta con una sola desaparición forzada para que “su” gobierno quede consignado en la historia como un gobierno que no respeta los Derechos Humanos de su pueblo, ni su voluntad, ni la democracia, ni la justicia, o ¿Cuántas violaciones a los Derechos Humanos y de qué magnitud habrían que acumularse para ser consideradas como tales y la SCJN las considere graves?

¿Cómo habría que llamar a quienes les son violados sus derechos humanos?, ¿No es Lydia Cacho Ribeiro una víctima de la injusticia propiciada por la misma SCJN?, ¿No son víctimas Flavio Sosa Villavicencio de la APPO y sus hermanos, ni David Vega Zamarripa e Hilario Vega Zamarrita, dirigentes de la sección 49 de la refinería de Cadereyta, desaparecidos el 6 y 7 de Mayo; ni José Francisco Paredes Ruiz, ex preso político que perteneció al Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR) desaparecido el 26 de septiembre en Morelia, Mich.; ni quienes fueron detenidos con “rudeza innecesaria” por haber pertenecido al PROCUP-PDLP? Todas las mencionadas violaciones a los Derechos Humanos han ocurrido en el incipiente sexenio del Sr. Felipe Calderón Hinojosa para no mencionar las ocurridas con Vicente Fox y nos “cuadre el argumento”, constituyen parte de la instrumentación de la guerra sucia y no es sólo contra nuestro partido, esencialmente es contra todo el pueblo organizado.

¿Llaman “recuperar el estado de derecho” a la salida del ejército de sus cuarteles para realizar una actividad no indicada por nuestra Carta Magna?, ¿”recuperar el estado de derecho” a que el ejército continúe entrenando y arme a grupos paramilitares sobre todo en el estado de Chiapas? ¿No está militarizado Chiapas, Chihuahua, Michoacán, Sinaloa, Veracruz por nombrar sólo unos estados?

¿No es una política criminal deliberada del gobierno federal la reforma al sistema judicial entregada en marzo a la Cámara legislativa por Felipe Calderón?, ¿Quieren decir que lo que suceda como resultado de las funciones que han obligado al ejército a realizar seguirán siendo tipificados como “incidentes” y quien seguirá sufriendo sus aberrantes acciones es nuestro pueblo como sucede hoy con el asesinato de un joven en un reten militar en Michoacán?

La reforma judicial que FCH propuso ha sido impugnada por renombrados defensores de los Derechos Humanos, respetables juristas, prestigiadas Organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, no sólo por nuestro PDPR-EPR y ha sido desenmascarada como un grave retroceso en el respeto a los Derechos Humanos. ¿No han leído los informes de AI, la CIDH, la CEJIL todavía?, ¿No han analizado sesudamente y entre líneas los periódicos nacionales últimamente?

“Por desgracia en México”… quienes no tienen “una cultura de legalidad más arraigada” son las instituciones como la AFI, la PFP, la SIEDO, la SSP o la PGR, SEDENA, la SRA, la Secretaría del Medio Ambiente quienes amparadas por las leyes –faltaba más- violentan su tan cacareado estado de derecho.

El estado de derecho actual, es un estado de derecho que preserva los intereses del capital, veamos: ¿Cuántos logros alcanzados en el pasado no han sido anulados por las actuales reformas a la Ley del Seguro Social y la Ley del ISSSTE?, sólo por nombrar las más representativas. ¿A quiénes benefician esas reformas?, todo acto de represión se presenta como un deber de Estado.

La Ley contra la delincuencia organizada del actual estado de derecho, es una ley que incluye la protesta social en la categoría de delincuencia organizada, como consecuencia los luchadores sociales son tratados como delincuentes del crimen organizado, porque los delitos que se les imputan son delitos del fuero común tratando de desvirtuar su participación en la protesta social, y el Estado usa la violencia legitimizado por esta ley, -nada de represión- no sólo en contra de ellos sino en contra de su familia y amigos, su “entorno” como se dice en los manuales de la GBI. Luego toda protesta social vista desde su estado de derecho viola las leyes a menos que se conduzcan por el estrecho margen de la movilización pacífica y la resistencia pasiva que nos ha llevado a la actual situación.

No habría criminalización de la protesta social si el Estado, el gobierno de FCH en el “uso legítimo de la fuerza” reformara las leyes en función de los intereses del pueblo de México y no de los intereses de la oligarquía nacional y extranjera.

Su propuesta de reforma judicial lo único que intenta es legalizar todas las violaciones que se continúan cometiendo, sobre todo en contra de los luchadores sociales, al criminalizar la protesta social anula de facto los derechos plasmados en nuestra Constitución al intentar legitimar acciones policíaco-militares que violan flagrantemente los derechos constitucionales.

Insistiremos las veces que sea necesario para señalar que nosotros no somos parte de la delincuencia organizada, somos revolucionarios, luchadores sociales que ante la actitud irracional de este gobierno que continuamente está violando nuestros derechos nos da el legítimo derecho de las acciones de autodefensa. Es del conocimiento de nuestro pueblo y de pueblos hermanos que somos una fuerza insurgente beligerante y como tal nos acogemos a los Tratados de Ginebra. Quienes en la Cámara de Diputados y Senadores del partido que sean que aprueben la reforma judicial propuesta por Calderón que criminaliza la protesta, la lucha social y los actos de autodefensa deben asumir la responsabilidad de las consecuencias derivadas de sus actos. En lugar de aprobar aberraciones deberían de promulgar inmediatamente la amnistía general para la libertad de todas y todos los presos políticos del país.

Decir que en el gobierno de FCH “no se persigue ni se perseguirá a ningún activista social por serlo”, es una falacia, tanto es que existen cientos de presos políticos, y hasta esta fecha la desaparición de más de 28 ciudadanos en el estado de Guerrero, la de Francisco Paredes Ruiz y la de los hermanos Vega Zamarripa además de la de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, siendo éstas últimas las que dieron lugar a nuestra Campaña de hostigamiento como una acción de autodefensa para tratar de evitar que se reedite la guerra sucia de los setenta y para intentar que no haya más impunidad.

Los actos represivos de este gobierno sobran y los más recientes son: el arresto de más de 20 simpatizantes de la APPO en la conmemoración de una año en “la victoria de todos los santos” cuando replegaron a la PFP; la detención de Juan Murguía Franco dirigente del Barzón Auténtico de Sonora y Alfonso Chaparro, dirigente de choferes de Hermosillo; el desalojo violento de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa por demandar 75 plazas y la permanencia de la licenciatura en educación básica; la incursión militar en el municipio de Metlatonoc en el pueblo de Juanacatlán, en la montaña alta, Gro. En la que detuvieron a dos pastores e intentaron catear las casas; el permanente acoso paramilitar a las bases zapatistas; la agresión hacia Mariana Villa Real, colaboradora en las áreas del jurídico y educación del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Coahuila; las agresiones contra el obispo de Saltillo, Raúl Vera, y la reciente incursión policíaca- militar contra los huelguistas de Cananea, bajo el auspicio de la corrupta Junta de Conciliación y Arbitraje.

La condena que recibieron Ignacio del Valle y sus compañeros de 67 años de cárcel –mucho mayores que se las de delincuentes del crimen organizado- es también un elemento de la GBI ya que castiga sin piedad la organización y protesta social para sentar un precedente e intentar paralizar la protesta popular.
La detención-desaparición, la tortura y las violaciones ejercidas en contra de las personas detenidas en Oaxaca, así como su envío a prisiones tan alejadas de su ciudad de origen es un elemento más de la guerra sucia, así como la ya mencionada reforma judicial que de ser aprobada viene a legalizar los abusos que durante este gobierno se les ha dado continuidad. ¿Cuál invento?, sólo hemos estado describiendo una realidad represiva que afecta no sólo a nuestro partido, sino a organizaciones sindicales, obreras, campesinas, indígenas, populares en general a todo ciudadano que se atreve a organizarse y protestar.

Guerra sucia también es la censura de la que está siendo objeto la periodista Carmen Aristegui a quien saludamos solidariamente a quien le decimos que ya tampoco escuchamos la W.

Señores del gobierno de Felipe Calderón, tenemos la certidumbre de que nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez fueron detenidos-desparecidos por agentes federales, si supiéramos los nombres de quiénes realizaron esta acción y supiéramos exactamente dónde los tienen, ustedes ya no estarían en el gobierno y si responsabilizamos tanto a funcionaros federales como estatales de Oaxaca, como Ulises Ruiz Ortiz –exageradamente protegido por Felipe Calderón Hinojosa quienes a pesar de sus diferencias se unen en cuanto se trata de salvaguardar sus intereses políticos y económicos en santa cruzada para reprimir al pueblo- es porque son parte del Estado mexicano, responsables de la política que desarrollan y responsables de las actividades de sus fuerzas militares y policíacas. No es necesario que se manchen las manos ni que den una orden expresa, las violaciones a los Derechos Humanos del pueblo mexicano obedecen a una estrategia que se supone es dictada por Felipe Calderón Hinojosa o en su defecto por los poderes fácticos que existen por encima de él.

Por lo que preguntamos: ¿Quién gobierna en México?, ¿El gobierno legalmente constituido pero no legítimo o los poderes fácticos que impusieron a Felipe Calderón Hinojosa? Porque si FCH es presidente de la República “haiga sido como haiga sido” le falta tomar realmente dediciones a favor del pueblo, “haiga sido como haiga sido”, debe presentar ya a nuestros compañeros Edmundo y Gabriel, a Francisco, David e Hilario, “haiga sido como haiga sido”.

¿Cómo confiar en un Francisco Javier Ramírez Acuña? cuando se ampara en el Estado de Derecho para decir que “…Esa es razón suficiente para que el Gobierno Federal investigue la presunta desaparición de las dos personas de esa organización.” Cuando siendo gobernador de Jalisco, ordenó la represión, tortura, vejación y violación contra los jóvenes altermundistas extranjeros diciendo que eran chilangos los que habían “alterado el orden”, así como también, a periodistas nacionales y extranjeros demostrando de esta manera su inclinación a la violación de los Derechos Humanos.

No le importó que fueran jóvenes, no le importó si eran hombres o mujeres, tampoco le importó que fueran inocentes completamente ajenos a la protesta que se estaba dando, sólo prevaleció su compromiso con su supuesto estado de derecho. ¿Quién no nos dice que hoy sea cómplice de la detención-desaparición de nuestros compañeros y trate de curarse en salud?, como lo hacen el PAN y el PRI al negar la existencia de presos políticos y de conciencia en nuestro país, luego ¿Qué posibilidad real existe de que diputados y senadores del PAN y PRI aprueben una Ley de Amnistía General, como es la exigencia popular? Señores, sean consecuentes con su actitud y digan claramente a que intereses están defendiendo y por lo tanto representan.

Cada Ley que aprueba o no el Poder legislativo tiene una incidencia concreta en nuestro pueblo, numéricamente la mayoría la hacen el PRI y el PAN luego, ¿Aprobarían una Ley de Amnistía General cuando ni siquiera –según su Boletín- existen?

No vale que FRA niegue que nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez fueron detenidos por agentes de la AFI y decir que nosotros mismos no sabemos qué pasó con ellos, tratando de contrainformar a la opinión pública, eso no es más que la aplicación -precisamente- de la guerra sucia, como parte de la instrumentación de la guerra de baja intensidad para tratar de eludir su responsabilidad en este crimen de lesa humanidad.

Que haya respondido como lo hizo, aprovechando la cobertura de los medios a la publicación de un “último comunicado” nuestro, lo retrata de cuerpo entero al considerar que ya no iba a haber respuesta de nuestra parte, ordenando una campaña mediática para que su supuesta verdad quedara como la última impresión pública.

En primer lugar nuestra demanda que es la presentación con vida y en libertad de nuestros compañeros no está siendo atendida, están tratando de darle curso dentro de su estado de derecho para responsabilizar a quién sabe quién, ya que ustedes sí saben dónde están nuestros compañeros y quienes los detuvieron, o ¿es que no acudieron a la PGJ del Estado de Oaxaca e interrogado a los funcionarios en turno a partir del 25 de mayo, en donde encontrarían a más de un testigo?

En segundo, la guerra sucia sí existe, los hechos que hoy señalamos insistentemente para que no lo omitan o lo olviden, son:

Dos de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez fueron detenidos-desparecidos por sus agentes federales el 25 de mayo, lo que dio lugar a nuestra Campaña de Hostigamiento; en esas mismas fechas también fueron detenidos-desaparecidos Gilberto Romero Vázquez, Baltasar López Pita y Rafael Ramírez Bautista en el estado de Guerrero y Roberto Paredes Nieto del Estado de México; después de participar el 23 de septiembre en la conmemoración del Asalto al Cuartel Madera, el 26 de septiembre desaparecieron a otro luchador social Francisco Paredes Ruiz y posteriormente desaparecieron a David e Hilario Vega Zamarripa, luchadores sociales también; los más de 28 desaparecidos en el estado de Guerrero que no es sólo responsabilidad estatal, por lo que ustedes iniciaron una ofensiva contra los luchadores sociales sin imaginarse que en esta ocasión sí tendrían una respuesta de autodefensa de nuestra parte.

Tercero, qué autoridad moral tiene el gobierno federal de decir que nuestro Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario debiera suspender su campaña de hostigamiento si su pecado es haberse impuesto mediante un fraude de origen para continuar gobernando con la política neoliberal en contra del pueblo mexicano a través del autoritarismo y la militarización del país, producto de una tendencia fascista.

Si es real que “… El Gobierno Federal tiene un compromiso con la sociedad de otorgar seguridad a todos los mexicanos y de darle plena vigencia al Estado de Derecho.”

¡Que empiece ya!

Primero, que presente a nuestros dos compañeros detenidos-desaparecidos así como a todos los luchadores sociales que también están detenidos desparecidos.

Segundo, ponga en libertad a todas las presas y presos políticos y de conciencia del país cuya existencia niegan en su definición aún a contrapelo de los informes de Organismos nacionales e internacionales defensores de los Derechos Humanos y organizaciones populares. Presos políticos que no deberían de estar en penales de exterminio de máxima seguridad, sería bueno que pasaran a otro tipo de cárceles donde tuvieran la oportunidad de seguir desarrollando sus virtudes creativas, como un paso previo a la ley de amnistía general en un gesto de capacidad política del actual gobierno.

Tercero, que cumpla con las demandas expuestas en el comunicado de nuestro partido emitido el 18 de septiembre de 2007 y ratificadas en el comunicado del 2 de octubre de 2007.

Para terminar comunicamos a nuestro pueblo que al accionar en cualquier lugar de la República mexicana, momentos antes el gobierno sabrá de nuestra acción para evitar pérdidas humanas ya que si las existieran serían responsabilidad del gobierno.

Recuerden para que tengan en cuenta la moral del revolucionario, aunque sus supuestos principios no lo conciban, es la prudencia y la cordura. Pero que también éstas tienen límites las cuales al no presentar a nuestros compañeros son ustedes los que nos obligan a realizar más acciones de autodefensa. Reiteramos ¿Hasta cuándo tenemos que esperar o soportar…? porque entre nuestro pueblo, militantes y combatientes ya existe una firme determinación de no esperar más tiempo con tanta impunidad, ¿Cómo se atreven con tanto cinismo afirmar que nuestro PDPR-EPR se quede con las manos cruzadas mientras nuestros compañeros siguen siendo torturados y no son presentados, y hasta estos días se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad con la desaparición actual del dirigente indígena Lauro Juárez en el estado de Oaxaca?, es a usted Sr. FRA y su gobierno a quienes no les “cuadran” los hechos.

Hoy apoyamos decididamente y de una manera enérgica a nuestro pueblo que se atreva a rechazar ese acto criminal contra el campo mexicano por medio del TLCAN, y este pueblo sabrá responder y necesita responder a los actos violentos de este gobierno de acuerdo a su capacidad y creatividad ante la embestida gubernamental. ¡A luchar por todos los medios por la cancelación del TLCAN!, es el momento de la unidad y de impulsar todas las formas de lucha sin importar nuestra propia vida al enfrentar estos hechos perversos y antipopulares.

Aprovechamos, con motivo de un nuevo año para enviar un caluroso abrazo fraterno a todos nuestros camaradas militantes y combatientes que cada día hacen un esfuerzo ya sea en las montañas o en las ciudades dando continuidad a su preparación político militar para responder adecuadamente ante cualquier represión.

Donde quiera que se encuentren Edmundo y Gabriel tengan la convicción que no descansaremos hasta tenerlos de regreso y seguiremos luchando porque jamás exista una desaparición forzada.

¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!
¡POR LA PRESENTACION DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS!

¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ CENTRAL
DEL
PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO.
PDPR
COMANDANCIA GENERAL
DEL
EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR

Año 44
República Mexicana, a 15 de enero de 2008.