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La secretaría de Gobernación (Interior) de México pidió en un comunicado a la guerrilla mexicana Ejército Popular Revolucionario (EPR), que ha reivindicado ataques a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), cesar su “hostigamiento” porque su principal demanda “está siendo atendida”.

“Para ser congruentes con su posicionamiento, el EPR debiera cesar su campaña de hostigamiento”, dijo Gobernación en un comunicado de cuatro páginas emitido cerca de la media noche del viernes.

“En primer lugar, porque su demanda está siendo atendida”, sostuvo la dependencia.

El EPR denuncia que dos de sus militantes fueron detenidos en mayo en Oaxaca durante una manifestación, que han sido torturados y que se encuentran en un campo militar.

Desde entonces, en demanda de su “liberación”, ha cometido una serie de atentados contra ductos de la principal empresa de México, Pemex, que no han dejado heridos, pero afectaron a las empresas debido a la interrupción del suministro de gas a muchas de ellas, debido a los ataques.

“¿Con qué autoridad moral le demandan al Estado la vigencia del estado de derecho (que aparezcan sus compañeros) si ellos se otorgan el derecho de violarlo (realizar actos de sabotaje) cada vez que quieran?”, replicó en su comunicado Gobernación.

“La supuesta guerra sucia”, denunciada en los comunicado del EPR, “de la cual serían víctimas no existe”, añade.

Si “deciden continuar con la violencia en contra de los mexicanos, quedará claro que su demanda no es real y tienen otros motivos para agredir. Estarían mintiendo”, concluyó Gobernación.

Después de asegurar que “los eperristas no tienen una idea clara de qué les pasó a sus compañeros y menos de quienes fueron los autores ni materiales ni intelectuales de la presunta desaparición”, Gobernación expone que la fiscalía federal inicio una “averiguación previa” sobre la desaparición de los dos desaparecidos.

El EPR, al que no se atribuía gran capacidad operativa hasta los atentados de julio, mantiene células en la sierra de Guerrero y en Oaxaca, además de algunos municipios del estado de Chiapas (sureste), donde surgió en 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, dirigido por el ’subcomandante Marcos’.

México se encuentra amenazado por un estallido social que, al igual que hace más de 30 años, podría surgir de las zonas marginadas de Guerrero y Oaxaca, admite Hilario Mesino, fundador de la Organización Campesina de la Sierra Sur (OCSS).Lo paradójico es que la salida del PRI de la Presidencia de la República y del gobierno estatal en Guerrero no cambiaron en nada la situación y actualmente incluso se ha radicalizado, reconoce.

Hechos como la reciente represión de estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa, por parte del perredista de Zeferino Torreblanca y el intento de construir una presa en la zona de La Parota, cerca de Acapulco, por parte del panista de Felipe Calderón son el detonador.

A esto hay que añadirle el fenómeno del narcotráfico, que ha empezado a servirse de organizaciones guerrilleras para comprarles impunidad a cambio de armas. El fenómeno es evidente en las zonas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Tan sólo en esta zona de Guerrero existen una decena de organizaciones con capacidad importante de movilización como son la propia OCSS, con influencia en Coyuca de Benítez y Atoyac; la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de México (Afadem) y el Movimiento Social de Izquierda (MSI).

Están también el Consejo Cívico Comunitario Lucio Cabañas Barrientos (CCC-LCB), y el Frente Ciudadano de Atoyac (FCA). Algunas de éstas tienen nexos con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), que a su vez cuenta con un brazo político: el Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR).

Esta organización apareció por primera vez en 1996 tras la masacre de Aguas Blancas y recrudeció sus actividades subversivas a principios de este año. Amenazan con escalar el hostigamiento al gobierno de Calderón hasta que aparezcan sus compañeros desaparecidos Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez.

A nivel nacional existen unos 14 grupos armados, pero los más conocidos son el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el EPR, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), relacionado con el Procup y con actividad entre Oaxaca y Guerrero.

“Estamos regresando a los años 70s. El hecho de que el gobernador se reúna con René Juárez Cisneros (ex gobernador de Guerrero), uno que dejó al estado vacío, la corrupción fue fuerte y con el hijo de Rubén Figueroa, que fue el que asesinó mucha gente. Su padre fue el que mató a más de 600 campesinos en los años 70 y los de Aguas Blancas…”.

Guerrilla reapareció en México

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El Ejército Popular Revolucionario (EPR), un presunto grupo guerrillero que se ha atribuido ataques a ductos de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) advirtió de la posible reanudación de acciones de “autodefensa” y de “hostigamientos” armados.

‘Autodefensa popular’

En un comunicado divulgado en un sitio de internet que suele colocar textos de organizaciones rebeldes latinoamericanas, el autodenominado Ejército Popular Revolucionario (EPR) señaló que debido a la desaparición de dos de sus miembros supuestamente detenidos por las autoridades, “tenemos todo el derecho de actuar en consecuencia”.

El EPR, un grupo que apareció públicamente en 1996, se adjudicó ataques a ductos de Pemex en julio y septiembre, en acciones que ha calificado de “autodefensa” ante la desaparición en mayo de dos de sus compañeros, a quienes identifica como Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

El gobierno del presidente Felipe Calderón ha negado que los haya detenido y desaparecido.

“¿Qué quieren que se haga o se siga haciendo, el Estado, el régimen, Calderón, los militares, los empresarios, los partidos políticos, la mal llamada clase política, los medios de difusión para que ya sean presentados en libertad nuestros compañeros, porque ya es mucho tiempo transcurrido y no hay una respuesta real, concreta y favorable?”, señaló el grupo en el texto, cuya autenticidad no ha podido ser verificada.

“Porque continuando con esa actitud tenemos todo el derecho de actuar en consecuencia con lo que nuestro pueblo exige”, añadió.

El EPR concluyó que “ante tanta agresión y agravio desde el Estado mexicano y su gobierno de ultraderecha el único camino que le queda a todo el pueblo que lucha por sus derechos establecidos en la Constitución es el hostigamiento y la autodefensa armada popular”.

El gobierno ha dicho que los ataques a las instalaciones de Pemex son actos de terrorismo y no de reivindicación social o política como los plantea el EPR, grupo al que consideran relativamente pequeño pero violento, cuyas acciones distraen los esfuerzos del gobierno para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, un problema que ha afectado en los últimos años al país.

El EPR advirtió al gobierno de que no se equivoque al pensar de que la organización no tiene capacidad para mantener sus acciones después de que no hubo el esperado “hostigamiento político militar” de su partido en octubre y noviembre pasado cuando se habló de la “necesidad de diálogo”.

En un trabajo de próxima publicación, el historiador del Colegio de México Juan Pedro Viqueira, en colaboración con José Eufemio Aguilar Hernández y Martín Díaz Teratol, documenta que hacia 1995, desde el gobierno estatal se fomentó la creación de grupos paramilitares en Los Altos de Chiapas. En referencia específica al municipio oficial San Andrés Larráinzar, pero irradiando sobre lo que sucedería en Chenalhó posteriormente, y que condujo a la masacre de Acteal, el trabajo confirma que existió una política contrainsurgente animada desde las instituciones priístas.“Hubo miembros del gobierno de Chiapas que buscaron y alentaban la confrontación entre los dos bandos (priístas y zapatistas). En una ocasión en que el presidente municipal de Larráinzar acudió a Tuxtla Gutiérrez para realizar diversas gestiones, un funcionario estatal lo hizo pasar a su oficina y a puertas cerradas le dijo que era necesario detener el crecimiento del EZLN en Larráinzar. Dado que los zapatistas estaban armados y entrenados, era necesario que los priístas procediesen de la misma manera para poder enfrentarlos con eficacia. Lo que proponía el funcionario era, pues, que el presidente municipal creara un grupo armado con los jóvenes más decididos que se oponían al EZLN, un grupo de ‘paramilitares’, según la terminología que utilizaban muchos medios de comunicación.

“Ciertamente el funcionario no podía ayudarle a conseguir las armas –aunque era bien sabido que se podían comprar sin mayores problemas en las colonias periféricas de San Cristóbal de Las Casas–, ni le podía proporcionar dinero; pero en cambio se comprometía a garantizarle una total impunidad y a promover su carrera política para que en un futuro no muy lejano lograra ser electo diputado estatal” (Los otros acuerdos de San Andrés. Microhistoria política de Larráinzar, Chiapas, 1985-2004, por José Eufemio Aguilar Hernández, Martín Díaz Teratol y at last but not least Juan Pedro Viqueira).

Aunque intenta cierta imparcialidad académica, el trabajo está hecho desde la perspectiva del grupo priísta, sin ocultar irritación y rechazo hacia los zapatistas. Como sea, la intención de esta “microhistoria” es resaltar la capacidad de conciliación comunitaria de los andreseros a pesar de las dicotomías priístas/zapatistas, electoralistas/autónomos y católicos “universalistas/liberacionistas”, plenamente asumidas por los investigadores.

El principal “héroe” (así lo llaman) de esta historia es el ex alcalde priísta Diego Pérez Hernández, quien así habría resuelto el dilema: “El presidente municipal, que no tenía la menor intención de poner en práctica tan peligrosos consejos –aunque había sido elegido bajo las siglas del PRI se le identificaba localmente más bien con los liberacionistas–, fue muy hábil y cauto. Prometió hacer todo cuanto estuviera en sus manos para formar ese grupo selecto de priístas y conseguirles las armas necesarias. Cada vez que regresaba a Tuxtla, el funcionario lo volvía a llamar para informarse de los avances en la constitución y consolidación del grupo ‘paramilitar’.

“El presidente municipal, que muy sensatamente no había llevado a cabo ninguna acción encaminada a alcanzar tal objetivo, le decía que ya había reclutado a varios jóvenes, que había conseguido armas y que habían iniciado los entrenamientos en los montes. Le precisaba también que todo esto lo estaba realizando con suma discreción para que no se supiese que él era el que estaba detrás del grupo de ‘paramilitares’. Gracias a esto, ni los periódicos ni los organismos de defensa de los derechos humanos se habían enterado de la existencia de este grupo armado opuesto al EZLN. Fue así como el presidente municipal logró evitar la presencia de ‘paramilitares’ en Larráinzar, por lo menos durante su administración”.

Más allá de lo benigna que pueda resultar esta pintoresca versión (y que en todo caso no aplica para lo que sí hicieron dos años después los alcaldes priístas en el propio San Andrés y sobre todo en el vecino municipio de Chenalhó), ofrece una inesperada confirmación de que la creación de “paramilitares” era inducida por el gobierno priísta. Ante el hecho de que aquel gobierno estatal (el de Julio César Ruiz Ferro, 1995-1998) estuvo supeditado como ninguno otro a las autoridades federales tanto civiles como militares, no se sostendría la hipótesis de que pudo tratarse de la iniciativa personal de un “funcionario” (a quien el trabajo no identifica).

Los autores mencionan “la criminal idea de algunos funcionarios de Tuxtla Gutiérrez de alentar a los priístas a armarse, que resultó catastrófica en varios municipios”. Al final de su extenso artículo apuntan tangencialmente algunas diferencias, según ellos, con lo ocurrido durante 1997 en Chenalhó.

Manifiesto a la Nación n. 6

“Entonces, meterse al pueblo, ser pueblo, es la primera tarea. Luego de allá sacar la enseñanza del pueblo, sacar la línea, sacar la orientación, ésa es la segunda tarea, pero, luego con eso, crear una organización es el tercer paso y es la tercera tarea (…) El cuarto paso es la teoría (…) Estudiar la teoría no para imponerla, sino para compararla con lo que uno va aprendiendo del pueblo (…) El quinto punto es la colaboración mutua entre todas las organizaciones, entre los grupos o sea ayuda de aquí para allá y ayuda de allá para acá.”

(Lucio Cabañas Barrientos)

A los pueblos de México.
A los pueblos del mundo.
A la Asamblea Popular de los Pueblos de México.
A las mujeres y hombres libres de la Convención Nacional Democrática.
Al EZLN y organizaciones adherentes de La Otra Campaña antineoliberal y anticapitalista.
A las organizaciones revolucionarias armadas del país.

Hace 33 años, perseguido y cercado por el ejército federal, cayó en combate Lucio Cabañas Barrientos, sencillo e inquebrantable dirigente y luchador social contra la injusticia en México.

Lucio Cabañas abrazó la causa de los pobres, desde su natal Guerrero, y luchó sin descanso por la transformación social profunda del país a lo largo de su trayectoria como líder estudiantil, maestro rural, militante comunista, fundador y dirigente del Partido de los Pobres (PDLP) y respetado jefe guerrillero de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento (BCA).

Tras enarbolar las armas de la Ley y la Justicia en defensa de los pobres, Lucio se vio obligado a empuñar la Ley y la Justicia de las Armas, luego de la masacre del 18 de mayo de 1967; al constatar en carne propia que en nuestro país la aplicación de la Ley nunca ha sido pareja para todos.

Lucio llegó a entender que ni la independencia, ni la reforma ni la revolución habían traído verdadera Justicia a todos los mexicanos. Y que la igualdad ante la Ley, plasmada en nuestra constitución, era mera apariencia porque, desde su origen, el mando de la República y el uso concentrado de su fuerza, permanecían bajo control de los poderosos; pero, sobre todo, porque las normas jurídicas establecidas –en medio del conflicto y del acuerdo- para mantener la unidad del país y garantizar la convivencia ciudadana, seguían teniendo como principal propósito la reproducción de las relaciones de dominación que los grandes millonarios y los gobernantes corruptos necesitan e imponen para acrecentar su poder y su riqueza.

Lucio entendió también que, bajo la supuesta igualdad de todos los ciudadanos, seguía existiendo la opresión y el desprecio de unos cuantos sobre la inmensa mayoría del pueblo pobre y explotado. Asimismo, entendió que los ricos, ávidos de poseer y acumular más dinero y poderío, eran invariablemente los primeros en quebrantar la Ley, y los primeros en recurrir a la violencia contra el pueblo, al ver o sentir amenazados sus intereses.

Por eso Lucio tomó las armas y, junto a un puñado de hombres y mujeres valientes, levantó en alto la bandera de los Pobres y se echó al hombro el problema de la Justicia. Luego llamó al pueblo, a todos los pueblos de la tierra, a combatir con las armas y en todas las formas posibles el autoritarismo, la injusticia y la discriminación, a fin de llevar a cabo la “Revolución pobrista”.

Reivindicando como prioritaria la organización política de todo el pueblo, Lucio se proponía formar pequeños grupos guerrilleros, fogueados en el combate, que permitieran ir dominando poco a poco territorios más amplios. También se proponía impulsar la formación de muchos frentes en el país que, en coordinación, pero con relativa independencia, fueran creando un ejército del pueblo capaz de enfrentarse con éxito en una lucha frontal con el enemigo.

“Miren -decía Lucio- no venimos a la guerra por tres meses, venimos a la guerra por diez años, por quince, por veinte, por treinta, por los que sean”…

Desde entonces han transcurrido treinta y tres años, en el transcurso de los cuales el pueblo y sus organizaciones han seguido combatiendo la injusticia, la pobreza, la explotación, el despojo, la discriminación, la represión, el fraude, la imposición, la corrupción política, la guerra sucia y la impunidad de los poderosos. En este tiempo muchas cosas han cambiado y se han reestructurado, lo cual ha hecho a la lucha social y política más compleja.

En efecto, la modernidad capitalista nos alcanzó, pero sólo para dejar tras de sí una mayor catástrofe. El neoliberalismo sustituyó al modelo desarrollista, desmanteló al Estado, saqueó a la Nación y terminó de liquidar nuestra soberanía. El régimen de partido-de-Estado se derrumbó y fue sustituido por un sistema de partidos. La alternancia en el poder cobró realidad, permitiendo a las grandes empresas gobernar y, al mismo tiempo, privatizar los derechos constitucionales. La libertad de expresión ganó terreno, la antigua izquierda socialista se incorporó al poder (aunque muchos dejaron atrás metas y principios), se produjo un mayor equilibrio de poderes, se abrieron nuevos espacios de participación política…, pero nunca pudimos arribar a la Justicia, ni caminar por sus rectas calles, ni pasear por sus anchas alamedas.

No logramos acceder a la Justicia, porque las vías legales y democráticas que podrían conducir a ella, han sido sistemáticamente obstruidas, desde el poder del Estado. Incluso, antes de que nuestras viejas heridas hayan podido restañarse, mediante el castigo a los responsables de la guerra sucia, de las masacres y de la desaparición forzada, los poderosos han seguido asestando nuevos golpes e infligiendo nuevas heridas, por medio del fraude y de la más violenta represión. Prueba de ello son las masacres de Aguas Blancas, Acteal, El Charco, El Bosque y, más recientemente, la brutal represión en Sicartsa, Atenco, Oaxaca, La Parota y actualmente en Ayotzinapa.

Prueba de ello es también la guerra sucia y la desaparición forzada de luchadores sociales como el ciudadano y luchador social Francisco Paredes Ruíz, ex militante del Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR), el pasado 26 de septiembre, sin que a la fecha se tenga noticia de él. Este ominoso hecho devela los mecanismos y prácticas anticonstitucionales a los que sistemáticamente recurre el gran capital para reproducir y afianzar su dominación. Y es sin duda otro mensaje siniestro, transmitido en clave contrainsurgente, que la ultraderecha en el poder ha decidido enviar al pueblo en lucha y a sus organizaciones de izquierda.

Lamentablemente, la Legalidad y la Justicia en México son sólo máscaras que cubren el rostro de la descomposición, la violencia y la impunidad de los poderosos, como lo dejó ver el fraude electoral del 2006 y como lo ha dejado ver la sesgada y venal actuación de la Suprema Corte de justicia de la Nación (aunque no de todos sus ministros), en los casos en que ha tenido que emitir su fallo. Muestra de ello es la exoneración de Mario Marín de las graves violaciones de que fue objeto la periodista Lydia Cacho Riveiro, poniendo de manifiesto que, además de los intereses de clase, existe una red de complicidades vinculadas al narcotráfico, la prostitución y la pederastia que impide en nuestro país la efectividad de la Justicia.

Todo esto forma parte de la renovada ofensiva antipopular, y guerra sucia, lanzada por el gobierno federal espurio a instancias del imperialismo yanqui, y sus grandes corporaciones, llámese ‘Plan México’ o ‘Iniciativa Mérida’. Y forma parte también de la guerra mundial contra los pobres y contra los recursos vitales de la naturaleza, para imponer las reformas estructurales y terminar de privatizar nuestras fuentes energéticas. Dentro de esta ofensiva se inscribe un renovado esfuerzo de los aparatos de inteligencia en nuestro país y, en consecuencia, la activación de soplones, “entregadores” y organismos de fachada, a fin de golpear al movimiento revolucionario, social o armado.

Por todo lo anterior, las organizaciones que nos hemos identificado en torno al pensamiento y la acción del Profesor Lucio Cabañas Barrientos y, por tanto, de la acción revolucionaria armada del Partido de los Pobres y de su Brigada Campesina de Ajusticiamiento, consideramos necesario seguir impulsando la construcción de rutas de escape al cautiverio de la injusticia y la opresión mediante la construcción de una democracia incluyente, representativa y participativa, la construcción de relaciones solidarias y fraternas, y el ejercicio efectivo del poder obediencial; impulsando, al mismo tiempo, el desarrollo de la organización y la conciencia política de todo el pueblo, así como la combinación y generalización de todas las formas de lucha en todo el país.

Lucio emitió su último comunicado el 27 de noviembre 1974, en el que concluyó con una exhortación a los trabajadores; exhortación que hoy retomamos, en sencillo homenaje, a fin de “seguir luchando en todas las formas que sea posible” y “a seguir combatiendo con las armas, para que la lucha libertadora llegue a todo el País. ¡Están matando al pueblo! Contestemos con la guerra.”

¡POR LA COORDINACIÓN REVOLUCIONARIA Y LA UNIDAD DE TODO EL PUEBLO!
Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos
MR-LCB
Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo
TDR-EP
Organización Insurgente-1º de Mayo
OI-1º M
Brigada de Ajusticiamiento-2 de Diciembre
BA-2D

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