contradictorias surcan estos días los cielos políticos de Chiapas. Al tiempo que algunos alcaldes de extracción priísta han anunciado desalojos en comunidades y territorios zapatistas (destacadamente en San Cristóbal de las Casas y Sabanilla), el gobierno estatal llamó a los presidentes municipales a respetar “todas las expresiones” y atender mediante el diálogo y la tolerancia “cualquier situación que se presente en sus municipios”.El secretario de Gobierno, Jorge Antonio Morales Messner, declaró que “el gobierno del estado no permitirá desalojo alguno en comunidades zapatistas asentadas previo al 2007”. Exhortó a los ayuntamientos “en cuyo territorio se asientan” estas poblaciones “a ser respetuosos de su pluralidad y diversidad”.

En tanto, el Congreso del estado modificó el jueves pasado el Código Penal, creando la inusitada figura de “incitación a la violencia”. A iniciativa del gobernador Juan Sabines Guerrero, enviada el 26 de diciembre pasado, y 20 días después convertida en ley, el delito implicará hasta tres años de prisión. El mandatario chiapaneco argumenta “que es menester regular las diversas conductas de los individuos para fortalecer el bienestar común de la sociedad y alcanzar la armonía y la paz social”.

El apartado bis del capítulo sexto, artículo 378 del mencionado código, establece que la “incitación a la violencia” podrá ser cometida por la “exteriorización o materialización de una conducta al manifestar por cualquier tipo de medio, pudiendo ser de manera escrita, verbal, electrónica, signos, gráficos o cualquier otro medio posible”, ya sea de manera pública o privada.

Según investigaciones de la reportera Ángeles Mariscal, el delito no existe en ningún otro estado de la República, ni en el Código Penal federal, y sólo tiene equivalente en contados países. La ambigüedad del precepto resulta inquietante. ¿Dónde comienza dicha “incitación”, en una entidad donde existe una declaración de guerra por parte de un ejército indígena y desde hace más de 13 años se desarrolla una guerra de baja intensidad contra las comunidades zapatistas, con una vasta militarización y una situación fluctuante, que ha causado miles de desplazados, divisiones, centenares de muertes por ejecuciones y emboscadas atribuidas a grupos paramilitares?

El factor desarrollista del gobierno del estado

La fiebre desarrollista del gobierno estatal (y el federal), con énfasis millonario en las variantes del turismo (ecológico, “ecoarquelógico”), podría generar graves daños culturales y ambientales, así como confrontaciones con comunidades indígenas.

A pesar de que entre los indígenas de la selva existe repudio al Plan Puebla-Panamá, el secretario de Turismo y Proyectos Estratégicos de Chiapas, Roberto Albores Gleason, echó las campanas al vuelo por las “ventajas” que hacen de la entidad “un paraíso de oportunidades”.

Como si las comunidades indígenas no existieran, el hijo del ex gobernador Roberto Albores Guillén celebró el 17 de enero ante el mandatario Sabines y el embajador de la República Popular China, Yin Hengmin: “El estado es un punto estratégico para la exportación e importación de productos, ya que es el centro geográfico de la región Puebla-Panamá, ubicado en el corredor transísmico de América”. El funcionario ponderó los recursos naturales que “ofrece” Chiapas para la inversión y el turismo.

Al día siguiente, el gobernante se reunió con el director general del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), Miguel Ángel Gómez Mont Urueta, ofreciendo al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa “sumar esfuerzos en una alianza estratégica que permitirá incrementar el turismo con el primer desarrollo ecoarqueológico del país”.

En la zona arqueológica de Palenque, Albores Gleason presentó al director de Fonatur el proyecto de desarrollo turístico para 2008, el cual incluye la construcción de la autopista que comunicará a San Cristóbal con Palenque, con una inversión por 200 millones de pesos. El fondo expuso los proyectos federales “de desarrollo urbano y turístico de Palenque y Cascadas de Agua Azul”. Sólo en Palenque, “se destinarán mil 400 hectáreas para la creación de 5 mil 710 nuevos cuartos de alojamiento de baja densidad y un parque temático cultural”.

Dadas las condiciones de las regiones indígenas habrá que ver cómo se cumple el propósito gubernamental de estar atento “a los reclamos del zapatismo y de todas las expresiones sociales”, como dijo ayer el secretario Morales Messner.

La Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) ha establecido una agenda de trabajo diferente para que dé mejores resultados y permita reiniciar el diálogo con el EZLN, informó la diputada panista Martha Cecilia Díaz Gordillo.

La legisladora federal chiapaneca del Partido Acción Nacional (PAN) y presidenta en turno de la Cocopa dijo que uno de los compromisos es escuchar a todos los actores políticos y sociales de la entidad para encontrar el camino al diálogo, suspendido desde 1996.

Señaló que “en este proceso, nos hemos reunido los integrantes de la comisión con el gobernador Juan José Sabines Guerrero y funcionarios estatales para escuchar propuestas al EZLN, que tendrían que ser presentadas al ejecutivo federal”.

Expuso que se trata de contar con diferentes sectores y actores, entre ellos, Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) de la entidad que tienen su propia visión del conflicto.

Díaz Gordillo agregó que se deberá realizar un diagnóstico técnico, jurídico y social de la situación del grupo armado, a 14 años de haber surgido en el escenario político nacional.Adelantó que la Cocopa promoverá un foro de consulta este año sobre la propuesta de reforma constitucional para ampliar las facultades de la comisión y retomar los acuerdos de San Andrés Larráinzar.

Refirió que los gobiernos federal y estatal tienen el compromiso y el deber de establecer una nueva relación con los indígenas de Chiapas y encontrar puntos de coincidencia con el EZLN para reiniciar el diálogo.

La comandante Rosalinda recuerda desde su infancia las luchas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) por patentizar el rol político de las mujeres mexicanas dentro del grupo insurgente y también en las funciones de gobierno.

Nacido a la luz pública en 1994 y gestado en las selvas de la Sierra Lacandona, en el sureste mexicano, el EZLN reconoce la participación femenina en los frentes revolucionarios del movimiento, cuya auténtica incorporación germina del pueblo indígena.

“Esa es una de las más importantes premisas revolucionarias”, afirmó la comandante Rosalinda en el último Encuentro Internacional de las Zapatistas, frente a más de dos mil participantes y delegadas de 30 países y del estado de Chiapas.

Como en la mayoría de los foros del grupo insurgente mexicano, esta vez las mujeres al mando de la Comandante denunciaron la negativa de la administración federal a establecer una mesa de diálogo para discutir los problemas de género.

“Exigimos se nos tenga en cuenta, tenemos el derecho a participar, a ser elegidas en las diputaciones y a defender las conquistas de la población zapatista discriminada por años”, destacó.

Parte indispensable

El EZLN está seguro de que ellas son parte indispensable en la dirección del país, con un lugar especial a la hora de encarar retos al más alto nivel y por ello, en los escenarios nacionales exigen ofrecer a las indígenas oportunidades para asumir cargos públicos.

Hace 14 años, en la selva tzeltal, se promulgó la Ley Revolucionaria de Mujeres y desde entonces hasta la actualidad existe todo un programa de lucha y respeto para las zapatistas.

La norma constituye el eje conductor no explícito de los debates con mujeres del mundo a fin de perfeccionar un modelo de vida mejor hacia el futuro.

Dalia, otra comandante zapatista, declaró a la prensa que las indígenas nunca perdonarán los daños ocasionados por el capitalismo.

Llenos los ojos de lágrimas, evocó a las caídas en la lucha por sus derechos y narró los cambios materializados en las comunidades indígenas, en donde se van borrando la discriminación y la violencia doméstica.

La oradora recordó pasajes del alzamiento hace 14 años, la experiencia de su batallar pacífico y en la resistencia, así como la evolución registrada a partir de entonces con la incorporación de las mujeres a la vida política y la participación comunitaria.

“Por esa razón invitamos a las mexicanas a organizarse y juntas acabar con el neoliberalismo y luchar por el respeto a la vida, sin dejar de trabajar para no morirnos de hambre”, indicó.

Una de las tareas que se han propuesto las mujeres zapatistas en sus comunidades es rescatar la medicina tradicional, con la capacitación en temas herbolarios y en laboratorios botánicos ya establecidos.

La dinámica que manejan es simple: las ancianas capacitan a las más jóvenes y establecen un ciclo, porque -como manifiestan las indias-para los integrantes del EZLN “la medicina no es un negocio”.

El sueño más recurrente de las zapatistas es constituir una universidad autónoma, reconocida a escala nacional, para formar a servidores del pueblo con una cultura histórica sólida.

Piensan en el desarrollo de la juventud mexicana, considerada por los zapatistas como el futuro.

Programas de estudio

Los núcleos femeninos han desplegado programas de estudio interno dentro de las localidades indígenas, sobre todo en las de Chiapas, en cuyos centros, llamados escuelas autónomas zapatistas, han atendido a más de dos mil alumnos.

El papel de la mujer es significativo en la promoción de planes de trabajo, el cuidado de recursos naturales, y las siembras de frutos y verduras en la selva.

Una mamá zapatista especificó que “a sus niños se les enseña a respetar a sus mayores e iguales, a asumir responsabilidades y hacer conciencia social”.

Como mujeres han demostrado tener el valor de empuñar las armas si así fuera necesario y exponer su preocupación ante la presencia excesiva de bases militares en los alrededores de sus comunidades chiapanecas.

Reportajes destacan la labor femenina de difusión en reclamo de la liberación de zapatistas presas por el sólo hecho de defender las conquistas revolucionarias.

Sin las mujeres no se puede hablar de un gobierno del pueblo, por eso ahora ellas son reconocidas dentro de las comunidades indígenas y tienen derecho a discutir sobre el proceso político en México.

Sus mensajes son reiterativos a la hora de animar al género en pos de la esperanza y el futuro triunfo de las mujeres mexicanas en ciudades o en el campo.

El Ejército Popular Revolucionario (EPR) es una organización terrorista que puede emprender un ataque armado contra el Congreso de la Unión; “hay que estar preparados ante estas acciones”, advirtió ayer el general en situación de retiro Justiniano González Betancourt, legislador panista y presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara baja.
En tanto la presidenta camaral, Ruth Zavaleta Salgado, confió en que el EPR no vaya a actuar como las FARC y empiece a secuestrar congresistas. Además, ante la advertencia eperrista al Congreso, de que deberá atenerse a las consecuencias si aprueba las reformas judiciales pendientes en el Senado, respondió:
“No es con amenazas ni con actitudes temerarias que nos vamos a entender en el país. Se ha invitado al EPR a sentarse en la mesa, a platicar sus diferencias, a poder decir cuáles son sus propuestas.
“Me parece que a diferencia de otros países, éste es un país de paz y que necesitamos que los actores que están influyendo o que están inconformes con alguna situación económica, política o social, tengan que dirimir sus asuntos por la vía legal”.
Y es que, aun cuando estimó que el EPR es un grupo que no aceptará dialogar en esos términos, Zavaleta sostuvo que el Congreso no puede actuar con base en amenazas. “Tiene que actuar de manera autónoma, como el fuero constitucional se lo impone y creo que en esos términos deben de contestar los diputados y senadores: votando los temas y discutiendo los que tengan que ver con mejorar la situación política, social o económica del país”.
Pero el legislador González Betancourt fue más práctico y acusó al EPR de ser una “organización clandestina, terrorista y que opera en la oscuridad y puede cometer esta clase de desmanes (atentados contra el Congreso). Hay que estar preparados”.
Sin embargo dijo que en el combate al crimen organizado las Fuerzas Armadas no están rebasadas. “El crimen organizado se había realmente apoderado de gran parte de nuestro país y le estamos restando fuerza y espacios y, claro, lo que están haciendo es dar patadas de ahogado”.
—Pero esas patadas han costado muchas vidas —se le planteó al general en situación de retiro.
—Tienen que costar atajó, porque el crimen organizado está fuertemente armado y las armas se combaten con las armas.

acciones militares y responsabilizó al gobierno de Felipe Calderón de la desaparición de una treintena de activistas.

En su primer comunicado del año, el grupo insurgente precisó que de ahora en adelante antes de emprender alguna acción armada alertará a la población civil para que no salga afectada y reclamó la presentación con vida de sus compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

Y en respuesta a las críticas del gobierno federal, el EPR aclaró que no son delincuentes, sino un grupo de luchadores sociales que se ha visto obligado a la autodefensa.

Con base en ese argumento, demandó a las autoridades federales que se le reconozca como un “Ejército beligerante”, de acuerdo con las leyes de Ginebra, para que sus militantes capturados reciban el trato de “presos militares”.

En el comunicado, el EPR reiteró que mantendrá la campaña de hostigamiento que desató desde el pasado 5 de julio, en demanda de la aparición de sus dos compañeros Reyes Amaya y Cruz Sánchez.

Destacó que continuará actuando para que cese la impunidad con la que el gobierno viene actuando contra los derechos humanos de luchadores sociales. Volvió a demandar se decrete una ley de amnistía que excarcele a “todas y todos los presos políticos y de conciencia del país”.

El grupo guerrillero reveló que después del 25 de mayo pasado, cuando desaparecieron sus dos compañeros, también se produjeron otras capturas de luchadores sociales, entre ellos Gilberto Romero Vázquez, Baltasar López Pita y Rafael Ramírez Bautista, en Guerrero, así como la detención de Roberto Paredes Nieto en el Estado de México.

Así mismo, el 26 de septiembre desaparecieron Francisco Paredes Ruiz y posteriormente David e Hilario Vega Zamarripa.

El EPR recordó que en Guerrero han desaparecido 28 luchadores sociales y sostuvo que ese hecho representa “una ofensiva” del gobierno federal.

De manera más amplia, el EPR señaló que Calderón Hinojosa prosigue con la “guerra sucia” en contra del pueblo desde el mismo momento en que cerró la posibilidad de que el expresidente Luis Echeverría Álvarez fuera juzgado por la matanza de Tlatelolco y el “Halconazo”.

“Desde el momento en que dio libertad a exgeneral Arturo Acosta Chaparro; desde que no se actuó con justicia en el caso de la periodista Lydia Cacho y se censuró a Carmen Aristegui”.

Consideró que la “guerra sucia no es un eufemismo”, sino que constituye “un componente activo de la guerra de baja intensidad que su gobierno ha venido desarrollando, desde el momento en que cobija con la impunidad a los gobernadores del Estado de México, Puebla, Chiapas, Guerrero y Oaxaca en contubernio con la vergonzante Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Advirtió que Calderón y el Legislativo avalaron una ley que ubica a la protesta social en la categoría de delincuencia organizada, y por ello “los luchadores sociales son tratados como delincuentes”.

Desmintió la promesa del michoacano en el sentido de que en su gobierno no habría “criminalización” de la protesta social.

“Su propuesta de reforma judicial lo único que intenta es legalizar todas las violaciones que se continúan cometiendo, sobre todo en contra de los luchadores sociales”.

Insistió en que al criminalizarse “la protesta social, se anulan de facto los derechos plasmados en nuestra Constitución, al intentar legitimarse acciones policiaco-militares que violan flagrantemente los derechos constitucionales”.

El EPR también anunció que se unirá al movimiento que rechaza la apertura del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN).

Instruyó finalmente a sus combatientes “en las montañas o en las ciudades” a continuar su preparación político militar “para responder adecuadamente ante cualquier represión”.