Archivo de autores

La presidenta de la Comisión Bicameral de Concordia y Pacificación, Martha Cecilia Díaz Gordillo, aseveró que los conflictos sobre la tenencia de la tierra en Chiapas pueden generar violencia en la zona de influencia zapatista.

Durante una sesión de trabajo de la instancia legislativa comentó que periodistas estatales y nacionales han alertado sobre la necesidad de prevenir posibles conflictos entre grupos zapatistas y no zapatistas que se disputan la propiedad de la tierra.

La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) indicó que la inquietud que se plantea es que autoridades agrarias están entregando documentos de propiedad a sujetos que presuntamente no les corresponde.

Precisó que en ese contexto “nuestra obligación es saber qué tipo de asentamientos son y cuál es el régimen de tenencia y el origen del mismo a fin de determinar si hacemos un llamado a las autoridades competentes a evitar actos violentos”.

Explicó que derivado del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994 se ocuparon predios de pequeña propiedad, superficies que no estaban ocupadas, así como terrenos ejidales y comunales, lo que transformó la estructura agraria sobre la que descansan diversas controversias.

Adelantó que en los próximos días realizarán un diagnóstico de la situación para saber si hay necesidad de hacer una recomendación al Ejecutivo federal para que la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y las dependencias involucradas tomen cartas en el asunto.

Señaló que con base en denuncias obtenidas mediante diferentes medios de comunicación se puede recabar información sobre si se trata de conflictos estrictamente relacionados con asentamientos zapatistas y de esta forma evitar la emisión de opiniones sin fundamento.

“Tenemos la identificación de lo que se conoce como conflictos agrarios y están en toda la entidad, pero es necesario precisar con mucho cuidado y mucha responsabilidad si se trata de asentamientos zapatistas”, reiteró.

También informó que en fecha por definir integrantes de la comisión se reunirán con el gobernador de Chiapas, Juan Sabines, y con el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, para analizar el estado actual del movimiento zapatista.

Recalcó al respecto que “nuestra tarea es generar condiciones de diálogo y obtener información que permitan prever alguna situación de conflicto”.

Instituciones de los gobiernos federal y estatal, “en articulación” con el Ejército y la policía local, “operan una estrategia de contrainsurgencia contra las bases de apoyo zapatistas y sus autoridades autónomas, al otorgar títulos agrarios a diversas organizaciones indígenas”, afirmaron integrantes de la caravana de observación de la otra campaña.Después de un recorrido de tres días por varias comunidades, aseguraron que los municipios autónomos zapatistas enfrentan una “estrategia coordinada de despojo de tierras y hostigamiento, en la que participan organizaciones políticas a veces vinculadas con paramilitares”.

Sostuvieron que el “despojo ‘legal’ de tierras y los nuevos decretos expropiatorios develan una flagrante y sistemática estrategia de contrainsurgencia dirigida contra los pueblos zapatistas”, y como consecuencia la situación que viven éstos “se agrava alarmantemente”.

En el segundo foro efectuado en Jojutla, Morelos, organizaciones adherentes a la otra campaña y a la Sexta declaración de la selva Lacandona acordaron hacer un recorrido por comunidades autónomas de Chiapas, con el fin de verificar las denuncias sobre la nueva “embestida”.

Dividida en cuatro brigadas, la caravana –de más de 40 personas del Distrito Federal y los estados de México, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, Michoacán y Chiapas, entre otros– recorrió localidades de cuatro caracoles zapatistas del 17 al 20 de noviembre.

El resultado de las visitas fue dado a conocer hoy en un documento que leyó Eugenia Gutiérrez, del sector mujeres de la otra campaña, en compañía de representantes de otras agrupaciones. En él se afirma que en todos los casos que lograron documentar, se detectó que “la estrategia gubernamental sigue un patrón que combina, entre otras cosas, invasión de tierras, amenazas de muerte y hostigamiento”.

El 23 de septiembre de 1997, un grupo de reporteros llegamos a Polhó, cabecera municipal de los autónomos zapatistas. Una comunidad de un millar de pobladores, a quienes se agregaban centenares de desplazados de todos los parajes donde la ley paramilitar quemaba casas, emboscaba y asesinaba a simpatizantes del EZLN y priístas por igual. A los segundos se les castigaba si no respaldaban la aventura armada de los ya entonces llamados paramilitares.

El panorama era desolador. No había nadie. Ni perros. Sólo pollos. Las casas estaban cerradas; las calles y edificios comunitarios, desiertos. Tras el ataque a Majomut por los priístas y frentecardenistas de Los Chorros, el día 21, ya ni siquiera Polhó era un lugar seguro. Al amanecer el 21, comunidades como Yibeljoj habían sido evacuadas; sólo permanecieron algunos hombres. Mujeres y niños, incluso priístas, buscaron refugio en las montañas. Sabían del ataque paramilitar.

El 26 de septiembre, La Jornada reportó el primer retorno de desplazados zapatistas y perredistas de Chenalhó, en una marcha de 5 mil indígenas y 70 camiones con destino a Polhó. El episodio fue relatado con falsedades e inexactitudes palmarias en el informe de la PGR llamado Libro blanco de Acteal (1998), y esa versión ha sido repetida de oficio por diversos autores que han querido contarnos “otra historia” de aquellos acontecimientos. El lector interesado puede comparar la versión oficial, o sus transcripciones posteriores, de Gustavo Hirales (1998) a Héctor Aguilar Camín (2007), con el relato presencial que a continuación se transcribe.

El fracotirador del tinaco: cazador cazado

 

La movilización de las bases de apoyo del EZLN, el día 25, fue pacífica. Había durado casi toda la jornada. Antes de las 17 horas llegó a Yabteclum. Un orador encapuchado arriba de una camioneta, señalando las laderas circundantes, dijo:

–Sabemos que nos están apuntando. Anden, disparen, aquí estamos, sin armas.

Empezaba el mitin de miles de zapatistas de 15 municipios en la cancha y plaza central del “pueblo viejo” de Chenalhó, cuya mayoría priísta expulsó meses atrás a los simpatizantes del EZLN. Una hora después, cuando el acto estaba por concluir, una veintena de zapatistas trepó a la azotea de la escuela con gran aspaviento. Corrieron al tinaco, lo escalaron y se metieron en él precipitadamente. Segundos después brotó un rifle Máuser, que fue pasado de mano en mano. La multitud se agitó, y más cuando sacaron del tinaco a un hombre que, de mano en mano, saltó al suelo, cayó como gato y echó a correr. Tras él salieron varios zapatistas. Del tinaco salió, por último, una caja llena de balas Remington 410.

Nada más sobrecogedor que una multitud airada. La ira se apoderó de todos al descubrir que todo ese tiempo los acechó un francotirador. Muchos decían haber visto gente armada en las casas de arriba, en las laderas. Las bases de apoyo del EZLN provenían de Pantelhó, Mitontic, San Juan Chamula, San Andrés Sakamchén, Zinacantán, San Juan de la Libertad, Bochil, Simojovel, Sitalá, Ixtapa, Tenejapa, San Juan Cancuc y Chenalhó. Habían salido de Tzabaló a la cabecera oficial. En la descubierta, el conductor del acto decía al megáfono:

–Somos misma carne, misma sangre, mismo pueblo. No venimos a lastimar a nadie. No queremos matarnos entre hermanos. Los hermanos priístas quemaron su casa de nuestros compañeros. Los hermanos priístas no entienden lo que pasa. Venimos a explicar.

En tzotzil, otro orador invita a la gente a unirse a la marcha, que a las 12 del día alcanza la plaza pedrana y se forma en caracol, dejando en el centro a los desplazados de Yabteclum, Los Chorros y otros poblados.

–Venimos a demostrarles que los compañeros zapatistas en el municipio no están solos. No queremos tomar venganza. Venimos a decirles de buena manera que entiendan. No traemos armas. Vamos a ir a entregar a sus comunidades a los compañeros perredistas y zapatistas que corrieron ustedes –dice el orador ante las oficinas del municipio oficial.

Los mensajes insisten en decir a los priístas: “Nuestro enemigo no son ustedes, sino el gobierno”. No faltan mueras e improperios contra el alcalde Jacinto Arias Cruz, los caciques, las guardias blancas y la policía; contra Zedillo, Ruiz Perro (los tzotziles pronuncian la letra F como P, pues en su lengua no existe el sonido fricativo) y contra el funcionario priísta Antonio Pérez Hernández, a quien acusan de armar las nuevas guardias blancas.

Los municipios rebeldes advirtieron en un comunicado: “Los compañeros desalojados van a regresar a sus comunidades. Nadie lo va a impedir”. El mitin terminó pacíficamente. La radio estatal, encadenada al noticiero de las 14:30, informaba del acto tal como queda dicho. Unos anuncios comerciales. Y entonces la voz de un locutor, distinto del que daba las noticias, relató una versión contrapuesta a la que se acababa de radiar, y totalmente falsa, según la cual “grupos de zapatistas habían ido a amenazar a la cabecera municipal armados de palos”, “encabezados por Alianza Cívica” (sic).

Horas más tarde, durante el juicio popular que se hizo al hombre del tinaco, éste confesaría que en Yabteclum se reunieron para esperar a los zapatistas y le indicaron ponerse donde se puso “porque pensaban que los zapatistas venían armados y enojados”.

A las 18 horas, los periodistas acaban de recorrer las casas destruidas y saqueadas de los desplazados. Ese horror de muebles rotos, ropa rasgada, robos, muñecas decapitadas, papeles quemados, mazorcas regadas. El mitin está por concluir cuando descubren al hombre del Máuser, José Pérez Gómez, a quien apodan El Morral, y a otros dos que al parecer lo intentaron defender. Pérez Gómez viene severamente golpeado. Sus captores lo arrastran entre la multitud que parece a punto de írsele encima. Lo suben a la camioneta que preside el mitin. Y el hombre golpeado, sin camisa, es objeto de una especie de juicio popular.

La gente de Yabteclum lo identifica con un grupo de cinco personas que introducen armas a la comunidad. Micrófono en mano, entre el tzotzil y el castellano, transcurre un interrogatorio urgente. El hombre del rifle, con voz doliente, va hilando:

–Fue un acuerdo de toda la comunidad. Lo estamos organizando todos.

–¿Para matar los zapatistas?

–Noombre, pensamos que son ustedes que van a venir a matarnos. Estábamos ahí, preparados.

–¿Cuántas armas hay?

–No sé. No hay armas. Puro .22 de un tiro.

Sorprende verlo entero y firme, en el predicamento en que está. Pérez Gómez, sofocado, aguantando el sollozo, casi de rodillas, dice que “el arma es de Chamula” y que no sabe esto, ni aquello.

–Di “que mueran los asesinos”.

–No hay asesinos.

Lo interrogan sobre quién asesinó a los zapatistas, quién quemó las casas, quién robó a los desplazados. “No sé, no sé”.

La multitud rodea la camioneta. Se aproximan los responsables de las regiones para decidir qué harán con el detenido. Las laderas empiezan a mostrar grupos inquietos de hombres que observan la escena. Finalmente, los zapatistas dejan ir a Pérez Gómez, “a que informe a sus compañeros”. Como por ensalmo, la multitud se desentiende de él, que baja de la caja de la camioneta y arrastra sus pasos hacia las casas más próximas. Se sienta en un escalón. Le duele el cuerpo. Nadie se le acerca. La multitud se dispersa rumbo a los camiones que conducirán la marcha a Polhó. El hombre se ha vuelto invisible.

Días de balas en Chenalhó

 

El 27 de septiembre, La Jornada describe “las aguas revueltas de Chenalhó”, donde “es abierta la existencia de grupos paramilitares auspiciados por la policía y el Ejército federal”. A la vez que aparecen armas en Santa Martha, Puebla se convierte en un campo de tiro, se expulsa a familias enteras por apoyar al municipio autónomo o no dar dinero para las obras de los priístas y la compra de balas. Cada día, la vida de las comunidades se descompone más.

Santa Martha está prácticamente incomunicado con la cabecera de Chenalhó, su salida natural es San Andrés. Allí, el fiel de la balanza es el gobernador tradicional. Y sobre él viene la presión. Un día llega un teniente del Ejército federal, oriundo de Zacatecas. Se presenta al gobernador y el maestro de la escuela. Los convence de que los zapatistas, abundantes en la comunidad, representan un peligro y hay que combatirlos.

Después, el gobernador se arrepiente. Le dan dolores de cabeza y lo aquejan dudas de conciencia. Como quiera, las armas ya llegaron, y de noche “brillan como plata” cuando se adiestra a los hombres. “Primero, instrucciones para el manejo de armas. Luego películas pornográficas. Para rematar, baile con mujeres en bikini. Terminan con ejercicios militares. Los hombres llegan muy tarde a sus casas”, revelan alarmadas las mujeres del pueblo.

La presidenta de la Comisión Bicameral de Concordia y Pacificación, Martha Cecilia Díaz Gordillo, aseveró que los conflictos sobre la tenencia de la tierra en Chiapas pueden generar violencia en la zona de influencia zapatista.

Durante una sesión de trabajo de la instancia legislativa comentó que periodistas estatales y nacionales han alertado sobre la necesidad de prevenir posibles conflictos entre grupos zapatistas y no zapatistas que se disputan la propiedad de la tierra.

La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) indicó que la inquietud que se plantea es que autoridades agrarias están entregando documentos de propiedad a sujetos que presuntamente no les corresponde.

Precisó que en ese contexto “nuestra obligación es saber qué tipo de asentamientos son y cuál es el régimen de tenencia y el origen del mismo a fin de determinar si hacemos un llamado a las autoridades competentes a evitar actos violentos”.

Explicó que derivado del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994 se ocuparon predios de pequeña propiedad, superficies que no estaban ocupadas, así como terrenos ejidales y comunales, lo que transformó la estructura agraria sobre la que descansan diversas controversias.

Adelantó que en los próximos días realizarán un diagnóstico de la situación para saber si hay necesidad de hacer una recomendación al Ejecutivo federal para que la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y las dependencias involucradas tomen cartas en el asunto.

Señaló que con base en denuncias obtenidas mediante diferentes medios de comunicación se puede recabar información sobre si se trata de conflictos estrictamente relacionados con asentamientos zapatistas y de esta forma evitar la emisión de opiniones sin fundamento.

“Tenemos la identificación de lo que se conoce como conflictos agrarios y están en toda la entidad, pero es necesario precisar con mucho cuidado y mucha responsabilidad si se trata de asentamientos zapatistas”, reiteró.

También informó que en fecha por definir integrantes de la comisión se reunirán con el gobernador de Chiapas, Juan Sabines, y con el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, para analizar el estado actual del movimiento zapatista.

Recalcó al respecto que “nuestra tarea es generar condiciones de diálogo y obtener información que permitan prever alguna situación de conflicto”.

La administración de Vicente Fox efectuó reasignaciones por un billón 605 mil 387.9 millones de pesos a los presupuestos originalmente aprobados por la Cámara de Diputados al Ejecutivo federal entre 2001 a 2006, con lo cual se disminuyeron los recursos dirigidos a la salud y al desarrollo social de la población, revela en un estudio la asociación Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC.

En el análisis se advierte que esas redistribuciones alcanzaron el punto más alto en las elecciones presidenciales del año pasado, en que se reorientó el gasto federal en 455 mil 812.5 millones de pesos. Dicho monto representó 19.6 por ciento del presupuesto originalmente aprobado por los legisladores.

En el análisis titulado Comparativo de los dos primeros presupuestos de Calderón con respecto de los aprobados en el sexenio de Vicente Fox, entregado a la Cámara de Diputados en el contexto del análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 que el Ejecutivo presentó al Legislativo para su debate y aprobación –a más tardar este 15 de noviembre–, se subraya que más de uno de cada 10 pesos que aprobó el Poder Legislativo para determinado ramo, sector o programa fue modificado por el Ejecutivo federal.

Esto, indica la agrupación, pone en evidencia “el amplio margen de discrecionalidad” con que actúo el gobierno de Fox en materia presupuestaria.

Fundar sostiene que durante el gobierno foxista las reasignaciones crecieron anualmente, sin que esto obedeciera de manera directa a los incrementos en los ingresos petroleros. En cambio, las repercusiones fueron directas y negativas para los rubros sociales, en particular.

“En el ramo de salud, por ejemplo, en 2002 se registró el mayor subejercicio, por un monto que ascendió a 2 mil 548 millones de pesos. A su vez, la Secretaría de Desarrollo Social dejó de ejercer recursos por 6 mil 81 millones entre 2001 y 2006”. En este caso, el mayor subejercicio se dio en 2005 y llegó a 2 mil 237 millones de pesos. Sin embargo, durante las elecciones presidenciales de 2006 en ese rubro hubo un sobrejercicio presupuestal que rebasó en 953 millones de pesos el monto originalmente aprobado por los diputados.

En el caso del presupuesto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Fundar consigna que los subejercicios que se registraron en la gestión de Fox fueron de al menos 630.5 millones de pesos a lo originalmente presupuestado. Y “el saldo pudo haber sido mayor de no ser porque en 2004 el ramo tuvo un incremento de 6 mil 31 millones de pesos, derivado de los acuerdos para el campo suscritos en ese año”.

Otros ejemplos que cita Fundar de cómo se reasignó el presupuesto, pero esta vez en favor de otras dependencias, es el caso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que en la gestión de Fox “tuvo reasignaciones que incrementaron sus presupuestos en 111 mil 767 millones de pesos respecto de los originales”, los cuales registraron un incremento anual promedio de 18 mil 628 millones de pesos.

También la Secretaría de Energía ejerció cada año 27 mil 851 millones de pesos más que su presupuesto original entre 2001 y 2006, mientras que, en promedio, su presupuesto aprobado creció en mil 685 millones de pesos. Ese monto significó aumentos anuales por 16.5 veces más de lo que había autorizado de incremento el Poder Legislativo. También la Presidencia de la República tuvo subejercicios entre 2001 y 2004, pero en 2005 y en particular en 2006, ejerció más recursos que los aprobados por el Congreso, por 241.6 millones de pesos y 427.6 millones de pesos, respectivamente.

Otros ejemplos de reasignaciones superiores a sus recursos originalmente presupuestados son: Petróleos Mexicanos, con 28 mil 547 millones de pesos más; Comisión Federal de Electricidad, 25 mil 785 millones; Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, 30 mil 282 millones de pesos; Ramo 33 (aportaciones federales para entidades federativas y municipios), 15 mil 507 millones; Instituto Mexicano del Seguro Social, 10 mil 708 millones, y la Secretaría de Educación Pública con 7 mil 120 millones de pesos anuales por encima de lo aprobado por legisladores.

En sus conclusiones, Fundar señala que la magnitud de las reasignaciones evidencia “la mala planeación” en materia de ingresos, situación por la cual los legisladores desconocen con exactitud la cantidad de recursos disponibles; incertidumbre en torno a si los fondos se asignaron conforme a las prioridades nacionales de superación de la pobreza y mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad y, más grave aún, amplios espacios de discrecionalidad que usa el Ejecutivo para reasignar el gasto sin el consentimiento del Congreso.

 Page 156 of 173  « First  ... « 154  155  156  157  158 » ...  Last »