pobreza, informó Beatriz Zavala Peniche, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), al hablar ante un foro de industriales de la transformación.Zavala agregó que en un país con tanta desigualdad es necesaria una política social, y planteó que las diferencias no sólo se dan en las oportunidades para el desarrollo de capacidades de los ciudadanos, sino que también sucede a nivel de regiones, comunidades, municipios y entidades federativas, las cuales llegan a estar 10 puntos porcentuales por debajo de la media nacional de crecimiento social y económico, añadió.

Por su parte, el industrial Miguel Marón advirtió que México mantiene un atraso considerable en un mundo donde la economía, la cultura y la vida social se desarrollan a partir del conocimiento científico y la aplicación de nuevas tecnologías.

La señora savala es llamada a escena, a crear un cortina de humo que desvirtue la realidad del pais, que en realidad es del 40% la magnitud de la población en pobreza extrama; el 14% es la que muere por una gripa o infecciónes, que no son mortales, pero que en el caso de esta población que no cuenta con el mínimo para enfrentarlas, sí lo son.
Con el salario mínimo de menos de 50 pesos diarios que el ejecutivo y los empresarios, “acuerdan” para la clase trabajadora, ¿SE ESPERARÍA SIQUIERA, QUE UNA FAMILIA DE CINCO MIEMBROS AMANECIERA VIVA AL DIA SIGUIENTE?, bueno es una pregunta para los que fijan la politica salarial, a la señora savala y por supuesto a los empresarios, que: ORIUNDAMENTE ELABORAN DISCURSOS TRIUNFALISTAS SOBRE LAS CONDICIONES ECONOMICAS DEL PAIS.
No alivia en lo más mínimo la condicion de ese 14%, el que industriales como el señor marón reconocen que se debe al atrazo, porque en el mundo se aplica la tecnología, y en mexico no.
Los empresarios mexicanos dejan mucho que desear, al aliarse con los grupos de poder, exigen salud, fortaleza, conocimientos, buena presencia a los trabajadores que ellos mismos denostan con esos salarios que: “por ley estan solo obligados a pagar a un trabajador”.

El terrorismo ya es un factor que afecta el costo de los negocios en México, que se ubicó en la posición 52 de 131 países en el índice de Costos en los Negocios por el Terrorismo que realizó el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés).El país obtuvo una calificación de 5.6 en una escala del 1 al 7, donde uno significa que el costo es mayor y 7 que no hay ningún impacto económico significativo.

México se ubicó por debajo de las principales economías de América Latina, ya que Brasil se colocó en la posición 10 con una calificación de 6.2; Argentina en la 12 con 6.2 y Chile en el lugar 28 con un 6, detalló el WEF, en el marco de su Índice de Competitividad Global 2007-2008.

Según el WEF, en materia de costos en los negocios por terrorismo, el país calificó también por debajo de las naciones bálticas como Croacia (19), Bosnia y Herzegovina (9), que se vieron envueltas en conflictos étnicos y bélicos a lo largo de la última década.

Incluso Indonesia, que ha sufrido ataques terroristas, en años recientes, calificó por arriba de México al ubicarse en la posición 30 con una nota de 5.9.

Sin embargo, México se colocó en mejor posición que sus principales socios comerciales, Estados Unidos se ubicó en el lugar 124 con 3.9 y Canadá en el 87 con 5.1, lo que implica que el impacto del terrorismo en estas dos naciones de Norteamérica ha sido mayor para los negocios.

Durante 2007, México ha sufrido también ataques del guerrillero Ejército Popular Revolucionario (EPR), quien hizo explotar ductos de gas natural de Petróleos Mexicanos y ocasionó desabasto en diversas regiones del país y el paro de varias industrias y empresas, como las automotrices y las acereras.

La guerrilla del EPR señaló hace un par de meses que los estallidos de gasoductos el 5 y 10 de julio en los estados centrales de Guanajuato y Querétaro fueron de su autoría, y anunció que había iniciado una campaña de ”hostigamiento” contra el Gobierno en demanda de la liberación de dos de sus militantes.

El EPR surgió el 28 de junio de 1996, en el primer aniversario del asesinato de 17 campesinos izquierdistas a manos de la policía en Aguas Blancas, en el estado de Guerrero.

Además de los daños a Pemex, el grupo guerrillero ha efectuado otros ataques esporádicos contra estaciones de policía en Guerrero y en Oaxaca.

El próximo sábado 27 se celebrará, en Jojutla, Morelos, el segundo Foro Nacional de Solidaridad con las Comunidades Zapatistas de Chiapas, convocado por la otra campaña. Se espera la asistencia del subcomandante Marcos, delegado de la Comisión Sexta del EZLN.

Allí se discutirán tareas y acuerdos para futuras acciones “en solidaridad con los pueblos y comunidades zapatistas que resisten dignamente la agresión militar y paramilitar promovida por el gobierno federal y el conjunto de la clase política”.

En tanto, colectivos, organizaciones y adherentes a la Sexta declaración de la selva Lacandona en distintas entidades realizan reuniones y pronunciamientos “contra la intensificación de la represión con la que los malos gobiernos federal (del PAN) y de Chiapas (del PRD y del PRI) han continuado su guerra sucia contra los municipios autónomos rebeldes zapatistas”. Por ese medio “el mal gobierno busca despojar a las comunidades de sus tierras”, expresan colectivos e individuos de Ensenada, Baja California.

En un pronunciamiento, se refieren al “violento desalojo, secuestro y encarcelamiento que, bajo el pretexto de ‘cuidar el medio ambiente’, sufrieron comunidades de Montes Azules”.

Señalan a “los malos gobiernos” como “principales responsables de la destrucción de la naturaleza” y mencionan la ofensiva del gobierno municipal perredista de Zinacantán, “donde las agresiones, robos y violaciones de los derechos de las comunidades continúan impunes”.

De igual manera, repudian las acciones “de la organización paramilitar Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesino (Opddic), que junto con el gobierno pretende robar las tierras que fueron recuperadas de los finqueros gracias al alzamiento del EZLN en 1994”.

Los colectivos Resistencia y Radio Digna, entre otros, resaltan “la decisión del PRD de sumarse a la guerra contrainsurgente y paramilitar en Chiapas, lo cual quedó demostrado con los candidatos que ese partido postuló en las pasadas elecciones estatales”.

Además, declaran su “intención de responder a las acciones (pasadas, presentes y futuras)” que tome el gobierno, “avalado por la Procuraduría Agraria y la Secretaria de la Reforma Agraria”, contra comunidades como Mukulum Bachajón, Crucero Agua Azul, San Miguel Agua Azul, Ignacio Allende, Primer Progreso, Segundo Progreso, Embarcadero, Parte Majas, Salto del Tigre y Bolon Ajaw (municipio autónomo Olga Isabel); ranchería El Nance (municipio autónomo Vicente Guerrero); 24 de Diciembre (municipio autónomo San Pedro de Michoacán); San Juan del Río, San Alfredo, Casa Blanca, Miguel Hidalgo y 20 de Febrero (municipio autónomo San Manuel); Nuevo Rosario y San Patricio (municipio autónomo Francisco Gómez), y Nueva Revolución (municipio autónomo Akabalná).

Manifestan su repudio “a las acciones criminales del gobierno y los grupos paramilitares”, y exigen “el cese de agresiones contra las comunidades zapatistas, la liberación incondicional de todos presos, la reparación de los daños causados a las comunidades, y las garantías para que las comunidades desalojadas de Montes Azules puedan retornar a sus hogares, ademas del cese inmediato de las agresiones en Zinacantán”. Demandan castigo para los miembros de PRD, PRI y PAN “que promueven grupos paramilitares como parte de la estrategia de guerra contra las comunidades zapatistas”.

Asimismo, condenan “el hostigamiento del que fue objeto, por parte del Ejército federal, la caravana de la Comisión Sexta que se trasladaba al Encuentro de Pueblos Indígenas de América en Vícam, Sonora”, y exigen garantías “para que la Comisión Sexta se pueda desplazar libremente por el territorio nacional”.

Como Red por la Paz, queremos denunciar el contexto de violencia que ha estado caracterizado la situación en el estado de Chiapas durante los últimos meses.

Elecciones: la punta del iceberg

El contexto pre-electoral y electoral estuvo marcado por imposiciones, descomposiciones y recomposiciones de los partidos políticos y de las organizaciones sociales que participaron en el proceso. El día de las elecciones se dieron una serie de hechos violentos en Pueblo Nuevo Solistahuacán, Venustiano Carranza, Simojovel, Comitán, entre otros, que la mayoría de los medios de comunicación, las autoridades electorales y el gobierno mismo minimizaron.

Otro factor de preocupación responde al origen de varios de los candidatos ganadores ya que históricamente han estado vinculados a la represión ejercida en contra de los procesos sociales organizados.

Reactivación de la conflictividad en todo el estado

Más allá de la coyuntura electoral, durante los primeros nueve meses del gobierno de Felipe Calderón, en lo federal y de Juan Sabines Guerrero, en lo estatal, los territorios indígenas de Chiapas, y en particular las zonas de influencia zapatista, han sufrido una nueva ofensiva. Esta estrategia represora implica acciones concertadas entre los aproximadamente 80 campamentos militares permanentes, las autoridades locales, instituciones agrarias y grupos señalados como paramilitares que se cobijan bajo siglas de organizaciones campesinas(*).

Promover los conflictos de tierras -que se reavivaron con la coyuntura electoral- parece formar parte de la línea estratégica del gobierno federal, asumida y respaldada por el gobierno estatal. En los últimos seis meses se han producido las siguientes agresiones y amenazas ante las acciones de resistencia y construcción de alternativas de los pueblos:

· En el mes de mayo, bases de apoyo zapatistas de la comunidad El Nance, en el municipio de Altamirano, son amenazados con ser atacados por un grupo opositor.

· Desde mayo hasta la fecha, el poblado “24 de Diciembre”, en Las Margaritas, es amenazado con ser desalojado por campesinos miembros de la Unión de Ejidos de la Selva (UES). Se trata de “tierras recuperadas” cuyos títulos legales han sido otorgados a la UES.

· En junio, campesinos miembros de la Otra Campaña del paraje Cruztón, en el municipio de Venustiano Carranza, son amenazados con ser desalojados por campesinos priístas y por la fuerza pública.

· El 10 de septiembre, en el predio Bolom Ajaw, de la comunidad Agua Azul (Tumbalá y Chilón), la OPDDIC ataca a las bases de apoyo del EZLN que allí residen, con saldo de tres zapatistas heridos. Los medios oficiales tratan de culpar a los zapatistas, incluso difundiendo fotos de milicianos armados del EZLN en 1994 como si fueran actuales, mientras que en realidad estaban desarmados.

· El 18 de agosto, las comunidades de San Manuel y Buen Samaritano (Ocosingo, región Montes Azules) son desalojadas por los cuerpos policíacos y militares.

· El 25 de agosto, la Policía Sectorial y la OPDDIC amenazan con desalojar el poblado “6 de octubre” (Ocosingo).

· Desde mayo a la fecha, la OPDDIC atacó en diversas ocasiones y amenazó con desalojar por completo el municipio Autónomo Olga Isabel (Chilón).

· A finales de agosto, los campesinos de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) han sido víctimas de amenazas y hostigamientos, incluyendo la incursión del ejército al poblado “28 de Junio” (Venustiano Carranza).

· El 25 de septiembre, se produce la primera amenaza de muerte directa contra cinco integrantes del Consejo Autónomo de San Andrés Sacamchén de los Pobres. Según la JBG de Oventic la realiza el grupo autodenominado “OPDDIC-Roja” y el grupo Juvenil (expresión del Frente Juvenil Revolucionario del PRI). Este último caso no tiene que ver con la tenencia de la tierra, pero se enmarca dentro de la ola de agresiones que vienen sufriendo las comunidades zapatistas.

· El día 30 de septiembre, dos personas bases de apoyo del EZLN del Paraje Chactoj municipio de Zinacantan son detenidos durante once horas y despojados de sus pertenencias por las autoridades de la comunidad, militantes del PRD. Nuevamente el 4 de octubre, las seis familias bases de apoyo de esta comunidad fueron atacadas por los PRDistas apoyados por una patrulla de la policía municipal de Zinacantán. Al mismo tiempo que fueron despojados de sus tierras, de mangueras, tambos de plástico para agua y llaves de agua.

Aunque aparentemente los hechos se presenten de forma aislada, uniéndolos conforman un preocupante y grave mapa del aumento de la conflictividad en el estado. Por otro lado, desde el principio del año, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acompañada de la Policía Sectorial del estado ha estado realizando cortes masivos de energía provocando confrontaciones en distintas comunidades.

Tampoco podemos entender estos hechos sin ver lo que está sucediendo en el contexto nacional, en el que se ha desplegado una amplia militarización y una tendencia a la represión frente a los procesos organizativos de la sociedad civil.

Ante las circunstancias exigimos que los gobiernos locales, estatal y federal respeten los derechos colectivos de los pueblos; el cese a la impunidad y a la represión; y encontrar salidas pacificas a las causas que han generado los hechos de violencia antes descritos. La Red se pronuncia y se compromete a seguir promoviendo acciones que fortalezcan los procesos de los pueblos.

Atentamente,

La Red por la Paz

· Alianza Cívica-Chiapas

· CAPISE (Centro de Análisis Político y de Investigaciones Sociales y Económicas)

· Colectivo de Educación para la Paz (CEPAZ)

· Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

· Centro de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada

· Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas

· CIAM (Centro de Investigación y Acción de la Mujer Latinoamericana)

· CIEPAC (Centro de Investigaciones Económicas y Políticas para la Acción Comunitaria)

· COFEMO (Colectivo Feminista Mercedes Oliveira)

· CORECO (Comisión de Apoyo a la Unidad y la Reconciliación Comunitaria)

· DESMI (Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas)

· Edupaz (Educación para la Paz)

· Enlace, Capacitación y Comunicación

· Maderas del Pueblo del Sureste

· PROPAZ (Plataforma Suiza para la Paz en Chiapas)

· Serapaz (Servicios y Asesoría para la Paz)

· SIPAZ (Servicio Internacional para la Paz)

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, a 9 de octubre de 2007.

El ex presidente de México, Vicente Fox, cometió actos de corrupción vinculados con la remodelación de la residencia oficial de Los Pinos durante su mandato iniciado en 2000, según una auditoria especial conocida hoy. Los trabajos de remodelación para que el mandatario y su esposa, Marta Sahagún, habitaran el lugar tuvieron “visos fraudulentos” y ocasionaron “daño patrimonial al erario”, dijo el reporte final de la auditoría ordenada por la ahora desaparecida Secretaría de la Contraloría.
La documentación fue divulgada por el diario El Universal, luego de que hace dos meses el ex presidente fue declarado sospechoso de actos de corrupción y acusado penalmente del delito de “enriquecimiento ilícito”.
De acuerdo con el reporte, existen evidencias de que los funcionarios que ordenaron los trabajos no estaban legalmente facultados para hacerlo y que el proveedor seleccionado tampoco podía técnica ni financieramente afrontar el compromiso.
El despacho de Humberto Artigas y Asociados fue escogido por el entonces presidente Fox por recomendación de su hermano, José Fox Quesada, para realizar esta tarea.
La empresa firmó cuatro contratos por lo que facturó 6,1 millones de dólares según la documentación contenida en la auditoría.
Los contratos “se adjudicaron directamente sin la debida justificación y fundamentación, de acuerdo a la Ley, ya que el argumento esgrimido, de confidencialidad y seguridad nacional, se desvirtuó”, señala la cédula de observaciones.
Desde entonces “los errores y omisiones se acumularon”, como el hecho de que los funcionarios administrativos de la presidencia pagaron a Artigas del Olmo, dueño de la firma, un millón de dólares antes de que los contratos estuvieran firmados y las obras concluidas.
Además, la documentación indica que al daño patrimonial Artigas del Olmo sumó un fraude genérico, pues de los 475 enseres que debía haber adquirido para la residencia oficial de Los Pinos, sólo entregó 204 de los originalmente proyectados y 955 que no habían sido requeridos en el contrato.
La auditoría comprobó que el entonces jefe administrativo de Los Pinos, Carlos Rojas, firmó con una empresa a través de la intermediación de otra de su propiedad, Myo SA, que provocó que se duplicara el costo de las mercancías. Hubo “un sobreprecio de 636%, lo que se considera un daño patrimonial”, resaltó la auditoría.
En 2005 se conoció que al inicio del gobierno del presidente Fox la presidencia de México había adquirido 475 artículos por un importe de 446.000 dólares, entre ellos, un par de toallas por un valor de 400 dólares.
El informe provocó que el entonces ministro de la Contraloría, Francisco Barrio, ordenara la auditoría especial, cuyo reporte final estaba inédito. ACZ