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Los integrantes de la comisión propuesta por el Ejército Popular Revolucionario (EPR) para intermediar con el gobierno pidieron a las autoridades federales que precisen sus condiciones de diálogo.

En ese sentido, los mediadores solicitaron al gobierno que especifique “en qué medida los condicionamientos que plantea en su comunicado son impedimentos para el proceso del diálogo propuesto” y que lo relativo a “la figura de ‘testigo social’ resulta confusa, particularmente por su utilización en las licitaciones de entidades públicas”.

Estas observaciones las hacen también del conocimiento del EPR, no sin antes confirmar que “entendemos nuestra encomienda como de carácter puntual: las gestiones necesarias para lograr la presentación de Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez”.

El periodista Miguel Ángel Granados Chapa, la senadora por el PRD, Rosario Ibarra de Piedra, el antropólogo Gilberto López y Rivas, el escritor Carlos Montemayor y obispo emérito Samuel Ruiz dieron a conocer esta postura luego de haberse reunido este jueves.

Ernesto Ledesma, miembro del Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE), del Estado de Chiapas, emprendió una gira por Estados Unidos y Europa con el objetivo de denunciar la situación de represión en su Estado y especialmente en los territorios zapatistas, y advertir sobre la creciente militarización de México.

El activista denuncia que la decisión de los zapatistas de salir del territorio indígena para construir con otros sectores un movimiento nacional para construir una alternativa al sistema imperante, fue respondida por el gobierno con una militarización y una ofensiva en Chiapas, para atacar la retaguardia zapatista y obligar a un repliegue.

La situación es tan grave que ha obligado al subcomandante Marcos a volver a la clandestinidad y asumir su papel como jefe militar del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), subrayó el activista mexicano.

Ledesma recordó que en diciembre pasado Marcos ofreció sus últimas declaraciones públicas y desde entonces no ha concedido más entrevistas ni ha sido visto en público.

En esa ocasión el subcomandante Marcos recordó que el EZLN “es un ejército, muy otro por cierto, pero es un ejército”, e insistió que él es el “jefe militar”. La declaración llamó la atención, y más cuando señaló que “las señales de guerra en el horizonte son claras. La guerra, como el miedo, también tiene olor. Y ahora se empieza ya a respirar su fétido olor en nuestras tierras”.

Entonces Marcos recordó que por primera vez en muchos años se encontraba en una situación en que había un cerco de cal y canto a la difusión de lo que hacía el movimiento zapatista y sobre las actividades de represión en el Estado. El ejército mexicano ha aumentado su presencia militar en Chiapas y los territorios zapatistas con el argumento de que combaten al narcotráfico, cuando en realidad es el propio ejército el que asegura las rutas de la droga, sostiene Ledesma.

Desde la asunción del Felipe Calderón a la presidencia se ha llegado a establecer 79 campamentos militares en Chiapas y de ellos, 56 están en territorio indígena. Pero lo más grave, denuncia Ledesma, es que el 90% de estos 56 campamentos en territorios indígenas, son de tropas especiales, y en aquellos lugares que se han establecidos las tropas especiales, hay un incremento de los grupos paramilitares.

Muchos de estos grupos paramilitares están conformados por indígenas a los que se los quiere enfrentar con los zapatistas. Ya hay dos grupos paramilitares identificados en Chiapas y CAPISE tiene indentificados a 200 miembros, con nombres, apellidos, direcciones, así como a policías involucrados en torturas y represión. Pese a las denuncias públicas, ninguna autoridad ha dado respuesta e las denuncias ni ha efectuado una investigación.

Por el contrario, han provocado una dinámica de mantener a las organizaciones sociales en permanente campaña para la liberación de presos políticos, ya que mientras liberan a algunos, enseguida vuelven a detener a otras personas.

Ledesma recordó que dos militantes que partieron en una caravana desde Oaxaca para reclamar por la libertad de presos políticos en Chiapas, han sido asesinados recientemente.

El EZLN ha advertido que no actuará contra los grupos paramilitares ya que no quiere enfrentar a indígenas con indígenas, pero va a responder si se llega a situaciones límites. Sin embargo, advierte el activista mexicano, las autoridades están provocando y buscando una operación militar contra el EZLN y las autoridades civiles zapatistas.

Desde la declaración de alerta roja en diciembre pasado, el EZLN y sus jefes militares se ha replegado y se prepara para resistir. Esta resistencia comprende además la construcción de más poder popular, desarrollar y fortalecer las autonomías, las Juntas de Buen Gobierno, las instituciones del poder comunal indígena con la construcción de escuelas, un sistema de salud, entre otras cosas.

En el mismo sentido, las autoridades civiles zapatistas y el EZLN están buscando informar a la población en general, a los indígenas y a la comunidad internacional, sobre la situación y denunciar la agresión que se prepara. En los últimos días, tres caravanas han llegado desde otros puntos del país a Chiapas para llamar la atención y denunciar la represión y los casos de torturas.

Un grupo de intelectuales mexicanos aceptó hoy la solicitud del Ejercito Popular Revolucionario (EPR) de México de mediar para tratar de ubicar el paradero de dos de sus integrantes que afirma están detenidos por el gobierno.De acuerdo con el diario La Jornada, el grupo lo componen el antropólogo Gilberto López y Rivas, el obispo de Chiapas Samuel Ruiz, el periodista Miguel Ángel Granados y el escritor Carlos Montemayor.

El EPR sostiene que quienes se encuentran presos en instituciones militares son Edmundo Reyes Anaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, quienes afirma desaparecieron en el estado de Oaxaca el 25 de mayo del 2007.

La propuesta del EPR contempla, afirma La Jornada, no realizar acciones armadas el tiempo que dure la intermediación, mientras que los cuatro intelectuales pidieron al gobierno mexicano fije su postura pública al respecto.

El EPR también solicitó, en un comunicado aparecido en Internet, la intervención del Frente Nacional Contra la Represión, que respondió estar a la espera de una próxima reunión de su directiva para tomar una decisión.

Ante la reciente amenaza del Ejército Popular Revolucionario, EPR, el gobernador del estado, Juan Manuel Oliva Ramírez, informó que se mantiene la vigilancia en los puntos críticos de seguridad nacional de Guanajuato, a través de de estrategias diseñadas por el gobierno federal.El mandatario afirmó que es permanente la coordinación entre el grupos interinstitucional de seguridad, que integran corporaciones de los tres órdenes de gobierno

El 5 de julio del año pasado se registraron explosiones —que luego se atribuyó el Ejército Popular Revolucionario— en gasoductos de Pemex en Salamanca, Celaya y Valle de Santiago.

A pregunta expresa sobre las acciones de seguridad a partir del comunicado que el 22 de abril difundió el EPR “Desde algún lugar de Guanajuato”, afirmó que se está trabajando en esa materia.

“Esperamos que este tema de asunto federal sea tratado y dado a conocer cuando tenga avances; nosotros seguimos colaborando con la federación, seguimos trabajando con el grupo interinstitucional. Nuestro objetivo es claro: seguridad para Guanajuato y sus familias”.

Hizo alusión a la supervisión aérea de la Procuraduría General de la República en los límites con Michoacán.

Buscan el gas tóxico en avión

Elementos de Protección Civil sobrevolaron el municipio de Salamanca y recorrieron caminos de terracería, en el quinto día de búsqueda del cilindro del gas cloro, que varios ladrones sustrajeron del Sistema Municipal del Agua de Salamanca.

“Fueron muchas horas de búsqueda y no encontramos nada”, señaló el coordinador municipal de Protección Civil, Luis Gutiérrez Ceja.

El gobernador, Juan Manuel Oliva, carecía de información sobre el tanque gas tóxico, que podría ocasionar la intoxicación y muerte a las personas que entren en contacto con el químico e incluso explotar combinado con otra sustancia o por el calor.

La madrugada del domingo, sujetos no identificados destruyeron la malla ciclónica que protege el pozo El Mezquital y robaron el tanque con 64 kilos de gas claro.

En el Congreso del Estado, los diputados del PAN y PRI, Antonio Vallejo y Bárbara Botello externaron que es delicado el robo del gas tóxico por el riesgo que representa para la población.

“Hay focos rojos por todos lados y no es un asunto menor el robo de este tanque, las investigaciones que han hecho los medios de comunicación nos ponen en alerta”, agregó la diputada.

Protección civil ha buscado el depósito por cielo, agua y tierra; sus elementos han recorrido a pie y en vehículos decenas de tiendas de compra- venta de fierro, basurero, casas abandonadas, terrenos baldíos, cauces y campos agrícolas.

Funcionarios y peritos de la Procuraduría de Justicia de Oaxaca, incluido Romeo Ruiz –primo del gobernador Ulises Ruiz Ortiz–, y tres agentes de la Policía Ministerial del Estado (PME) fueron aprehendidos el mediodía de este sábado por soldados del Ejército Mexicano y elementos de la Policía Federal Preventiva acantonados en esta ciudad.En total son siete detenidos y están presuntamente relacionados con la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, a quienes el Ejército Popular Revolucionario (EPR) reclama como militantes suyos desde su desaparición, el 25 de mayo de 2007.

Por esa misma acusación fueron implicados el subdirector operativo de la PME, Pedro Hernández Hernández, y su ex chofer, el agente Ángel Reyes Cruz, aprehendidos la mañana del viernes por las mismas fuerzas federales, informó en entrevista telefónica Gerardo Francisco López Thomas, abogado defensor de Hernández, quien dijo que su cliente con su ex chofer fueron trasladados vía aérea a la ciudad de México.

Allí, agregó, rendirán su declaración ante el Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República.

Ambos, subrayó, son señalados en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEITA/047-08 de tener alguna responsabilidad en la detención ilegal y posterior desaparición de los dos militantes eperristas.

Destacó que los siete detenidos del sábado, entre ellos Romeo Ruiz, director de Servicios Periciales, y Ricardo Canseco, subdirector técnico administrativo de la Procuraduría de Justicia del Estado, así como dos peritos y tres agentes de la PME, uno identificado como Édgar Toledo El Chiapas, fueron también trasladados al Distrito Federal para rendir igualmente su declaración.

“El agente del Ministerio Público me confirmó que ya habían llegado (al Distrito Federal)”, señaló López Thomas, y anunció que analizará la averiguación previa para conocer debidamente las acusaciones contra su defendido y presentar pruebas de descargo para lograr su libertad, aunque reconoció que el Ministerio Público Federal puede consignar o decretar el arraigo por determinado periodo a Hernández Hernández mientras continúa con las investigaciones.

Apenas el jueves, Ruiz Ortiz deslindó a su gobierno de la desaparición de los miembros del grupo armado, y se sumó a la demanda de familiares y de organismos civiles para que sean presentados con vida.

El EPR ha responsabilizado a los gobiernos federal y estatal de la desaparición de sus militantes y ha detonado explosivos en instalaciones de Petróleos Mexicanos en Querétaro, Guanajuato, Veracruz y Tlaxcala, además del de un centro comercial de esta capital, para demandar su presentación con vida.

Horas antes, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca inició una queja por la detención del subdirector operativo de la PME, Pedro Hernández, y solicitó medidas cautelares para que sea respetada su integridad física y sicológica.

Heriberto Antonio García, el ombudsman estatal, dijo que la queja fue presentada por la hermana del detenido, Guadalupe Hernández Hernández, y ante esto se abrió el expediente CDDH/445/(01)/OAX/2008.

Dijo que la queja fue remitida a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por estar señalados elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional.

A causa de esto, dijo, los visitadores adjuntos de la CNDH Rosa María Coraza, Ramón Vásquez Díaz y Pedro Rey Armendáriz se encuentran ya en Oaxaca para dar seguimiento al caso.

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