En los últimos 13 años en la región de los Loxichas han sido ejecutados más de 100 indígenas zapotecos, primero por policías y luego por grupos paramilitares sin que el gobierno estatal haga nada para detener esta oleada de violencia, así lo denunció el líder social de esa región, Juan Sosa Maldonado.

Teniendo como marco la catedral de la ciudad de Oaxaca, el líder loxicha, expuso que pocos son los muertos que alcanzan notoriedad, ahora que el Estado ya no puede esgrimir el falso argumento del EPR en esa región, por lo cual es responsable por comisión.

Asimismo acuso al Estado de utilizar una política etnocida que pretende vaciar las comunidades mediante mecanismos violentos que incluyen ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, detenciones ilegales, además de las eternas condiciones de pobreza.

Ante estas situaciones y en vista de que en Oaxaca se han dado otras desapariciones forzadas, Sosa Maldonado, indicó que van a iniciar la jornada de lucha denominada “Zapata Vive”, que busca mantener la memoria de aquellos que han desaparecido en el último año.

En el órgano informativo del Ejército Popular Revolucionario (EPR), El Insurgente, número 123 del mes de diciembre, en su editorial lanzan preguntas que no han tenido respuesta. A lo largo de estos dos años, en mayo del 2010 cumplen tres, de haber desaparecido en la ciudad de Oaxaca de Juárez, presuntamente en el barrio de la Soledad el 24 o 25 de mayo de 2007, los dos mandos del EPR, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Los dos

aparentemente traicionados por supuestos luchadores sociales, luego de la lucha popular que se generó o degeneró en el 2006, tras la represión que sufrió el movimiento magisterial el 14 de junio de ese mismo año. Según ha trascendido fueron aprehendidos por fuerzas estatales al mando de Manuel Vera Salinas, Teniente de navío, en ese entonces, trabajando en la formación de un grupo clandestino, tras ser retirado de la Dirección de Seguridad Pública en Oaxaca.

Vera Salinas, hoy bajo la protección de la Marina Armada de México, trabaja como parte  del sector de  inteligencia  de la jefatura del Estado Mayor General de la Armada.

Para la Marina Armada, cuerpo que se ha identificado por sus actos sanguinarios en la persecución de delincuentes, oficiales como Manuel Vera Salinas, son un orgullo.

Extraoficialmente se conoce que la detención de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. El primero mando en la Comandancia General del EPR y el segundo, mando Regional del mismo grupo armado con sede en Oaxaca, fue respaldada por marinos en coordinación con policías estatales pertenecientes a un grupo denominado en código como “muralla”.

Este grupo que operaba en la clandestinidad y que posiblemente fue entrenado por Vera Salinas e infantes de marina, versión que recientemente ha surgido, se encargaba de recolectar información de inteligencia a través de “halcones”, algunos de ellos, infiltrados en los cuerpos policíacos y movimientos sociales, con el fin de obtener perfiles. Por encargo de mandos superiores, el grupo muralla a quien se le atribuyen acciones de terrorismo de Estado, realizaba en contubernio con miembros de la Fuerza Especial Policíaca de Alto Rendimiento( FEPAR), que era dirigida por el comandante Pedro Hernández, quien fuera arraigado por la Procuraduría General de la República (PGR) por su posible vinculación con la desaparición de los dos comandantes guerrilleros, aunque fue dejado en libertad poco despúes. La información recolectada consistía según se sabe, en el seguimiento de luchadores sociales, comunicadores y profesores,  para saber más del movimiento popular que estalló en Oaxaca en el 2006.

Pedro Hernández sirve de asesor en contra insurgencia para oficinas federales. A quienes las organizaciones no gubernamentales y el mismo EPR acusó, jamás fueron dejados al margen, siguen siendo parte del sistema de gobierno. 

Sin embargo poco se menciona en estas acciones contra insurgentes al teniente Manuel Moreno Rivas, al capitán de infantería retirado Delfino Cruz y a los hoy occisos; Alejandro Barrita Ortiz, así como a quien fuera colaborador de la Policía Federal Preventiva, Aristeo López Martínez asesinado en Oaxaca.

Para entender su participación tendríamos que establecer sus condiciones de servicio; Manuel Moreno se desempeñó como director de la Policía Ministerial, hoy es asesor contra guerrilla en Colombia, Delfino Cruz fue director de la Policía municipal de la ciudad de Oaxaca de Juárez, hoy trabaja en el norte del país en un cuerpo policíaco. Alejandro Barrita quien murió en una emboscada el enero de 2008, fue director de la Policía Auxiliar Bancaria Industrial y Comercial en activo y Aristeo López Martínez abatido en enero de 2009, coordinador de Seguridad Pública en el municipio de Oaxaca.

La relación al parecer  no es fortuita, todos ellos al parecer conocieron de la detención y desaparición, algunos participaron en mayor o menor responsabilidad, aunque todos sabían de lo sucedido.

 Las muertes aparentemente relacionadas con ese operativo contra insurgente continúan. Recientemente sin motivo alguno, fueron asesinadas tres personas en una clínica ubicada sobre la calzada Madero en Oaxaca, cerca del lugar donde fueron dejados, según asegura el grupo armado, los dos mandos del EPR, lugar al cual pudieron haber asistido los hoy desaparecidos antes de su detención.Quién trabajaba en ese lugar, ¿conocía a los hoy desaparecidos?

 El EPR en el editorial de El Insurgente, número 123 de fecha diciembre de 2009, priorizan la demanda de la presentación con vida de los dos mandos desaparecidos, parte del texto dice lo siguiente: En este contexto, nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez siguen desaparecidos a pesar de que todos los hilos, todas las evidencias conducen al ejército mexicano que actúa bajo las órdenes de una cúpula reaccionaria y el mandato de su jefe supremo que actúa por sus convicciones fascistas. De los responsables de la desaparición de nuestros compañeros preguntamos ¿Dónde está Vera Salinas?, ¿Qué sigue haciendo Pedro Hernández?, hay evidencias que Ulises Ruiz está utilizando ex caibiles, ex guerrilleros centroamericanos y compañías de mercenarios para hacer acciones sucias en contra del movimiento popular.

En el mismo texto al final, destacan que el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, utiliza a ex caibiles y a ex guerrilleros centroamericanos y mercenarios para eficientar, sería la palabra adecuada, la guerra de baja intensidad en contra del movimiento popular. 

Habría que profundizar en esa acusación aunque tiene sentido. Existe una teoría que no está alejada de la verdad. Durante el movimiento del 2006, fueron ex guerrilleros centro americanos, así como presuntos luchadores sociales, los que desde un principio actuaron en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), por lo menos son las apreciaciones de las tarjetas informativas que los grupos de inteligencia manejaban. Fueron estos mismos guerrilleros y luchadores  por así llamarlos, los que pactaron con el gobierno, para ir entregando a quienes se consideraban de alta peligrosidad. 

Es decir, infiltraron el movimiento del 2006, y lograron eficientar la guerra de baja intensidad del gobierno. Sirvió entonces el movimiento magisterial en el 2006 en Oaxaca, para asentar un golpe de muerte a la dinámica guerrillera en el país y así coronar sus acciones con la detención de dos mandos de un importante grupo como es el EPR.

Lo que no queda claro, es hasta donde el gobierno federal intervino. Es sencillo, Ulises Ruiz gobernador de Oaxaca, no pudo haber actuado solo, tenía que tener el aval del presidente de México, sobre todo porque vendría una respuesta de grandes magnitudes, cuestión que así fue.

Aunque habría que insistir que existe una tesis no probada, en cuanto que la detención- desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, se debió según ha trascendido, porque preparaban junto con un grupo especial del EPR, un atentado en Oaxaca en contra  de un alto funcionario, al cumplirse un año de la represión magisterial del 14 de junio. La detención fue el 24 o 25 de mayo, pocos días para el 14 de junio. Claro esta posibilidad podría ser simplemente una cortina de humo para esconder el motivo que llevó a su detención-desaparición.

Si asi fuera, los dos mandos enviados pudieron haber estado coordinando las acciones guerrilleras, ¿fueron  traicionados?. La pregunta que cabe hacer sería ¿ a quién pensaban ajusticiar en Oaxaca?

De ser verdad está versión, su detención- desaparición, ¿fue producto de una venganza?  No se entiende el porque las fuerzas que intervinieron no los entregaron de inmediato, al contrario los torturaron según un anónimo de policías ministeriales de Oaxaca, donde se aseguraba que fueron llevados a los Pinos, torturados y después no se supo nada. Hay cientos de preguntas que no han sido contestadas.

 16 años de que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) apareciera en la vida política de México, el ex integrante de la Comisión de Mediación con el Ejército Popular Revolucionario (EPR) Enrique González Ruiz, consideró que tanto en el país como en el estado hay las condiciones objetivas para un nuevo levantamiento revolucionario, además de que el 2010 es un año emblemático para el país en materia de movimientos sociales, aunque consideró que no hay una plena conciencia de ello entre la población.
Indicó que la posibilidad de un movimiento armado en nuestro país siempre está latente entre la población mexicana, y no hay ningún avance real en cuanto a las banderas que este movimiento enarboló en enero de 1994, cuando apareció el movimiento armado del EZLN, de manera que las banderas zapatistas siguen vigentes: Libertad, Justicia y Democracia.
Señaló que las condiciones objetivas para que puedan concretarse un movimiento armado en el país y en nuestro estado están dadas, “hay opresión, desempleo, hambre, desesperación y falta de aliento en muchos mexicanos, no hemos avanzado como país desde que apareció públicamente el EZLN, al contrario hemos retrocedido.”
González Ruiz, recordó que rige aún la Constitución de 1917 que recoge los postulados, los ideales y las luchas de los hermanos Flores Magón, el Partido Liberal Mexicano, Villa y Zapata, sin embargo, “el pacto social está roto, pues no puede decirse que actualmente gobierne alguien en nombre de los trabajadores de México, al contrario este gobierno es para y de los empresarios.”
Añadió que en 1994 con la firma del Tratado del Libre Comercio, el entonces presidente de México Carlos Salinas de Gortari prometió a los mexicanos un camino en sentido positivo, ya que la inversión extranjera iba a traer democracia, trabajo y un mejor futuro para los mexicanos, “nada de esto sucedió, al contrario el desempleo cundió, surgió con mayor fuerza la violencia, en fin se han agudizado las contradicciones.”
Por lo tanto reitero, en que las condiciones objetivas para un nuevo alzamiento revolucionario o reivindicador está dato, y consideró que siempre sería posible que algún grupo decidiera optar por la vía armada, “porque ya no encuentra los caminos de la política abiertos, hay mucho autoritarismo, los funcionarios no responden con apertura, con dialogo, como sucedió en el conflicto laboral entre Calderón y el Sindicato Mexicano de Electricistas.
Reitero en que las condiciones objetivas están dadas, de allí a la realidad tendrían que darse las condiciones subjetivas, que es la conciencia que debe adquirir quien realiza este tipo de acciones, y en este caso es proceso siempre es más lento.
Por último, indicó que “en esta historia cíclica de México, 1810, 1910, 2010 este año puede ser muy movido para nosotros, los movimientos sociales, y espero que las luchas cristalicen en mejores conquistas para los trabajadores y para las mayorías, y revertir este proceso tan fuerte que tenemos de pérdida de la adquisición del salario y para que los jóvenes encuentren alternativas diferentes a las actuales,” concluyó.

La comandancia general del Ejército Popular Revolucionario (EPR) demandó a las personalidades que integraron la Comisión de Mediación (Comed) que reconsideren reanudar el funcionamiento de ese organismo, para continuar con las gestiones a fin de localizar a sus compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos desde marzo de 2007.

En un comunicado, el EPR sostiene que ambos se encuentran en el Campo Militar Número Uno, pero, según se han enterado, “la cúpula del Ejército” pretende cambiarlos a un búnker de la Secretaría de Seguridad Pública federal, ubicado debajo de lo que fueron los juzgados del antiguo penal de Lecumberri, hoy sede del Archivo General de la Nación.

El EPR advierte que hay testimonios de personas que vieron muy golpeados, “graves, por las torturas”, a Reyes Amaya y Cruz Sánchez. Pese a ello y al “destacado papel de la Comisión de Mediación, que realizó esfuerzos sobrehumanos para que presentaran a los compañeros, el capricho y la venganza del señor Felipe Calderón y la cúpula del Ejército” lo han impedido, ya que niegan que estén en su poder, “cuando todo mundo sabe que los tienen”.

Los siguen torturando, asegura el EPR, y advierte que continúan las desapariciones forzadas y asesinatos de líderes sociales como política de Estado. Piden, por ello, que la Comed reanude actividades. “Esperamos su respuesta con paciencia y la seguridad de su compromiso con la lucha por la justicia.” De aceptar, “daríamos a conocer el nombre de las personas que participarían en el desarrollo de esta encomienda”.

En el escrito, signado también por el comité central del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR), responsabilizan al presidente Calderón y al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, “de no tener voluntad de dialogar con el pueblo” ni de atender sus demandas.

Hay también, agregan, “falta de voluntad política para resolver todas las violaciones de derechos humanos cometidas por miembros del Ejército. La milicia ha declarado, “con todo cinismo”, que la estrategia que han desarrollado contra el crimen organizado “es un ensayo para descubrir los focos rojos de descontento social y ubicar, es decir, reprimir a los luchadores sociales”.

chiapas

17 de noviembre. Mientras una declaración pública de sacerdotes y religiosas reveló hoy el grado de tensión existente entre la diócesis de San Cristóbal de las Casas y el gobierno estatal, el Ejército sigue desplegando gran actividad, con allanamientos y patrullajes en comunidades del centro y la selva fronteriza, y este lunes se registró un excepcional desplazamiento de tropas hacia los Altos, de acuerdo con testigos en San Juan Chamula.

Al cumplirse 26 años de la fundación del Ejército Zapatista de Liberación (EZLN), y subrayando el silencio zapatista de más de ocho meses, hoy destacó la ausencia de cualquier acto conmemorativo en los caraco- les; tampoco hubo pronunciamiento del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN, el cual no ha firmado ni emitido comunicado alguno desde el pasado 8 de marzo. Según advierte desde hace unas semanas el sitio electrónico Enlace Zapatista, “cualquier texto posterior a esa fecha que lleve la firma del EZLN es apócrifo”.

En tanto, sacerdotes, religiosas y misioneras de la zona sur de la diócesis de San Cristóbal protestaron “enérgicamente” contra “la persecución desatada hacia la Iglesia católica” por el gobierno estatal contra el obispo Felipe Arizmendi y, “en especial”, el sacedote Jesús Landín (padre Chuy), párroco de San Bartolomé, en Venustiano Carranza, y sus colaboradores. “No somos delincuentes ni estamos promoviendo la violencia en ninguna forma”, sostuvieron.

Los agentes de pastoral señalan en su pronunciamiento que “la obsesión persecutoria” contra Landín “ha llegado al extremo de que el gobernador Juan Sabines Guerrero intentara que el obispo le prestara su mano para expulsarlo de la diócesis y de Chiapas”. Sin embargo –añaden–, “nadie tiene derecho a procurar la expulsión de un ciudadano de ningún lugar en el territorio nacional; al hacer esto se está procediendo contra la Constitución”.