Finalmente, la justicia chiapaneca decidió encubrir a miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic) en el caso del asesinato de dos de sus correligionarios durante una riña en la comunidad de Banavil (Ocosingo), en febrero de 2002, y confirmó la sentencia de ocho años de prisión contra Alfredo Hernández Pérez, de 48 años, y Fidelino Ruiz Hernández, de 73, bases de apoyo del EZLN, quienes han servido como chivos expiatorios.Tras incumplir el término de ley para emitir la sentencia, “incurriendo en responsabilidad administrativa y penal” –según el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE), encargado de la defensa de los indígenas zapatistas–, el juez mixto de primera instancia de Ocosingo, Guillermo González Rodríguez, los condenó. Han pasado ya cinco años y medio tras las rejas.

Se les consideró “culpables de homicidio”, en lo que la defensa considera una “decisión política” que necesariamente involucra a la Magistratura Superior del estado, pues en dos ocasiones el juez fue llamado por sus superiores a Tuxtla Gutiérrez en relación con el caso, antes de emitir la sentencia.

La argumentación del juez “da por buenas todas las declaraciones de los miembros de la Opddic”, pasando por alto las irregularidades, contradicciones e inconsistencias denunciadas por la defensa y los acusados, e incluso “las aberraciones jurídicas señaladas por el mismo Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), cuando ordenó la reposición del caso”. Para el centro de análisis, “la injusticia y el descaro llegan a tal extremo que justifica que los testigos de cargo, miembros de Opddic, no se hayan presentado a las diligencias de ley (como ordenó el tribunal)”.

El magistrado se escudó en una notificación de la Agencia Estatal de Investigación, según la cual “no fue posible” su localización, pues “al preguntar por ellos”, les informaron “que no los conocen o no los han visto en esos lugares” (o sea Banavil, donde viven todos). Así, ignora (“increíblemente”, expresa el CAPISE) el reporte del actuario notificador, quien en su momento “sí encontró y notificó a cada uno de los citados”.

El juez, “en plena contradicción”, termina “explicando” que no efectuó los interrogatorios debido a que, si bien “en cumplimiento a los ordenado por la superioridad” citó a la parte acusadora “en múltiples ocasiones”, no fue “posible” su comparecencia, “ya que viven en una zona de conflicto por motivo del movimiento del EZLN, (en) lugares donde los habitantes no permiten el acceso a la policía (…)”.

Esta argumentación “confirma la negligencia y mala fe del juez”, dice el CAPISE. La propia junta de buen gobierno del caracol de La Garrucha informó y notificó al juez “exactamente lo contrario”. González Rodríguez también da por buenas las declaraciones de Petrona Gómez Torres (madre de una de las víctimas), siendo que la misma mujer “se presentó en su despacho y lo amenazó para que no llevara a cabo la reconstrucción de hechos”.

En cambio, desestimó las declaraciones de los testigos de descargo, arguyendo que varios de ellos “son familiares de don Alfredo y don Fidelino”, sin considerar que, “literalmente, todos los testigos de cargo son familiares directos de las víctimas”, reclama la defensa.

También se exige a los indígenas indemnizar a los miembros de la Opddic por “daño moral” y “gastos funerarios”. Los sentenciados y la defensa interpusieron recurso de apelación.

Al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa le ha faltado sensibilidad para abordar el asunto de los grupos guerrilleros que operan actualmente en el país, coinciden mujeres excombatientes de la Liga Comunista 23 de Septiembre y Vanguardia Armada del Pueblo.

En entrevista conjunta, tres exguerrilleras alertan sobre los riesgos actuales de radicalización de movimientos populares y hablan del Ejército Popular Revolucionario (EPR), el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Rosa María González Carranza, quien a principios de los 70 se enroló en la Liga 23 de Septiembre en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, señala que no ha visto en las autoridades la capacidad y humildad necesarias para buscar el diálogo con las agrupaciones levantadas en armas.

“Se necesita tener sensibilidad y el gobierno no la tiene; sería muy sencillo contratar expertos en movimientos guerrilleros que les dijeran cómo actuar sin reprimirlos, invitarlos a un diálogo de iguales donde no haya ni verdugos ni juzgadores, a ver cuáles son sus demandas… pero los autoritarios están ciegos, sordos y además no tienen capacidad”, sostiene.

A juicio de González Carranza, los movimientos armados que se han mantenido desde hace varias décadas “pueden aguantar mucho tiempo más y, si se van muriendo algunos militantes que ya están grandecitos, van surgiendo otros”.

Dice que el gobierno federal debe aprender a ser tolerante con los que piensan distinto y tienen sus propias causas, con aquellos que disienten, pues cuando las autoridades tengan la capacidad de dar valor al disenso, ese día se solucionarán los problemas por otras vías.

Por su parte, María de la Luz Aguilar Terrés, quien hace más de tres décadas formó parte de Vanguardia Armada del Pueblo en el Distrito Federal, considera que el gobierno está perdiendo la capacidad de negociar. Sostiene que ha tenido la oportunidad de asumir una actitud conciliadora, pero que los funcionarios no han sido sensibles a esa situación y han preferido cerrar espacios, no sólo con los movimientos armados, sino también con los organizaciones sociales, como las surgidas en San Salvador Atenco y Oaxaca.

Considera que los gobiernos de Vicente Fox y, ahora, de Felipe Calderón han actuado con mucha torpeza para resolver conflictos sociales. “De palabra, a lo mejor han dicho que están dispuestos a negociar, pero en los hechos sólo han estado reprimiendo, sobre todo en los principales puntos de crisis, lo que ha agudizado los problemas sociales y se han propiciado más muestras de inconformidad. Si no hay esa capacidad de por lo menos ceder un poquito, se puede venir un descontento generalizado”.

A su vez, Bertha Lilia Gutiérrez Campos, exmilitante de la Liga Comunista, advierte que el gobierno debe aprovechar la enseñanza que dejaron los movimientos armados de los años 70 y actuar con mayor tolerancia y respeto.

Prosigue: “Creo que es momento de diálogo, de negociaciones, de ampliar los espacios democráticos, de apostarle a la educación y a que la riqueza, en vez de estar en menores cantidades de personas, se distribuyera de mejor manera”.

Indica que el caldo de cultivo de las rebeliones armadas han sido la pobreza y la miseria, con detonadores muy claros como la represión policiaca, militar, por lo que estima que deben ser respetados los espacios de participación social que hay ahora y que no existían en los setenta.

“En las ciudades no existen en estos momentos condiciones para hablar de otro tipo de lucha radical urbana, y ojalá no llegaran a existir porque no fueran necesarias, no se necesita radicalizar ningún movimiento, pero para eso las cuestiones estructurales son determinantes, a los jóvenes les están faltando espacios para su desarrollo y la pobreza va cerrando oportunidades a amplios sectores de la población”, advierte Gutiérrez Campos.

El segundo encuentro

Rosa María González, Bertha Lilia Gutiérrez y María de la Luz Aguilar estuvieron recientemente en Colima para presentar el libro Memoria del Primer Encuentro Nacional de Mujeres Exguerrilleras. Dicho libro surgió del evento realizado en diciembre de 2003, en el salón Heberto Castillo del Senado de la República.

Las exguerrilleras dieron a conocer la convocatoria al segundo encuentro, denominado Mujeres de armas tomar. Nuestra memoria contra el olvido, la impunidad y el silencio, que se realizará los días 7 y 8 de marzo de este año en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), en Mazatlán.

Durante la entrevista, Gutiérrez Campos señala que en la actualidad observa una semejanza muy grande en la represión oficial que se está ejerciendo contra los movimientos sociales y la que existió en los setenta.

“Quiero pensar que se buscan los espacios democráticos, se participa en ellos y de pronto esa misma represión radicaliza los movimientos; así sucedió con nosotros. Se está acercando la realidad actual a esa condición y creo que pudiera evitarse, prevenirse, siempre y cuando se respeten esos espacios, pero pareciera que la tendencia va en contrario”.

–¿Esta tendencia detonaría la proliferación de movimientos armados?

“Podría prevenirse, evitarse. En nuestra experiencia eso fue lo que radicalizó a nuestro movimiento, y ahora vemos rasgos comunes. Quisiéramos que en vez de que se buscara la manera de repetir esa experiencia por parte del Estado, en la que se reprime los movimientos y se hace una lucha sin fin, se actuara de otra manera”.

Para María de la Luz Aguilar, “las guerrillas siguen vigentes en México: tenemos en el país regionalmente todavía lugares donde la situación sigue siendo casi la misma, sigue habiendo marginación, hambre, pobreza, o sea todas las condiciones que propiciaron el nacimiento de la guerrilla, y la guerrilla sigue ahí, especialmente en Oaxaca, Chiapas y Guerrero, donde se ha dicho que hay más de 20 grupos guerrilleros”.

En opinión de Aguilar Terrés, el EZLN es una guerrilla “muy complaciente, más mediática que realmente una guerrilla, muy local en el indigenismo y creo que para el Estado, mientras no se salga de ahí, no representa un peligro”.

Asegura que, en cambio, el ERPI, el EPR y otros grupos que están en esas zonas “son las reminiscencias que quedaron de lo que se había dado en los setenta”.

Menciona que sus integrantes provienen de grupos como la Unión del Pueblo y el Partido de los Pobres y que se alimentaron de nuevos cuadros a raíz de la represión de Aguas Blancas y El Charco.

La exmilitante de Vanguardia Armada del Pueblo señala que no son claras las tácticas de lucha de estas agrupaciones, como sí las tenía, por ejemplo, Lucio Cabañas, de luchar contra los caciques y formando comités de autodefensa.

–¿Qué grupos le preocuparán más al gobierno actualmente, EPR, ERPI o los zapatistas?

“Creo que le preocupan todos, pero hay diferentes actitudes por los tipos de guerrillas. Con el cambio de gobierno se desmanteló el aparato de seguridad nacional, y eso hizo posible que, a lo mejor, se les perdiera la pista a estos movimientos y se concentraran más en el zapatismo, que estaba bien ubicado, más visible que los otros grupos”.

México se encuentra actualmente en la antesala de repetir la historia de la Revolución con otro estallido social, ocasionado nuevamente por la desesperación de las personas humildes del campo.

Así lo vaticinó el Diputado Federal, Tomas Gloria Requena quien dijo esto es consecuencia de las políticas económicas como el Tratado de Libre Comercio con América del Norte.

“Dios guarde la hora que pudiera ser un movimiento armado, hablaban que el EPR pudiera hacer más agresivas sus agresiones, hablan de que el EZLN pudiera reiniciar movilizaciones, aunado a esto todos las organizaciones de campesinos, podría generar algo”, expuso.

Dijo que esta situación además de poner en riesgo la paz nacional, también repercutiría gravemente en la economía nacional, situación que afectaría a todos por igual.

“Esto puede llegar a un conflicto social, si no alguna revolución armada, si a la paralización de muchos sectores de la economía, de muchos sectores sociales y esto estresaría al país, colapsaría la economía del país”, dijo

Indicó que todo esto esta siendo prácticamente alentado por el Gobierno Federal por su empecinamiento de proteger a los grandes monopolios y dejar fuera a las clases bajas

“La Presidencia de la República yo no sé si tienen miopía, si son autistas o no sé qué es lo que les está pasando, porque solamente alguien que esta fuera de la realidad, que aunque tiene vida y está bien, esta consiente, pero esta fuera de la realidad como le pasa a la Presidencia de la República”, criticó

Y añadió, “Ha llegado el momento, que el Presidente Calderón asuma el compromiso, que entienda que no todo es el combate a la inseguridad, el país tiene muchos problemas y parte de ello es generar alimentación porque es parte de la Soberanía Nacional y lo está descuidando mucho, al grado que cada 100 años se ha presentado un movimiento armado

La secretaria técnica del gobierno de Chiapas, Blanca Ruth Esponda, aseguró que “ninguno de los tres niveles de gobierno tiene la intención de desalojar alguna comunidad zapatista”, y señaló que “la política del gobierno del estado es cuidar la integridad de esas comunidades, donde quiera que estén ubicadas”.La funcionaria mencionó lo anterior cuando se le preguntó cuál es la postura del gobierno de Chiapas sobre las amenazas del alcalde priísta de San Cristóbal, Mariano Díaz Ochoa, de desalojar a las bases de apoyo zapatistas que desde hace casi un año resguardan la reserva ecológica de Huitepec, localizada al poniente de esta ciudad.

“En realidad todo el territorio indígena zapatista está destinado a ellos y ningún gobierno de cualquier nivel, hasta ahora, tiene ninguna intención de desalojar a alguna comunidad zapatista”, subrayó Esponda.

–¿Esto quiere decir que el gobierno del estado no respalda la postura del gobierno municipal? –se le preguntó.

–No. Y no sé si esa sea una posición oficial, porque el gobierno municipal debe consultar al gobierno estatal.

Los indígenas de México siguen en el piso más bajo de la sociedad, pero han avanzado en la toma de conciencia para ser sujetos de su propia historia, afirmó el obispo emérito de San Cristóbal, Samuel Ruiz García, quien con una misa en la catedral celebró hoy 48 años de su consagración episcopal.Durante la homilía se anunció el comienzo de un proceso de recuperación histórica del ministerio pastoral realizado por Ruiz García, durante 40 años al frente de la diócesis local, proyecto que ha arrancado con la idea de construir en San Cristóbal un centro comunitario en el que se preserve la memoria del trabajo del obispo y donde serán colocados los reconocimientos que ha recibido.

A la misa celebrada en la catedral de San Cristóbal asistieron 30 sacerdotes con ritos indígenas. Ahí, el párroco de Tila, Heriberto Cruz Vera, leyó un mensaje de reconocimiento al llamado tatic (padre), en el que hizo un recuento de las principales acciones de éste durante 40 años al frente de la diócesis de San Cristóbal, entre las que destacó la mediación que hizo entre el gobierno federal y el EZLN después del levantamiento armado.