La Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) surgió en medio de un escenario complejo y difícil. En el mes de diciembre de 1994, el presidente Ernesto Zedillo propuso al Congreso de la Unión la conformación de una comisión parlamentaria paritaria, integrada por un diputado y un senador propietario y suplente de cada uno de los partidos con representación legislativa.

El compromiso inicial del Ejecutivo federal fue el de realizar un esfuerzo sincero por la paz en Chiapas. Los partidos representados en el Congreso de la Unión correspondieron al gesto inicial del presidente de la República y asumieron en forma corresponsable las tareas de pacificación, aprobando la conformación de la inicial comisión paritaria legislativa en el mismo mes de diciembre del primer año de Ernesto Zedillo como presidente de México. Los pilares de este esfuerzo legislativo fueron Heberto Castillo y Luis H. Álvarez, acompañados de un grupo de entusiastas parlamentarios que mucho aprendimos de ellos.

En los primeros días de esta comisión legislativa, algunos sectores pensaron que se estaba creando un instrumento para desplazar a la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), en el incipiente proceso de negociación que se había producido en los primeros meses de 1994, después del levantamiento armado. Los legisladores incorporados a la comisión legislativa para la paz acreditamos en los hechos nuestro deslinde de cualquier pretensión presidencial y establecimos una relación productiva y respetuosa con los miembros de la Conai, la cual ha perdurado a través del tiempo.

A escasos dos meses de haber creado la comisión legislativa para la paz, Ernesto Zedillo dio la primera muestra de su doble lenguaje al emitir sendas órdenes de aprehensión en contra de la dirigencia zapatista, en una acción que tuvo una respuesta firme, rápida y directa de los miembros de la comisión parlamentaria, incluyendo los legisladores del PRI, partido en el poder en ese momento. No hubo duda ni actitudes tibias, todos los legisladores de la comisión encararon al presidente de la República y le reprocharon su imprudente actitud.

La estrategia presidencial profundizó la crisis y fracasó en el intento por apresar a la comandancia zapatista. El yerro gubernamental había sido desastroso. A los legisladores nos quedó claro que el poder en México es un sinuoso camino de intereses y actitudes que, en apariencia contradictorias, corresponden a una lógica que las dirige, impuesta por las cúpulas económicas y políticas del país, en un esquema de acuerdos y componendas entre grupos de poder, los cuales trascienden las fórmulas tradicionales partidarias.

En este escenario, Esteban Moctezuma, secretario de Gobernación, asumió una actitud sincera y autocrítica frente a los legisladores de la comisión para la paz y nos pidió, primero por medio de Heberto Castillo y luego a los demás legisladores, que hiciéramos un último esfuerzo por rencauzar el diálogo. La discusión fue intensa y enriquecedora.

El procurador de la República, el panista Antonio Lozano Gracia, propuso la creación de una ley de amnistía, lo que significaba en los hechos eludir la construcción de acuerdos y compromisos que atendieran las causas que habían originado el conflicto. La postura que generó el mayor de los consensos en ese momento de crisis fue la de la conformación de un instrumento jurídico que constituyera las bases de una estrategia de negociación entre el gobierno federal y el EZLN y, al mismo tiempo, brindara un respaldo legal a la decisión de contener las órdenes de aprehensión emitidas por el Ejecutivo.

De esta manera se conformó el primer borrador de la iniciativa de Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, el cual se puso a consideración del EZLN mediante una estrategia de comunicación a través de medios escritos y electrónicos, nacionales y locales. Nos apersonamos en radiodifusoras de Ocozingo, Comitán, Las Margaritas, Altamirano y San Cristóbal de las Casas para dar a conocer el contenido de la iniciativa de ley. El mensaje llegó a su destino y el EZLN nos contestó en forma pública que la iniciativa de ley no era aceptada por ellos en los términos originales, dado que carecía de una serie de definiciones, las cuales enumeraba, y exponía cómo describirlas. Los argumentos expresados públicamente por el EZLN fueron aceptados en su totalidad e incorporados al texto definitivo de la iniciativa de ley que fue aprobada casi por unanimidad en el Congreso de la Unión. Es con esta ley donde nace formalmente la Cocopa como órgano de coadyuvancia en el proceso de diálogo.

El primer encuentro entre el gobierno federal y el EZLN se produjo el 9 de abril de 1995, en la comunidad de San Miguel, del municipio de Ocozingo, un lugar cercano a los poblados de La Garrucha, San Alejandro y Hermenegildo Galeana, donde en semanas pasadas se apersonó un convoy de soldados para investigar, según ellos, sembradíos de mariguana, cuando está documentado en los hechos el rechazo del EZLN al cultivo de enervantes y a cualquier acción de carácter terrorista. Este ha sido un tema superado durante toda la etapa del conflicto. Reanimarlo en la actualidad tendría un tufo provocador y terminaría por crear una escalada cuyas repercusiones trascenderían las fronteras del estado y del país.

Describo estos momentos iniciales en la creación de la Cocopa cuando se requiere la creación de una estrategia convincente y verificable que permita reconstruir lo andado en el proceso de negociación. Ese es el reto de todos los actores políticos actuales, entre ellos el de la Cocopa actual.

El Ejército Popular Revolucionario (EPR) manifestó ayer, en boletín de prensa, que considera la posibilidad de que sus compañeros desaparecidos, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz “se encuentren en el Campo Militar número Uno, porque la experiencia en el país indica que a los luchadores sociales los mantienen por años en ese lugar, como ha sido documentado y denunciado por organizaciones defensoras de los derechos humanos desde años anteriores”.

La organización armada precisa que esto lo han corroborado los testimonios de los “presos políticos” que sobrevivieron, “que ahí estuvieron y vieron a muchos otros compañeros que después desaparecieron”. Ante ello, sostiene que “resulta poco creíble que cuando un visitador adjunto de la CNDH va a las instalaciones diga que no halló nada; esto es una burla más, porque para revisar el Campo Militar se requerirían 30 días o más para poder hacerlo de manera exhaustiva”.

Otra posibilidad, subrayó el EPR, es que sus compañeros detenidos-desaparecidos “aún se encuentren en alguna de las casas de seguridad que tienen las fuerzas represivas, como las denunciadas en la revista Proceso, de las que ninguna autoridad ha dado alguna explicación”.

Destaca que el andamiaje clandestino y las formas que utiliza el Estado para intentar paralizar la protesta social “perduran hasta la actualidad, al grado de que los que fueron policías de la DFS hoy brindan asesoría, infraestructura y consejos para encubrir y solapar, y repetir todo lo que ellos hicieron en la llamada guerra sucia, apoyados por lo regular por sus hijos, quienes hoy pertenecen al Cisen o a la AFI”.

Subraya: “insistimos por enésima ocasión en la libertad de todos los presos políticos y de conciencia y también demandamos enfáticamente a los presuntos representantes del pueblo, en las cámaras de Diputados y Senadores, que promulguen la ley de amnistía para todos ellos; no hacerlo es convertirse en cómplices de todo lo que está sucediendo, porque el PRI junto con el PAN son los que avasallan al Legislativo para imponer leyes y reformas anticonstitucionales que, por ende, son antipopulares como la del ISSSTE”.

Señala que el gobierno de Felipe Calderón insiste en intimidar a los pueblos campesinos, “en desaparecer a luchadores sociales como a los ciudadanos Bonifacio Gaona Barrientos indígena totonaco de Puebla, y al colono Moisés Molina Rodríguez, en Michoacán”.

Abunda: “se insiste en poner como representantes del Estado mexicano a personas sin oficio político, con ideología ultraderechista, para tratar asuntos tan delicados como la continua práctica gubernamental de la desaparición forzada, delito de lesa humanidad imprescriptible”.

En el contexto de la violencia institucional “las fuerzas represivas aprovechan esta coyuntura para aprehender, torturar y desaparecer a luchadores sociales pretendiendo mimetizarlos con simples levantones del narco, verbigracia, los 38 trabajadores de Pemex desaparecidos en Cadereyta, Nuevo León”, refiere.

Acusa que “existe la complicidad entre gobierno, empresarios, mandos de las fuerzas armadas y cabezas de los grupos de ultraderecha para formar paramilitares que hagan el trabajo sucio e intentar dejar incólume al Ejército federal en la comisión de delitos de lesa humanidad.

“Un ejemplo lo tenemos con el supuesto hallazgo en Oaxaca, de fosas clandestinas y la inhumación de los cadáveres con evidencias de tortura y tiro de gracia que tratan forzadamente de relacionar con la detención-desaparición de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, tratando de diluir la esencia de nuestra demanda, que es su presentación con vida y la de todos los desaparecidos políticos, alargando el tiempo al intentar distraer a la opinión pública con estos hechos”, apunta.

El EPR considera que “el gobierno de Calderón debe dar una respuesta oficial y no recurrir a voceros oficiosos y a maniobras sucias de propaganda negra contra nuestro partido que buscan desvirtuar nuestras demandas y lucha, presionando para reventar el papel de la comisión de mediación al pretender crear un ambiente de zozobra filtrando por medio del Cisen borregos mediáticos de una supuesta negociación secreta”.

Esas filtraciones, sostiene el grupo armado, “en esencia constituyen amenazas veladas contra nosotros, que al no tenernos al alcance de su garra represora presionan y pretenden desquitarse con luchadores sociales, defensores de los derechos humanos y presos políticos de conciencia. ¿Estos serán los incidentes a que se refirió la Secretaría de Gobernación?”.

Ni negociaciones secretas ni hipótesis de confort, sostiene el EPR; ambas “son parte de la campaña contrainsurgente, que de manera solícita se reproduce ya sea por omisión o comisión contribuyendo a que perdure la impunidad, alentando a que se cometan nuevos crímenes de lesa humanidad. El gobierno de las desapariciones forzadas le está apostando al desgaste y al olvido por medio del terror del Estado”.

Sin el riesgo cierto de una nueva escalada de violencia contra las comunidades zapatistas y la trascendencia que puede alcanzar una salida política a la cuestión de los eperristas desaparecidos, la mención de ambas circunstancias quedaría relegada simplemente a ello. Sin embargo, durante el transcurso del segundo semestre de 1996, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se encontraba en pleno diálogo con el gobierno federal al momento de la irrupción del Ejército Popular Revolucionario (EPR). La vía política primaba con los alzados de Chiapas, en tanto que los enfrentamientos militares imperaban en Guerrero y Oaxaca. Actualmente, los roles se han invertido: mientras el EPR y la actual administración federal encuentran en la Comisión de Mediación una instancia sobre los desaparecidos, el subcomandante Marcos acaba de agregar un agravante: “Estamos como en 1993, pero al revés. (…) Ahora es el gobierno el que está preparando el ataque (Laura Castellanos y Ricardo Trabulsi: Corte de Caja, Búnker/Alterno, 2008, p. 49.)”.

La paradoja entre ambos momentos serviría como referencia política de la historia inmediata, pero la relevancia de la coyuntura la convierte en lectura imprescindible. El reciente informe (La Sedena: Operación Garrucha, 7 de junio de 2008) del Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE) destaca en el mismo sentido: “Frente a un escandaloso silencio mediático, la ofensiva contra los pueblos zapatistas dentro de su territorio no sólo se mantiene, sino en forma por demás alarmante, se incrementa”. Diversos análisis apuntaron que el zapatismo no fue aniquilado, pese a su manifiesta debilidad militar debido, entre otras cosas, a una exitosa estrategia comunicacional y cobertura mediática; pero ya sin éstas, las comunidades zapatistas están a la intemperie. Como bien se refleja en el trabajo de Castellanos-Trabulsi, también son ignoradas las formas de autogobierno que se está impulsando y plasmando en las comunidades chiapanecas. Ello implica que ante la ruptura de y con Marcos, continuó un desinterés por la suerte de esa experiencia autonómica.

El EZLN concitaba toda la atención (mediática-comunicacional) alrededor suyo, a la vez que la única vía de asumir al EPR era a través del enfrentamiento policial-militar. Basta con mencionar la definición de “guerrilla buena” (EZLN y su base social) y “guerrilla mala” (EPR y sus acciones terroristas) para comprender cabalmente la diferencia entre ambas decisiones gubernamentales. Ahora, en cambio, con las advertencias sobre el asedio a los caracoles y la puesta en marcha de la mediación, parece haberse invertido nuevamente la fórmula: antes se hablaba del y con el EZLN, mientras se combatía al EPR; hoy es al revés en todo sentido (hasta en su misma definición). Y aunque han habido reiteradas denuncias sobre incursiones militares a la zona zapatista que no se han concretado, podría considerarse la ejecución de una estrategia militar que reside precisamente allí: asedios constantes o su amenaza, que especulan con la reacción del EZLN y de organizaciones no gubernamentales para que caigan en el descrédito o la indiferencia, hasta que al final acaban sucediendo.

El EPR logró romper el cerco de silencio impuesto desde tiempos del Partido Revolucionario Obrero Campesino-Unión del Pueblo (PROCUP), y esto quizá ocurrió a partir de sus acciones político-militares en 1996-1997; no obstante, alcanza mayor notoriedad con las recientes explosiones en Pemex y con la propuesta de mediación. Obtiene también una repercusión periodística que actualmente ya no logra el EZLN. Al respecto, puede notarse que el PROCUP, antecedente del EPR, no era considerado en la sección política de los periódicos nacionales, sino que se le relegaba a los sucesos policiales. Hoy es impensado suponer que un medio les destine a ese lugar, aun cuando se les involucre en algún ilícito. De hecho, el EPR también ha hecho notar en reiteradas ocasiones la escasa llegada a los medios y la imposibilidad de hacer conocer su ideario a través de su propia voz.

Además de dejar al desnudo estas paradojas, Corte de Caja descubre un cambio en la visualización del EPR por parte de Marcos. Como antecedente inmediato puede contabilizarse el texto zapatista del 22 de septiembre, donde anuncia la suspensión de las actividades de La Otra Campaña mientras transcurre la campaña eperrista. Pero en este caso, profundiza aún más. Luego de reconocer la existencia de discusiones internas para volver a las armas luego de la Marcha del Color de la Tierra, en 2001 (p. 65), y tras la advertencia de que responderán ante una nueva agresión (p. 52), aseguró: “El EPR va a dar mucho de qué hablar en los próximos años.” (p. 110.) Y a continuación, afirma: “El EPR tuvo lo que no tuvimos nosotros en 94. En 94 —continúa Marcos— todos fueron unánimes a la hora de apoyar nuestras causas, pero se dijo que la vía armada no era el camino. Y el EPR no recibió una condena unánime por las bombas (ídem)”. Y concluye: “Debido a la situación del país, acciones de este tipo despiertan simpatías (p. 111)”.

Esto, sin embargo, no parece ser así. Un recorrido por las distintas opiniones planteadas en los medios de comunicación en torno de las acciones político-militares llevadas a cabo por el EPR contra los ductos de Pemex, concluyen en su gran mayoría en rotularlas como “terroristas”. El EZLN, también, ha contado con una movilización social de gran magnitud para poner fin a las acciones militares en su contra, suceso con el que ni la masacre de Aguas Blancas ni el EPR han contado. Y tampoco ha concitado la misma atención que la obtenida por el zapatismo en aquellos años ni ha encontrado eco en alguna personalidad que haya hecho propia la causa eperrista. Las diferencias entre cada circunstancia son muchas, pero aun así continúan las paradojas.

Más todavía, casi idénticos son los argumentos que encuadran al EPR como “terrorista” como los esgrimidos contra el PROCUP. Encontrando nuevamente al EZLN como punto de conexión entre uno y otro momento, en el libro Lucio Cabañas, 20 años después (coordinado por Felipe Edgardo Canseco; Claves Latinoamericanas, s/f)

se aborda la misma situación en el contexto de las acciones político-militares realizadas por el PROCUP y el Partido de los Pobres (8 y 9 de enero de 1994) en solidaridad con el levantamiento zapatista. Ahí se responde a las aseveraciones que caracterizaron de “terroristas” a esos hechos. Y dos son los argumentos de fondo, entre otros, que aún persisten. Primero, que las acciones político-militares fueron realizadas con posterioridad a los sucesos que denuncian —en este caso, posterior a la avanzada militar del gobierno contra las posiciones zapatistas— como una suerte de respuesta basada en la solidaridad revolucionaria con el EZLN; y segundo, que estas acciones de hostigamiento “sólo constituyen una forma táctica más (y que) no se contrapongan las diferentes formas de lucha, sino que se comprendan como formas complementarias (pp. 92-93)”.

Los posicionamientos del PROCUP como del EPR siguen siendo los mismos: no ejercen una violencia ofensiva, sino que se presentan como una respuesta a una realidad considerada injusta y que sólo a través de la combinación de todas las formas de lucha, incluida la armada, puede revertirse esta situación. La caracterización de terrorismo, sin más explicación ni equiparación con otras experiencias, también es un hecho que ha transcurrido inmutable a lo largo de todos estos años. Los datos antes expuestos dan cuenta de ello.

Lo cierto es que tras estas paradojas se esconden las mismas situaciones ocurridas muchos años atrás, como si lo sucedido de nada hubiese servido. Y, más grave aún, es que se repiten los mismos riesgos de décadas pasadas.