Archivo para Febrero, 2009

Hostigamiento a las comunidades zapatistas

En Chiapas, el hostigamiento contra la comunidades zapatistas sigue una ruta precisa. Como si se tratara de una carrera de relevos, grupos campesinos ligados al gobierno del estado se alternan en diversas regiones para procurar desgastar la resistencia indígena. A lo largo y ancho de los territorios rebeldes, un ejército de siglas que hablan en nombre de los labriegos provocan regular y sistemáticamente a las bases de apoyo que rechazan tener trato con el gobierno.

En la provocación no hay tregua. Se trata de no dar respiro a quienes se han atrevido a construir la autonomía sin pedir permiso. Un día ocupan sus tierras, otro roban su café o su ganado, otro más rompen cercas, al siguiente destruyen los pequeños huertos en los que crece el aromático. Están al acecho del momento oportuno para emboscar rebeldes, para blandir el machete o disparar la resortera.

Un manto de impunidad protege a los agresores. La ley no es para ellos. Enfrentar campesinos contra campesinos e indígenas contra indígenas ha sido una práctica común del poder. Ellos son la herramienta para hacerla valer. Por sus servicios cobran mamando del presupuesto los recursos destinados al combate a la pobreza o al desarrollo agropecuario y, si tienen más suerte, ocupando algún cargo público.

Durante los años posteriores al levantamiento armado, la mayoría de las organizaciones mercenarias pertenecían a las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Nómadas de la política, desde el año 2000 han cambiado de domicilio a la sede del Partido de la Revolución Democrática (PRD). El sol azteca en Chiapas no es sólo el vehículo para hacer fraude contra los suyos y ungir como dirigente a Jesús Ortega, sino, también, es madriguera de paramilitares.

Uno de los últimos episodios de la guerra que no dice su nombre contra los zapatistas corre a cargo de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao). Mientras el EZLN celebraba en la ciudad de San Cristóbal el Festival de la Digna Rabia, integrantes de esta organización intentaron despojar a un grupo de indígenas zapatistas de un predio de 500 hectáreas ubicado en Bosque Bonito, en el municipio autónomo Che Guevara.

Su apuesta fue alta. Si lo que se quería hacer era deslegitimar a los zapatistas, la representación teatral no podía haber tenido un mejor momento. En una reunión internacional de alto nivel, frente a centenares de invitados de diversos países, con los reflectores de los medios de comunicación sobre ellos, la organización de caficultores se presentó como víctima, y “exhibió” a los rebeldes como una fuerza “cuestionada” por un grupo de indígenas. La provocación no fue una casualidad, ni un hecho que se “salió de control”. Fue algo programado.

La Orcao no siempre fue así. Durante varios años tuvo una estrecha relación con el zapatismo. Sin embargo, rompió este vínculo entre 1997 y 1999, y su dirección comenzó entonces a disputar la base social rebelde, con apoyos gubernamentales y cargos de representación popular de sus dirigentes. Con la llegada al gobierno del estado de Pablo Salazar, la ruptura se convirtió en conflicto creciente. En 2002 las agresiones de la organización de caficultores contra las bases zapatistas se identificaron dramáticamente.

La Orcao se formó en 1988, con 12 comunidades de Sibacjá, en el municipio de Ocosingo. Al poco tiempo se sumaron a ella otros poblados, hasta casi sumar 90. Sus demandas originales consistieron tanto en la búsqueda de mejores precios para el café (en 1989 se desplomaron drásticamente) como en la solución del rezago agrario. En 1992, en el contexto de la conmemoración de los 500 años de resistencia indígena, negra y popular, reivindicó la autodeterminación indígena, se opuso a la reforma al artículo 27 constitucional y exigió libertad, justicia y democracia.

Orcao forma parte de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (Unorca) en Chiapas. Como ha sucedido a casi todas las organizaciones campesinas en el estado, nacionales y locales, las que integran Unorca sufren un imparable proceso de descomposición, dispersión y división internos. Orcao dirige a la Unorca en la entidad. Juan Vazquez, uno de sus principales líderes, es comisionado para la reconciliación en el gobierno de Juan Sabines. La organización tiene estrechos vínculos con esa administración. La mayoría de sus líderes forman parte del PRD.

En diciembre de 2007, el EZLN echó a andar un reparto agrario desde abajo, avalado por la Ley Agraria Zapatista. La medida respondía, en parte, a la decisión gubernamental de reconocer derechos sobre la tierra ocupada por los rebeldes a otros grupos campesinos. Con ello, la administración pública federal y la estatal sembraron la semilla de la discordia entre pobres. El 15 de mayo de 2008 los zapatistas informaron a la Orcao que delimitarían las tierras recuperadas en 1994 para cuantificarlas en hectáreas y distribuirlas. La respuesta de la organización de caficultores no se hizo esperar: rentó y vendió sus tierras, invadió predios de bases zapatistas, robó e hirió animales de sus adversarios, y agredió violentamente a la comunidades en rebeldía.

Los rebeldes no son la única asociación que tiene graves conflictos con la Orcao. La Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), que nada tiene que ver con el EZLN, reclamó públicamente a Juan Sabines que “distintos funcionarios del gobierno que usted encabeza han solapado abusos, marrullerías, incumplimiento de acuerdos y constantes provocaciones cometidos por el hoy ex regidor de Ocosingo José Pérez Gómez y el grupo paramilitar enquistado en la Orcao que él mismo dirige, quienes pretenden cometer la vergonzosa injusticia de despojar de sus legítimos derechos ejidales a 10 indígenas tzeltales, que son compañeros nuestros de la OCEZ–FNLS”.

Lo sucedido en Bosque Bonito no fue un enfrentamiento, sino una agresión de la Orcao en contra de los zapatistas, una provocación en forma que no desbordó sus proporciones gracias a la prudencia rebelde.

Narco News: ¿Cuál fue la inspiración para este libro?

John Gibler: La idea nació de la experiencia de cubrir la Otra Campaña [de los zapatistas] [1] durante los primeros cuatro meses de 2006. Cuando los zapatistas emitieron la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y anunciaron la gira de seis meses para escuchar que sería la primera fase de la Otra Campaña, hicieron un llamado especial a los medios alternativos para que los acompañaran en esa gira y la utilizaran como un camino hacia todas las historias nunca contadas de los pueblos en lucha de México, de los de abajo.

Durante los primeros cuatro meses de la Campaña, el Delegado Cero – como llamaban al Subcomandante Marcos – a menudo apuntaba hacia el variopinto grupo de periodistas alternativos que no se habían afeitado, duchado o cambiado de ropa durante mucho tiempo y decía: “No se preocupen por esos mugrosos de ahí al borde. Son en realidad la prensa alternativa, y están aquí para llevar vuestras palabras a otros sitios.” Día tras día lo mencionaba como parte de su llamado a la gente para que participara en la Otra Campaña. Era algo que yo sentía seriamente como un compromiso, como una responsabilidad, y durante ese tiempo traté de cumplirlo escribiendo artículos, sacando material en línea, lanzando con amigos un pequeño periódico en línea que publicamos en la caravana, y haciendo trabajo radial con estaciones comunitarias de radio en EE.UU. Pero sentí que era sólo una parte del intento de cumplir con ese compromiso.

Y entonces estalló 2006: la represión policial en San Salvador Atenco, el fraude electoral, y luego el levantamiento desarmado de seis meses de duración en Oaxaca. Son todas cosas que cubrí para la prensa alternativa. Siguieron avivando las llamas de ese deseo de profundizar en las historias de los de abajo. De ahí surgió la idea de escribir este libro.

Narco News: El título original de este libro era “Ingobernable”. ¿Qué le hizo cambiar el nombre a “México no conquistado”?

John Gibler: “Ingobernable” era una cita del conflicto de Oaxaca en 2006. Esa cita es muy específica para un cierto momento y lugar. Oaxaca a fines de verano y comienzos de otoño de 2006.

Una de las estrategias del movimiento de los pueblos de Oaxaca fue obligar al Senado mexicano a declarar “ingobernable” a Oaxaca. Y al declarar “ingobernable” al Estado el Senado tendría la capacidad de disolver los poderes de ese Estado. Es el único camino constitucional en México para que una autoridad federal remueva de su puesto al gobernador de un Estado. Forma parte de la estrategia de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, llevar al gobierno federal a un jaque mate, imponer esa acción legal constitucional para deponer a Ulises Ruiz y sacarlo de la gobernación de Oaxaca.

Yo quería tomar esa palabra “ingobernable” y citarla de manera que aprovechara ese espíritu de resistencia en Oaxaca. Pero pensándolo bien decidí que al utilizarla como título esa palabra sería sacada tan lejos del contexto de Oaxaca en 2006 y haría parecer como si México como país fuera ingobernable o el pueblo mexicano fuera ingobernable.

Eso se aleja de lo que quería decir en lo político en el libro, y de lo que la gente en Oaxaca decía en su demanda: obligar al gobierno federal a declarar ingobernable al Estado. Ese punto político es el espíritu de rebelión, el espíritu de protesta en México, que es un espíritu intensamente antiimperialista y un espíritu que lleva a la gente a arriesgarlo todo, a arriesgar sus vidas, a emprender acciones que defienden su tierra, su autonomía, y su dignidad. Al pensar en cómo tocar mejor ese espíritu en una o dos palabras, me decidí por “México no conquistado,” esa idea de que después de siglos de invasión colonialismo extranjero y después interior, y la constante amenaza de la bota de los militares y del imperialismo económico de EE.UIU., que a pesar de toda esa represión y violencia, tantos sectores de la sociedad mexicana nunca se han rendido y nunca han dejado que los conquisten por completo.

Narco News: Explique qué quiere decir cuando dice en el libro que “el hambre es guerra de clases biológica.”

John Gibler: Hambre es simplemente que la gente no tiene bastante alimento, y es el dolor en sus cuerpos por no tener la nutrición que necesitan. Esa hambre es desatada sobre los cuerpos de la gente que ha sido consistentemente apartada y excluida del desarrollo de la riqueza. Es biológica porque está en tu cuerpo y en tu sangre, y es guerra de clases porque es un descendiente directo de invasiones coloniales.

La pobreza no es un acto de la naturaleza o un accidente de la historia. La pobreza es indigencia y una forma de violencia. Es el resultado de la historia y de acciones humanas concretas en las Américas, así como en otras partes de la tierra. En las Américas esa historia es explícitamente una historia colonial.

El argumento respecto al hambre y la pobreza que formulo en el libro es extraído de un sinnúmero de escritores y pensadores de territorios previamente coloniales, como Eduardo Galeano y Arturo Escobar. Forman parte de una escuela de pensadores que ve críticamente el concepto mismo de la pobreza. Dice que la pobreza no es algo que simplemente sucede a la gente o algo en lo que nace la gente. Eso que conocemos como pobreza – diferentes niveles de indigencia material y política – es el resultado de acciones históricas concretas.

En México, no es por accidente que los 12 millones de indígenas sean de los más pobres del país o que las estadísticas del gobierno muestren que las municipalidades más pobres del país sean todas municipalidades en gran medida indígenas. El legado de la invasión y de la conquista colonial en la creación de pobreza es evidente. Los pueblos indígenas fueron literalmente expulsados de los valles que labraban y cultivaban. Fueron esclavizados y llevados a trabajar en las haciendas y minas españolas.

Ese legado de violencia colonial fue transformado lentamente mediante las eras de la independencia y posteriores a la revolución pero nunca terminó. Ese legado es en realidad el motor de la creación de pobreza.

Ahora viene la gente y muestra diferentes aldeas aisladas y dice: “Bueno, evidentemente son pobres. Mire lo lejos que están de ciudades y pueblos y de la costa y de todas esas áreas fértiles.” Bueno, ¿por qué creéis que están allí? Porque fueron arrojados. ¿Y por qué creéis que no tienen acceso a pueblos y ciudades? Porque el gobierno nunca construyó carreteras a esas comunidades.

Si se analiza la infraestructura del transporte en el país, uno se da cuenta de que el norte está fuertemente industrializado porque todos los poderosos terratenientes fueron y compraron tierras utilizando la riqueza de las minas de plata. Crearon agricultura industrial y centros urbanos fuertemente industrializados en el norte.

El sur en gran parte indígena nunca recibió alguno de esos proyectos de infraestructura. Y cuando recibe proyectos de infraestructura es usualmente parte de un plan colonial, como construir autopistas para tener acceso a recursos que el Estado o terratenientes privados quieren explotar.

La idea en este caso es que la pobreza es algo que ha sido y sigue siendo creado con el pasar del tiempo mediante la guerra de clases. La guerra de clases se ha agrietado con el tiempo. Ahora no son simplemente europeos contra indígenas, aunque los indígenas en México siguen soportando los peores golpes de la violencia estatal y de formas institucionales de violencia. Ahora también se desarrolla a lo largo de líneas de clase. El Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA) causó estragos en áreas rurales de México que no son necesariamente indígenas. La población campesina también ha sido excluida del desarrollo industrial, o en algunos casos prefirió no incorporarse a éste. Con el NAFTA llegó el machetazo final, aislando a la gente de sus tierras y forzándola a unirse a la corriente económicamente desposeída de la emigración a EE.UU.

Narco News: Usted dedica una parte importante de su primer capítulo a explicar cómo el adorado presidente de centroizquierda de México, Lázaro Cárdenas, cementó la dictadura del PRI. Cárdenas es considerado a menudo como el Franklin Delano Roosevelt de México por sus políticas aparentemente socialistas como la nacionalización de Pemex y la redistribución de la tierra. ¿Cuál fue el papel de Cárdenas en la conquista?

En mi capítulo histórico me baso en historiadores mexicanos y su análisis de la importancia de Cárdenas (presidente de México desde el 1 de diciembre de 1934 hasta el 30 de noviembre de 1940). En ello uso en particular el trabajo de Arnaldo Córdova, y de Adolfo Gilly, quien es argentino pero que ha vivido en México desde los años sesenta. Gilly es uno de los historiadores más destacados de la Revolución Mexicana así como de la presidencia de Cárdenas.

Cárdenas fue uno de los genios en la creación del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Fue el punto de transición para el poder colonial en México cuando fue finalmente solidificado en la nueva metrópolis de Ciudad de México. Parte de mi argumento es que el movimiento de independencia no separó a México de sus poderes coloniales: transfirió el centro del poder colonial de Madrid a Ciudad de México. En los cien años entre la Guerra de Independencia y la Revolución Mexicana, la lucha fue entre facciones en guerra dentro de la nueva elite colonial interior.

La idea del colonialismo interior proviene del sociólogo mexicano Pablo González Casanova y su obra de 1965 “Democracia en México” en la que discute la manera como el PRI, el Estado de un solo partido en México, enfrenta a sus poblaciones indígenas como colonialismo interior. Sigue siendo una guerra de conquista colonial, pero tiene lugar dentro de las fronteras de una nación.

El papel de Cárdenas es posibilitar esa transición del colonialismo extranjero al colonialismo interior. Promulgó varias reformas agrarias y laborales que otorgaron un cierto nivel de autonomía y paz a la gente en todo el país, aunque era un entorno intensamente controlado y estructurado. Cárdenas separó a los campesinos (la población rural) de los obreros o los trabajadores industriales formando dos sindicatos separados, ambos controlados por el PRI. Es formaba parte del nacimiento del Estado de un solo partido en el cual el PRI se convirtió en el único árbitro para cualquier conflicto dentro de las fronteras de la nación. Y eso completó la transición de un colonialismo europeo extranjero a un colonialismo interior.

En un segundo plano durante este período de transición está el imperialismo de EE.UU. En un punto del libro digo que es como si acorazados asomaran por el horizonte, que claro está, en varios momentos de la historia de México, esos acorazados aparecieron en el horizonte frente a la costa de Veracruz. El imperialismo de EE.UU. ha amenazado constantemente la integridad de México desde los primeros días de su independencia. De modo que cuando digo “colonialismo interior,” no es que ignore o niegue el impacto del imperialismo de EE.UU., sino que digo que el camino por el cual se desarrolló el Estado mexicano moderno después de la revolución fue hacia una nueva estructura del poder centrada en Ciudad de México que seguía realizando políticas de conquista. De nuevo, son ideas que he tomado de teóricos e historiadores mexicanos, así como de gente en la calle y en los campos, que utiliza el lenguaje de colonialismo e imperialismo para hablar de su propia relación con el Estado y su lucha contra la represión y desposeimiento a manos del Estado.

Narco News: La tesis de “México no conquistado” es que la historia de México es una de perpetuos intentos por conquistar y resistir esa conquista. ¿Cómo encaja la guerra de la droga en su narrativa de la conquista? Algunos de los mismos protagonistas que usted menciona en su libro están actualmente involucrados en la guerra de la droga: instituciones gubernamentales, traficantes de influencia parecidos a la mafia, fuerzas militares y policiales, medios de información, y empresas privadas.

John Gibler: Echo una mirada a la guerra de la droga como un medio para contemplar la naturaleza del Estado moderno en México. No considero la guerra de la droga como algo externo al Estado, o incluso como algo en lo que el Estado se involucra en una relación adversaria de uno a uno con las bandas de la droga, es decir, la idea de que se trate de bandas criminales de la droga y del Estado que las combate. Los cárteles de la droga han penetrado todas las capas de la institución del Estado en México desde la municipal, a través del Estado, hasta los niveles federales. Por lo tanto, la guerra de la droga en sí – la guerra entre los diferentes cárteles en lucha – es algo que se replica internamente dentro del Estado. Los cárteles en guerra que combaten en la calle también combaten dentro de la estructura del Estado. Por lo tanto existe el constante va y viene de asesinatos de policías y oficiales militares, civiles, y gente involucrada en las diferentes agencias contra la droga. Una pandilla encuentra al “Garganta profunda” de otra pandilla dentro de una institución dada y hace que los maten.

Utilizo la guerra de la droga como un medio para analizar y diseccionar el concepto ideológico del imperio de la ley en México, el concepto mismo que es utilizado para justificar la violencia estatal y la represión contra movimientos sociales, movimientos populares, y gente común y corriente en todo el país. La guerra de la droga es una ventana hacia la naturaleza del ser mismo del Estado moderno y una manera de arrancar su presentación cosmética de sí mismo como una institución empeñada en imponer el concepto del imperio de la ley.

Narco News: Usted entrevista a Gloria Arenas Agis sobre su experiencia como guerrillera en el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y después en el Ejército Revolucionario Popular Insurgente (ERPI). Cuando discute la división entre el EPR y el ERPI, habla de experiencias que el ERPI, basado en Guerreo, tiene en común con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). ¿Cuál es la relación, si hay alguna, entre el ERPI y el EZLN? ¿Y por qué nadie afuera de México ha oído hablar del ERPI?

John Gibler: No sé de ninguna relación en absoluto entre el EZLN y el ERPI. Y no creo que exista ninguna relación entre esas dos organizaciones. Gloria Arenas, que ahora es prisionera política, es una de los fundadores del ERPI. Ha estado en la cárcel durante casi diez años, y es muy abiertamente partidaria de la iniciativa de la Otra Campaña de los zapatistas.

El ERPI no es bien conocido afuera de México o incluso dentro de México. Uno de los motivos es porque dos de sus miembros fundadores (Arenas y su esposo Jacobo Silva Nogales] fueron secuestrados por el Estado, torturados, y luego arrojados a una cárcel poco después de fundar la organización en 1998. Por lo tanto, algunos de los portavoces potencialmente más elocuentes de la organización han estado encarcelados. Jacobo está en una prisión de máxima seguridad. Gloria estuvo durante varios años en una prisión de máxima seguridad. Hace unos cuatro años la trasfirieron a una prisión de mediana seguridad en el Estado de México donde pude entrevistarla.

Se trata de una organización de base campesina e indígena ubicada sobre todo en el Estado Guerrero. El ERPI no ha buscado realmente atención mediática. Han dado sólo unas pocas entrevistas a medios mexicanos locales, sobre todo el Canal 6 de Julio, y hubo una entrevista dada a un periodista estadounidense publicada en “Homage to Chiapas” de Bill Weinberg. Aparte de eso, no han dado muchas entrevistas.

En este caso, la entrevista que hice es con una miembro de la organización que ahora puede hablar públicamente porque ya no vive en la clandestinidad. Es prisionera política. Hablamos de su experiencia, su participación en la organización, la historia de la creación de la organización, y cómo y por qué se dividieron del EPR. De ninguna manera tocamos el estado actual de la organización.

El ERPI sigue existiendo, y de vez en cuando publican comunicados. Pero no es una organización que haya buscado mucha atención en los medios. Los medios también se concentraron mucho, por lo menos en los primeros años, en Chiapas y después se han mostrado bastante apáticos respecto a movimientos populares armados o desarmados en México.

Narco News: En su libro, usted menciona brevemente la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y la Otra Campaña, juntas en el mismo párrafo. El Subcomandante Marcos pasó por Oaxaca sólo meses antes del levantamiento de Oaxaca de 2006. ¿Qué papel – si alguno – tuvo la Otra Campaña en el levantamiento de la APPO?

John Gibler: La Otra Campaña inspiró profundamente a varios sectores del movimiento juvenil urbano autonómico dentro de la APPO. Pienso que los trece años (de entonces) de lucha zapatista tuvieron una profunda y duradera influencia en organizaciones políticas y sociales de todo el país y el mundo. Y por lo tanto los zapatistas tuvieron definitivamente un profundo impacto en gran parte de las organizaciones tanto indígenas como no-indígenas involucradas en la APPO.

Pero la Otra Campaña como movimiento e iniciativa era relativamente tan joven en ese momento que es difícil medir su influencia. Sé que hubo varios otros colectivos que utilizaron explícitamente el lenguaje y las ideas de la Otra Campaña en su participación en la APPO.

Sin embargo, la experiencia autóctona de la Sección 22 del sindicato de maestros del Estado tuvo un profundo efecto en el levantamiento de Oaxaca, como la tuvieron las definidas y singulares luchas indígenas en todo el Estado. Oaxaca tiene 16 etnias indígenas diferentes dentro de su población, y todas ellas contribuyeron a la manera cómo la APPO se formó con una estructura de asamblea. Incluso contribuyeron a la manera como fueron utilizados los medios de información ocupados. En la radio, la gente se hablaba entre sí en el aire en lugar de informar a otros. Era como una conversación en transmisión continua entre la propia gente.

Narco News: Durante el levantamiento de 2006 en Oaxaca, mataron a más de 20 personas. Una de ellas fue Brad Will. Su asesinato fue noticia en todo el mundo, su caso es el único en el que el gobierno ha decidido “investigar” y el único en el que el gobierno ha presentado acusaciones contra “sospechosos”: organizadores de la APPO, testigos dispuestos a testificar contra los agentes del gobierno que lo mataron, y la gente que trató de salvarle la vida. Tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) como los falsamente acusados dicen que nunca habrá justicia para Brad mientras su caso sea considerado fuera del contexto de la violencia estatal y paramilitar que desoló Oaxaca durante ese período. Varios testigos y acusados en el caso me dijeron que activistas internacionales que buscan justicia para Brad deben comenzar a hablar de los otros asesinatos – lo que usted hace en su libro. Usted nombra a muchos de ellos por su nombre. Así que hablemos sobre los demás asesinados durante el levantamiento, cómo fueron asesinados, y lo que está sucediendo con esos casos.

John Gibler: Durante el levantamiento de Oaxaca fueron asesinadas 23 personas. Varias más han sido asesinadas desde el despliegue policial del 25 de noviembre, que fue el último acto de represión estatal que rompió el control de los manifestantes sobre áreas de la Ciudad de Oaxaca.

Esos asesinatos vinieron en el contexto del lento despliegue de la estrategia de contrainsurgencia realizada primordialmente por la policía estatal, aunque hubo participación federal desde el comienzo y luego de modo muy fuerte hacia el fin del conflicto, y varias personas fueron muertas por la policía federal a fines de octubre y comienzos de noviembre. Esos asesinatos fueron el desesperado intento del Estado por infligir terror a la población y asustar a la gente para que no saliera a las calles.

Lo sorprendente que ocurrió en Oaxaca es que con cada nuevo asesinato más gente haya salido a las calles. En lugar de aterrorizarse y escapar, la reacción fue una marea de apoyo popular para los maestros y el movimiento de los pueblos.

Los que fueron asesinados eran personas comunes y corrientes que participaban en el movimiento. Algunos de los primeros en ser asesinados durante el conflicto fueron indígenas triqui que fueron matados en camino a la Ciudad de Oaxaca desde una asamblea de aldea, volviendo a una asamblea de la APPO. Fueron emboscados y asesinados en el camino de vuelta a Oaxaca. [2]

La primera persona muerta a tiros en la calle en Oaxaca fue José Jiménez Colmenares, esposo de una maestra que participaba activamente en la huelga de maestros y luego en el levantamiento. Había salido a apoyar a su mujer e iba en una marcha en la Ciudad de Oaxaca a comienzos de agosto de 2006 cuando pistoleros abrieron fuego desde dos techos a lo largo de la estrecha calle por la cual marchaban los maestros.

Ese día iban marchando para denunciar la desaparición de varios activistas oaxaqueños dos días antes.

Se había visto cómo esos activistas - Germán Mendoza Nube era uno de ellos – eran secuestrados en la calle, lanzados a la parte trasera de una camioneta de reparto, y llevados en ella. Aparecieron cinco días después en la prisión federal en Ciudad de México, lo que significa que existe la sólida presunción de que la policía federal estuvo involucrada en esos primeros secuestros a principios de agosto.

Alejandro García es otra persona que fue asesinada. Alejandro y su mujer y sus niños habían hecho tamales, emparedados, café y chocolate caliente y los llevaban a la gente que estaba guardando las barricadas en una de las avenidas centrales en la Ciudad de Oaxaca. A Alejandro le dispararon en la cabeza mientras distribuía café y chocolate caliente.

Los disparos parecen haberse concentrado en la base de apoyo – gente que sólo iba para ayudar, en lugar de los que estaban haciendo noticias, dando entrevistas a la prensa o gente que ya había tenido una trayectoria bastante bien conocida en la política o el activismo locales o estatales. Atacaban a gente de la mismísima base que salía a participar y ayudar.

Las propias barricadas eran un fenómeno de organización popular para sobreponerse a los escuadrones de la muerte. El 20 y el 21 de agosto, el Estado envió convoyes de unos 40 vehículos, algunos de ellos sin marcas y sin patentes, mientras otros eran vehículos claramente marcados de la policía estatal y local. Abrieron fuego contra la gente por toda la ciudad y mataron a un hombre, Lorenzo San Pablo Cervantes, un arquitecto que vivía en el vecindario Reforma cerca de una de las estaciones de radio que habían sido ocupadas por los manifestantes. Salió de su casa, se presentó en la barricada más cercana a la puerta, se presentó, y ofreció ayuda como voluntario para montar guardia. Minutos más tardes se acercó el escuadrón de la muerte en su caravana de vehículos policiales y abrió el fuego.

Ni uno solo de estos casos está siendo investigado. Ni uno solo.

De todos los 23 casos de asesinato durante el conflicto de 2006, el único caso actualmente abierto es el de Brad Will. El único caso que está siendo investigado es el que tiene que ver con un ciudadano extranjero. Habiéndolo dicho, mucha gente en Oaxaca me ha dicho que ven el caso de Brad como un punto de apoyo. Sienten que si la gente puede luchar por algún tipo de justicia institucional en el caso de Brad – lo que significaría identificar, aprehender, acusar, y sentenciar a las fuerzas parapoliciales locales que le dispararon y lo mataron desde la calle en Santa Lucía – si se puede lograr justicia en el caso de Brad, sienten que hay una chispa de esperanza de lograr justicia en los casos de oaxaqueños. Y al contrario, si el Estado insiste en culpar a los propios manifestantes y culpar a la gente que trató de recoger a Brad de la calle y llevarlo a la seguridad, no existe ni la menor esperanza de algún tipo de justicia en el caso de los otros oaxaqueños. Pero no se puede pensar en el caso de Brad o encararlo de alguna manera si uno trata de separarlo del contexto general de la violencia paramilitar y parapolicial que había precedido durante meses al asesinato de Brad. Quince personas ya habían sido asesinadas cuando Brad fue muerto el 27 de octubre.

Narco News: En el caso de Brad, los perpetradores son claramente identificables. Hay fotos y testigos de ellos disparándole. ¿Han sido identificados los perpetradores en alguno de los otros casos?

John Gibler: En el caso de José Jiménez Colmenares quien fue asesinado el 10 de agosto de 2006, le dispararon en medio de una inmensa marcha. Había cientos de personas ahí mismo y miles de personas en la marcha. Inmediatamente después de los tiros y cuando Jiménez cayó al suelo, la gente en la marcha invadió las dos casas a los dos lados de la calle de donde habían provenido los disparos, y aprehendieron a varias personas. Esas personas fueron entregadas a las autoridades federales esa misma noche. ¿Qué sucedió con esa gente? Creo que todos han sido liberados por “falta de evidencia.”

Narco News: Pero habría sido increíblemente fácil realizar una prueba de residuos de pólvora de las manos de los sospechosos para verificar si habían disparado un arma poco antes.

John Gibler: En el caso Colmenares no sé, porque una vez que fueron entregados a los funcionarios federales en ese momento del conflicto no existió realmente diálogo alguno. Mis diversos intentos de obtener información de miembros de la Agencia Federal de Investigación (AFI) fueron recibidos con un silencio absoluto.

Sé, sin embargo, que estuvieron haciendo ese tipo de pruebas. A fines de julio, una de las primeras personas en abrir fuego en una protesta fue aprehendida por miembros de la APPO y entregada a la AFI. En ese caso, la AFI fue al centro de Oaxaca. Estuve presente en el edificio de la universidad donde estaban reteniendo al sospechoso, el sujeto del que decían que había disparado un arma. El sospechoso me dijo en una entrevista que no había disparado un arma porque no sabía cómo disparar una pistola. Resultó que era ex soldado del ejército y que cuando fue detenido era agente de policía estatal. Dijo que nunca le habían enseñado cómo disparar una pistola. Como era de esperar, cuando llegaron los agentes federales iban con dos técnicos de laboratorio que realizaron una prueba de residuo de pólvora, que mostró que por cierto tenía trazas de residuo de pólvora en su mano y que había disparado una pistola dentro de las dos horas anteriores. [Nota de Narco News: Poco después, la Oficina del Procurador General Federal (PGR) liberó al sospechoso, Isaías Pérez Hernández, sin acusación.]

Narco News: Usted aborda las organizaciones de derechos humanos y cómo, a pesar de su investigación y evidencia “verdaderamente exhaustiva” y de sus propias declaraciones sobre abusos generalizados, no reconocen que los abusos sean parte integral y endémica del modo de gobernar. Usted dice: “Consideran ciegamente que las sistemáticas violaciones de los derechos humanos son aberraciones en lugar de características definidoras del Estado mexicano.” ¿Cómo afecta esto su intercesión y recomendaciones políticas respecto a México?

John Gibler: Sé que será una tesis controvertida, pero pienso que las organizaciones de derechos humanos – especialmente varias de las grandes organizaciones internacionales de derechos humanos que han estado siguiendo temas de derechos humanos en México durante las últimas décadas – han dejado consistentemente de reconocer o de actuar respecto a la naturaleza verdaderamente política de las violaciones de derechos humanos. Al no reconocer la increíble coherencia y omnipresencia de los mismos tipos de violaciones, como, por ejemplo, la práctica de tortura, es no reconocer la verdadera naturaleza del Estado y de lo que está ocurriendo en realidad.

Tomemos el caso de la tortura. Cuando una organización de derechos humanos publica año tras año en sus informes anuales de derechos humanos que la mayoría de los policías en México todavía usan la tortura como su principal manera de interrogatorio, y sin embargo concluye su informe de derechos humanos con un cierto asentimiento para una recomendación de que “la policía debe ser entrenada para que no torture” o que debería haber una especie de reforma en la estructura de las fuerzas policiales para que tengan que rendir cuentas por sus acciones.

Me parece que eso pierde cualquier tipo de verdadera integridad por la persistencia del uso de tortura durante tantos años. Si se establece que año tras año alguien sigue haciendo lo mismo, es probablemente porque quiere hacerlo, porque hacerlo le es extremadamente beneficioso. Y en el caso de esas violaciones de derechos humanos, las organizaciones de derechos humanos simplemente siguen diciendo año tras año: “No hagan eso,” sin un verdadero análisis del “por qué.” ¿Por qué utiliza la policía en México la tortura como su principal técnica de interrogatorio año tras año?

Un par de esos informes incluso mencionan en su lista de preocupaciones: “Bueno, parece como si hubiera falta de voluntad política.” Me parece que la frase de dos palabras “voluntad política” contiene la primera indicación de la verdadera naturaleza del problema. No tener la voluntad política significa que no se quiere hacer algo.

En el caso de la tortura, toda la comunidad internacional, con la excepción de EE.UU. e Israel, se ha juntado para declarar que esa práctica el algo horrible y que debería ser borrada del uso y de su implementación en todo el planeta. Pero ahí tenemos a esas organizaciones de derechos humanos documentando año tras año que todos todavía lo hacen, y nunca preguntan por qué.

Narco News: Así que ¿qué debieran hacer las organizaciones de derechos humanos para ser efectivas en México, ya que lo que hacen actualmente no parece tener efecto?

John Gibler: No sé si las organizaciones de derechos humanos pueden ser efectivas todavía.

Hubo un auge del activismo por los derechos humanos en México en los últimos años del PRI a fines de los años noventa. En aquel entonces, el uso de increíbles cantidades de energía y recursos, así como la documentación sobre la escala y naturaleza de los abusos contra los derechos humanos, eran en sí algo muy poderoso. Aquí, la mayoría del trabajo duro fue realizado por organizaciones mexicanas de derechos humanos, nacionales y locales.

Cuando el presidente Vicente Fox fue elegido en 2000, y poco después asesinaron a una de los abogados por los derechos humanos más atrevidos y trabajadores de México, Digna Ochoa [3], esos dos momentos en la historia de México sirvieron para hacer estallar la comunidad de derechos humanos de una manera de la cual nunca se ha podido recuperar.

En el caso de Fox, todas las organizaciones internacionales comenzaron a felicitarse mutuamente y a decir “Formidable, ahora México es una democracia,” sólo por el simple hecho de que un año, en una elección, el partido gobernante fue rechazado en las elecciones. Fue definitivamente algo histórico e inspiró a mucha gente con la esperanza de un verdadero cambio duradero en México – una esperanza que fue aplastada bastante rápido. [4]

En el caso de Digna Ochoa, el Estado realmente se empeñó en el mismo tipo consagrado de campaña de calumnias en la que se culpa a la víctima para hacer que el asesinato parezca un suicidio. Sorprendente – y espantosamente – parece que lograron influenciar a una parte significativa de la comunidad de derechos humanos con todo su reparto de basura. Las divisiones internas que ocurrieron alrededor del caso de Digna Ochoa desgarraron a toda la comunidad de derechos humanos de una manera de la que no se ha recuperado y de un modo que se haría aún más devastador años después con la candidatura de Andrés Manuel López Obrador y las diversas divisiones que ocurrieron alrededor de esa candidatura y alrededor de los esfuerzos electorales del PRD durante las elecciones presidenciales de 2006.

El trabajo de documentar los abusos contra los derechos humanos puede ser extremadamente poderoso, especialmente en los casos de Atenco y Oaxaca en 2006. Las organizaciones mexicanas locales de derechos humanos en la base arriesgaron su propia seguridad para documentar rápidamente la naturaleza y la escala de los abusos contra la gente. La mayor parte de las conocidas ONG internacionales de derechos humanos no aparecían por ninguna parte. Varias de ellas trataron de lanzarse a la abogacía alrededor de esos casos una vez que la mayor parte del daño había sido hecho y una vez que los conflictos habían sido aplastados mediante la represión policial.

Las organizaciones locales de derechos humanos fueron de una cárcel a otra en Oaxaca para descubrir si alguien acababa de ser desaparecido o si aparecía en la cárcel, y si había aparecido, en qué condición se encontraba. Evaluaron para ver si había sido torturado aplicando el Protocolo de Estambul [5]. Es realmente importante que los movimientos sociales tengan ese tipo de documentación.

El proyecto político de derechos humanos, por otra parte, utiliza un marco en el que se humilla a los Estados para que cumplan con las declaraciones de derechos humanos de la ONU. Pienso que ese proyecto ha sido completamente agotado. El hecho de que EE.UU. pueda, en nombre de los derechos humanos, invadir y destruir a un país, que México, en nombre de los derechos humanos, haya podido enviar a miles de policías antidisturbios para golpear y violar a la gente, muestra la verdadera cooptación o fracaso final de ese proyecto político de derechos humanos. Lo que ese proyecto pudiera haber esperado cumplir recae ahora totalmente en manos de los propios movimientos en la base.

Narco News: Hace un año, usted, yo y otros periodistas de Narco News estuvimos en Salón Corona en Ciudad de México. Recuerdo que usted mencionó que vio un documental con algunos mexicanos sobre las protestas de 1999 que suspendieron la reunión de la OMC en Seattle, y que cuando llegaron a la parte en la que la policía golpea brutalmente a manifestantes arrodillados que no hacían nada por resistir los golpes, usted y los mexicanos que estaban mirando exclamaron: “¿Por qué no se defienden?!” ¿Qué tienen los mexicanos no-conquistados y su historia colectiva que hace que sea más probable que se defiendan contra ataques perpetrados por las autoridades? El año pasado, por ejemplo, estudiantes universitarios de la UNAM ocuparon durante días la oficina de su rector y la principal carretera frente a su escuela porque un guardia de seguridad de la universidad había interrumpido un torneo de ajedrez no autorizado. Esa especie de resistencia no es probable en EE.UU., pero es algo común en México.

John Gibler: Pienso que es porque existe esa profunda raíz antiimperialista de la protesta en México. Aquí no se combate para reformar ligeramente o remodelar algo; se combate por proteger la propia casa y su dignidad contra la invasión. Desde las más pequeñas luchas como las ocupaciones de universidades o las luchas por proteger una pequeña estación de radio comunitaria, hasta luchas muy grandes como el levantamiento zapatista y quince años de construcción de la autonomía en Chiapas, y la rebelión de los maestros que se convirtió en una rebelión popular en Oaxaca en 2006, todas esas luchas tienen en común la defensa de la dignidad, del país y de la autonomía. Hay algo fundamentalmente ilegítimo respecto al poder que te oprime, un poder que amenaza con aplastarte y desposeerte. El cuestionamiento de la legitimidad del Estado y de la autoridad y de las acciones de represión se presta a la intensidad y a la naturaleza arriesgada de la protesta mexicana. Y cuando digo naturaleza arriesgada, quiero decir realmente que se arriesga la vida.

Narco News: Parece como si los movimientos indígenas de autonomía – los “sitios más radicales de revuelta” como usted los llama – son de cierta manera los líderes ideológicos o espirituales de las luchas antiimperialistas en muchas partes de México. ¿Qué posibilidades ve de que haya un movimiento antiimperialista dentro de EE.UU. que por los menos incluya, si no la coloca a la vanguardia, la autonomía indígena?

John Gibler: Hay muchos focos muy profundos de resistencia – especialmente resistencia y autonomía indígenas – dentro de las fronteras del territorio llamado ahora EE.UU., que simplemente no son reconocidos, o notados, y no considerados, mucho menos comprendidos. Esos movimientos tienen una riqueza increíble de dignidad y fuerza que ofrecer a una lucha antiimperialista.

También pienso y espero que muchos de esos movimientos, así como movimientos no-indígenas, tengan mucho que aprender, beneficiarse, e inspirarse de las historias de luchas y resistencia de autonomía indígena en México. Algunos elementos de esa fecundación cruzada son una de las esperanzas del libro y de su proyecto político, que sigue adelante con ese compromiso de llevar las historias y las palabras de los de abajo de la resistencia mexicana y ayude a difundirlas a otras comunidades de resistencia y rebelión.

Narco News: Usted dice que “México no conquistado” es en parte un llamado a la acción para los lectores. ¿Qué nos llama a que hagamos?

John Gibler: Mi mayor esperanza es que inspire una reflexión muy genuina y profunda sobre las estrategias de resistencia aquí en el territorio conocido como EE.UU. y Canadá. Personalmente pienso que muchas tácticas de protesta que hemos estado utilizando en el norte, incluyendo marchas, estructuras de organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro, y marcos de derechos humanos, han demostrado ser inefectivas y que hay que explorar otras. No pienso que sea mi lugar, o en realidad el de cualquier otro, decir lo que habría que hacer desde un nivel abstracto a un nivel concreto y práctico. Tiene que salir de la comunidad de gente directamente involucrada en una lucha en particular. Mi esperanza es inspirar la expansión del campo de la imaginación política, para pensar en lo que se puede hacer, pensar más allá de las regiones de posibilidad que se nos han presentado y con las que somos enfrentados por los medios y el Estado. Espero que el libro inspire a que se tome nota y a que se salga verdaderamente hacia territorios mucho más amplios de imaginación política.

Notas:

[1] Los zapatistas lanzaron la Otra Campana en 2005 como una alternativa a la campaña de los partidos políticos por la presidencia. Gibler escribe en su libro: “Los zapatistas anunciaron: ‘Un nuevo paso adelante en la lucha indígena es sólo posible si los indígenas se unen con los obreros, campesinos, estudiantes, maestros, empleados: los trabajadores de la ciudad y del campo’… La Otra Campaña del EZLN llama a construir un movimiento anticapitalista fuera de las estructuras de los partidos políticos tradicionales que están inseparablemente ligados al Estado precisamente por esa razón: la nueva política tiene que ser construida desde afuera – como dicen, ‘de abajo y desde la izquierda.’”

[2] Los nombres de los triquis asesinados son: Andrés Santiago Cruz, Pedro Martínez Martínez, de 70 años, Pablo Octavio Martínez Martínez de 11 o 12 años.

[3] Antes de su muerte, Digna Ochoa había sido secuestrada y torturada en dos ocasiones distintas como resultado de sus actividades políticas y su trabajo por los derechos humanos. Dijo que el primer secuestro y tortura fue realizado por agentes de la policía estatal de Veracruz. El segundo secuestro resultó en una orden de protección para ella por parte del tribunal. La orden de protección fue levantada en agosto de 2001. Murió el 19 de octubre de 2991 de un tiro en la cabeza. Había señales de lucha, y se encontró una nota junto a su cuerpo que advertía a la organización de derechos humanos en la que trabajaba que lo mismo ocurriría a sus otros empleados. El gobierno mexicano intentó difamarla a fin de imponer su conclusión de que se había suicidado. Durante la investigación, funcionarios del gobierno la describieron como psicótica.

[4] Felipe Calderón, candidato del conservador católico Partido Acción Nacional (PAN) de Fox, “ganó” las elecciones presidenciales de 2006 gracias a un fraude electoral generalizado y exhaustivamente documentado. http://www.narconews.com/Issue42/article1967.html

[5] Physicians for Human Rights [Médicos por los Derechos Humanos] define el protocolo de Estambul:”El Manual sobre la Investigación Efectiva y la Documentación de la Tortura y Otro Tratamiento o Castigo Cruel, Inhumano o Degradante (conocido como el “Protocolo de Estambul”) es el primer conjunto de líneas directivas internacionales para la documentación de la tortura y sus consecuencias. Se convirtió en un documento oficial de Naciones Unidas en 1999 y está disponible en una serie de lenguajes en el sitio en la Red de Naciones Unidas. El Protocolo de Estambul provee un conjunto de líneas directivas para la evaluación de personas que alegan tortura y maltrato, para investigar casos de presunta tortura, y para informar semejantes resultados al aparato judicial y a cualquier otro órgano investigador.”

La Comisión de Intermediación para el diálogo entre el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el gobierno tendrá interlocución con funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), en busca de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, integrantes del grupo armado que desparecieron en mayo de 2007.

Lo anterior fue informado ayer por integrantes de la comisión y el subsecretario de Gobernación, Abraham González, al término de una reunión privada que sostuvieron en el palacio de Covián por más de una hora, a la que llegó el secretario Fernando Gómez Mont para fijar su posición sobre el tema.

En conferencia de prensa, el subsecretario explicó que el gobierno federal aceptó ampliar la interlocución con la Sedena, la PGR y el Cisen, porque no tiene nada que ocultar y “estamos convencidos de que las dependencias gubernamentales actúan con rectitud, apegadas a derecho y respetando las garantías individuales de las personas”. Además, por convicción, dijo, la administración federal está en la búsqueda de la verdad sobre los dos dirigentes eperristas.

Al preguntarle si la comisión tiene confianza en las dependencias con las que mantendrá diálogo, el escritor Carlos Montemayor puntualizó, a su vez, que la instancia de mediación tiene que actuar con confianza, lo que no significa ingenuidad, desinformación o negligencia.

Refirió que si no creyeran en la posibilidad del diálogo y de avanzar más allá del contexto declarativo; en obtener resultados operativos, no hubieran aceptado la encomienda de mediar y tampoco hubieran llegado hasta la Secretaría de Gobernación, ni habrían trabajado intensamente como lo han demostrado con sus comunicados. “De manera que estaremos llegando a las reuniones de trabajo con toda nuestra integridad, inteligencia, honestidad y claridad”.

Montemayor estimó que a mediados de la próxima semana se podría tener lista la primera agenda de diálogo con la Sedena, para luego fijar la fecha del encuentro en coordinación con Gobernación.

“Nunca se ha procesado a nadie por desapariciones forzadas”En el cónclave estuvieron presentes la senadora Rosario Ibarra de Piedra, el obispo Samuel Ruiz García, el periodista Miguel Ángel Granados Chapa y los especialistas Gilberto López y Rivas, Enrique González Ruiz y Juan de Dios Hernández Monge, entre otros.

Granados Chapa calificó de buena señal la presencia de Gómez Mont en la reunión, pese a que no hubo un intercambio de ideas con él. Manifestó que el funcionario se refirió a estos encuentros como un ejercicio de honor e hizo votos porque efectivamente sí lo sean y conduzcan a un acto de justicia, que es la presentación con vida de los dos militantes del EPR.

Montemayor señaló que México es uno de los pocos países fértiles para la desaparición forzada de personas y donde nunca se ha procesado a nadie por ese delito, al considerar que en este momento existe la oportunidad de enfrentar esos casos de manera política, abierta y pública.

El subsecretario Abraham González manifestó su desacuerdo con el planteamiento del escritor y aseguró que el compromiso de la Secretaría de Gobernación y del propio presidente de la República es que no se van a tolerar y no habrá crímenes de Estado que no reciban la sanción correspondiente. “No nos tiembla la mano para buscar a los responsables sean del orden público o privado”, puntualizó.

acusados de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario ( EPR) , la Dirección General de Readaptación Social

Federal, de manera extemporánea, presentó un recurso de revisión en contra de la sentencia que se concedió, por lo que el juez admite el planteamiento y ordena que se vaya al Tribunal Colegiado para que este decida si procede su estudio o no, dado que se presentó de manera extemporánea, sin embargo dijo el postulante lo anterior deja ver la mala fe de la dependencia federal, que demuestra claramente que trata de no dejar a los loxichas en libertad, aún cuando tienen derecho para ello ya que sobrepasaron las tres quintas partes de su sentencia que fue de 13 años con 6 meses.

El litigante narró que de los cuatro presos políticos que según la apreciación de la defensa están con un pie fuera de la prisión, debido a que tienen derecho a la libertad anticipada, resulta que en el caso concreto de Cirilo Ambrosio Antonio, el juez que conoce del caso tuvo por firme la sentencia que concedió el juez primero de distrito, al reconocer el amparo en contra de la negativa de libertad que había emitido la Dirección General de Prevención y Readaptación Social Federal.

Ante esto al salir publicado un acuerdo, mediante el cual determina que la sentencia de libertad queda firme porque no fue recurrida en tiempo, y le da 24 horas al órgano de Prevención y Readaptación Social Federal para que cumpla, dejando sin efecto la negativa anterior y dictando una nueva disposición al respecto.

Ante esto de manera extemporánea, ya que le habían enviado el requerimiento, la dependencia federal presenta un recurso de revisión en contra de la sentencia que concedió el amparo, el juez admite el planteamiento y ordena que se vaya al Tribunal Colegiado para que este decida, si procede su estudio o no, dado que es extemporáneo, lo que deja ver la mala fe del gobierno federal al buscar la forma de retrazar su salida, ya que es evidente destacó que la sentencia de amparo esta bien fundada por el juez y al presentar el recurso de revisión pretende que se vaya otros dos o tres meses en estudio y mientras esto sucede, finalmente ordenaran la libertad cuando prácticamente hayan compurgado la condena.

La sentencia que les impusieron a los indígenas Loxichas son 13 años con 6 meses destacó Ochoa Lara, hasta el momento llevan 12 años con dos meses aproximadamente, los cuatro presos de los que hablamos dijo indignado debieron salir libres en la media a través de la preliberación, ya que de acuerdo con la ley tenían derecho a ser preliberados desde que cumplieron las 3 quintas partes de la condena, es decir aproximadamente a los 7 años, sin embargo, no se les ha permitido a través de la dependencia federal encargada obtener el benefició que la ley les ofrece.

Desde hace más de tres años hemos insistido en su libertad, primero solicitándolo de manera administrativa y ante la negativa decidimos interponer amparos, por lo que hasta el momento se llevan 2 amparos que se concede a los indígenas.

El primero lo concedieron y el órgano desconcentrado corrigió su respuesta pero al final dijo que no procedía la libertad bajo el argumento que no estaban socialmente readaptados, en el segundo amparo, insistimos y se concedió el amparo, pero interponen recursos mal intencionados que nos lleva a pensar que hay interés de reprimir aún dentro de la cárcel a los inculpados.

En los cuatro casos de los presos políticos nos han concedido el amparo, sólo el de Cirilo Ambrosio se dijo que quedó firme la sentencia y se les pidió cumplieran, pero llegan con el recurso de revisión, seguramente van a interponer el mismo argumento en los otros tres, presentaran la revisión antes de que este firme la sentencia o de manera extemporánea, con la sola finalidad de retrazar la posible libertad que se debiera dar sin mayores discusiones, al fin de cuentan a ellos les corresponde otorgarla partiendo de que es esta dependencia a quien le corresponde vigilar la readaptación social de los sentenciados.

Lo anterior subrayó es una argucia, una forma de retrazar más el asunto, una chicanada como se dice vulgarmente por parte de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social Federal.

El interés que se tiene es que obtengan su libertad compurgando su condena de principio a fin, sin lograr beneficiarse de la ley que les otorga la preliberación, lo que denota mala intención y una forma más de represión a la gente que se encuentra a disposición de ellos bajo acusaciones de rebeldía, porque se trata de no darles el beneficio a quienes se consideran presos políticos, bajo la sospecha de rebelión y motín ya que de acuerdo con el juez, ellos tuvieron alguna participación al interior del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Esto les da el carácter de presos políticos o presos de consciencia, ya que desde el momento que se les acusa o vincula con esa organización ya tienen esa característica, el no permitirles la libertad anticipada implica un acto de represión, hacía estas personas que se trata de mantenerlas el mayor tiempo posible en prisión con la finalidad de avasallar las consciencias rebeldes al orden del Estado puntualizó el defensor.

Hasta el momento son 12 los presos políticos de Loxicha que se encuentran recluidos y 4 con posibilidad de libertad al concedérseles el amparo.

En el caso de Agustín Luna y Álvaro Sebastián se volverán a colocar en el caso de sentencia, debido a que se anulo la sentencia que tenían mediante el juicio de amparo.

En el caso de Fortino Enriques y Abraham García Ramírez, se anulo mediante un amparo la sentencia pero la volvieron a dictar en los mismos términos.

También se encuentra interpuesto el amparo de Justino Hernández José y Zacarías Pascual García López, se encuentra en estudio en espera que resuelva el Colegiado.

Por lo que respecta a Mario Ambrosio Martínez y Eleuterio Hernández García esta pendiente de presentarse el amparo.

Todo esto mantiene la actividad represiva del gobierno en contra de ellos, pareciera que al gobierno federal le sigue pesando Loxicha, comentó el abogado.

Se habló explicó con dos presidentes de la República para que intercedieran por su libertad en el caso concreto de Vicente Fox, el cual se comprometió a liberarlos y no lo hizo. Con Felipe Calderón se han tenido diversos acercamientos a través de Gobernación y no hay respuesta para este tema que es álgido y en dónde se están violando los derechos constitucionales de los indígenas de Loxicha, finalizó.

Información sobre los Compañeros de Atenco

EL DIA DE HOY 10 DE FEBRERO COMPAÑEROS QUE SE ENCUENTRAN DESDE EL DIA DE AYER AFUERA DE LA SUPREMA CORTE DE “JUSTICIA” DE LA “NACION” EN ESPERA DE LA RESOLUCION FAVORABLE PARA LAS SENTENCIAS DE LOS COMPAÑER@ QUE SE ENCUENTRAN RECLUIDOS INJUSTEMENTE COMO PRESOS POLITICOS EN EL PENAL MOLINO DE LAS FLORES Y EN ALMOLOYA AHORA LA PALMA DETENIDOS E L 3 Y4 DE MAYO DEL 2006 CUANDO VIA TELEFONICA NOS INFORMAN DE UN “MOTIN” DENTRO DEL PENAL MOLINO DE LAS FLORES ESTO CAUSO ALARMA ENTRE LOS COMPAS QUE SE ENCONTRABAN EN LA CORTE DE JUSTICIA POR SABER DE NUESTROS COMPAÑEROS RECLUIDOS DENTRO DE EL PENAL , POCO DESPUES NOS COMUNICAN SOBRE LA SITUACION DENTRO DEL PENAL ,NO FUE MOTIN FUE UNA RIÑA DENTRO DE OTRA AREA DISTINTA ALA DE NUESTROS COMPAÑEROS DE ATENCO AUN ASI

NOS PIDEN ESTAR ATENTOS PARA CUALQUIER TIPO DE REPRESION QUE PUEDAN SUFRIR NUESTROS COMPAÑEROS DENTRO Y LOS QUE SE ENCUETRAN EN PLANTON FUERA DEL PENAL POR MOTIVO DE HA ESTA RIÑA, EN LOS MOMENTOS EN QUE SE ESPERA LA RESOLUCION DE LA SENTENCIA HA NUESTROS COMPAS ,TAMBIEN SE PIDE SU APOYO PARA EL DIA DE MAÑANA EN LA SUPREMA CORTE DE “JUSTICIA” DE LA “NACION” ALAS 10 DE LA MAÑANA . GRACIAS POR SU APOYO Y DIFUCION.

SOLO LA UNION DEL PUEBLO LOGRARA LA LIBERTAD DE NUESROS PRESOS

!NO QUEREMOS PRESOS POLITICOS ¡ !QUEREMOS POLITICOS PRESOS¡

!LIBERTAD Y JUSTICIA PARA ATENCO¡

ATENCO NO ESTA SOLO MALDITOS REPRESORES

VIDEO DEDICADO A NUESTRO COMPAÑERO ALEXIS

 Page 4 of 9  « First  ... « 2  3  4  5  6 » ...  Last »