1. Las reformas propuestas por el presidente ilegítimo Felipe Calderón en materia de procuración de justicia y justicia penal, que se debatirán en el pleno de la Cámara de Diputados el día de hoy (mismas que plantean la posibilidad de que las corporaciones policíacas accedan a domicilios sin una orden judicial) fueron recibidas con “temor” por especialistas, porque “nos llevarían a vivir en un Estado policiaco e inquisitorial”. Los juristas exhortaron a los legisladores a “pensar dos veces” antes de aprobar la propuesta de reforma constitucional en los términos planteados por el presidente Felipe Calderón, ya que “lo único que están haciendo es favorecer la ineficiencia del Ministerio Público (MP) y de nuestras policías, que no están a la altura de los cambios”. Aunque eliminen algunos párrafos muy evidentes, seguramente quedarán aquellos que permitan perseguir el “crecimiento de la delincuencia” que bien puede usarse contra la protesta social.

2. Hasta 1982 no hubo mucha preocupación del poder por aprobar leyes contra la “delincuencia organizada” o los movimientos sociales; sin embargo ya desde que aparecieron movimientos políticos y sindicales fuertes, como la gran huelga ferrocarrilera de 1958/59 (terriblemente reprimida por el ejército), las luchas de los médicos, los estudiantes de 1968, las guerrillas de Genaro y Lucio y la guerrilla urbana, el sistema de “seguridad” de la burguesía comenzó a renovarse. En 1994, con el levantamiento zapatista, el gobierno de Salinas, más adelante el de Zedillo, impulsaron un gran rearme del ejército y la intensificación de los cursos de preparación militar en los EEUU. El pretexto importante ha sido siempre “el combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada”, pero fue el pretexto que se usó siempre en Colombia para tratar de destruir a los guerrilleros de las FARC, con la directa participación del ejército yanqui.

3. Al “ratito” comenzarán a acusar a la guerrilla mexicana, con todo el gran apoyo de los medios de información, de estar aliada con el narcotráfico y, más delante de ser los mismos, para lanzarle todo el poder del ejército. Las leyes en México y, estoy casi seguro que en todo el mundo, se aplican de acuerdo a la clase social o grupo político que está en el poder. Sirven las leyes para legitimar o legalizar la fuerza del poder. Sólo podría ser de otra manera cuando la gente en las calles, con su lucha clara, valiente y decidida, las haga a un lado con las grandes movilizaciones de masas. Sólo así debe aceptarse cambiar, reformar o renovar leyes: cuando el pueblo organizado está dispuesto a luchar por sus derechos. Cuando los legisladores del PRD lloran porque perdieron la votación o se ponen alegres porque lograron introducir algunos puntos, resulta un tanto vergonzoso. Legitiman los votos del PAN y del PRI aceitando la maquinaria de éstos.

4. Donde parece estar apuntando este tipo de reformas constitucionales es en limitar o prohibir las manifestaciones masivas, los bloqueos callejeros y los plantones que realizan los trabajadores cuando las autoridades no les han hecho caso, cuando están desesperados después hacer peticiones buscando diálogo. Con el banal argumento del respeto a la libertad de tránsito de automovilistas y transportistas, se busca acabar con las presiones masivas de los trabajadores y encerrarlas donde nadie los vea o a nadie perjudiquen. El ejemplo represivo lo puso en Guadalajara, en mayo de 2004, el actual secretario de Gobernación; hoy se repite en esa misma ciudad destruyendo un plantón que realizaban jóvenes del Frente Nacional contra la Represión. Sin embargo los compañeros se han mantenido plantados en lucha con el objetivo de recuperar espacios. ¿No es acaso ese tipo de “reglamentos de buen gobierno” los que tratan de imponer?

5. En una sociedad de profundas desigualdades como la mexicana si la llamada “justicia”, como se dice, “debe aplicarse igual para todos” (por ese hecho) beneficiará siempre a los más poderosos. Si se aumentara en un 10 por ciento el salario del presidente de la República y el mismo 10 por ciento a un obrero de salario mínimo, estaríamos siendo extremadamente injustos. ¿Qué sucede cuando se aplica un mismo examen de admisión a los bien alimentados “hijitos” de los ricos y a los niños miserables hijos de pobres? Además hay algo más injusto aún: sin olvidar que las leyes las hacen los dueños del poder para su propio beneficio, muchas veces ellos mismo violan esas leyes para lograr mayores privilegios. El problema de las leyes, además, es quién las interpreta y las aplica. ¿Puede confiarse en instituciones como la Suprema Corte de Justicia que de cada mil casos resuelve uno a favor de los oprimidos?

6. Las constituciones y las leyes reglamentarias no deben aplicarse por igual ni haciendo abstracción de la realidad. México ocupa uno de los primeros lugares en el mundo en desigualdad social porque las ganancias empresariales y los enormes salarios de los altos funcionarios son 500 veces superiores al salario promedio del trabajador. Mientras los ministros de la corte cobran mensualmente 500 mil pesos más prestaciones y servicios, más del 50 por ciento de la población tiene como promedio un salario mínimo de mil 500 pesos mensuales. En tanto más de la mitad de la población no recibe el llamado aguinaldo de fin de año por ser campesino, desempleado o por trabajar en pequeñas empresas, los altos funcionarios reciben enormes cantidades, en efectivo y regalos, los fines de año. ¿Cómo equiparar derechos y deberes entre esas clases sociales extremadamente diferentes en ingresos económicos y situación social y política?

7. El presidente de la República y los legisladores de todos los partidos serán los responsables de cualquier limitación de las libertades de manifestación o protesta pública. Pero también el pueblo que durante décadas, o siglos, se ha dejado manipular con la ideología de sus opresores. Al concluir este artículo me he enterado que a petición del coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en San Lázaro, Javier González Garza, se acordó diferir por unas horas la aprobación de dichos cambios constitucionales con el argumento de que existen “puntos insalvables” en materia de arraigos, allanamientos y derechos humanos. Al parecer la aprobación de esta funesta ley que también autoriza la intervención de los teléfonos, sólo se ha retrasado unas horas, el tiempo suficiente para que la aplanadora PRI/PAN caiga con todo su peso y para que el PRD vuelva a quejarse porque fue mayoriteado.

El Ejército Popular Revolucionario (EPR) se ha convertido en una de las principales amenazas a la seguridad nacional en México. Los ataques a los ductos de Pemex le han dado a esta organización una visibilidad sin precedente.

¿Qué piensan los mexicanos de la guerrilla y el EPR? ¿Bajo qué condiciones la población justifica la existencia de la guerrilla? ¿Cómo califican la actuación de las autoridades frente al EPR? Esta y otras preguntas las contesta la Encuesta Nacional de Ipsos-Bimsa/EL UNIVERSAL.

A pesar de lo que pudiera creerse, la guerrilla no despierta romanticismo alguno en nuestro país. El 83% de los mexicanos encuestados asocia la palabra guerrilla con algo negativo.

Además, los términos que más se asocian a la palabra “guerrilla” son eminentemente negativos: “guerra” (19%), “combate” (9%), “muerte/sangre” (8%) e “inconformidad con el gobierno” (8%).

Tres de cada cuatro mexicanos (76%) consideran que hay movimientos guerrilleros en el país y que, además, la existencia de éstos se remonta a la época priísta.

Esto se explica por el hecho de que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional es un movimiento ampliamente conocido por la población (63%).

El EPR, por el contrario, y a pesar de lo reciente de sus ataques, es menos conocido como movimiento guerrillero (36%).

Aunque el EZLN genera más simpatías que el EPR (31% y 18% de opiniones favorables respectivamente), predominan las opiniones negativas sobre ambos. En el caso del EPR, el 48% de quienes lo conocen tiene una imagen desfavorable de la organización.

¿Bajo qué condiciones la población justifica un movimiento guerrillero? Los ciudadanos justifican en mayor grado a una guerrilla cuando ésta aparece “para remediar la pobreza de la población” (43% la justifica y 54% no la justifica) que cuando el objetivo es eminentemente político, ya sea “combatir el autoritarismo del gobierno” (35% la justifica) o “hacer una revolución y derrocar al gobierno en turno” (20%).

A pesar de lo que pudiera esperarse, no se observan diferencias importantes entre la población urbana y rural en relación con las justificantes de la acción guerrillera.

En el caso específico del EPR ,y los ataques a los ductos de Pemex, predomina la percepción de que las distintas autoridades “han tomado acciones importantes pero insuficientes para aclarar los ataques”.

Aproximadamente una de cada cuatro personas considera que “no se han tomado acciones importantes”.

Las autoridades que resultan mejor evaluadas son el Ejército y el Presidente de la República.

Un tercio de la población encuestada (34%) señala que le “preocupa mucho” que el EPR vuelva a atacar instalaciones gubernamentales, mientras que una proporción similar (35%) señala que le “preocupa algo”.

La preocupación es similar en zonas urbanas y rurales, aunque es mayor en las zonas donde ocurrieron los ataques o cercanas a ellos.

La población está dividida ante la posibilidad de una vinculación del EPR con el narcotráfico: 35% señala que sí hay vínculos, mientras que 32% no cree que hay vínculos. El resto de la población no tiene una opinión al respecto.

En conclusión, la percepción que hay sobre la guerrilla en México, y en particular el EPR, es altamente negativa.

Si bien la “propaganda por hechos” le ha dado visibilidad al EPR, también le ha acarreado la condena de la mayoría de la población. Aun cuando el EZLN dejó de ser noticia hace mucho tiempo, está mejor posicionado, en conocimiento y opinión, que el EPR.

En 2008 el EZLN planea lanzar una nueva forma de acción que aspira a ser ‘una revolución nueva a la de hace cien años, no en la cuestión armada sino otra que trastoque el sistema político y refunde al país’, anuncia el dirigente zapatista.

En una entrevista publicada hoy por la revista mensual Gatopardo, ‘Marcos’ afirma que ha valido la pena sumarse al zapatismo y que, de presentársele una segunda oportunidad, no modificaría un ápice las decisiones que tomó.

‘Si algo pensaría en cambiar sería eso: que no hubiera sido tan protagonista en la cuestión mediática’, agrega el portavoz de los zapatistas, quien encapuchado y con pipa accedió a que se le tomaran las fotos que hoy se publican acompañadas de un reportaje.

La entrevista se hizo el 2 de noviembre pasado en La Garrucha, comunidad de la Selva Lacandona, en el sureño estado mexicano de Chiapas, después de un primer contacto en Ciudad de México con el encapuchado.

‘Pasamos de moda’, admite ‘Marcos’ en la entrevista, donde señala que el movimiento en el que participa está ‘como en 1993 pero al revés’.

Indica que si entonces se preparó un alzamiento ’sin medios y sin gente’, ahora son las autoridades mexicanas las que están a la ofensiva, frente a lo cual el EZLN está tomando ‘medidas preventivas’ aunque no atacará por respeto a la tregua fijada en enero de 1994.

El 1 de enero de aquel año los zapatistas salieron del anonimato al declarar la guerra en San Cristóbal de las Casas al Estado mexicano cuando gobernaba Carlos Salinas (1988-1994).

Se alzaron en armas en Chiapas con un llamamiento contra el Gobierno, la corrupción y la postración en que vivían durante siglos los pueblos indígenas mexicanos, en una acción que sacudió al país.

Después de diez días de combates que causaron 150 muertos en ambos bandos, se decretó un alto el fuego para entablar un diálogo de paz, que no llegó a cristalizar en leyes que mejorasen la situación de los indígenas mexicanos.

Después de esas acciones que atrajeron la atención de la opinión pública internacional, ‘Marcos’ reconoce ahora que sus demandas pasan más desapercibidas, especialmente desde que en 2006 criticó al aspirante de la izquierda a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, a la postre derrotado por el conservador Felipe Calderón.

Afirma que aquella postura fue muy meditada y llevó al distanciamiento del EZLN de la clase política mexicana y de organizaciones internacionales que les habían apoyado.

‘Marcos’ se declara preocupado por la seguridad de los municipios autónomos zapatistas, gobernados de forma autónoma por ‘Juntas de Buen Gobierno’ conocidas como ‘caracoles’ desde agosto de 2003, y que teme incursiones de militares en las comunidades.

Entre los logros de la corriente que lidera menciona que en las zonas bajo influencia zapatista ‘ya no hay hambre’ y que se ha reducido la mortalidad infantil entre los menores de cinco años.

Se confiesa también atento a la destrucción medioambiental y a la progresiva privatización de los recursos naturales en México y el resto del mundo.

Admite que el movimiento zapatista no ha reunido apoyos suficientes con ‘La otra campaña’, que arrancó en enero de 2006 y fue relanzada en una segunda fase en marzo de 2007, por lo cual están ‘en un momento de indefinición’.

Carlos Montemayor percibe, al repasar las fracturas y descalabros que ha sufrido la seguridad nacional en las últimas tres décadas en México, un profundo proceso “de involución social” que se debe, en buena medida, al desplazamiento de una clase política con visión estratégica, suplantada por una “nueva clase de políticos coyunturales sometidos al espejismo neoliberal”. El panista Felipe Calderón forma parte de esa nueva elite.

El politólogo, poeta y novelista –Guerra en el paraíso y Las armas del alba, entre sus obras más conocidas– detecta uno de los indicios de esta involución en uno de los problemas centrales que implica la Iniciativa Mérida, o Plan México: el crecimiento de grupos paramilitares “que en apariencia dejarán limpias las manos del Ejército hasta que se salgan de control, como ocurrió en Colombia. La distorsión conceptual que está teniendo ya el plan Mérida desde los propios discursos oficiales es señal de que México tendrá que enfrentar más complicaciones severas que soluciones a sus conflictos internos”.

La Jornada conversó con el autor chihuahuense, también colaborador de esta casa, quien, a propósito de esta idea de la involución, recordó un diálogo que tuvo recientemente con un viejo minero coahuilense en Nueva Rosita. “Platicando con algunos sobrevivientes que participaron en la caravana del hambre que marchó a la ciudad de México durante la gran huelga de 1951, uno de ellos me decía: pero, ¿adónde vamos? ¿A la esclavitud de nuevo? Porque aquí y ahora no hay defensa del trabajo, del empleo, de antigüedad, de pensión, de salud. Y me quedé desconcertado porque, en efecto, no hay voluntad política ni para preservar la visión de que la vida pública tiene que estar vinculada con el bienestar de la población.”

–A propósito del título de su nuevo libro, La guerrilla recurrente, ¿cómo han evolucionado los grupos armados en estas últimas décadas?

–En los movimientos armados rurales la formulación ideológica no era esencial. Si consideramos que el EPR forma parte de la descendencia del movimiento de Lucio Cabañas, vemos hoy un discurso más teórico, que Cabañas se resistía a aceptar. Podríamos decir que la evolución del discurso del EPR es más conservadora que el discurso político del EZLN.

–¿Debe ser revaluada la capacidad de acción del EPR?

–El discurso gubernamental parte de la descalificación social y política de estos movimientos, los supone inconexos entre sí y se empeña en ver a las organizaciones como algo aislado y vulnerable hasta su aniquilación. Pero si nos preguntamos por qué una organización como ésta puede mantenerse activa y transformarse a lo largo de 40 años, tendríamos que ver a estos grupos en función de su recurrencia generacional y regional.

–Hay sectores que propusieron una mesa de negociación entre las guerrillas y el gobierno.

–Si hubo intentos, los frenaron. Es evidente que al Ejército no le conviene que se reconozca la desigualdad social como justificación de los movimientos armados. El gobierno parte de la idea de que son grupos sin arraigo y vulnerables ante una lucha sistemática de contrainsurgencia militar y policial. Las administraciones priístas últimas desde la mitad del gobierno de Miguel de la Madrid en adelante se parecen más a las panistas que a las antiguas priístas.

“Hay un descalabro en la continuidad de las políticas de seguridad nacional que puede explicarse en muchas etapas. Una, con el surgimiento del Cisen y la desaparición de la Dirección Federal de Seguridad, otra con el desplazamiento de cuadros formados por el ex secretario de Gobernación Fernando Gutiérrez Barrios y otra que se empezó a formar a partir del general Jorge Carrillo Olea, con una idea de modernidad mayor.

“Y otra, a lo largo de los últimos gobiernos, con un reacomodo de las tareas de inteligencia, sin continuidad ni seguimiento de información colegiada entre la PGR, la PFP o la policía militar y el Cisen. Hay muchas evidencias: políticas erráticas, declaraciones contradictorias. Esto le ha restado fuerza al seguimiento de bases sociales o de conflictos sociales previsibles.

“Hay un descuido esencial, no ver estas tareas como preventivas, sino como agresivas. Podía haber análisis económicos, sociales, políticos que se adelanten a los conflictos y a las catástrofes naturales. El perfil de los miembros de inteligencia nacional debería incluir ingenieros, abogados, historiadores, politólogos, científicos, urbanistas, y no sólo policías y militares.”

–¿Cómo entender la subordinación del poder civil que representa Felipe Calderón al poder militar?

–No creo que se trate solamente de una decisión de Felipe Calderón, sino de un proceso de repliegue de los cuadros políticos, concretamente, desde la imposición de las políticas neoliberales en México. Cuadros diplomáticos expertos en acuerdos internacionales ceden el lugar a técnicos en economía que no responden a dinámicas sociales, sino empresariales. Las políticas de desarrollo económico son suplantadas por planes que se adaptan a las necesidades de la globalización empresarial. Esta pérdida de la visión política en la elite mexicana pone incluso en riesgo a la estructura militar.

“El repliegue de los cuadros políticos en la diplomacia, la economía, los aspectos jurídicos, sociales, culturales, educativos del país ha provocado el arrasamiento económico, el avance del narcotráfico y dentro de poco el debilitamiento de las estructuras de nuestros ejércitos.”

–¿Qué le dice el discurso adoptado ahora por el procurador Eduardo Medina Mora, quien al asimilar el modelo de Colombia ha incorporado al combate contrainsurgente el tema del terrorismo e incluso a lo que llama ‘narcoterrorismo’ y ‘narcoguerrilla’?

–La idea de arrastrar a las políticas policiales y legislativas de nuestro país al término del terrorismo es uno de los grandes errores históricos de nuestro gobierno.

–El argumento es que nuestra condición de vecino de Estados Unidos nos hace vulnerables a que el terrorismo use nuestro territorio para infiltrarse.

–Ése es un argumento de Estados Unidos para controlar el hemisferio, no es un argumento del hemisferio para defenderse de Estados Unidos. Es un argumento para convertirnos en bocado fácil y sazonado para las políticas de seguridad hemisférica desde la perspectiva de Estados Unidos. Para nosotros es más grave el problema de la miseria, el hambre y el desempleo.

–Usted alerta en su libro sobre el regreso de la guerra sucia. ¿Están encendidas las alarmas de la sociedad civil ante las evidencias?

–No están encendidas. Y las condiciones están dadas con esta idea de adaptar el término terrorismo como concepto objetivo y no como una descalificación subjetiva. Están allanando el terreno para una guerra sucia de consecuencias catastróficas. Esto implica ya no el control de ningún crimen organizado, sino de la población civil. ¿Por qué se está retrasando tanto esta toma de conciencia en los mexicanos? No lo sé. Es alarmante, pareciera que ha habido un desmembramiento de la conciencia ciudadana.

La obra más reciente de Carlos Montemayor, La guerrilla recurrente, editado este mes por la casa Random House Mondadori, advierte de entrada: “La guerra no es simple. Exige mucho tiempo de cálculo. Tiene un discurso pacifista y una esmerada justificación moral. Nunca dice ‘yo soy la guerra’. Dice otras cosas”.

Así, Montemayor agrega un eslabón al análisis que inició en 1997 con Chiapas, la rebelión indígena de México y siguió en 1999 con Los informes secretos: estudio crítico e investigación sobre los numerosos pliegues de los mundos “clandestinos e invisibles” que cruzan México, desde estructuras como El Yunque y los Legionarios de Cristo, pasando las opacas instituciones castrenses y policiacas, los grupos paramilitares y el movimiento armado. Un paso más, que alcanza examinar la nueva fase de la guerra sucia y el retorno de la práctica de la desaparición forzada –a partir del secuestro de dos dirigentes del EPR, en mayo pasado en Oaxaca– y los potencialmente catastróficos alcances de la Iniciativa Mérida.

Siete capítulos recorren las fases de las guerrillas mexicanas, las fracturas sufridas por los servicios de inteligencia, la militarización inserta en los procesos globales, la adopción de la agenda “antiterrorista” de Washington y los “accidentes” que dejaron inconclusa la misión de la fiscalía para el esclarecimiento de la guerra sucia del pasado y, por tanto, dejó en suspenso la aplicación de la justicia.

El gobierno federal “no está teniendo ningún perseguido, ningún perseguimiento (sic) en contra de líderes sociales”, sostuvo este sábado el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña.

Al participar en el Consejo Nacional panista, el funcionario respondió a la acusación del Ejército Popular Revolucionario en el sentido de que las autoridades federales han emprendido una campaña en contra de los integrantes de esta organización clandestina.

“Señalamos con puntualidad que no hay ninguna cacería de brujas, porque no está planteada en ningún lado y ellos mismos no pueden decir en qué estados se tiene alguna actividad que vaya en contra de la libertad de los propios movimientos sociales”, aseguró.

- ¿Éste es un llamado a detener las hostilidades, es un ultimátum?

- No, es un llamado a que entremos todos con una gran conciencia y con gran responsabilidad frente al pueblo de México para que tenga la verdad y pueda ir valorando lo que los propios movimientos sociales tengan que hacer, y las actividades que como gobierno tenemos que realizar.

- ¿Temen ustedes que puedan suscitarse atentados nuevamente?

- Creemos y confiamos en la responsabilidad de todos los movimientos sociales, y en el caso del EPR pensando en razón de México y en razón de los mexicanos.

El funcionario declaró no tener información concerniente a actividades violentas del EPR, y al preguntarle si la administración federal estaría dispuesta a sentarse a negociar con esa organización replicó: “recuerden ustedes que tenemos el cumplimiento de las propias disposiciones legales. Ya lo había dicho, vamos todos cumpliendo con la ley y vamos a sentarnos a platicar, pero cumpliendo todos con la ley”.