Como parte de las jornadas internacionales de solidaridad con las comunidades zapatistas de Chiapas, este viernes se efectuaron diversos actos y movilizaciones en las capitales de Alemania, Argentina, Costa Rica y España. Al conmemorarse 12 años de la firma de los acuerdos de San Andrés, las acciones públicas demandaron que el gobierno federal cumpla “ya” con su palabra empeñada desde febrero de 1996.

En Berlín, decenas de personas manifestaron frente la embajada mexicana su respaldo a las bases de apoyo zapatistas y al EZLN “por el hostigamiento, las amenazas, la violencia y el asesinato que sufren por parte de grupos armados como Opddic, y por militares, todos cobijados por ‘gobiernos asesinos’”. La guerra de baja intensidad “está pasando a una nueva escalada en contra de la autonomía indígena y los movimientos sociales”. Repudiaron la “brutal represión” en Chiapas, Oaxaca y Atenco.

Rechazan también la Iniciativa Mérida y la reforma penal, que significan “la militarización del país y la legalización de la tortura y la desaparición forzada”. Tras cantar el himno zapatista, hicieron llegar sus demandas al gobierno mexicano: alto a cualquier agresión contra integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y otras comunidades en rebeldía; fuera los campamentos militares de Chiapas; cese a la guerra contra las comunidades; desaparición de grupos paramilitares; castigo a responsables de las violaciones a los derechos humanos; justicia para Acteal y todos los que han sufrido violaciones a sus derechos; libertad a todos los presos políticos; no a los proyectos de turismo a costa de la vida humana y la naturaleza (en especial Agua Azul); no más despojos de territorio indígena.

En Alemania se realizaron actos similares ante los consulados mexicanos en Frankfurt y Bremen, y en las ciudades de Marburg, Kiel y Münster.

En Madrid la Confederación General de Trabajo (CGT) hizo llegar al embajador Jorge Zermeño Infante una misiva dirigida al presidente Felipe Calderón Hinojosa y al gobernador chiapaneco Juan Sabines, donde afirman que desde el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés “las agresiones y amenazas hacia la autonomía de las comunidades zapatistas han ido en aumento, hasta llegar a una situación insostenible que en cualquier momento puede desencadenar de nuevo la guerra”.

La CGT y su Comisión de Solidaridad con Chiapas transmitieron “su absoluto rechazo” a las políticas del gobierno federal, el de Chiapas y las distintas gestiones municipales, y su “repulsa por las agresiones recientes de paramilitares contra las Brigadas de Observación de Tierra y Territorio”.

Para los zapatistas, agrega, “ese recrudecimiento es un intento de imponer definitivamente la guerra de baja intensidad que pretende el exterminio de sus pueblos”. Anuncia que del 10 al 19 de marzo se realizará una campaña informativa en aeropuertos y agencias de viajes, “para alertar a los que quieren visitar México cuál es la verdadera realidad que enfrenta el pueblo local”. En mayo iniciará una campaña de varios meses en solidaridad con los presos políticos en México. Y en verano llegará a Chiapas una caravana europea de solidaridad que recorrerá los municipios autónomos.

En San José, Costa Rica, también ante nuestra embajada, la movilización de la Red Latina Sin Fronteras expresó solidaridad con el EZLN y con los campesinos mexicanos que resisten el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

En tanto, académicos, científicos sociales e investigadores de Puerto Rico, Costa Rica, Uruguay, Nicaragua, Argentina, México, Brasil, Chile, Ecuador, España y Portugal denunciaron “el intenso hostigamiento y múltiples agresiones, entre las que se cuentan desalojos, quema de casas, disparos, amenazas de muerte y despojo de pertenencias” contra zapatistas.

“No son expresión de ‘conflictos intercomunitarios’, como pretende hacer creer la estrategia mediática gubernamental”, sino las señales más visibles “de una estrategia político-militar para atacar la base social de EZLN y el corazón de los pueblos indígenas: la tierra y el territorio”.

Exigieron a los gobiernos federal y de Chiapas “detener la ofensiva contra el proyecto pacífico del zapatismo, que significa una alternativa mundial para los pueblos”.

Cuando el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) suscribieron los acuerdos de San Andrés Larráinzar, “éramos conscientes de que difícilmente se cumplirían, porque iban a topar con dificultades, aunque la esperanza era que había fuerzas sociales que los iban a impulsar”, recuerda el obispo emérito de San Cristóbal, Samuel Ruiz García, quien entonces era el mediador entre las partes.A 12 años de la histórica firma, que se cumplen este sábado en medio de una ofensiva contra comunidades indígenas zapatistas, éstas se mantienen en resistencia en protesta por el incumplimiento gubernamental de los acuerdos, lo que implica rechazar programas y recursos oficiales.

Según Ruiz García, quien hace 12 años era presidente de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), la resistencia en dichas comunidades “no ha sido inútil, pues han logrado con su actividad y su aguante físico una mejoría en varios aspectos”.

Paralelamente a la resistencia, las comunidades zapatistas están inmersas en sus procesos de autonomía –que, alegan, forman parte del cumplimiento de los acuerdos–, mediante los municipios autónomos y las juntas de buen gobierno ubicadas en los caracoles de Oventic, Morelia, La Garrucha, La Realidad y Roberto Barrios.

Pero el ejercicio de la autonomía no ha estado exento de ataques, según han denunciado las juntas de buen gobierno, las cuales han referido como su principal agresora a la priísta Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), que sirve de instrumento a las autoridades para atacarlas.

Uno de los flancos de las agresiones radica en la parte agraria, concretamente por las tierras “recuperadas” en 1994 por el EZLN en la llamada zona de conflicto.

De acuerdo con las autoridades zapatistas, la OPDDIC pretende “despojarlas” de sus tierras mediante documentos “legales” de las instancias agrarias oficiales, como parte de programas de “contrainsurgencia”, que han causado tensión en la zona. Probablemente si los acuerdos se hubieran cumplido esas disputas no existirían.

Samuel Ruiz opinó que, pese a que lo pactado en San Andrés no se ha respetado, “de todas maneras podemos decir que los esfuerzos que se han hecho en distintas partes han logrado que se introduzcan en algunos estados modificaciones sustanciales para la situación de los indígenas”.

Al preguntársele si los indígenas están condenados a que no se cumplan los tratados, el obispo respondió: “La situación de los indígenas está ligada a la acción de un cambio fuerte de la estructura social, de manera que si no se lleva a cabo esto estaremos asistiendo a mejorías pero no a una situación radical. Tiene que haber un cambio de sociedad”.

El prelado agregó que “es un hecho irreversible que hayan indicado ellos que son sujetos de su propia historia. Esto ya no tiene vuelta en la historia en forma regresiva sino que va hacia delante”.

El director del Banco Mundial (BM) para México y Colombia, Axel Van Trotsenburg, sostuvo que en el país hay 48 millones de personas en condiciones de pobreza, por lo que tanto las autoridades gubernamentales como el propio organismo internacional deben hacerse responsables, con el objetivo de ayudar a que el problema disminuya.

Entrevistado después de una reunión de casi cuatro horas con integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado, el funcionario recalcó que aunque la macroeconomía ha sido muy bien manejada en México, no deben descartarse los efectos de la recesión que afecta a Estados Unidos.

Ninguna nación puede aislarse de las repercusiones de la desaceleración económica, ni en Europa, ni Japón, ni China, ni América Latina, y México no es la excepción, comentó.

El representante del BM recalcó que existe alta correlación entre el producto interno bruto de México y la producción en Estados Unidos, y en los próximos meses se verá la profundidad de las repercusiones de la crisis financiera en el vecino país del norte.

Por otra parte, reconoció que la reducción de la pobreza no es tarea fácil, pero hay que trabajar y ver cómo se pueden ampliar las oportunidades para todos, no sólo económicamente, ya que también hay que hacer hincapié en “la tarea de mejorar la educación para que todos los jóvenes puedan estar bien preparados e ingresar al mercado laboral”.

No quiso responder si ha sido eficaz la política del presidente Felipe Calderón para el combate a la pobreza, pues –dijo– no es justo juzgar a un gobierno de apenas 12 meses. Además, insistió en que la pobreza es una lucha en la que todos en México deben hacerse responsables y es también una responsabilidad del BM, organismo que “debe ayudar a todos los países para que mejoren”.

A lo que sí aludió fue a las finanzas mexicanas, y sostuvo que la valoración es muy positiva, no sólo por el BM, sino por las agencias internacionales y los mercados, que han reaccionado favorablemente.

En ese contexto, dijo que dado que el gobierno de Calderón ha manejado bien su presupuesto, lo que el BM analiza ahora “es cómo podemos continuar apoyando en muchas áreas a México, tanto en lo social como en la infraestructura y los proyectos de medio ambiente”.

La explosión se produjo a las 14.30 horas (21.30 horas en España) frente al número 346 de la Avenida de Chapultepec, en la colonia Juárez de Cuauhtémoc.

De momento las autoridades de la capital han cerrado la circulación a lo largo de la citada avenida desde el cruce con Nuevo León hasta el cruce con Insurgentes Centro, por lo que los vehículos están siendo desviados por el Paseo de la Reforma.

Un hombre murió y otras dos personas resultaron heridas a causa de la detonación de un artefacto explosivo que también destruyó dos automóviles a unos cien metros de la sede de la policía de la Ciudad de México, en un infrecuente atentado con víctimas fatales y aún no reivindicado.”Una persona de sexo masculino falleció y una mujer está herida en situación lamentable con quemaduras en su cuerpo”, dijo a la prensa Joel Ortega, secretario de Seguridad Pública de la capital mexicana, en el lugar del estallido.

La explosión, ocurrida a las 14H30 locales (20H30 GMT), se produjo muy cerca de la sede de la policía capitalina, donde inicia la turística zona Rosa capitalina y a unas cuantas calles de donde se erige el Angel de la Independencia, monumento emblemático de la metrópoli.

El funcionario detalló que se trató de “un artefacto explosivo de fabricación casera y al parecer de pólvora por el olor” y que habría sido detonado vía celular con un mecanismo de doble tiempo.

Ortega dijo que se investiga si el fallecido, aún no identificado, fue quien colocó el artefacto explosivo o era un transeúnte ocasional que tomó una bolsa de color rojo en la que estaba depositado el explosivo.

“Observamos que el hombre (muerto) había perdido una mano y este incidente fue seguramente al momento de manipular el explosivo”, estimó el funcionario al detallar que también resultó gravemente herida una mujer que presentaba serias quemaduras en el cuerpo.

“Cuando subieron a este hombre a la ambulancia, ya no traía parte de un brazo y las piernas las tenía heridas, se le alcanzaban a ver los huesos de las rodillas hacia abajo”, dijo a la AFP Francisco García, un transeúnte que se encontraba en el lugar al momento de la explosión.

Un vocero de la Cruz Roja, que trasladó a la mujer herida, explicó a la AFP que la mujer, de 22 años, presenta quemaduras en 40% de su cuerpo, pero ha sido estabilizada y se encuentra consciente.

En el lugar del estallido, custodiado por cientos de policías y cuerpos anti-bombas, quedaron tres vehículos con los vidrios rotos, mientras que un edificio cercano mostraba algunas ventanas rotas hasta el tercer piso.

“Escuché la explosión y salí corriendo. Todo se estremeció, había mucho humo y vidrios por todos lados”, comentó Marta Arias, una mujer de 64 años que tiene un establecimiento comercial en las cercanías.

“No tuvimos llamada anterior de aviso” sobre la colocación del artefacto explosivo, dijo Ortega.

Si bien la ola de violencia, especialmente ligada al narcotráfico, se ha recrudecido en los últimos años, los atentados con artefactos explosivos son hechos inusuales en México.

En enero 1994, a pocos días de que se levantara en armas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas (sureste), un artefacto explosivo estalló en el estacionamiento de una plaza comercial de la capital, causando daños materiales.

Desde entonces, se han producido acciones aisladas en distintos puntos de México, en particular estallidos de petardos y dirigidos principalmente a sucursales bancarias y que se ha atribuido el Ejército Popular Revolucionario (EPR, ultraizquierda).

Este grupo, herencia de la guerrilla izquierdista que en los 1970 actuó en México, se atribuyó la autoría de una serie de atentados en 2007 contra instalaciones de la empresa estatal Petróleos Mexicanos, que generaron un importante desabastecimiento de combustible.

También en el último año se ha intensificado la lucha contra el narcotráfico y en las últimas semanas las policías local y federal han asestado severos golpes a los carteles de la droga.