Como en años recientes, la agenda del 2008 para el país estará dominada por la inseguridad y la violencia, pero con un peligroso componente adicional impulsado desde el gobierno de Felipe Calderón.

De acuerdo con la versión propalada por las autoridades federales, el año que termina el Ejército Popular Revolucionario (EPR) pasó de una organización de propaganda armada a una con capacidad para atacar las instalaciones estratégicas del país.

Sin más demostraciones que su discurso a partir de los atentados a los gasoductos de Pemex, el gobierno calderonista le dijo al mundo que la guerrilla en México salió de sus bastiones tradicionales de Guerrero, Oaxaca y Veracruz para actuar en regiones conservadoras como El Bajío, por donde cruza el gas que se surte a la importante zona industrial allí instalada.

En esa lógica, se trató de ataques no sólo bien ejecutados, sino muy bien planeados a partir de información sensible del país en poder de esa guerrilla, a la que también en gobiernos anteriores la han vinculado con el narcotráfico.

Si ya fue Pemex, de acuerdo con esa versión oficial, lo que puede seguir entonces son ataques a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Comisión Nacional del Agua (Conagua) o cualquier otra dependencia o industria, como la de telecomunicaciones, a través de las cuales se puede provocar un colapso en la actividad económica del país.

Aun cuando no haya sido el autor de los ataques, el EPR tiene ahora una imagen de un poderoso grupo con capacidad para desafiar al Estado mexicano.

Pero si no lo fue, entonces estaríamos ante un sabotaje promovido desde otros ámbitos.

Uno podría ser el de aquellos interesados en demostrar que el Estado mexicano padece una verdadera vulnerabilidad en sus instalaciones estratégicas. La motivación podría ser meramente económica.

Otro podría encontrarse en el mismo gobierno, en particular en aquellos responsables de la seguridad nacional. No es raro, ni México sería el único país donde ocurriera, que haya autoridades interesadas en propiciar acciones para que el principal responsable de la seguridad de un país –el jefe de Estado– sea más resuelto en sus políticas.

Al hacer de la seguridad una de sus principales apuestas políticas, Calderón Hinojosa puede ser vulnerable a estos escenarios.

Y si en verdad estamos ante una poderosa guerrilla, entonces el escenario para 2008 es aún más complicado, pues las Fuerzas Armadas del país tendrían que multiplicar sus esfuerzos con todo y sus limitaciones de presupuesto.

Sometidos por Calderón a una mayor presión y creciente desgaste social en su “guerra contra el narcotráfico”, los militares tendrían que ampliar sus acciones a combatir la guerrilla. Sobre todo porque después de esos atribuidos éxitos no habría razón para que el EPR se replegara.

No sería raro, tampoco, que alineado al discurso estadunidense, el gobierno mexicano imponga en la sociedad el tema del terrorismo asociado a la guerrilla.

Si bien el Ejército está organizado para cumplir con ambas tareas, su capacidad estaría más que limitada, aunque en esa perspectiva debe entenderse la creación del nuevo Cuerpo Especial del Ejército creado este año por Calderón.

El Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal tiene la misión de “restaurar el orden y la paz públicas”, ya sea en el caso del narcotráfico o la guerrilla.

Pero si para la lucha contra el narcotráfico el gobierno de Calderón se sometió al Plan México concebido en el Congreso de Estados Unidos –aún pendiente de aprobación–, en el caso de una guerrilla con la capacidad de ataque que ahora se le atribuye tendría que buscar el reforzamiento de las habilidades y entrenamiento militares, pues el nuevo cuerpo especial del Ejército está integrado por elementos que ya formaban parte de las Fuerzas Armadas.

Calderón apuesta también a que en el primer periodo ordinario de sesiones del Congreso se apruebe su iniciativa de reforma judicial, encaminada a vulnerar los derechos humanos bajo el pretexto de combatir a la delincuencia organizada y su nuevo enemigo: la potente guerrilla del EPR.

Ante la posibilidad de que grupos guerrilleros perpetren un ataque contra ductos de Pemex a las primeras horas del año, el Ejército mexicano, Marina y la PFP se mantienen en alerta con más de ocho mil elementos vigilando las 162 instalaciones estratégicas del país, en especial las plataformas petroleras de Campeche y la nucleoeléctrica Laguna Verde en Veracruz, entre otras.

Donde sí se reforzó la vigilancia fue en las instalaciones de Petróleos Mexicanos de El Salitre, Guanajuato, con 120 efectivos militares, luego de que el pasado 29 de diciembre fueran detenidos varios desconocidos que rondaban los ductos y que se presume fraguaban un atentado.

Hasta el momento, ninguna dependencia de las que integran el gabinete de seguridad (PGR, Marina, Defensa y PFP) ha informado sobre el reforzamiento de las operaciones de vigilancia en plataformas petroleras, sin embargo, al interior de las fuerzas armadas y de la Marina se ordenó al personal destacamentado en estos puntos no abandonar sus puestos de vigilancia y hacer rondines las 24 horas de día, pero sobre todo reportar cualquier incidente.

En la comunidad de El Salitre, los militares patrullan las inmediaciones de la zona de válvulas de la paraestatal a fin de evitar que personas desconocidas se acerquen e intenten colocar algún explosivo.

También se cuida que organizaciones delictivas “ordeñen” los ductos en perjuicio de la paraestatal.

Hasta el momento, ni Pemex ni las autoridades policíacas de Guanajuato han informado si las personas presuntamente detenidas la noche del pasado 29 en la zona de válvulas pertenecen al Ejército Popular Revolucionario (EPR) que intentaban llevar a cabo un atentado.

Además del despliegue militar, personal de seguridad de Pemex, de la PGR y de la PFP se coordinaron para determinar si fue un atentado frustrado u otro tipo de intromisión a la zona de válvulas, las mismas que pertenecen al sistema de alimentación de ductos que el pasado 10 de julio fueron dinamitados por comandos del Ejército Popular Revolucionario (EPR) para exigir la presentación de dos de sus compañeros.

En tanto, instalaciones de Pemex en los estados de Campeche, Querétaro, Veracruz, y localidad de Celaya entre otras, son fuertemente resguardadas por personal militar y de la Marina

Desde el pasado mes de julio, el gabinete de seguridad, conformado por las secretarías de Gobernación, PGR, Sedena, Marina y SSP Federal, decidió duplicar la vigilancia en plataformas petroleras y ductos de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al pasar de cuatro mil 400, a más de ocho mil los elementos destinados a la vigilancia.

La nucleoelétrica de Laguna Verde y las plantas de nitrógeno de Atasta y Dos Bocas, en Tabasco, son fuertemente resguardadas por soldados entrenados en tácticas de combate y manejo de armas de grueso poder. Situación similar la que se presenta en las termoeléctricas, hidroeléctricas, presas y plantas industriales que se consideraron como posibles blancos de atentados con explosivos.

En total, son 142 las instalaciones estratégicas que la Sedena, Marina y la Policía Federal Preventiva (PFP) resguarda en los estados de Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Tabasco, la sonda de Campeche, donde se encuentra el mayor complejo petroquímico del país.

Desde el pasado 5 y 10 de julio, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) ha venido perpetrando una serie de atentados contra ductos de Pemex en Guanajuato, Querétaro, y Veracruz, por donde atraviesan la mayor parte de los 65 mil kilómetros de la red de ductos.

México, no obstante los enormes recursos económicos que ha dedicado al combate a la pobreza, sigue siendo uno de los últimos lugares en abatirla, acusó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Manlio Fabio Beltrones.

“Estoy convencido que hay que revisar el modelo. El modelo que hoy se centra en este programa de la Secretaría de Desarrollo Social, Oportunidades, es altamente asistencialista y electorero y no atiende ni resuelve el principal problema, que son 50 millones de pobres”, afirmó.

Dijo que habrá que meterle la mano a fondo: “Estoy convencido que México necesita una política social de Estado y que esta puede empezar a vislumbrarse mediante una institución autónoma, parecida al INEGI o Banco de México, que en el futuro maneje con más responsabilidad, con mayor destino y rumbo los recursos que estamos aprobando para el combate a la pobreza”.

En tono de exigencia demandó que nunca más se haga con el dinero de los mexicanos trabajos electoreros políticos y que se destinen a oportunidades con claridad al combate a la pobreza.

“Sus propósitos para 2008 son seguir en el Senado de la República trabajando y construyendo nuevas instituciones, mejores programas que nos ayuden a darle a este país la estabilidad política que se merece, la seguridad pública que demanda y el crecimiento económico que todos quieren, mayor empleo”, expuso.

Dio inicio el 2008 y de inmediato se generó el síndrome del “no me lo imaginé”.
El gobierno mexicano, desde Ernesto Zedillo hasta el actual de Felipe Calderón, sabía perfectamente lo que se avecinaba con la apertura total del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Desde ayer, maíz, azúcar, frijol y leche en polvo provenientes de EU estarán libres de arancel, ya que México pactó desmantelar todos sus aranceles a estos productos desde el primer día de enero de 2008, de modo que les dio el plazo de desgravación más largo (15 años) dentro del TLC por considerarlos productos “sensibles”.
El resto de los productos agropecuarios y todos los bienes industriales que se importan de su vecino del norte ya no pagan ningún arancel, sino únicamente el IVA.
No hay sorpresas. Desempleo, inflación y una enorme dependencia del exterior son el resultado de un tratado comercial que fue negociado con los pies de algunos políticos. Sin embargo, lo peor no fue eso, sino que al paso del tiempo no se hizo absolutamente nada para prevenir lo que hoy está ocurriendo.
Es chocante decir: “se los habíamos dicho”, pero fue cierto. Lo preveíamos.
Hace apenas cinco años los políticos estaban buscando la forma de impulsar el campo mexicano, pero en condiciones totalmente desventajosas a las de nuestros competidores de Estados Unidos y Canadá.
Con ellos a la política de subsidios, que se refleja en la estabilidad social, se le da un manejo totalmente profesional y honesto, lo que da como resultado el impulsar sectores estratégicos como el agrícola y el ganadero.
En México, en cambio, nos han repetido hasta el cansancio que los subsidios son malos para la economía que algunos lo creen como símbolo de fe. Yo también creo que son malos, pero no por dárselos a quienes producen, sino porque en el camino se los roban los políticos.
Estoy convencido de que los tratados comerciales son positivos para las naciones. Estimulan el comercio y la competencia; crean fuentes de empleo e inyectan una gran cantidad de creatividad en los negocios y la producción.
Desafortunadamente, en México el TLC podía haber sido una auténtica herramienta para impulsar el desarrollo, pero en la administración de Ernesto Zedillo y su pupilo de la última fila, Vicente Fox, buscaron todas las formas de acabar con cualquier acción positiva que pudiera haber hecho la administración de Carlos Salinas y le pusieron cargas explosivas.
No importaba que al país se lo llevara el tren. Lo importante era borrarlo de la historia.
El 2008 se inicia con problemas sociales en las fronteras. Grupos priistas son movidos en el norte del país para cerrar las fronteras a los granos estadunidenses.
Pasaron años y no se hizo nada y ahora dos funcionarios de la presente administración tienen la papa caliente en sus manos: Alberto Cárdenas González, de Sagarpa, y Eduardo Sojo, de Economía. Este último no puede fingir que no sabía nada, ya que él “orientó” a Fox a no hacer nada.
¿Para quién trabajan estos funcionarios públicos? ¿Para México o en contra de México? Son tres millones de mexicanos que estaban en la pobreza y se irán a la pobreza extrema o a Estados Unidos de indocumentados; la inflación que dañará a 105 millones de mexicanos y el caos económicos que podría avecinarse.
Éstos son auténticos crímenes por omisión.
PODEROSOS CABALLEROS.- Como tarea para el doctor Sojo: Al impacto de la competencia de los vecinos del norte para los productores de maíz, azúcar, leche y frijol se sumará la desgravación de importaciones de Europa de artículos como vinos, pieles, harina de oleaginosa, pan de especias, lana y brandy, entre otros. Esta apertura consiste en la eliminación recíproca de impuestos al comercio exterior, aplicables tanto a los productos que exporta México como a algunos que importamos de la Unión Europea.
RESPONSABILIDAD CORPORATIVA.- Top Ten Breakaway Brands, un estudio que llevaron adelante por tercera vez la revista Fortune, Landor Associates y Stern Stewart’s BrandEconomics. La investigación destaca a las marcas más reveladoras de 2007. Este año el primer puesto está encabezado por la tienda norteamericana de descuentos TJ Maxx, seguida por iPod, BlackBerry, Stonyfield Farm, Samsung, Costco, Propel, Barnes & Noble, General Electric y Microsoft. La responsabilidad social corporativa está presente en todos los websites de las marcas que figuran en el top 10. Según un reciente estudio de McKinsey, el 95% de los consejeros delegados encuestados cree que la sociedad espera más que hace cinco años de la responsabilidad pública que deben asumir las empresas. Esto significa que el comportamiento de las organizaciones está siendo mirado cada vez más de cerca y que las marcas deben cumplir lo que prometen.
CHIQUILLERÍA. - El poderoso empresario Carlos Peralta, de Grupo Iusa, con el 55 por ciento de las acciones de Bosque Real, abrió su primer colegio en dicho desarrollo, ubicado al poniente del DF, en el Estado de México. Ese desarrollo habitacional pretende ser totalmente autosuficiente. Una isla a la conflictiva capital del país. *** Ayer inició la afiliación de menores al Seguro Médico para una Nueva Generación. José Ángel Córdova Villalobos, titular de Salud, reconoció que aún existe rezago en la materia y se comprometió a revisar las metas planteadas para este año, además de lograr la integralidad de los servicios. Córdova sostendrá en la próxima semana una reunión de evaluación con los secretarios estatales y el presidente Calderón.

En respuesta a lo que describieron como “política de guerra” del gobierno contra el campesinado, un centenar de agricultores de diez organizaciones rurales, de trabajadores y grupos sociales de México y Estados Unidos construyeron, en el primer minuto de 2008, el muro humano en el puente Córdoba-Las Américas, con lo cual iniciaron una nueva etapa de resistencia para defender la soberanía alimentaria del país y de maíz, frijol, azúcar y leche en polvo, cuyos aranceles fueron eliminados hoy, según lo pactado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).Con un par de caballos y enarbolando la bandera mexicana, los campesinos llegaron minutos antes de la última media noche de 2007 a lo que aquí se conoce como la “joroba” del puente Córdoba, colocaron sus mantas de protesta contra la entrada en vigor de la última etapa del capítulo agropecuario del TLCAN y –portando carteles en los que advertían que están en “pie de lucha” y “esta es una nueva revolución”– bloquearon tres de los cuatro carriles del puente y signaron el llamado Plan del Chamizal.

Esta iniciativa –definida como un símil, guardando toda proporción histórica, del Plan de Ayala– es un llamado a la nación a unificarse para detener el desastre en el campo, defender la seguridad nacional –uno de cuyos ejes es la producción de alimentos suficientes para la población– y la gobernabilidad democrática del país.

Es, asimismo, una advertencia de que el TLCAN y el constante incremento de las importaciones de alimentos son “una contrarrevolución social y agraria que pretende volver a concentrar en una veintena de grandes corporaciones agroalimentarias mexicanas y transnacionales los vastos recursos que en 1910 y a lo largo del siglo XX recuperaron campesinos e indígenas”.

También significa, se plantea en el documento de siete cuartillas, “la deportación masiva de la población rural hacia las ciudades y regiones agrícolas modernas de México y hacia Estados Unidos para sostener la competitividad y las altas tasas de ganancia en el modelo maquilador y agroexportador, y sostener la desfalleciente economía estadunidense con fuerza de trabajo abundante, precarizada e ilegalizada”.

Se llama a la Unión Nacional de Trabajadores, Frente Sindical Mexicano, Congreso Nacional Indígena, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, secciones democráticas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Convención Nacional Democrática, Frente Nacional contra la Represión, Foro Social Mexicano, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, organizaciones campesinas, de derechos humanos, estudiantiles, académicas, de intelectuales, artistas, científicos y a los ciudadanos, en general, a sumarse a la lucha campesina.

“Los campesinos traen la esperanza en el corazón, pero si no hay unidad social, cientos de miles de hombres y mujeres jóvenes seguirán emigrando a Estados Unidos. Estimamos que el número se incremente 10 por ciento este año, pese al endurecimiento de las medidas antimigratorias estadunidenses, con el consecuente riesgo de que llegue algún momento en que las importaciones de alimentos sustituyan a la producción nacional”, destacaron.

Cobijados con el calor de sus consignas, sombreros y alguno que otro gabán, los campesinos soportaron una temperatura de tres grados bajo cero; algunos tomaron las cartulinas con cada una de las letras y consonantes para destacar: “sin maíz no hay país, sin frijol tampoco”.

Sonrisas, aplausos, gritos de alegría y, recordando a Francisco Villa y a Emiliano Zapata, volvieron a unir sus voces, como el 16 de noviembre de 1993 y diciembre de 2003 –fechas en las cuales también realizaron movilizaciones de protesta en los puentes internacionales de la frontera norteña– para asentar: “¡Estamos en pie de lucha, mantendremos nuestra rebelión pacífica!” Así iniciaron 2008.

Hasta la “joroba” del puente fronterizo llegó a solidarizarse Alberto Torres, fundador del PAN en Chihuahua. “Estoy convencido de que esta lucha es justa y una forma legítima de llamar la atención porque el campo está desatendido y en el abandono; el TLCAN y el Tratado Internacional de Límites y Aguas son injustos”, comentó.

Propietario de un rancho localizado entre Ojinaga y Juárez, el panista afirmó que la lucha campesina entra en una nueva etapa y no podrá concluir hasta que los legisladores y gobernantes comprendan que deben beneficiar al agro mexicano y no someterse a los intereses comerciales e industriales de Estados Unidos. “Urge una revisión del capítulo agropecuario del TLCAN y del Tratado de Límites y Aguas; los agricultores no piden nada gratis, pero éste es un llamado a no dejarlos solos”, sostuvo.

El frío amanecer del primero de enero, fue gratificante para el centenar de campesinos, al recibir –en voz de Carlos Marentes, dirigente de la Unión de Trabajadores Agrícolas de la Frontera– la solidaridad de la Unión de Trabajadores del Suroeste de San Antonio, Texas; Asociación de Campesinos de Florida; Coalición Rural de Campesinos e Indígenas de Estados Unidos; Unión de Pueblos Fronterizos; Agrupación Sur de Nuevo México y de El Paso, Texas, y Asociación de Trabajadores Fronterizos, que en un breve mensaje aseguraron que “harán todo lo necesario para frenar la embestida destructiva del TLCAN”.

Y aunque a esa hora el muro humano estaba distribuido en pequeños grupos tratando de calentarse con un poco de café, volvieron a alzarse las voces de “¡Zapata y Villa, juntos!”, cuando se enteraron de que en el zócalo de Cuernavaca, Morelos –tierra zapatista–, integrantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas y Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros El Barzón, acompañados de representantes de otras organizaciones sociales del estado, daban a conocer públicamente el Plan del Chamizal y, como bienvenida al Año Nuevo, habían colocado una ofrenda con granos de maíz blanco, amarillo, rojo y azul, y formado un gran cartel con la consigna: ¡Fuera maíz y frijol del TLCAN!”

“Es una nueva etapa de lucha del campesinado mexicano. Es simbólico que en las tierras de Villa y de Zapata se unan los campesinos no sólo del país, sino de Estados Unidos y de otras regiones del mundo –como los de Vía Campesina, en la que participan agricultores de 80 países–, para defender su derecho a producir alimentos con el respaldo gubernamental”, dijo vía telefónica Emilio García Jiménez, de la CNPA. “Sabemos –abundó– que 2008 será un largo año de movilizaciones y de lucha constante para arrancar algunos beneficios para el sector rural. No nos hacemos ilusiones de que haya un cambio repentino en la política gubernamental, pero tenemos la certeza de que con una presión constante se podrá detener la aplicación de algunas políticas públicas negativas para los campesinos e indígenas”, añadió.

Sombrío panorama

La mañana de ayer también llegó a solidarizarse con el campesinado el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados, Javier González Garza, quien llamó a la unidad de todos los movimientos sociales para “evitar que el gobierno ilegítimo de Felipe Calderón siga entregando los recursos naturales del país, elimine derechos laborales y privatice los servicios de IMSS e ISSSTE, y siga poniendo en riesgo la soberanía alimentaria con la entrada de alimentos por medio del TLCAN. Este año será difícil.

“Hay amenazas claras de que quieren entregar el petróleo y las riquezas nacionales. Por eso todos debemos entender que salvar al país dependerá de toda la fuerza de las organizaciones campesinas, sindicales y sociales. Necesitamos estar unidos”, planteó a los manifestantes, mientras un helicóptero de la policía fronteriza de Estados Unidos sobrevolaba la zona.

González Garza inyectó ánimo a los campesinos, al asegurar que hoy, en San Lázaro, propondrá un punto de acuerdo para que las secretarías de Economía y de Hacienda establezcan las medidas necesarias para frenar la desproporcionada importación de alimentos y con ello siga fomentándose la migración.

Manifestó que la defensa legislativa de la soberanía alimentaria no ha concluido, ya que el gobierno mexicano debe entender que no puede someter a la oferta y la demanda la producción de alimentos, porque se corre el riesgo de sufrir un deterioro mayor al actual, ya que los productores estadunidenses están subsidiados en 70 por ciento, “pueden seguir produciendo, nos pueden inundar con sus mercancías, provocar una caída en la producción nacional, por no ser costeable, y al rato vamos a pagar lo que sea por los alimentos. Eso es un problema muy grave”.

Esta lucha, añadió, es fundamental para evitar la destrucción del país. “Hay que entender que la soberanía alimentaria está por encima de los intereses políticos y partidarios. Esto no es un asunto partidario y por eso la sociedad está construyendo organizaciones políticas y sociales para eliminar toda esa nata de la clase política nacional que no ha entendido que hay mucha gente viviendo en el campo y que la estamos obligando a irse a Estados Unidos arriesgando su vida por la falta de oportunidades”, concluyó.