Carlos Montemayor percibe, al repasar las fracturas y descalabros que ha sufrido la seguridad nacional en las últimas tres décadas en México, un profundo proceso “de involución social” que se debe, en buena medida, al desplazamiento de una clase política con visión estratégica, suplantada por una “nueva clase de políticos coyunturales sometidos al espejismo neoliberal”. El panista Felipe Calderón forma parte de esa nueva elite.
El politólogo, poeta y novelista –Guerra en el paraíso y Las armas del alba, entre sus obras más conocidas– detecta uno de los indicios de esta involución en uno de los problemas centrales que implica la Iniciativa Mérida, o Plan México: el crecimiento de grupos paramilitares “que en apariencia dejarán limpias las manos del Ejército hasta que se salgan de control, como ocurrió en Colombia. La distorsión conceptual que está teniendo ya el plan Mérida desde los propios discursos oficiales es señal de que México tendrá que enfrentar más complicaciones severas que soluciones a sus conflictos internos”.
La Jornada conversó con el autor chihuahuense, también colaborador de esta casa, quien, a propósito de esta idea de la involución, recordó un diálogo que tuvo recientemente con un viejo minero coahuilense en Nueva Rosita. “Platicando con algunos sobrevivientes que participaron en la caravana del hambre que marchó a la ciudad de México durante la gran huelga de 1951, uno de ellos me decía: pero, ¿adónde vamos? ¿A la esclavitud de nuevo? Porque aquí y ahora no hay defensa del trabajo, del empleo, de antigüedad, de pensión, de salud. Y me quedé desconcertado porque, en efecto, no hay voluntad política ni para preservar la visión de que la vida pública tiene que estar vinculada con el bienestar de la población.”
–A propósito del título de su nuevo libro, La guerrilla recurrente, ¿cómo han evolucionado los grupos armados en estas últimas décadas?
–En los movimientos armados rurales la formulación ideológica no era esencial. Si consideramos que el EPR forma parte de la descendencia del movimiento de Lucio Cabañas, vemos hoy un discurso más teórico, que Cabañas se resistía a aceptar. Podríamos decir que la evolución del discurso del EPR es más conservadora que el discurso político del EZLN.
–¿Debe ser revaluada la capacidad de acción del EPR?
–El discurso gubernamental parte de la descalificación social y política de estos movimientos, los supone inconexos entre sí y se empeña en ver a las organizaciones como algo aislado y vulnerable hasta su aniquilación. Pero si nos preguntamos por qué una organización como ésta puede mantenerse activa y transformarse a lo largo de 40 años, tendríamos que ver a estos grupos en función de su recurrencia generacional y regional.
–Hay sectores que propusieron una mesa de negociación entre las guerrillas y el gobierno.
–Si hubo intentos, los frenaron. Es evidente que al Ejército no le conviene que se reconozca la desigualdad social como justificación de los movimientos armados. El gobierno parte de la idea de que son grupos sin arraigo y vulnerables ante una lucha sistemática de contrainsurgencia militar y policial. Las administraciones priístas últimas desde la mitad del gobierno de Miguel de la Madrid en adelante se parecen más a las panistas que a las antiguas priístas.
“Hay un descalabro en la continuidad de las políticas de seguridad nacional que puede explicarse en muchas etapas. Una, con el surgimiento del Cisen y la desaparición de la Dirección Federal de Seguridad, otra con el desplazamiento de cuadros formados por el ex secretario de Gobernación Fernando Gutiérrez Barrios y otra que se empezó a formar a partir del general Jorge Carrillo Olea, con una idea de modernidad mayor.
“Y otra, a lo largo de los últimos gobiernos, con un reacomodo de las tareas de inteligencia, sin continuidad ni seguimiento de información colegiada entre la PGR, la PFP o la policía militar y el Cisen. Hay muchas evidencias: políticas erráticas, declaraciones contradictorias. Esto le ha restado fuerza al seguimiento de bases sociales o de conflictos sociales previsibles.
“Hay un descuido esencial, no ver estas tareas como preventivas, sino como agresivas. Podía haber análisis económicos, sociales, políticos que se adelanten a los conflictos y a las catástrofes naturales. El perfil de los miembros de inteligencia nacional debería incluir ingenieros, abogados, historiadores, politólogos, científicos, urbanistas, y no sólo policías y militares.”
–¿Cómo entender la subordinación del poder civil que representa Felipe Calderón al poder militar?
–No creo que se trate solamente de una decisión de Felipe Calderón, sino de un proceso de repliegue de los cuadros políticos, concretamente, desde la imposición de las políticas neoliberales en México. Cuadros diplomáticos expertos en acuerdos internacionales ceden el lugar a técnicos en economía que no responden a dinámicas sociales, sino empresariales. Las políticas de desarrollo económico son suplantadas por planes que se adaptan a las necesidades de la globalización empresarial. Esta pérdida de la visión política en la elite mexicana pone incluso en riesgo a la estructura militar.
“El repliegue de los cuadros políticos en la diplomacia, la economía, los aspectos jurídicos, sociales, culturales, educativos del país ha provocado el arrasamiento económico, el avance del narcotráfico y dentro de poco el debilitamiento de las estructuras de nuestros ejércitos.”
–¿Qué le dice el discurso adoptado ahora por el procurador Eduardo Medina Mora, quien al asimilar el modelo de Colombia ha incorporado al combate contrainsurgente el tema del terrorismo e incluso a lo que llama ‘narcoterrorismo’ y ‘narcoguerrilla’?
–La idea de arrastrar a las políticas policiales y legislativas de nuestro país al término del terrorismo es uno de los grandes errores históricos de nuestro gobierno.
–El argumento es que nuestra condición de vecino de Estados Unidos nos hace vulnerables a que el terrorismo use nuestro territorio para infiltrarse.
–Ése es un argumento de Estados Unidos para controlar el hemisferio, no es un argumento del hemisferio para defenderse de Estados Unidos. Es un argumento para convertirnos en bocado fácil y sazonado para las políticas de seguridad hemisférica desde la perspectiva de Estados Unidos. Para nosotros es más grave el problema de la miseria, el hambre y el desempleo.
–Usted alerta en su libro sobre el regreso de la guerra sucia. ¿Están encendidas las alarmas de la sociedad civil ante las evidencias?
–No están encendidas. Y las condiciones están dadas con esta idea de adaptar el término terrorismo como concepto objetivo y no como una descalificación subjetiva. Están allanando el terreno para una guerra sucia de consecuencias catastróficas. Esto implica ya no el control de ningún crimen organizado, sino de la población civil. ¿Por qué se está retrasando tanto esta toma de conciencia en los mexicanos? No lo sé. Es alarmante, pareciera que ha habido un desmembramiento de la conciencia ciudadana.
“La guerra no es simple; exige mucho tiempo de cálculo”
La obra más reciente de Carlos Montemayor, La guerrilla recurrente, editado este mes por la casa Random House Mondadori, advierte de entrada: “La guerra no es simple. Exige mucho tiempo de cálculo. Tiene un discurso pacifista y una esmerada justificación moral. Nunca dice ‘yo soy la guerra’. Dice otras cosas”.
Así, Montemayor agrega un eslabón al análisis que inició en 1997 con Chiapas, la rebelión indígena de México y siguió en 1999 con Los informes secretos: estudio crítico e investigación sobre los numerosos pliegues de los mundos “clandestinos e invisibles” que cruzan México, desde estructuras como El Yunque y los Legionarios de Cristo, pasando las opacas instituciones castrenses y policiacas, los grupos paramilitares y el movimiento armado. Un paso más, que alcanza examinar la nueva fase de la guerra sucia y el retorno de la práctica de la desaparición forzada –a partir del secuestro de dos dirigentes del EPR, en mayo pasado en Oaxaca– y los potencialmente catastróficos alcances de la Iniciativa Mérida.
Siete capítulos recorren las fases de las guerrillas mexicanas, las fracturas sufridas por los servicios de inteligencia, la militarización inserta en los procesos globales, la adopción de la agenda “antiterrorista” de Washington y los “accidentes” que dejaron inconclusa la misión de la fiscalía para el esclarecimiento de la guerra sucia del pasado y, por tanto, dejó en suspenso la aplicación de la justicia.
