AL PUEBLO DEGUERRERO Y MEXICO

A LOS CAMPESINOS E INDIGENAS POBRES

A LOS HERMANOS MEXICANOS Y LATIONAMERICANOS RADICADOS EN LOS EE.UU.

A LAS ORGANIZACIONES DEMOCRATICAS Y REVOLUCIONARIAS

A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS

Como parte del recrudecimiento de la criminalización de la protesta social en nuestro país, se instrumentan operativos y acciones militares como una política sistemática de Terrorismo de Estado bajo las órdenes de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, quien gobierna nuestro país de manera espuria e ilegítima desde el primero de diciembre de 2006 bajo un golpe de estado.

El encarcelamiento de los principales dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y la pena de por vida a los Dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (67 años) se enmarcó en la criminalización de la organización y la protesta social en México.

Definida la política militar, el ejército federal salió a las calles: carreteras, pueblos y comunidades, municipios y estados enteros se vistieron de verde olivo y gris, bajo el pretexto de encarar al narcotráfico: Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Sinaloa, Veracruz, Coahuila, Nuevo León, son sólo un ejemplo de esta política de paramilitarización del país, que hasta hoy ha tenido como resultado ejecuciones extrajudiciales; recordamos que en la sierra Zongolica, se materializó la brutalidad con la que el ejército federal trata a las mujeres y los pobres, Ernestina Ascensio Rosario, mujer indígena de 70 años de edad, fue violada, torturada, finalmente asesinada. Sus familiares fueron ultrajados y amenazados por los grupos paramilitares enquistados en el poder Local y Federal; las violaciones cometidas por el ejército en Michoacán y Coahuila, en Sinaloa fue hostigada, torturada y finalmente asesinada una familia entera; bajo este mismo contexto, las organizaciones de derechos humanos y el pueblo en general se han convertido en un blanco idóneo de hostigamiento, detenciones ilegales, cateos, tortura y desapariciones. Esta estrategia de militarización y paramilitarización no es nueva en nuestro país. Surge desde los años sesentas y setentas con la implementación de la guerra sucia que ha dejado un saldo de más de 1000 desapariciones forzadas, principalmente en el Estado de Guerrero con el pretexto de combatir a la guerrilla y al comunismo y eliminar toda disidencia organizada aunque fuera legal y abierta. Como ejemplos de estas heridas que no podemos olvidar están los hechos ocurridos en Aguas Blancas en 1995; Acteal en 1997; El Charco en 1998; la represión sistemática de tierra arrasada que se ha desarrollado sobre la región de Loxicha desde 1996 con un saldo de decenas de desapariciones y asesinatos y 12 presos políticos que están en pie de lucha por su libertad; Pasta de Conchos; SICARTSA; Atenco; Oaxaca; y la represión que se vislumbra hacia el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras al Proyecto Hidroeléctrico la Parota (CECOP) en la lucha que está dando por la defensa de sus tierras comunales de usos y costumbres.

Por todo lo antes expusto exigimos:

1. Presentación con vida de los siguientes ciudadanos: Raymundo Rivera Bravo, Edmundo Reyes Amaya, Leodegario Aguilera Lucas, Profr. Gregorio Alfonso Alvarado López, Gilberto Romero Vázquez, Benito Bahena Maldonado, Fredy Nava Ríos.

2. Libertad a los siguientes presos políticos: Ignacio del Valle, Flavio Sosa, Tomás de Jesús Barranco, Gloria Arenas Agis, Jacobo Silva Nogales, Ángel Guillermo Martínez González, Héctor y Antonio Cerezo Contreras.

3. Alto a la represión y persecución y cancelación de las órdenes de aprehensión en contra de: Profr. Nicolás Chávez Adame, Benigno Guzmán Martínez, Juan Mendoza Tapia, Raymundo Velázquez Flores, Rafael Santiago López, Omar Alvarado Benito, José Guadalupe Bernal Pacheco.

4.El retiro del ejército federal de la zona de la montaña y la sierra de Guerrero.

5. Por la solución a las demandas de los campesinos e indígenas pobres del país.

A T E N T A M E N T E

¡¡¡Por la liberación proletaria de los campesinos pobres!!!

¡Zapatismo y socialismo!

¡Venceremos!

LIGA AGRARIA REVOLUCIONARIA DEL SUR EMILIANO ZAPATA (LARSEZ)

MONTAÑAS Y SIERRA MADRE DEL SUR DEL ESTADO DE GUERRERO, MEXICO. NOVIEMBRE DE 2007

Efectivos del Ejército, de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de corporaciones policiales de Veracruz reforzaron los operativos de vigilancia en instalaciones de la paraestatal en la región Centro de la entidad, ante las amenazas de atentado hechas por presuntos miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Al municipio de Omealca, donde se ubican instalaciones petroleras, arribó personal de inteligencia militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para rastrear la zona.

En la Comandancia de la Policía Municipal de Omealca se recibió una llamada, en que un hombre advirtió que el EPR detonaría explosivos en la estación de válvulas de Suchiles y Río, de Pemex.

En septiembre pasado se registraron explosiones en instalaciones de Pemex que posteriormente se adjudicó el EPR, a través de un comunicado mediante el cual advertía que continuarían con este tipo de atentados hasta que aparecieran dos de sus compañeros desaparecidos desde mayo pasado.

La nueva amenaza movilizó a elementos del Ejército, de la Policía Federal Preventiva y corporaciones policíacas locales. La misma amenaza fue recibida en la comandancia policial de Ciudad Mendoza.

Según versiones periodísticas de la región de Orizaba, la Comandancia Municipal de Ciudad Mendoza recibió una llamada de una mujer, quien se identificó con el nombre de Guillermina, vecina de Río Moreno; advirtió que una camioneta color rojo andaba distribuyendo volantes del EPR en los que advertía que haría explotar gasoductos de Pemex.

De acuerdo con versiones extraoficiales, durante el operativo de búsqueda en caminos rurales fue asegurada una camioneta y detenidos sus tres tripulantes, a quienes se les decomisó propaganda en la que alertaban a la población sobre las presuntas explosiones que realizarían el jueves y viernes.

De acuerdo con las mismas versiones, en el interior de la unidad se encontró material explosivo y varios planos de la red de gasoductos de Pemex, desde el Valle de Tuxpango, en Orizaba, hasta los municipios de Ixtaczoquitlán, Ciudad Mendoza y Omealca.

Por su parte, el área de Seguridad Física de Pemex evacuó al personal que labora en las estaciones donde se ubican las válvulas de distribución de hidrocarburo hacia los gasoductos, donde elementos del Ejército mantienen vigilancia permanente.

La madrugada del pasado 10 de septiembre, el EPR hizo explotar cuatro gasoductos de Pemex en Santa Rosa, municipio de Actopan; los Suchiles, en Omealca; Algodonera y El Infiernillo, en Ciudad Mendoza, y provocó la fuga en el gasoducto de 48 pulgadas que atraviesa por el municipio de La Antigua.

Con la premisa de que un pueblo tiene derecho a conocer su historia para no repetir los errores del pasado, Laura Castellanos y Alejandro Jiménez decidieron elaborar un libro con el que intentaron llenar el vacío informativo que existía sobre el tema de la guerrilla en México.

“La inquietud por hacer este libro surge con la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, porque eso hizo que empezaran a ser difundidos pedazos de una historia en México poco conocida que fue la de la oleada movimientos armados que hubo en la década de los 70 y empezaron a ser entrevistados ex guerrilleros de esa época, eso despertó nuestra inquietud”, explicó la periodista Laura Castellanos, autora de México Armado, en entrevista telefónica con ELUNIVERSAL.com.mx

Por su parte, Alejandro Jiménez, quien realizó el epílogo y la cronología del texto, dijo que México Armado surgió de un trabajo hecho en la hemeroteca de EL UNIVERSAL, en el que se estudió la historia de los movimientos armados en el país a través de la perspectiva del periódico.

“Cuando tratamos de buscar bibliografía que nos respaldara nos encontramos con que había que empezar desde cero el armado de las fechas y los tiempos, porque no había libros que trataran sobre el tema. Lo que queríamos era ver cómo se había cubierto en otros periódicos, ver qué otros documentos había y de lo documental pasamos a lo testimonial, al contactar a gente que nos permitió conseguir entrevistas con antiguos guerrilleros”, abundó Jiménez.

Ni juzgar ni mitificar

Luego de un trabajo de más de 10 años, los autores desean que el texto llegue a las nuevas generaciones pero sin mitificar ni juzgar a los protagonistas de esa historia.

“Queremos que el texto llegue a la gente que por primera vez se acerca a esta historia, que no tiene generacionalmente un vínculo, o quizás sí lo tiene pero vivió esta historia en total desconocimiento, que no tiene idea de lo que sucedió en el país en esa época”, explicó Laura.

“El valor de conocer esa historia radica en que a pesar de que sucedió hace casi tres décadas, es una historia que sigue hasta la actualidad, pues tres de las cimientes de esa época continúan activas como lo es la Ejército Popular Revolucionario y el EZLN. De la primera hay nueve escisiones, entonces si nos acercamos a esta historia nos ayuda a clarificar más lo que sucede en el país, si las condiciones socioeconómicas se siguen agravando”, afirmó la autora.

Las perspectivas

Para la autora del texto, mientras se siga ejerciendo el poder de la misma forma que hasta ahora en nuestro país, los movimientos guerrilleros seguirán existiendo en México. Por su parte, Alejandro Jiménez espera que con la publicación del texto se pueda advertir e influir, aprender de la historia, pues las condiciones en el país se mantienen y lo importante es llenar un hueco histórico del cual las nuevas generaciones no tienen mucho conocimiento.

“Un pueblo tiene derecho de conocer su historia y nosotros como generación posterior también tenemos la responsabilidad de acercarnos, porque mientras no conozcamos nuestra propia historia seremos un pueblo sin rumbo que vive en la apatía ante la pobreza extrema o las desapariciones forzadas. La idea es que podamos echar luz y ayudar a comprender que esto no es un asunto de seguridad nacional, sino un asunto social, político y económico y mientras sigan las mismas relaciones políticas y económicas en este país vamos a seguir viviendo situaciones similares a las que vivimos antes”, finalizó Laura

La presidenta de la Comisión Bicameral de Concordia y Pacificación, Martha Cecilia Díaz Gordillo, aseveró que los conflictos sobre la tenencia de la tierra en Chiapas pueden generar violencia en la zona de influencia zapatista.

Durante una sesión de trabajo de la instancia legislativa comentó que periodistas estatales y nacionales han alertado sobre la necesidad de prevenir posibles conflictos entre grupos zapatistas y no zapatistas que se disputan la propiedad de la tierra.

La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) indicó que la inquietud que se plantea es que autoridades agrarias están entregando documentos de propiedad a sujetos que presuntamente no les corresponde.

Precisó que en ese contexto “nuestra obligación es saber qué tipo de asentamientos son y cuál es el régimen de tenencia y el origen del mismo a fin de determinar si hacemos un llamado a las autoridades competentes a evitar actos violentos”.

Explicó que derivado del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994 se ocuparon predios de pequeña propiedad, superficies que no estaban ocupadas, así como terrenos ejidales y comunales, lo que transformó la estructura agraria sobre la que descansan diversas controversias.

Adelantó que en los próximos días realizarán un diagnóstico de la situación para saber si hay necesidad de hacer una recomendación al Ejecutivo federal para que la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y las dependencias involucradas tomen cartas en el asunto.

Señaló que con base en denuncias obtenidas mediante diferentes medios de comunicación se puede recabar información sobre si se trata de conflictos estrictamente relacionados con asentamientos zapatistas y de esta forma evitar la emisión de opiniones sin fundamento.

“Tenemos la identificación de lo que se conoce como conflictos agrarios y están en toda la entidad, pero es necesario precisar con mucho cuidado y mucha responsabilidad si se trata de asentamientos zapatistas”, reiteró.

También informó que en fecha por definir integrantes de la comisión se reunirán con el gobernador de Chiapas, Juan Sabines, y con el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, para analizar el estado actual del movimiento zapatista.

Recalcó al respecto que “nuestra tarea es generar condiciones de diálogo y obtener información que permitan prever alguna situación de conflicto”.

La Comisión de Concordia y Pacificación abrirá una oficina de atención en esta ciudad, en un intento de propiciar las condiciones para reactivar los diálogos de paz en Chiapas.La diputada federal panista, presidenta en turno de la Cocopa, Martha Cecilia Díaz Gordillo, comentó que la Comisión acordó realizar un diagnóstico que permita visualizar cómo están las condiciones del diálogo, suspendido en septiembre de 1996.

‘Es decir, puntualizó, se trata de analizar como se han desenvuelto los protagonistas, si prevalecen las causas que dieron origen al movimiento zapatista’.

Dijo que el objetivo es analizar todo aquello que actualice la información, y tener una idea más exacta de la efectividad o nulidad que han tenido los programas emprendidos desde el inicio del movimiento en 1994.

En conferencia de prensa, la legisladora federal chiapaneca explicó que una vez obtenida la información del diagnóstico, es necesario plantearse un plan de acción más real, de acuerdo como estén las condiciones de diálogo, o de alejamiento entre las partes.

Además se publicará una gaceta que podría llamarse ‘Chiapas hoy’, con la información del diagnóstico en la que se tengan los elementos para entender a Chiapas y llevarla a las partes para mostrarles la necesidad de reiniciar las negociaciones de paz.

Otra estrategia es incluir en la ley de Reforma del Estado, la posibilidad de impulsar la aprobación de la llamada ‘Ley Cocopa’, con la que los zapatistas habían estado de acuerdo para avanzar.

Y la última línea de trabajo es la oficina de la Comisión en esta ciudad, ‘que será un espacio de interacción entre organizaciones, empresarios, ciudadanos, religiosos, comunicadores, y todo aquel que pueda proveer de elementos que permitan fortalecer su papel de mediación’.