El gobierno federal “no está teniendo ningún perseguido, ningún perseguimiento (sic) en contra de líderes sociales”, sostuvo este sábado el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña.

Al participar en el Consejo Nacional panista, el funcionario respondió a la acusación del Ejército Popular Revolucionario en el sentido de que las autoridades federales han emprendido una campaña en contra de los integrantes de esta organización clandestina.

“Señalamos con puntualidad que no hay ninguna cacería de brujas, porque no está planteada en ningún lado y ellos mismos no pueden decir en qué estados se tiene alguna actividad que vaya en contra de la libertad de los propios movimientos sociales”, aseguró.

- ¿Éste es un llamado a detener las hostilidades, es un ultimátum?

- No, es un llamado a que entremos todos con una gran conciencia y con gran responsabilidad frente al pueblo de México para que tenga la verdad y pueda ir valorando lo que los propios movimientos sociales tengan que hacer, y las actividades que como gobierno tenemos que realizar.

- ¿Temen ustedes que puedan suscitarse atentados nuevamente?

- Creemos y confiamos en la responsabilidad de todos los movimientos sociales, y en el caso del EPR pensando en razón de México y en razón de los mexicanos.

El funcionario declaró no tener información concerniente a actividades violentas del EPR, y al preguntarle si la administración federal estaría dispuesta a sentarse a negociar con esa organización replicó: “recuerden ustedes que tenemos el cumplimiento de las propias disposiciones legales. Ya lo había dicho, vamos todos cumpliendo con la ley y vamos a sentarnos a platicar, pero cumpliendo todos con la ley”.

La secretaría de Gobernación (Interior) de México pidió en un comunicado a la guerrilla mexicana Ejército Popular Revolucionario (EPR), que ha reivindicado ataques a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), cesar su “hostigamiento” porque su principal demanda “está siendo atendida”.

“Para ser congruentes con su posicionamiento, el EPR debiera cesar su campaña de hostigamiento”, dijo Gobernación en un comunicado de cuatro páginas emitido cerca de la media noche del viernes.

“En primer lugar, porque su demanda está siendo atendida”, sostuvo la dependencia.

El EPR denuncia que dos de sus militantes fueron detenidos en mayo en Oaxaca durante una manifestación, que han sido torturados y que se encuentran en un campo militar.

Desde entonces, en demanda de su “liberación”, ha cometido una serie de atentados contra ductos de la principal empresa de México, Pemex, que no han dejado heridos, pero afectaron a las empresas debido a la interrupción del suministro de gas a muchas de ellas, debido a los ataques.

“¿Con qué autoridad moral le demandan al Estado la vigencia del estado de derecho (que aparezcan sus compañeros) si ellos se otorgan el derecho de violarlo (realizar actos de sabotaje) cada vez que quieran?”, replicó en su comunicado Gobernación.

“La supuesta guerra sucia”, denunciada en los comunicado del EPR, “de la cual serían víctimas no existe”, añade.

Si “deciden continuar con la violencia en contra de los mexicanos, quedará claro que su demanda no es real y tienen otros motivos para agredir. Estarían mintiendo”, concluyó Gobernación.

Después de asegurar que “los eperristas no tienen una idea clara de qué les pasó a sus compañeros y menos de quienes fueron los autores ni materiales ni intelectuales de la presunta desaparición”, Gobernación expone que la fiscalía federal inicio una “averiguación previa” sobre la desaparición de los dos desaparecidos.

El EPR, al que no se atribuía gran capacidad operativa hasta los atentados de julio, mantiene células en la sierra de Guerrero y en Oaxaca, además de algunos municipios del estado de Chiapas (sureste), donde surgió en 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, dirigido por el ’subcomandante Marcos’.

El Banco Mundial (BM) consideró que la polarización social en México es preocupante, porque frena el desarrollo económico y democrático. Hay más de dos “Mexicos”: el de los pobres y el de los ricos; el del norte y el del sur, y es necesario atender esta situación de manera urgente, afirmó Roby Senderowitsch.

El especialista en desarrollo institucional de la organización habló en conferencia de prensa, para anunciar la primera convocatoria de apoyo a proyectos de contraloría social en la que el BM se compromete a dar una ayuda al país de 210 mil dólares para impulsar proyectos de fiscalidad ciudadana que frenen los efectos de esta división.

Advirtió que sin equidad social se compromete la economía mexicana, porque no existen garantías de que todos los segmentos de la población avancen con equidad. Esto ocurre cuando no hay competencia en los mercados, cuando prevalecen monopolios públicos o privados que no permiten la mejora de los servicios, especialmente en el caso de la educación.

En México, precisó, se puede decir que los recursos públicos se utilizan “mal y se utilizan bien”, por ello el proyecto de auditoría o fiscalidad ciudadana apunta a reducir la corrupción. Se buscará detectar casos de falta de transparencia, allí fortalecer la fiscalización de la ciudadanía sobre las operaciones gubernamentales.

En el documento Creando las bases para el crecimiento equitativo, el BM destaca que a pesar de que México evidencia progreso económico, “queda por resolver un rompecabezas”. Se sabe que es el sexto productor de petróleo en el mundo, es miembro fundador del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, tiene una geografía privilegiada, pero nadie se explica por qué a pesar de lo anterior no ha logrado acercarse en materia económica a sus socios comerciales.

Señala el documento que el crecimiento económico y la reducción de la pobreza podrían ser mucho mayores, pero las reformas de política económica y social que contribuirían a mejorar la situación del país son obstaculizadas por grupos de interés que prefieren mantener el status quo.

México, agrega, se encuentra entre dos mundos. Por un lado, el nivel de vida, el capital físico y humano, y las instituciones son mucho mejores que los de países de ingreso bajo o medio bajo de América Latina. Por el otro se encuentra muy rezagado con respecto a los promedios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, pues se observa una dicotomía adicional debido al alto grado de desigualdad entre personas y regiones.

En el análisis se hace notar que, junto a los avances en materia de estabilidad económica y ambiental, persiste una agenda de reformas cuyo objetivo es garantizar la sostenibilidad.

En la rueda de prensa también participaron y coincidieron con Senderowitsch, María Bertely, directora académica del Centro de Investigaciones, y Almudena Ocejo, coordinadora del Centro de Contraloría Social, quienes destacaron que el crecimiento de la economía mexicana no ha sido suficientemente alto para que los niveles de ingreso per cápita sean similares con los de sus socios del TLCAN.

México se encuentra amenazado por un estallido social que, al igual que hace más de 30 años, podría surgir de las zonas marginadas de Guerrero y Oaxaca, admite Hilario Mesino, fundador de la Organización Campesina de la Sierra Sur (OCSS).Lo paradójico es que la salida del PRI de la Presidencia de la República y del gobierno estatal en Guerrero no cambiaron en nada la situación y actualmente incluso se ha radicalizado, reconoce.

Hechos como la reciente represión de estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa, por parte del perredista de Zeferino Torreblanca y el intento de construir una presa en la zona de La Parota, cerca de Acapulco, por parte del panista de Felipe Calderón son el detonador.

A esto hay que añadirle el fenómeno del narcotráfico, que ha empezado a servirse de organizaciones guerrilleras para comprarles impunidad a cambio de armas. El fenómeno es evidente en las zonas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Tan sólo en esta zona de Guerrero existen una decena de organizaciones con capacidad importante de movilización como son la propia OCSS, con influencia en Coyuca de Benítez y Atoyac; la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de México (Afadem) y el Movimiento Social de Izquierda (MSI).

Están también el Consejo Cívico Comunitario Lucio Cabañas Barrientos (CCC-LCB), y el Frente Ciudadano de Atoyac (FCA). Algunas de éstas tienen nexos con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), que a su vez cuenta con un brazo político: el Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR).

Esta organización apareció por primera vez en 1996 tras la masacre de Aguas Blancas y recrudeció sus actividades subversivas a principios de este año. Amenazan con escalar el hostigamiento al gobierno de Calderón hasta que aparezcan sus compañeros desaparecidos Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez.

A nivel nacional existen unos 14 grupos armados, pero los más conocidos son el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el EPR, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), relacionado con el Procup y con actividad entre Oaxaca y Guerrero.

“Estamos regresando a los años 70s. El hecho de que el gobernador se reúna con René Juárez Cisneros (ex gobernador de Guerrero), uno que dejó al estado vacío, la corrupción fue fuerte y con el hijo de Rubén Figueroa, que fue el que asesinó mucha gente. Su padre fue el que mató a más de 600 campesinos en los años 70 y los de Aguas Blancas…”.

El Ejército Popular Revolucionario (EPR), un presunto grupo guerrillero que se ha atribuido ataques a ductos de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) advirtió de la posible reanudación de acciones de “autodefensa” y de “hostigamientos” armados.

‘Autodefensa popular’

En un comunicado divulgado en un sitio de internet que suele colocar textos de organizaciones rebeldes latinoamericanas, el autodenominado Ejército Popular Revolucionario (EPR) señaló que debido a la desaparición de dos de sus miembros supuestamente detenidos por las autoridades, “tenemos todo el derecho de actuar en consecuencia”.

El EPR, un grupo que apareció públicamente en 1996, se adjudicó ataques a ductos de Pemex en julio y septiembre, en acciones que ha calificado de “autodefensa” ante la desaparición en mayo de dos de sus compañeros, a quienes identifica como Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

El gobierno del presidente Felipe Calderón ha negado que los haya detenido y desaparecido.

“¿Qué quieren que se haga o se siga haciendo, el Estado, el régimen, Calderón, los militares, los empresarios, los partidos políticos, la mal llamada clase política, los medios de difusión para que ya sean presentados en libertad nuestros compañeros, porque ya es mucho tiempo transcurrido y no hay una respuesta real, concreta y favorable?”, señaló el grupo en el texto, cuya autenticidad no ha podido ser verificada.

“Porque continuando con esa actitud tenemos todo el derecho de actuar en consecuencia con lo que nuestro pueblo exige”, añadió.

El EPR concluyó que “ante tanta agresión y agravio desde el Estado mexicano y su gobierno de ultraderecha el único camino que le queda a todo el pueblo que lucha por sus derechos establecidos en la Constitución es el hostigamiento y la autodefensa armada popular”.

El gobierno ha dicho que los ataques a las instalaciones de Pemex son actos de terrorismo y no de reivindicación social o política como los plantea el EPR, grupo al que consideran relativamente pequeño pero violento, cuyas acciones distraen los esfuerzos del gobierno para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, un problema que ha afectado en los últimos años al país.

El EPR advirtió al gobierno de que no se equivoque al pensar de que la organización no tiene capacidad para mantener sus acciones después de que no hubo el esperado “hostigamiento político militar” de su partido en octubre y noviembre pasado cuando se habló de la “necesidad de diálogo”.