La Comisión de Concordia y Pacificación abrirá una oficina de atención en esta ciudad, en un intento de propiciar las condiciones para reactivar los diálogos de paz en Chiapas.La diputada federal panista, presidenta en turno de la Cocopa, Martha Cecilia Díaz Gordillo, comentó que la Comisión acordó realizar un diagnóstico que permita visualizar cómo están las condiciones del diálogo, suspendido en septiembre de 1996.

‘Es decir, puntualizó, se trata de analizar como se han desenvuelto los protagonistas, si prevalecen las causas que dieron origen al movimiento zapatista’.

Dijo que el objetivo es analizar todo aquello que actualice la información, y tener una idea más exacta de la efectividad o nulidad que han tenido los programas emprendidos desde el inicio del movimiento en 1994.

En conferencia de prensa, la legisladora federal chiapaneca explicó que una vez obtenida la información del diagnóstico, es necesario plantearse un plan de acción más real, de acuerdo como estén las condiciones de diálogo, o de alejamiento entre las partes.

Además se publicará una gaceta que podría llamarse ‘Chiapas hoy’, con la información del diagnóstico en la que se tengan los elementos para entender a Chiapas y llevarla a las partes para mostrarles la necesidad de reiniciar las negociaciones de paz.

Otra estrategia es incluir en la ley de Reforma del Estado, la posibilidad de impulsar la aprobación de la llamada ‘Ley Cocopa’, con la que los zapatistas habían estado de acuerdo para avanzar.

Y la última línea de trabajo es la oficina de la Comisión en esta ciudad, ‘que será un espacio de interacción entre organizaciones, empresarios, ciudadanos, religiosos, comunicadores, y todo aquel que pueda proveer de elementos que permitan fortalecer su papel de mediación’.

Denuncian nueva embestida contra bases del EZLN

El 23 de septiembre de 1997, un grupo de reporteros llegamos a Polhó, cabecera municipal de los autónomos zapatistas. Una comunidad de un millar de pobladores, a quienes se agregaban centenares de desplazados de todos los parajes donde la ley paramilitar quemaba casas, emboscaba y asesinaba a simpatizantes del EZLN y priístas por igual. A los segundos se les castigaba si no respaldaban la aventura armada de los ya entonces llamados paramilitares.

El panorama era desolador. No había nadie. Ni perros. Sólo pollos. Las casas estaban cerradas; las calles y edificios comunitarios, desiertos. Tras el ataque a Majomut por los priístas y frentecardenistas de Los Chorros, el día 21, ya ni siquiera Polhó era un lugar seguro. Al amanecer el 21, comunidades como Yibeljoj habían sido evacuadas; sólo permanecieron algunos hombres. Mujeres y niños, incluso priístas, buscaron refugio en las montañas. Sabían del ataque paramilitar.

El 26 de septiembre, La Jornada reportó el primer retorno de desplazados zapatistas y perredistas de Chenalhó, en una marcha de 5 mil indígenas y 70 camiones con destino a Polhó. El episodio fue relatado con falsedades e inexactitudes palmarias en el informe de la PGR llamado Libro blanco de Acteal (1998), y esa versión ha sido repetida de oficio por diversos autores que han querido contarnos “otra historia” de aquellos acontecimientos. El lector interesado puede comparar la versión oficial, o sus transcripciones posteriores, de Gustavo Hirales (1998) a Héctor Aguilar Camín (2007), con el relato presencial que a continuación se transcribe.

El fracotirador del tinaco: cazador cazado

 

La movilización de las bases de apoyo del EZLN, el día 25, fue pacífica. Había durado casi toda la jornada. Antes de las 17 horas llegó a Yabteclum. Un orador encapuchado arriba de una camioneta, señalando las laderas circundantes, dijo:

–Sabemos que nos están apuntando. Anden, disparen, aquí estamos, sin armas.

Empezaba el mitin de miles de zapatistas de 15 municipios en la cancha y plaza central del “pueblo viejo” de Chenalhó, cuya mayoría priísta expulsó meses atrás a los simpatizantes del EZLN. Una hora después, cuando el acto estaba por concluir, una veintena de zapatistas trepó a la azotea de la escuela con gran aspaviento. Corrieron al tinaco, lo escalaron y se metieron en él precipitadamente. Segundos después brotó un rifle Máuser, que fue pasado de mano en mano. La multitud se agitó, y más cuando sacaron del tinaco a un hombre que, de mano en mano, saltó al suelo, cayó como gato y echó a correr. Tras él salieron varios zapatistas. Del tinaco salió, por último, una caja llena de balas Remington 410.

Nada más sobrecogedor que una multitud airada. La ira se apoderó de todos al descubrir que todo ese tiempo los acechó un francotirador. Muchos decían haber visto gente armada en las casas de arriba, en las laderas. Las bases de apoyo del EZLN provenían de Pantelhó, Mitontic, San Juan Chamula, San Andrés Sakamchén, Zinacantán, San Juan de la Libertad, Bochil, Simojovel, Sitalá, Ixtapa, Tenejapa, San Juan Cancuc y Chenalhó. Habían salido de Tzabaló a la cabecera oficial. En la descubierta, el conductor del acto decía al megáfono:

–Somos misma carne, misma sangre, mismo pueblo. No venimos a lastimar a nadie. No queremos matarnos entre hermanos. Los hermanos priístas quemaron su casa de nuestros compañeros. Los hermanos priístas no entienden lo que pasa. Venimos a explicar.

En tzotzil, otro orador invita a la gente a unirse a la marcha, que a las 12 del día alcanza la plaza pedrana y se forma en caracol, dejando en el centro a los desplazados de Yabteclum, Los Chorros y otros poblados.

–Venimos a demostrarles que los compañeros zapatistas en el municipio no están solos. No queremos tomar venganza. Venimos a decirles de buena manera que entiendan. No traemos armas. Vamos a ir a entregar a sus comunidades a los compañeros perredistas y zapatistas que corrieron ustedes –dice el orador ante las oficinas del municipio oficial.

Los mensajes insisten en decir a los priístas: “Nuestro enemigo no son ustedes, sino el gobierno”. No faltan mueras e improperios contra el alcalde Jacinto Arias Cruz, los caciques, las guardias blancas y la policía; contra Zedillo, Ruiz Perro (los tzotziles pronuncian la letra F como P, pues en su lengua no existe el sonido fricativo) y contra el funcionario priísta Antonio Pérez Hernández, a quien acusan de armar las nuevas guardias blancas.

Los municipios rebeldes advirtieron en un comunicado: “Los compañeros desalojados van a regresar a sus comunidades. Nadie lo va a impedir”. El mitin terminó pacíficamente. La radio estatal, encadenada al noticiero de las 14:30, informaba del acto tal como queda dicho. Unos anuncios comerciales. Y entonces la voz de un locutor, distinto del que daba las noticias, relató una versión contrapuesta a la que se acababa de radiar, y totalmente falsa, según la cual “grupos de zapatistas habían ido a amenazar a la cabecera municipal armados de palos”, “encabezados por Alianza Cívica” (sic).

Horas más tarde, durante el juicio popular que se hizo al hombre del tinaco, éste confesaría que en Yabteclum se reunieron para esperar a los zapatistas y le indicaron ponerse donde se puso “porque pensaban que los zapatistas venían armados y enojados”.

A las 18 horas, los periodistas acaban de recorrer las casas destruidas y saqueadas de los desplazados. Ese horror de muebles rotos, ropa rasgada, robos, muñecas decapitadas, papeles quemados, mazorcas regadas. El mitin está por concluir cuando descubren al hombre del Máuser, José Pérez Gómez, a quien apodan El Morral, y a otros dos que al parecer lo intentaron defender. Pérez Gómez viene severamente golpeado. Sus captores lo arrastran entre la multitud que parece a punto de írsele encima. Lo suben a la camioneta que preside el mitin. Y el hombre golpeado, sin camisa, es objeto de una especie de juicio popular.

La gente de Yabteclum lo identifica con un grupo de cinco personas que introducen armas a la comunidad. Micrófono en mano, entre el tzotzil y el castellano, transcurre un interrogatorio urgente. El hombre del rifle, con voz doliente, va hilando:

–Fue un acuerdo de toda la comunidad. Lo estamos organizando todos.

–¿Para matar los zapatistas?

–Noombre, pensamos que son ustedes que van a venir a matarnos. Estábamos ahí, preparados.

–¿Cuántas armas hay?

–No sé. No hay armas. Puro .22 de un tiro.

Sorprende verlo entero y firme, en el predicamento en que está. Pérez Gómez, sofocado, aguantando el sollozo, casi de rodillas, dice que “el arma es de Chamula” y que no sabe esto, ni aquello.

–Di “que mueran los asesinos”.

–No hay asesinos.

Lo interrogan sobre quién asesinó a los zapatistas, quién quemó las casas, quién robó a los desplazados. “No sé, no sé”.

La multitud rodea la camioneta. Se aproximan los responsables de las regiones para decidir qué harán con el detenido. Las laderas empiezan a mostrar grupos inquietos de hombres que observan la escena. Finalmente, los zapatistas dejan ir a Pérez Gómez, “a que informe a sus compañeros”. Como por ensalmo, la multitud se desentiende de él, que baja de la caja de la camioneta y arrastra sus pasos hacia las casas más próximas. Se sienta en un escalón. Le duele el cuerpo. Nadie se le acerca. La multitud se dispersa rumbo a los camiones que conducirán la marcha a Polhó. El hombre se ha vuelto invisible.

Días de balas en Chenalhó

 

El 27 de septiembre, La Jornada describe “las aguas revueltas de Chenalhó”, donde “es abierta la existencia de grupos paramilitares auspiciados por la policía y el Ejército federal”. A la vez que aparecen armas en Santa Martha, Puebla se convierte en un campo de tiro, se expulsa a familias enteras por apoyar al municipio autónomo o no dar dinero para las obras de los priístas y la compra de balas. Cada día, la vida de las comunidades se descompone más.

Santa Martha está prácticamente incomunicado con la cabecera de Chenalhó, su salida natural es San Andrés. Allí, el fiel de la balanza es el gobernador tradicional. Y sobre él viene la presión. Un día llega un teniente del Ejército federal, oriundo de Zacatecas. Se presenta al gobernador y el maestro de la escuela. Los convence de que los zapatistas, abundantes en la comunidad, representan un peligro y hay que combatirlos.

Después, el gobernador se arrepiente. Le dan dolores de cabeza y lo aquejan dudas de conciencia. Como quiera, las armas ya llegaron, y de noche “brillan como plata” cuando se adiestra a los hombres. “Primero, instrucciones para el manejo de armas. Luego películas pornográficas. Para rematar, baile con mujeres en bikini. Terminan con ejercicios militares. Los hombres llegan muy tarde a sus casas”, revelan alarmadas las mujeres del pueblo.

La presidenta de la Comisión Bicameral de Concordia y Pacificación, Martha Cecilia Díaz Gordillo, aseveró que los conflictos sobre la tenencia de la tierra en Chiapas pueden generar violencia en la zona de influencia zapatista.

Durante una sesión de trabajo de la instancia legislativa comentó que periodistas estatales y nacionales han alertado sobre la necesidad de prevenir posibles conflictos entre grupos zapatistas y no zapatistas que se disputan la propiedad de la tierra.

La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) indicó que la inquietud que se plantea es que autoridades agrarias están entregando documentos de propiedad a sujetos que presuntamente no les corresponde.

Precisó que en ese contexto “nuestra obligación es saber qué tipo de asentamientos son y cuál es el régimen de tenencia y el origen del mismo a fin de determinar si hacemos un llamado a las autoridades competentes a evitar actos violentos”.

Explicó que derivado del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994 se ocuparon predios de pequeña propiedad, superficies que no estaban ocupadas, así como terrenos ejidales y comunales, lo que transformó la estructura agraria sobre la que descansan diversas controversias.

Adelantó que en los próximos días realizarán un diagnóstico de la situación para saber si hay necesidad de hacer una recomendación al Ejecutivo federal para que la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y las dependencias involucradas tomen cartas en el asunto.

Señaló que con base en denuncias obtenidas mediante diferentes medios de comunicación se puede recabar información sobre si se trata de conflictos estrictamente relacionados con asentamientos zapatistas y de esta forma evitar la emisión de opiniones sin fundamento.

“Tenemos la identificación de lo que se conoce como conflictos agrarios y están en toda la entidad, pero es necesario precisar con mucho cuidado y mucha responsabilidad si se trata de asentamientos zapatistas”, reiteró.

También informó que en fecha por definir integrantes de la comisión se reunirán con el gobernador de Chiapas, Juan Sabines, y con el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, para analizar el estado actual del movimiento zapatista.

Recalcó al respecto que “nuestra tarea es generar condiciones de diálogo y obtener información que permitan prever alguna situación de conflicto”.

La administración de Vicente Fox efectuó reasignaciones por un billón 605 mil 387.9 millones de pesos a los presupuestos originalmente aprobados por la Cámara de Diputados al Ejecutivo federal entre 2001 a 2006, con lo cual se disminuyeron los recursos dirigidos a la salud y al desarrollo social de la población, revela en un estudio la asociación Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC.

En el análisis se advierte que esas redistribuciones alcanzaron el punto más alto en las elecciones presidenciales del año pasado, en que se reorientó el gasto federal en 455 mil 812.5 millones de pesos. Dicho monto representó 19.6 por ciento del presupuesto originalmente aprobado por los legisladores.

En el análisis titulado Comparativo de los dos primeros presupuestos de Calderón con respecto de los aprobados en el sexenio de Vicente Fox, entregado a la Cámara de Diputados en el contexto del análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 que el Ejecutivo presentó al Legislativo para su debate y aprobación –a más tardar este 15 de noviembre–, se subraya que más de uno de cada 10 pesos que aprobó el Poder Legislativo para determinado ramo, sector o programa fue modificado por el Ejecutivo federal.

Esto, indica la agrupación, pone en evidencia “el amplio margen de discrecionalidad” con que actúo el gobierno de Fox en materia presupuestaria.

Fundar sostiene que durante el gobierno foxista las reasignaciones crecieron anualmente, sin que esto obedeciera de manera directa a los incrementos en los ingresos petroleros. En cambio, las repercusiones fueron directas y negativas para los rubros sociales, en particular.

“En el ramo de salud, por ejemplo, en 2002 se registró el mayor subejercicio, por un monto que ascendió a 2 mil 548 millones de pesos. A su vez, la Secretaría de Desarrollo Social dejó de ejercer recursos por 6 mil 81 millones entre 2001 y 2006”. En este caso, el mayor subejercicio se dio en 2005 y llegó a 2 mil 237 millones de pesos. Sin embargo, durante las elecciones presidenciales de 2006 en ese rubro hubo un sobrejercicio presupuestal que rebasó en 953 millones de pesos el monto originalmente aprobado por los diputados.

En el caso del presupuesto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Fundar consigna que los subejercicios que se registraron en la gestión de Fox fueron de al menos 630.5 millones de pesos a lo originalmente presupuestado. Y “el saldo pudo haber sido mayor de no ser porque en 2004 el ramo tuvo un incremento de 6 mil 31 millones de pesos, derivado de los acuerdos para el campo suscritos en ese año”.

Otros ejemplos que cita Fundar de cómo se reasignó el presupuesto, pero esta vez en favor de otras dependencias, es el caso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que en la gestión de Fox “tuvo reasignaciones que incrementaron sus presupuestos en 111 mil 767 millones de pesos respecto de los originales”, los cuales registraron un incremento anual promedio de 18 mil 628 millones de pesos.

También la Secretaría de Energía ejerció cada año 27 mil 851 millones de pesos más que su presupuesto original entre 2001 y 2006, mientras que, en promedio, su presupuesto aprobado creció en mil 685 millones de pesos. Ese monto significó aumentos anuales por 16.5 veces más de lo que había autorizado de incremento el Poder Legislativo. También la Presidencia de la República tuvo subejercicios entre 2001 y 2004, pero en 2005 y en particular en 2006, ejerció más recursos que los aprobados por el Congreso, por 241.6 millones de pesos y 427.6 millones de pesos, respectivamente.

Otros ejemplos de reasignaciones superiores a sus recursos originalmente presupuestados son: Petróleos Mexicanos, con 28 mil 547 millones de pesos más; Comisión Federal de Electricidad, 25 mil 785 millones; Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, 30 mil 282 millones de pesos; Ramo 33 (aportaciones federales para entidades federativas y municipios), 15 mil 507 millones; Instituto Mexicano del Seguro Social, 10 mil 708 millones, y la Secretaría de Educación Pública con 7 mil 120 millones de pesos anuales por encima de lo aprobado por legisladores.

En sus conclusiones, Fundar señala que la magnitud de las reasignaciones evidencia “la mala planeación” en materia de ingresos, situación por la cual los legisladores desconocen con exactitud la cantidad de recursos disponibles; incertidumbre en torno a si los fondos se asignaron conforme a las prioridades nacionales de superación de la pobreza y mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad y, más grave aún, amplios espacios de discrecionalidad que usa el Ejecutivo para reasignar el gasto sin el consentimiento del Congreso.

Cuestiona que un marco institucional inapropiado “promueva la extracción de rentas” en vez de la productividad

Rezago tecnológico y poca inversión para investigaciones, entre las causas

Roberto González Amador

La economía mexicana ha mostrado en las últimas décadas un crecimiento insuficiente para abatir la pobreza, en comparación con otros países de características similares que sí han logrado tasas más elevadas, aseveró el Banco de México en un nuevo estudio divulgado esta semana.

El banco central destacó como una característica de la economía mexicana un marco institucional inapropiado “que promueve la extracción de rentas” en vez de conducir a la búsqueda de actividades que impulsen la creación de valor y el crecimiento económico.

“Los dos factores fundamentales que parecen explicar el pobre desempeño de México son la utilización de tecnologías poco productivas y el bajo nivel de capital humano del país”, explicó el Banco de México en el estudio Crecimiento y competitividad de la economía mexicana, divulgado el pasado 29 de octubre.

Una de las razones de la baja competitividad de la economía mexicana, según se desprende del estudio del banco central, radica en el bajo nivel de inversión en investigación y desarrollo.

Niveles no óptimos de infraestructura

Entre las 17 naciones seleccionadas por el banco central para su estudio, México se ubica en el último puesto en gasto destinado a la investigación y el desarrollo.

En México, el gasto en investigación y desarrollo equivale en un año a 0.4 por ciento del producto interno bruto (PIB), esto es, unos 40 mil millones de pesos a precios actuales, unos tres mil 800 millones de dólares. En Brasil, un país de desarrollo similar al de México, de acuerdo con las clasificaciones del Banco Mundial, el gasto en investigación y desarrollo equivale en un año a 0.9 por ciento de su PIB, esto es, unos ocho mil 35 millones de dólares. En Corea del Sur este porcentaje aumenta a 2.9 por ciento de su producto interno bruto, hasta alcanzar 25 mil 752 millones de dólares cada año en investigación y desarrollo.

El reporte del banco central añade que el personal dedicado a tareas de investigación y desarrollo es en México de 200 por cada millón de habitantes, mientras que en Argentina es de 800 por cada millón; en España de dos mil por millón de habitantes y en Japón, el caso más sobresaliente, de cinco mil 200 por cada millón de habitantes.

“La baja competitividad de México refleja una serie de factores adversos para el sistema productivo”, menciona el estudio. Entre ellos cita: “niveles subóptimos de infraestructura; precios no competitivos de insumos; bajo nivel de capital humano; bajas tasas de inversión, innovación y adopción de tecnologías eficientes”.

E Insiste en que “estos factores adversos a su vez reflejan un marco institucional que, en términos relativos, favorece la búsqueda de rentas en lugar de promover la creación de valor”.

Al abundar en este tema, menciona los resultados de una encuesta que levantaron el Banco de México y la Secretaría de Economía entre las principales empresas que operan en el país con inversión extranjera directa (IED). Esa muestra arrojó que 90 por ciento de las respuestas fue en el sentido de que los bancos y otras fuentes financieras son más caras en México que en otros países que compiten por IED.

Un porcentaje similar expresó que los servicios de telecomunicaciones son más caros aquí que en otras naciones que están buscando atraer IED; 60 por ciento de las respuestas fue en ese sentido en el tema de la electricidad; 55 por ciento en el caso del agua; y 50 por ciento respecto del transporte.

“Los factores adversos del sistema productivo que han conducido a una baja competitividad son a su vez consecuencia de un marco institucional inapropiado. En particular, algunas características institucionales que limitan la competitividad son: falta de competencia en la provisión de insumos básicos para la producción; y, rigideces en diversos mercados, como el laboral”, según el estudio.

El Banco de México plantea también que para mejorar la competitividad del país se requerirían políticas públicas que logren impulsar la conducción de actividades de alto rendimiento social que usualmente no son llevadas a cabo de manera óptima por el sector privado.

“En el contexto actual, el marco institucional inapropiado genera un entorno de falta de competencia, mercados rígidos y políticas públicas ineficientes que se traducen en una escasa adopción de nuevas tecnologías e ineficiente asignación de recursos que conduce a un bajo crecimiento”, añade al abordar sobre las “limitantes a la competitividad”.

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