Como Red por la Paz, queremos denunciar el contexto de violencia que ha estado caracterizado la situación en el estado de Chiapas durante los últimos meses.

Elecciones: la punta del iceberg

El contexto pre-electoral y electoral estuvo marcado por imposiciones, descomposiciones y recomposiciones de los partidos políticos y de las organizaciones sociales que participaron en el proceso. El día de las elecciones se dieron una serie de hechos violentos en Pueblo Nuevo Solistahuacán, Venustiano Carranza, Simojovel, Comitán, entre otros, que la mayoría de los medios de comunicación, las autoridades electorales y el gobierno mismo minimizaron.

Otro factor de preocupación responde al origen de varios de los candidatos ganadores ya que históricamente han estado vinculados a la represión ejercida en contra de los procesos sociales organizados.

Reactivación de la conflictividad en todo el estado

Más allá de la coyuntura electoral, durante los primeros nueve meses del gobierno de Felipe Calderón, en lo federal y de Juan Sabines Guerrero, en lo estatal, los territorios indígenas de Chiapas, y en particular las zonas de influencia zapatista, han sufrido una nueva ofensiva. Esta estrategia represora implica acciones concertadas entre los aproximadamente 80 campamentos militares permanentes, las autoridades locales, instituciones agrarias y grupos señalados como paramilitares que se cobijan bajo siglas de organizaciones campesinas(*).

Promover los conflictos de tierras -que se reavivaron con la coyuntura electoral- parece formar parte de la línea estratégica del gobierno federal, asumida y respaldada por el gobierno estatal. En los últimos seis meses se han producido las siguientes agresiones y amenazas ante las acciones de resistencia y construcción de alternativas de los pueblos:

· En el mes de mayo, bases de apoyo zapatistas de la comunidad El Nance, en el municipio de Altamirano, son amenazados con ser atacados por un grupo opositor.

· Desde mayo hasta la fecha, el poblado “24 de Diciembre”, en Las Margaritas, es amenazado con ser desalojado por campesinos miembros de la Unión de Ejidos de la Selva (UES). Se trata de “tierras recuperadas” cuyos títulos legales han sido otorgados a la UES.

· En junio, campesinos miembros de la Otra Campaña del paraje Cruztón, en el municipio de Venustiano Carranza, son amenazados con ser desalojados por campesinos priístas y por la fuerza pública.

· El 10 de septiembre, en el predio Bolom Ajaw, de la comunidad Agua Azul (Tumbalá y Chilón), la OPDDIC ataca a las bases de apoyo del EZLN que allí residen, con saldo de tres zapatistas heridos. Los medios oficiales tratan de culpar a los zapatistas, incluso difundiendo fotos de milicianos armados del EZLN en 1994 como si fueran actuales, mientras que en realidad estaban desarmados.

· El 18 de agosto, las comunidades de San Manuel y Buen Samaritano (Ocosingo, región Montes Azules) son desalojadas por los cuerpos policíacos y militares.

· El 25 de agosto, la Policía Sectorial y la OPDDIC amenazan con desalojar el poblado “6 de octubre” (Ocosingo).

· Desde mayo a la fecha, la OPDDIC atacó en diversas ocasiones y amenazó con desalojar por completo el municipio Autónomo Olga Isabel (Chilón).

· A finales de agosto, los campesinos de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) han sido víctimas de amenazas y hostigamientos, incluyendo la incursión del ejército al poblado “28 de Junio” (Venustiano Carranza).

· El 25 de septiembre, se produce la primera amenaza de muerte directa contra cinco integrantes del Consejo Autónomo de San Andrés Sacamchén de los Pobres. Según la JBG de Oventic la realiza el grupo autodenominado “OPDDIC-Roja” y el grupo Juvenil (expresión del Frente Juvenil Revolucionario del PRI). Este último caso no tiene que ver con la tenencia de la tierra, pero se enmarca dentro de la ola de agresiones que vienen sufriendo las comunidades zapatistas.

· El día 30 de septiembre, dos personas bases de apoyo del EZLN del Paraje Chactoj municipio de Zinacantan son detenidos durante once horas y despojados de sus pertenencias por las autoridades de la comunidad, militantes del PRD. Nuevamente el 4 de octubre, las seis familias bases de apoyo de esta comunidad fueron atacadas por los PRDistas apoyados por una patrulla de la policía municipal de Zinacantán. Al mismo tiempo que fueron despojados de sus tierras, de mangueras, tambos de plástico para agua y llaves de agua.

Aunque aparentemente los hechos se presenten de forma aislada, uniéndolos conforman un preocupante y grave mapa del aumento de la conflictividad en el estado. Por otro lado, desde el principio del año, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acompañada de la Policía Sectorial del estado ha estado realizando cortes masivos de energía provocando confrontaciones en distintas comunidades.

Tampoco podemos entender estos hechos sin ver lo que está sucediendo en el contexto nacional, en el que se ha desplegado una amplia militarización y una tendencia a la represión frente a los procesos organizativos de la sociedad civil.

Ante las circunstancias exigimos que los gobiernos locales, estatal y federal respeten los derechos colectivos de los pueblos; el cese a la impunidad y a la represión; y encontrar salidas pacificas a las causas que han generado los hechos de violencia antes descritos. La Red se pronuncia y se compromete a seguir promoviendo acciones que fortalezcan los procesos de los pueblos.

Atentamente,

La Red por la Paz

· Alianza Cívica-Chiapas

· CAPISE (Centro de Análisis Político y de Investigaciones Sociales y Económicas)

· Colectivo de Educación para la Paz (CEPAZ)

· Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

· Centro de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada

· Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas

· CIAM (Centro de Investigación y Acción de la Mujer Latinoamericana)

· CIEPAC (Centro de Investigaciones Económicas y Políticas para la Acción Comunitaria)

· COFEMO (Colectivo Feminista Mercedes Oliveira)

· CORECO (Comisión de Apoyo a la Unidad y la Reconciliación Comunitaria)

· DESMI (Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas)

· Edupaz (Educación para la Paz)

· Enlace, Capacitación y Comunicación

· Maderas del Pueblo del Sureste

· PROPAZ (Plataforma Suiza para la Paz en Chiapas)

· Serapaz (Servicios y Asesoría para la Paz)

· SIPAZ (Servicio Internacional para la Paz)

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, a 9 de octubre de 2007.

Con escepticismo recibieron investigadores, abogados y políticos de izquierda el anuncio sobre la llamada Iniciativa Mérida, por la que el gobierno de Estados Unidos aportaría mil 400 millones de dólares a una estrategia conjunta con México para el combate al narcotráfico.

Guillermo Garduño, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, consideró que los recursos propuestos por el presidente George W. Bush sólo son una “limosna” y de nada servirán para frenar las actividades de los cárteles de las drogas, porque el crimen organizado “tiene capacidad muy superior para comprar aviones más rápidos, lanchas, barcos y hasta submarinos, así como equipos, y todavía se queda con un fondo para corromper a las estructuras policiaco-militares que buscan combatirlo”.

Bernardo Bátiz, secretario de Justicia y Seguridad del “gobierno legítimo” de Andrés Manuel López Obrador, señaló que con esa iniciativa se viola el principio constitucional de la no intervención en asuntos nacionales. La Carta Magna no incluye la aceptación de donativos y “muchos menos la posibilidad de abrir las puertas de par en par a la injerencia extranjera”.

Santiago Corcuera, abogado internacionalista y relator del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), afirmó que lo preocupante de la llamada Iniciativa Mérida es que con su aplicación termine repitiéndose en México el caso de Colombia, donde han ocurrido intervenciones encubiertas en su vida política, espionaje y violación de los derechos humanos de sus habitantes.

Para el especialista “el trasfondo del convenio que nos preocupa es que el gobierno mexicano debe entender que las fuerzas armadas no están hechas para combatir al narcotráfico; su misión es distinta, es el combate a un ejército enemigo”.

En tanto, Leonel Cota Montaño, presidente del PRD, afirmó que México “no debe estar supeditado” a los intereses de Estados Unidos. Indicó que las bancadas de su partido en el Congreso de la Unión exigirán una explicación puntual del acuerdo, porque les preocupa que sea aquel país el que determine las medidas de seguridad mexicanas.

Refirió que el acuerdo revela “actitudes de sometimiento” del gobierno calderonista y de “incapacidad” para juzgar en territorio nacional a responsables del narcotráfico. Pero sobre todo es claro que “limita la soberanía del país en esta materia”.

Convergencia advirtió que el Congreso de la Unión decidirá el monto que se destinará para combatir al crimen organizado, mientras el dirigente del PT, Ricardo Cantú, aseguró que la Cámara de Diputados demandará al Ejecutivo federal una explicación detallada sobre los compromisos que adquiere el gobierno mexicano con el proyecto.

La Conferencia del Episcopado Mexicano saludó el anunció del gobierno estadunidense de solicitar a su Congreso 500 millones de dólares para asistencia antidrogas a México. Consideró que se trata de la aceptación de una responsabilidad compartida en el combate al flagelo del narcotráfico por parte de gobiernos, instituciones y sociedad civil de ambas naciones.

Por otra parte, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, dijo que tiene “mucha confianza en la canciller Patricia Espinosa; ella fue mi alumna”, sé que es una buena diplomática y estoy segura de que en el convenio con Estados Unidos no se permitirá intromisión alguna en la soberanía nacional. Agregó que toda la cooperación entre los estados es positiva, sobre todo cuando ambos países tienen enfrente un problema como el de la delincuencia organizada y el tráfico de drogas. En tanto, el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, aseguró que independientemente de los acuerdos que suscriba México en el extranjero, es obligación del Estado proteger y promover el respeto de las garantías individuales.

Entrevistado acerca del anuncio de la puesta en práctica de la Iniciativa Mérida entre México y Estados Unidos, el funcionario evadió entrar en detalles e insistió en que el Estado tiene claro que la defensa de los derechos humanos es parte de una responsabilidad ineludible.

México tiene mejoras sustantivas en la apertura democrática, en el ámbito político y en el manejo macroeconómico, pero enfrenta desafíos como la desigualdad y la pobreza, y un crecimiento incluyente y capaz de generar empleos de buena calidad, sostuvo el Banco Mundial (BM).

El economista en jefe para América Latina y el Caribe del BM, Augusto de la Torre, dijo que la reforma fiscal aprobada en México es un paso hacia adelante, aunque la mayor recaudación debe servir para que el Estado tenga la capacidad de generar bienes y servicios públicos para los segmentos más necesitados, empleos y complementar la inversión privada.

En teleconferencia desde Washington, advirtió que si la economía de Estados Unidos se desacelera más de lo previsto tendrá repercusiones particularmente fuertes sobre Latinoamérica, sobre todo en los países más integrados a este mercado, como México y los de Centroamérica. (Con información de Notimex/MCH)

El pasado 16 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Alimentación, promovido por la FAO, y cuya finalidad es, desde 1979, concienciar a las naciones sobre el problema alimentario mundial y establecer políticas tendientes a fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza.
En este contexto surge una constatación dramática para el caso de México: cada año mueren ocho mil niños por causa de desnutrición aguda. Este escenario es similar a lo que sucede en países de África como Sudán, Etiopía o Angola.
La muerte infantil por falta de una adecuada nutrición resulta increíble y una vergüenza para todos los mexicanos. Hasta Benedicto XVI señala que el incumplimiento al derecho a la alimentación se debe no sólo a causas de tipo natural, sino, sobre todo, a situaciones provocadas por el comportamiento de las personas, tanto en el consumo que muchas veces es irrespon-
sable, como en los métodos y acciones para la explotación de los recursos naturales. En suma, que se trata de un asunto de educación y de cultura, a veces influido por la política.
En este momento, alrededor de 150 mil niños padecen emaciación o desnutrición crónica, 5% del total de los menores de cinco años tiene bajo peso y talla —lo que equivale a más de 470 mil niños— y un millón 645 mil padecen algún tipo de desnutrición. A los niños desnutridos no se les desarrolla de manera normal el cerebro, de modo que no podrán realizar ciertas actividades de precisión, de manera que su futuro está desde ahora condicionado: nunca serán grandes académicos ni especialistas en ámbitos intelectuales, serán jornaleros, obreros, trabajadoras domésticas, albañiles…
Como suele ocurrir en México, casi todos los problemas relacionados con la marginación y la pobreza en nuestro país se concentran en los estados del sureste: Morelos, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Algunos otros indicadores hablan de que la desnutrición afecta a la quinta parte de la población del medio rural, lo que representa alrededor de cinco millones de personas y, contra lo que se podría suponer, en los sectores urbanos este porcentaje aumenta al 7%. Además, los embarazos de mujeres desnutridas impiden que la madre pueda trasmitir las sustancias nutritivas al feto y da lugar a la desnutrición in útero.
Alrededor de un 9% de los recién nacidos en el medio rural y un 8% en el medio urbano padecen desnutrición. Es en este periodo de la vida del niño cuando se deben tener los mayores cuidados respecto de su adecuada alimentación hasta los 18 ó 24 meses o después, se vuelve más difícil revertir los efectos.
Por todo esto, es necesaria una mayor coordinación entre las diversas secretarías y entidades gubernamentales que tienen que ver con este problema
—Secretaría de Salud, Sedesol, SEP, DIF, IMSS, etc.—, para que se establezcan metas factibles con base en programas de salud y nutrición materno-infantil.
Se necesita diseñar una política integral de apoyo a zonas marginadas y con altos niveles de desnutrición, que cambie la visión de corto plazo y asistencialista por una visión subsidiaria y de acciones diversificadas que genere procesos educativos y propicie las condiciones para que las propias familias de los niños tomen consciencia del cuidado de la salud de sus pequeños, que conozcan y utilicen de la mejor manera los servicios que el Estado brinda, sea para mejorar la alimentación, sea para salir de la marginación que es la principal causa de este problema.
Se calcula que se requieren, anualmente, alrededor de 38 mil millones de pesos para eliminar la desnutrición infantil, pero mientras existen comunidades que son atendidas por más de una institución, otras no cuentan con ayuda de ninguna instancia.
Se requiere voluntad política, programas eficientes, coordinación entre el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y las iglesias que atienden a estas comunidades para establecer procesos de evaluación y seguimiento, sistemas de información y análisis, uniformidad de criterios generales para combatir las causas del problema: la pobreza, el analfabetismo, la desigualdad en las oportunidades y en una palabra la injusticia social que todavía subsiste en nuestro país.
Existen los recursos, existe la voluntad política del
gobierno de Felipe Calderón para trabajar por los que menos tienen, existe un sector de la sociedad civil
preocupado y ocupado en ayudar, sabemos dónde están y quiénes son los que nos necesitan ¿qué más hace falta?

Coicoyán de las Flores, Oaxaca. Marcos López sostiene, en vilo, el cuerpo escuálido de su hija Margarita, mientras pasa el “ataque”. La niña, de apenas ocho años, padece crisis convulsivas desde diciembre pasado y aún no ha sido atendida por algún médico, pues su padre no tiene recursos suficientes para llevarla a la clínica más cercana.

En este lugar, enclavado en la sierra oaxaqueña, el hombre mixteco se dedica a limpiar la milpa, trabajo que no reditúa en ahorros que le permitan viajar al distrito de Juxtlahuaca –ubicado a unas cuatro horas de camino de la cabecera municipal–, para que su hija sea atendida. Cuando es contratado por un particular, gana menos de 50 pesos al día.

La familia de Marcos López habita en el municipio más pobre del país, según revela el Índice de Desarrollo Humano elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Duermen y comen en una choza de madera. Su patrimonio se reduce a una parcela, dos camastros de madera, utensilios de cocina y un poco de ropa.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2006, presentada en julio de este año, hubo un incremento promedio del 10 por ciento en el gasto corriente por domicilio, durante el periodo 2004-2006. No obstante, las cifras oficiales no se reflejan en las condiciones de vida de los más pobres.

La ENIGH –elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)– cuantifica y caracteriza todos los ingresos que reciben los hogares, y señala que en el año pasado la entrada económica trimestral promedio fue de 34 mil 127 pesos, mientras que en 2004 llegó a los 30 mil 992 pesos.

Para llevar a cabo el análisis, el INEGI organizó a los domicilios según su ingreso en 10 bloques llamados deciles; los primeros cinco corresponden a los de menores recursos. Según la institución, en los lugares I y II (los más pobres) se incrementaron los ingresos en un 28.1 por ciento durante 2006, mientras que hace tres años se registró un aumento del 23.8 por ciento.

Además, la institución federal muestra que, en las familias que se encuentran en el rango de más bajo nivel adquisitivo, el ingreso trimestral es de 3 mil 320 pesos. En el segundo escaño, las cifras crecen a 7 mil 174 pesos. Contrario a esto, los deciles más altos (los más ricos) tienen un ingreso de 43 mil 796 pesos, en el nivel IX, mientras que el X alcanza los 99 mil 215 pesos.

Mario Alberto López Hernández y Alejandro Tuirán Gutiérrez, este último consultor de organismos externos como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el PNUD, realizaron el Análisis de la distribución del ingreso y gasto corriente monetario en México, 2000-2006, donde aseguran que no ha habido un incremento real en el bienestar de los mexicanos que se encuentran en los niveles más bajos de la economía nacional.

El documento compara los resultados de la ENIGH 2005 y la 2006, y señala que existe un “ligero descenso” de 1.8 por ciento en la desigualdad del ingreso monetario, por cada uno de los hogares en México, que pasa en el coeficiente de Gini (metodología utilizada para la medición del ingreso) de 0.519 a 0.509. Sin embargo, aclara el análisis, esta reducción podría ser un error de muestreo de la encuesta, lo que significaría que la concentración del ingreso monetario quedó igual, de un año a otro.

La desigualdad

Alejandro Tuirán, maestro en población y desarrollo de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), asegura que los datos que arroja el comparativo todavía no se acercan al coeficiente de Gini de 0.495 que se tenía en 1984, cuando no existía la apertura externa de la economía, las empresas nacionales y la banca no se habían privatizado ni existía una reducción del déficit público y un control de la inflación.

El consultor enfatiza que la desigualdad del ingreso que hay en México “es un problema estructural y a largo plazo, por lo que no se verán reducciones considerables si no se aplican políticas públicas de repartición de la riqueza en materia de empleos, mejoramiento de la calidad educativa, una reforma fiscal que no permita la concentración de la riqueza en pocas manos y el control de la inflación”.

En México, dice, hay una diferencia “abismal” entre las personas que se encuentran en los niveles de pobreza del sur de África y las que, ahora, pueden encabezar las listas de los hombres más ricos del mundo. “Entre 2005 y 2006 se observa que el 10 por ciento de los hogares más ricos tenía ingresos monetarios 33.7 veces más que el 10 por ciento de los más pobres”.

Araceli Damián, profesora-investigadora sobre temas de la pobreza de el Colegio de México, coincide con Tuirán Gutiérrez y agrega que las cifras presentadas por la administración de Felipe Calderón son “espectaculares”.

Los resultados que arroja la ENIGH, dice la investigadora, “son inexplicables porque el crecimiento del producto interno bruto per cápita es insuficiente para explicar este aumento tan impresionante del ingreso. Observamos que el ingreso monetario de los más pobres aumenta en más del 20 ciento, lo que parece espectacular porque la economía crece muy poco en relación con las necesidades básicas de la gente pobre”.

Indica que “el problema que tiene la ENIGH es que reporta una disminución de la desigualdad del ingreso cuando está creciendo el consumo suntuario, los más ricos compran propiedades en Estados Unidos y carros lujo”.

Gasto Monetario de los hogares

El análisis de la distribución del ingreso elaborado por Alejandro Tuirán arroja resultados esclarecedores. Según la información basada en cifras de la ENIGH 2006, el 10 por ciento de los hogares que pertenecen al decil I destinan 4 de cada 10 pesos al rubro de alimentos y bebidas. Las familias que pertenecen al decil X gastan 3.7 veces más. A esto, Alejandro Tuirán agrega que, el año pasado, el 10 por ciento de los hogares con más recursos gastaron 21 mil 591 millones de pesos. Los hogares más pobres, en cambio, erogaron 5 mil 906 millones de pesos.

Las cifras, enfatiza, “demuestran que una reforma fiscal que incluya el Impuesto al Valor Agregado en alimentos, bebidas y medicinas tendría un mayor impacto en los más pobres, por la proporción de su gasto, a diferencia de las unidades domésticas mas ricas, que dirigen un menor porcentaje a los alimentos y bebidas, aunque erogan más en términos absolutos”.

Entre los productos que consume la población y en los que se observan a detalle las desigualdades están la carne y los lácteos. En cuanto a la carne, el decil X eroga 4.4 veces más que el decil I, dice el análisis de la distribución del ingreso.

“Otro producto que demuestra las disparidades del gasto es la leche y sus derivados, pues el 10 por ciento de los hogares con más ingresos gastan 5.3 veces más en lácteos que los que menos tienen. Es de resaltar que los hogares más pobres no tienen un hábito de consumo de la leche y es por eso que destinan una proporción menor de su gasto a este producto”, dice el informe.

Tuirán Gutiérrez y Mario Alberto López Hernández indican que, respecto a los alimentos y bebidas consumidas fuera de casa, el decil X gasta 18.5 veces más que el decil I, es decir que en 2006 se erogaron por este concepto 14 mil 503 millones de pesos contra 783 millones, respectivamente.

En relación con el vestido y calzado, los más ricos gastas 18.3 por ciento más que los hogares más pobres. El 10 por ciento de los hogares ubicados en el decil I y X representan un gasto de 11 mil 823 millones de pesos contra 644 millones de pesos, respectivamente.

Los cuidados médicos es otro rubro en el que los hogares más ricos gastan 12.5 veces más que los más pobres. Según los expertos, las familias que integran el decil X erogaron 8 mil 667 millones de pesos, contrario a los 694 millones de pesos que ocupó el decil I para su atención.

Opuesto a los gastos anteriores, en el pago de transporte público la población que se encuentra en los rangos más bajos de ingreso gasta cinco veces más, es decir que ocupa el 6.6 por ciento de su ingreso a diferencia del 1.2 que emplean los más ricos.

La educación es otra de las necesidades de la población donde se notan grandes desigualdades. Según el análisis, el 10 por ciento de los hogares más ricos gastan 44.1 veces más que los que menos ingresos tienen. Durante el 2006, la inversión aproximada del decil más alto en este servicio fue de 42 mil 691 millones de pesos contra 864 millones que erogaron los del decil más bajo.

Ante este panorama, Tuirán Gutiérrez advierte que la concentración de la riqueza en un mínimo de hogares trae graves problemas sociales, causa enormes deterioros en la formación del ahorro nacional, el desarrollo del capital humano, la estabilidad económica y la potenciación del capital social.