Acteal marcó la historia y la imagen de México ante el mundo de manera indeleble. La masacre no fue un hecho aislado. Antes y después de aquel 22 de diciembre, en el Chiapas indígena se han sucedido ataques directos de paramilitares, tropas regulares o policías contra comunidades y familias bases de apoyo zapatistas, así como de otras organizaciones fuera del espectro gubernamental. Muertes, quema de casas, despojos de cultivos y tierras, desplazamientos, agresiones fratricidas.

Como hizo desde el 1º de enero de 1994 al ocurrir el levantamiento zapatista, La Jornada cubrió puntualmente los hechos violentos que se fueron sumando en diversas regiones y municipios: Sabanilla, Tila, El Bosque, Ocosingo, Chilón, Pantelhó, Chenalhó. Corresponsales, enviados, fotógrafos, incluso analistas desde el lugar de los hechos fueron con frecuencia testigos de decenas de episodios en apariencia aislados que trazaban la ruta de una estrategia de contrainsurgencia y potencial guerra civil.

Al mismo tiempo, decenas de reporteros y articulistas documentaban los ires y venires desde el centro político. Las declaraciones y acciones del gobierno federal, el Congreso, los empresarios, la Iglesia católica. Y también la sociedad civil, los organismos de derechos humanos, la academia. Por lo demás, La Jornada continuaba con el seguimiento del movimiento zapatista.

Alzamiento indígena

En las páginas de este diario se fue registrando un proceso social, político y cultural que con la masacre de Acteal enfrentaría un terrible baño de sangre. Y por donde más dolía: entre hermanos de pueblo. Lo que en 1994 había sido una declaración de guerra y un alzamiento indígena contra el gobierno del país se fue convirtiendo en una “guerra civil” permitida, propiciada, construida, forzada incluso por instancias gubernamentales. Antes de ella, las comunidades rebeldes y las oficialistas convivían en paz. La rebelión de unos no era contra los otros.

Hubo lugares donde la confrontación inducida “prendió”. Con programas sociales, educativos y productivos, con adoctrinamiento y control de la “población leal” al gobierno y al Ejército Mexicano. Primero en el territorio chol de la zona norte, donde la organización priísta Paz y Justicia intensificó desde 1995 una ofensiva contra la población zapatista y la “sociedad civil” de variable filiación perredista. Costaría decenas de muertes, incontables emboscadas, saqueos, violaciones, miles de desplazados. Primero Sabanilla, Tila y Tumbalá. Luego Chilón. A partir de 1997 se expandió a Chenalhó.

Aún duele decirlo, pero la matanza de Acteal pudo evitarse. Las señales eran abundantes y se hicieron públicas de múltiples maneras. Como escribió aquí Fernando Benítez el 27 de diciembre de 1997: “¿Qué más decir, si han sido inútiles los numerosos artículos que he escrito en defensa de los indios, así como los de mis colegas de La Jornada y de muchos otros periódicos? Parecen inútiles las palabras”.

Hay que recordar que en los días posteriores a la masacre se realizaron protestas y actos multitudinarios en más de 100 países, la mayor manifestación global hasta entonces, antes de las grandes movilizaciones internacionales contra la globalización y la guerra imperial. Se demandaba justicia al gobierno mexicano, y un alto a la guerra de baja intensidad, que oficialmente no existía. De hecho, nunca ha “existido”. Como jamás existieron oficialmente grupos paramilitares. Ni entonces ni ahora. No obstante, han pisado la cárcel con diversa fortuna miembros y dirigentes de Paz y Justicia, los Chinchulines, el “grupo de autodefensa” de Chenalhó, y más recientemente la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic).

Todos tienen en común ser priístas o de partidos afines, y vinculados in situ con el Ejército, pero ninguno ha sido sentenciado como paramilitar. Sólo los procesados por los hechos de Acteal pagan cárcel por participar en acciones armadas contra otros indígenas. Y esto, porque llegaron demasiado lejos y fueron capturados casi con las manos en la masa. El escándalo mundial fue inmenso, alguien tenía que pagar. Como siempre que las cosas se le complicaban al gobierno, alguien serviría de fusible. Acteal “costó” mucho: un secretario de Gobernación, un comisionado para la paz del gobierno federal, un gobernador y sus colaboradores; fueron procesados un general retirado (director de la policía auxiliar y coordinador de asesores de Seguridad Pública del estado), algunos mandos policiacos y decenas de indígenas “autoarmados”. Allí se cortaba la correa de transmisión. Antes de irse, el titular de Gobernación, Emilio Chuayffet, alcanzó a remachar: “No se puede culpar al gobierno, ni siquiera por omisión”. El Ejecutivo y el PRI se deslindaron, condenaron enérgicamente la violencia, abrieron (y cerraron) investigaciones, y siguieron tan campantes.

Vayamos un poco más atrás. Desde 1995 el gobierno de Ernesto Zedillo fue extendiendo en la entonces llamada “zona de conflicto” el fenómeno de la paramilitarización de comunidades, simétrica a la masiva ocupación militar decretada el 8 de febrero de ese año, cuando el gobierno salió a la caza de la comandancia zapatista, lanzó una ofensiva de tropas en la selva Lacandona, la zona norte y los Altos, y prácticamente ocupó las comunidades.

Con ello, el Ejecutivo quebrantaba su palabra, una oferta de diálogo hecha al EZLN poco antes de la ofensiva, mediante el secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma, y la subsecretaria Beatriz Paredes. Ese encuentro abortado quiso funcionar como carnada para capturar a la comandancia rebelde. Desde entonces, los zapatistas llaman a aquello “la traición de Zedillo”. No sería la única. Otra más cancelaría las negociaciones de paz (que no se han vuelto a concretar) al incumplir los acuerdos de San Andrés, firmados en febrero de 1996 por los representantes del gobierno federal y directamente aprobados por el secretario Chuayffet. Su antecesor Moctezuma había dejado el cargo un año atrás, a raíz de su “negociación” desfondada por el propio presidente.

Se fueron sucediendo episodios diversos, algunos de envergadura. Los gobernadores priístas de Chiapas caían uno tras otro, antes y después de las elecciones de 1995, oficialmente “ganadas” por el candidato del PRI, Eduardo Robledo Rincón, en un ambiente de fraude e imposición. El presunto perdedor, Amado Avendaño, tras sobrevivir a un atentado que lo dejó en silla de ruedas varios meses, se convirtió en “gobernador en rebeldía” con el apoyo del PRD, las organizaciones independientes, la sociedad civil y el EZLN. Robledo dejaría el cargo en pocas semanas, y lo sustituyó Julio César Ruiz Ferro, ex funcionario federal que desconocía por completo la entidad. Su mandato, que culminó abruptamente con la matanza de Acteal, fue pasivo y obediente a una política trazada desde arriba.

El verdadero “gobierno” de Chiapas lo ejercía el Ejército; la administración ruizferrista colaboraba o dejaba hacer. Como jefe militar en la zona de conflicto fungía desde 1995 el general Mario Renán Castillo Fernández, quien así llegó a ser un “jefe de ejércitos”, algo que hasta entonces sólo podía ser el secretario de Defensa Nacional, a la sazón el general Enrique Cervantes Aguirre. Remplazado por el general José Gómez Salazar, Renán Castillo dejaría el cargo el 16 de noviembre de 1997, a sólo cinco semanas de Acteal. Durante su periodo se larvó y auspició una estrategia deliberada, basada en los manuales de contrainsurgencia del Pentágono y el propio Ejército, para “quitar el agua” al “pez revolucionario”, adaptando procedimientos probados en Vietnam y Guatemala.

Mes y medio antes de la tragedia, los investigadores Andrés Aubry y Angélica Inda recapitulaban: “La colaboración de los políticos con la ‘guerra irregular’, mexicanización semántica del conflicto de baja intensidad, hace resurgir ante nuestros ojos un nuevo actor, el paramilitar”.

Aubry e Inda señalaban (La Jornada del Campo, 29 de octubre de 1997): “A partir de 1995 se probó en la zona norte (chol) de Chiapas, que ha sido el laboratorio donde se ensayó con la desorganizada organización campesina llamada Paz y Justicia, que no sirve para una cosa ni la otra. Luego, afinado el modelo, se extendió a la zona tzeltal con Los Chinchulines. Escurrió después a la zona tzotzil, Chenalhó y su paraje Los Chorros, su escenario actual sin haber cobrado (¿o revelado?) su nombre”. No tendría tiempo de revelarlo.

Camino del abismo

¿Cuándo empieza el “camino” que desembocó en el abismo de Acteal? Pudo ser aquel 8 de febrero de 1995. O el 19 de agosto de 1996, con el asesinato de seis jóvenes de Chenalhó en las simas de Chixiltón, “hecho aislado” que la prensa local atribuyó a “brujería”, y que marcaría el debut de la violencia antizapatista en el municipio tzotzil. O bien el 22 de mayo de 1997, cuando miembros del PRI quemaron nueve casas de familias zapatistas en Las Limas Chitamucum, Pantelhó, muy cerca de Chenalhó. Según informaba La Jornada (23 de mayo), “85 indígenas tuvieron que huir”. ¿O fijamos el principio al día siguiente, 24 de mayo, cuando el profesor Cristóbal Pérez Medio, representante del municipio autónomo, fue asesinado por priístas armados en Unión Yaxjemel mientras se dirigía a negociar con ellos la liberación de los primeros zapatistas rehenes? El clásico “maten al mensajero”. El gobierno nunca investigó. El cráneo y el cuerpo del maestro aparecerían por separado cuatro meses después, cuando la suerte de Chenalhó estaba echada.

En muchas colaboraciones pasadas hemos comentado con usted cómo la riqueza es producto de la combinación de tres factores: infraestructura, capital humano y reglas. No se genera riqueza teniendo mejores herramientas si no se saben usar

Es menos malo cuando faltan herramientas, pero hay más conocimiento. Estos dos factores deben ser evidentes para todos. Es menos claro el impacto de las reglas, pero posiblemente sea mayor. Cuando las reglas de la sociedad van en contra de la generación de riqueza, no importa cuánto conocimiento se acumule ni cuánta infraestructura se tenga, no habrá riqueza.

Hace 50 años se creía que el crecimiento de las economías dependía sobre todo de la infraestructura, y por ello se privilegió la inversión como el camino a la riqueza. No funcionó muy bien. Nosotros, por ejemplo, crecimos bastante desde mediados de los 30 y hasta mediados de los 60, pero no por la inversión, sino porque aún éramos pocos, y había para dónde crecer. Hacia 1965 nos acabamos el territorio nacional, al menos el productivo, y empezaron los problemas. Los siguientes 20 años ya no fueron de crecimiento natural, sino de endeudamiento, que habríamos de pagar desde los años 80.

La idea de que la educación, como medio para llegar al conocimiento, es un factor primordial del crecimiento es más reciente, digamos de los años 80. México, sin embargo, amplió significativamente su cobertura educativa desde la década previa, más como respuesta a la crisis de 1968 que por razones económicas. En cualquier caso, más años de educación no significan más conocimiento, a menos que la calidad se mantenga. Ya en alguna ocasión le mencioné el artículo de Hanushek y Woessman que muestra con claridad la importancia de la calidad educativa. En eso, somos un fracaso monumental.

El reconocimiento de que las reglas son fundamentales para el buen desempeño económico de un país es todavía más reciente. No que no se hubiese pensado antes, puesto que desde tiempos muy remotos es claro que sociedades bien gobernadas pueden ser ricas, y no al contrario, pero ha sido hasta hace muy poco que la idea se ha podido demostrar con todo detalle, e incluso se ha empezado a analizar qué reglas sirven para qué desempeño.

Pero esto resulta muy difícil de entender en México, porque implica reconocer que nos hemos equivocado flagrantemente en este renglón. Resulta que nuestras reglas sociales son totalmente opuestas al crecimiento económico, es decir, a la generación de riqueza. Construimos una sociedad que sólo puede producir pobreza, y ahora nos sorprendemos de que haya tantos pobres y seamos tan desiguales.

Las reglas de nuestra sociedad privilegian el comportamiento colectivo que busca redistribuir la riqueza, no el comportamiento individual que busca crearla. El régimen de la Revolución se construyó sobre grandes grupos organizados que recibían privilegios del gobierno. Pero todo privilegio es una redistribución de riqueza. Así, cuando un sindicato obtenía alguna prestación, lo que estaba ocurriendo era una transferencia de riqueza de los consumidores a los trabajadores. Cuando una organización de empresarios obtenía una prebenda, digamos un arancel especial, era nuevamente una transferencia de riqueza de los consumidores, ahora a los empresarios. Peor, el bajo pago de impuestos, tanto de trabajadores como de empresarios, implicaba también quitarle riqueza a los mexicanos, en la forma de bienes públicos más escasos o de menor calidad. Más recientemente, se ha dado privilegios a grupos organizados de informales, sean vendedores, taxistas o invasores de tierras. Siempre a costa del resto de la sociedad.

La pobreza y desigualdad en México son resultado de las reglas de nuestra sociedad. Toda sociedad premoderna es desigual y con gran pobreza. Pero mientras la mayor parte del mundo ha ingresado en la modernidad, y gracias a ello ha reducido su pobreza y moderado su desigualdad, nosotros nos negamos a ello. No sólo México, América Latina entera. Por eso este continente es el más desigual del mundo, junto con África, otro gran espacio de la premodernidad.

Y las reglas se reproducen solas. Se aprenden en la infancia, sólo viendo. Hay personalidades que no pueden acumular conocimiento, decíamos hace unos días. Las reglas de nuestra sociedad producen ese tipo de personalidades: creyentes, repetidores, “borregos” se les decía antes, siempre a la espera de privilegios. Nunca dispuestos a la generación de riqueza.

El terrorismo ya es un factor que afecta el costo de los negocios en México, que se ubicó en la posición 52 de 131 países en el índice de Costos en los Negocios por el Terrorismo que realizó el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés).El país obtuvo una calificación de 5.6 en una escala del 1 al 7, donde uno significa que el costo es mayor y 7 que no hay ningún impacto económico significativo.

México se ubicó por debajo de las principales economías de América Latina, ya que Brasil se colocó en la posición 10 con una calificación de 6.2; Argentina en la 12 con 6.2 y Chile en el lugar 28 con un 6, detalló el WEF, en el marco de su Índice de Competitividad Global 2007-2008.

Según el WEF, en materia de costos en los negocios por terrorismo, el país calificó también por debajo de las naciones bálticas como Croacia (19), Bosnia y Herzegovina (9), que se vieron envueltas en conflictos étnicos y bélicos a lo largo de la última década.

Incluso Indonesia, que ha sufrido ataques terroristas, en años recientes, calificó por arriba de México al ubicarse en la posición 30 con una nota de 5.9.

Sin embargo, México se colocó en mejor posición que sus principales socios comerciales, Estados Unidos se ubicó en el lugar 124 con 3.9 y Canadá en el 87 con 5.1, lo que implica que el impacto del terrorismo en estas dos naciones de Norteamérica ha sido mayor para los negocios.

Durante 2007, México ha sufrido también ataques del guerrillero Ejército Popular Revolucionario (EPR), quien hizo explotar ductos de gas natural de Petróleos Mexicanos y ocasionó desabasto en diversas regiones del país y el paro de varias industrias y empresas, como las automotrices y las acereras.

La guerrilla del EPR señaló hace un par de meses que los estallidos de gasoductos el 5 y 10 de julio en los estados centrales de Guanajuato y Querétaro fueron de su autoría, y anunció que había iniciado una campaña de ”hostigamiento” contra el Gobierno en demanda de la liberación de dos de sus militantes.

El EPR surgió el 28 de junio de 1996, en el primer aniversario del asesinato de 17 campesinos izquierdistas a manos de la policía en Aguas Blancas, en el estado de Guerrero.

Además de los daños a Pemex, el grupo guerrillero ha efectuado otros ataques esporádicos contra estaciones de policía en Guerrero y en Oaxaca.

El próximo sábado 27 se celebrará, en Jojutla, Morelos, el segundo Foro Nacional de Solidaridad con las Comunidades Zapatistas de Chiapas, convocado por la otra campaña. Se espera la asistencia del subcomandante Marcos, delegado de la Comisión Sexta del EZLN.

Allí se discutirán tareas y acuerdos para futuras acciones “en solidaridad con los pueblos y comunidades zapatistas que resisten dignamente la agresión militar y paramilitar promovida por el gobierno federal y el conjunto de la clase política”.

En tanto, colectivos, organizaciones y adherentes a la Sexta declaración de la selva Lacandona en distintas entidades realizan reuniones y pronunciamientos “contra la intensificación de la represión con la que los malos gobiernos federal (del PAN) y de Chiapas (del PRD y del PRI) han continuado su guerra sucia contra los municipios autónomos rebeldes zapatistas”. Por ese medio “el mal gobierno busca despojar a las comunidades de sus tierras”, expresan colectivos e individuos de Ensenada, Baja California.

En un pronunciamiento, se refieren al “violento desalojo, secuestro y encarcelamiento que, bajo el pretexto de ‘cuidar el medio ambiente’, sufrieron comunidades de Montes Azules”.

Señalan a “los malos gobiernos” como “principales responsables de la destrucción de la naturaleza” y mencionan la ofensiva del gobierno municipal perredista de Zinacantán, “donde las agresiones, robos y violaciones de los derechos de las comunidades continúan impunes”.

De igual manera, repudian las acciones “de la organización paramilitar Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesino (Opddic), que junto con el gobierno pretende robar las tierras que fueron recuperadas de los finqueros gracias al alzamiento del EZLN en 1994”.

Los colectivos Resistencia y Radio Digna, entre otros, resaltan “la decisión del PRD de sumarse a la guerra contrainsurgente y paramilitar en Chiapas, lo cual quedó demostrado con los candidatos que ese partido postuló en las pasadas elecciones estatales”.

Además, declaran su “intención de responder a las acciones (pasadas, presentes y futuras)” que tome el gobierno, “avalado por la Procuraduría Agraria y la Secretaria de la Reforma Agraria”, contra comunidades como Mukulum Bachajón, Crucero Agua Azul, San Miguel Agua Azul, Ignacio Allende, Primer Progreso, Segundo Progreso, Embarcadero, Parte Majas, Salto del Tigre y Bolon Ajaw (municipio autónomo Olga Isabel); ranchería El Nance (municipio autónomo Vicente Guerrero); 24 de Diciembre (municipio autónomo San Pedro de Michoacán); San Juan del Río, San Alfredo, Casa Blanca, Miguel Hidalgo y 20 de Febrero (municipio autónomo San Manuel); Nuevo Rosario y San Patricio (municipio autónomo Francisco Gómez), y Nueva Revolución (municipio autónomo Akabalná).

Manifestan su repudio “a las acciones criminales del gobierno y los grupos paramilitares”, y exigen “el cese de agresiones contra las comunidades zapatistas, la liberación incondicional de todos presos, la reparación de los daños causados a las comunidades, y las garantías para que las comunidades desalojadas de Montes Azules puedan retornar a sus hogares, ademas del cese inmediato de las agresiones en Zinacantán”. Demandan castigo para los miembros de PRD, PRI y PAN “que promueven grupos paramilitares como parte de la estrategia de guerra contra las comunidades zapatistas”.

Asimismo, condenan “el hostigamiento del que fue objeto, por parte del Ejército federal, la caravana de la Comisión Sexta que se trasladaba al Encuentro de Pueblos Indígenas de América en Vícam, Sonora”, y exigen garantías “para que la Comisión Sexta se pueda desplazar libremente por el territorio nacional”.

Como Red por la Paz, queremos denunciar el contexto de violencia que ha estado caracterizado la situación en el estado de Chiapas durante los últimos meses.

Elecciones: la punta del iceberg

El contexto pre-electoral y electoral estuvo marcado por imposiciones, descomposiciones y recomposiciones de los partidos políticos y de las organizaciones sociales que participaron en el proceso. El día de las elecciones se dieron una serie de hechos violentos en Pueblo Nuevo Solistahuacán, Venustiano Carranza, Simojovel, Comitán, entre otros, que la mayoría de los medios de comunicación, las autoridades electorales y el gobierno mismo minimizaron.

Otro factor de preocupación responde al origen de varios de los candidatos ganadores ya que históricamente han estado vinculados a la represión ejercida en contra de los procesos sociales organizados.

Reactivación de la conflictividad en todo el estado

Más allá de la coyuntura electoral, durante los primeros nueve meses del gobierno de Felipe Calderón, en lo federal y de Juan Sabines Guerrero, en lo estatal, los territorios indígenas de Chiapas, y en particular las zonas de influencia zapatista, han sufrido una nueva ofensiva. Esta estrategia represora implica acciones concertadas entre los aproximadamente 80 campamentos militares permanentes, las autoridades locales, instituciones agrarias y grupos señalados como paramilitares que se cobijan bajo siglas de organizaciones campesinas(*).

Promover los conflictos de tierras -que se reavivaron con la coyuntura electoral- parece formar parte de la línea estratégica del gobierno federal, asumida y respaldada por el gobierno estatal. En los últimos seis meses se han producido las siguientes agresiones y amenazas ante las acciones de resistencia y construcción de alternativas de los pueblos:

· En el mes de mayo, bases de apoyo zapatistas de la comunidad El Nance, en el municipio de Altamirano, son amenazados con ser atacados por un grupo opositor.

· Desde mayo hasta la fecha, el poblado “24 de Diciembre”, en Las Margaritas, es amenazado con ser desalojado por campesinos miembros de la Unión de Ejidos de la Selva (UES). Se trata de “tierras recuperadas” cuyos títulos legales han sido otorgados a la UES.

· En junio, campesinos miembros de la Otra Campaña del paraje Cruztón, en el municipio de Venustiano Carranza, son amenazados con ser desalojados por campesinos priístas y por la fuerza pública.

· El 10 de septiembre, en el predio Bolom Ajaw, de la comunidad Agua Azul (Tumbalá y Chilón), la OPDDIC ataca a las bases de apoyo del EZLN que allí residen, con saldo de tres zapatistas heridos. Los medios oficiales tratan de culpar a los zapatistas, incluso difundiendo fotos de milicianos armados del EZLN en 1994 como si fueran actuales, mientras que en realidad estaban desarmados.

· El 18 de agosto, las comunidades de San Manuel y Buen Samaritano (Ocosingo, región Montes Azules) son desalojadas por los cuerpos policíacos y militares.

· El 25 de agosto, la Policía Sectorial y la OPDDIC amenazan con desalojar el poblado “6 de octubre” (Ocosingo).

· Desde mayo a la fecha, la OPDDIC atacó en diversas ocasiones y amenazó con desalojar por completo el municipio Autónomo Olga Isabel (Chilón).

· A finales de agosto, los campesinos de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) han sido víctimas de amenazas y hostigamientos, incluyendo la incursión del ejército al poblado “28 de Junio” (Venustiano Carranza).

· El 25 de septiembre, se produce la primera amenaza de muerte directa contra cinco integrantes del Consejo Autónomo de San Andrés Sacamchén de los Pobres. Según la JBG de Oventic la realiza el grupo autodenominado “OPDDIC-Roja” y el grupo Juvenil (expresión del Frente Juvenil Revolucionario del PRI). Este último caso no tiene que ver con la tenencia de la tierra, pero se enmarca dentro de la ola de agresiones que vienen sufriendo las comunidades zapatistas.

· El día 30 de septiembre, dos personas bases de apoyo del EZLN del Paraje Chactoj municipio de Zinacantan son detenidos durante once horas y despojados de sus pertenencias por las autoridades de la comunidad, militantes del PRD. Nuevamente el 4 de octubre, las seis familias bases de apoyo de esta comunidad fueron atacadas por los PRDistas apoyados por una patrulla de la policía municipal de Zinacantán. Al mismo tiempo que fueron despojados de sus tierras, de mangueras, tambos de plástico para agua y llaves de agua.

Aunque aparentemente los hechos se presenten de forma aislada, uniéndolos conforman un preocupante y grave mapa del aumento de la conflictividad en el estado. Por otro lado, desde el principio del año, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acompañada de la Policía Sectorial del estado ha estado realizando cortes masivos de energía provocando confrontaciones en distintas comunidades.

Tampoco podemos entender estos hechos sin ver lo que está sucediendo en el contexto nacional, en el que se ha desplegado una amplia militarización y una tendencia a la represión frente a los procesos organizativos de la sociedad civil.

Ante las circunstancias exigimos que los gobiernos locales, estatal y federal respeten los derechos colectivos de los pueblos; el cese a la impunidad y a la represión; y encontrar salidas pacificas a las causas que han generado los hechos de violencia antes descritos. La Red se pronuncia y se compromete a seguir promoviendo acciones que fortalezcan los procesos de los pueblos.

Atentamente,

La Red por la Paz

· Alianza Cívica-Chiapas

· CAPISE (Centro de Análisis Político y de Investigaciones Sociales y Económicas)

· Colectivo de Educación para la Paz (CEPAZ)

· Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

· Centro de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada

· Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas

· CIAM (Centro de Investigación y Acción de la Mujer Latinoamericana)

· CIEPAC (Centro de Investigaciones Económicas y Políticas para la Acción Comunitaria)

· COFEMO (Colectivo Feminista Mercedes Oliveira)

· CORECO (Comisión de Apoyo a la Unidad y la Reconciliación Comunitaria)

· DESMI (Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas)

· Edupaz (Educación para la Paz)

· Enlace, Capacitación y Comunicación

· Maderas del Pueblo del Sureste

· PROPAZ (Plataforma Suiza para la Paz en Chiapas)

· Serapaz (Servicios y Asesoría para la Paz)

· SIPAZ (Servicio Internacional para la Paz)

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, a 9 de octubre de 2007.