El terrorismo ya es un factor que afecta el costo de los negocios en México, que se ubicó en la posición 52 de 131 países en el índice de Costos en los Negocios por el Terrorismo que realizó el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés).El país obtuvo una calificación de 5.6 en una escala del 1 al 7, donde uno significa que el costo es mayor y 7 que no hay ningún impacto económico significativo.

México se ubicó por debajo de las principales economías de América Latina, ya que Brasil se colocó en la posición 10 con una calificación de 6.2; Argentina en la 12 con 6.2 y Chile en el lugar 28 con un 6, detalló el WEF, en el marco de su Índice de Competitividad Global 2007-2008.

Según el WEF, en materia de costos en los negocios por terrorismo, el país calificó también por debajo de las naciones bálticas como Croacia (19), Bosnia y Herzegovina (9), que se vieron envueltas en conflictos étnicos y bélicos a lo largo de la última década.

Incluso Indonesia, que ha sufrido ataques terroristas, en años recientes, calificó por arriba de México al ubicarse en la posición 30 con una nota de 5.9.

Sin embargo, México se colocó en mejor posición que sus principales socios comerciales, Estados Unidos se ubicó en el lugar 124 con 3.9 y Canadá en el 87 con 5.1, lo que implica que el impacto del terrorismo en estas dos naciones de Norteamérica ha sido mayor para los negocios.

Durante 2007, México ha sufrido también ataques del guerrillero Ejército Popular Revolucionario (EPR), quien hizo explotar ductos de gas natural de Petróleos Mexicanos y ocasionó desabasto en diversas regiones del país y el paro de varias industrias y empresas, como las automotrices y las acereras.

La guerrilla del EPR señaló hace un par de meses que los estallidos de gasoductos el 5 y 10 de julio en los estados centrales de Guanajuato y Querétaro fueron de su autoría, y anunció que había iniciado una campaña de ”hostigamiento” contra el Gobierno en demanda de la liberación de dos de sus militantes.

El EPR surgió el 28 de junio de 1996, en el primer aniversario del asesinato de 17 campesinos izquierdistas a manos de la policía en Aguas Blancas, en el estado de Guerrero.

Además de los daños a Pemex, el grupo guerrillero ha efectuado otros ataques esporádicos contra estaciones de policía en Guerrero y en Oaxaca.

Como Red por la Paz, queremos denunciar el contexto de violencia que ha estado caracterizado la situación en el estado de Chiapas durante los últimos meses.

Elecciones: la punta del iceberg

El contexto pre-electoral y electoral estuvo marcado por imposiciones, descomposiciones y recomposiciones de los partidos políticos y de las organizaciones sociales que participaron en el proceso. El día de las elecciones se dieron una serie de hechos violentos en Pueblo Nuevo Solistahuacán, Venustiano Carranza, Simojovel, Comitán, entre otros, que la mayoría de los medios de comunicación, las autoridades electorales y el gobierno mismo minimizaron.

Otro factor de preocupación responde al origen de varios de los candidatos ganadores ya que históricamente han estado vinculados a la represión ejercida en contra de los procesos sociales organizados.

Reactivación de la conflictividad en todo el estado

Más allá de la coyuntura electoral, durante los primeros nueve meses del gobierno de Felipe Calderón, en lo federal y de Juan Sabines Guerrero, en lo estatal, los territorios indígenas de Chiapas, y en particular las zonas de influencia zapatista, han sufrido una nueva ofensiva. Esta estrategia represora implica acciones concertadas entre los aproximadamente 80 campamentos militares permanentes, las autoridades locales, instituciones agrarias y grupos señalados como paramilitares que se cobijan bajo siglas de organizaciones campesinas(*).

Promover los conflictos de tierras -que se reavivaron con la coyuntura electoral- parece formar parte de la línea estratégica del gobierno federal, asumida y respaldada por el gobierno estatal. En los últimos seis meses se han producido las siguientes agresiones y amenazas ante las acciones de resistencia y construcción de alternativas de los pueblos:

· En el mes de mayo, bases de apoyo zapatistas de la comunidad El Nance, en el municipio de Altamirano, son amenazados con ser atacados por un grupo opositor.

· Desde mayo hasta la fecha, el poblado “24 de Diciembre”, en Las Margaritas, es amenazado con ser desalojado por campesinos miembros de la Unión de Ejidos de la Selva (UES). Se trata de “tierras recuperadas” cuyos títulos legales han sido otorgados a la UES.

· En junio, campesinos miembros de la Otra Campaña del paraje Cruztón, en el municipio de Venustiano Carranza, son amenazados con ser desalojados por campesinos priístas y por la fuerza pública.

· El 10 de septiembre, en el predio Bolom Ajaw, de la comunidad Agua Azul (Tumbalá y Chilón), la OPDDIC ataca a las bases de apoyo del EZLN que allí residen, con saldo de tres zapatistas heridos. Los medios oficiales tratan de culpar a los zapatistas, incluso difundiendo fotos de milicianos armados del EZLN en 1994 como si fueran actuales, mientras que en realidad estaban desarmados.

· El 18 de agosto, las comunidades de San Manuel y Buen Samaritano (Ocosingo, región Montes Azules) son desalojadas por los cuerpos policíacos y militares.

· El 25 de agosto, la Policía Sectorial y la OPDDIC amenazan con desalojar el poblado “6 de octubre” (Ocosingo).

· Desde mayo a la fecha, la OPDDIC atacó en diversas ocasiones y amenazó con desalojar por completo el municipio Autónomo Olga Isabel (Chilón).

· A finales de agosto, los campesinos de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) han sido víctimas de amenazas y hostigamientos, incluyendo la incursión del ejército al poblado “28 de Junio” (Venustiano Carranza).

· El 25 de septiembre, se produce la primera amenaza de muerte directa contra cinco integrantes del Consejo Autónomo de San Andrés Sacamchén de los Pobres. Según la JBG de Oventic la realiza el grupo autodenominado “OPDDIC-Roja” y el grupo Juvenil (expresión del Frente Juvenil Revolucionario del PRI). Este último caso no tiene que ver con la tenencia de la tierra, pero se enmarca dentro de la ola de agresiones que vienen sufriendo las comunidades zapatistas.

· El día 30 de septiembre, dos personas bases de apoyo del EZLN del Paraje Chactoj municipio de Zinacantan son detenidos durante once horas y despojados de sus pertenencias por las autoridades de la comunidad, militantes del PRD. Nuevamente el 4 de octubre, las seis familias bases de apoyo de esta comunidad fueron atacadas por los PRDistas apoyados por una patrulla de la policía municipal de Zinacantán. Al mismo tiempo que fueron despojados de sus tierras, de mangueras, tambos de plástico para agua y llaves de agua.

Aunque aparentemente los hechos se presenten de forma aislada, uniéndolos conforman un preocupante y grave mapa del aumento de la conflictividad en el estado. Por otro lado, desde el principio del año, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acompañada de la Policía Sectorial del estado ha estado realizando cortes masivos de energía provocando confrontaciones en distintas comunidades.

Tampoco podemos entender estos hechos sin ver lo que está sucediendo en el contexto nacional, en el que se ha desplegado una amplia militarización y una tendencia a la represión frente a los procesos organizativos de la sociedad civil.

Ante las circunstancias exigimos que los gobiernos locales, estatal y federal respeten los derechos colectivos de los pueblos; el cese a la impunidad y a la represión; y encontrar salidas pacificas a las causas que han generado los hechos de violencia antes descritos. La Red se pronuncia y se compromete a seguir promoviendo acciones que fortalezcan los procesos de los pueblos.

Atentamente,

La Red por la Paz

· Alianza Cívica-Chiapas

· CAPISE (Centro de Análisis Político y de Investigaciones Sociales y Económicas)

· Colectivo de Educación para la Paz (CEPAZ)

· Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

· Centro de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada

· Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas

· CIAM (Centro de Investigación y Acción de la Mujer Latinoamericana)

· CIEPAC (Centro de Investigaciones Económicas y Políticas para la Acción Comunitaria)

· COFEMO (Colectivo Feminista Mercedes Oliveira)

· CORECO (Comisión de Apoyo a la Unidad y la Reconciliación Comunitaria)

· DESMI (Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas)

· Edupaz (Educación para la Paz)

· Enlace, Capacitación y Comunicación

· Maderas del Pueblo del Sureste

· PROPAZ (Plataforma Suiza para la Paz en Chiapas)

· Serapaz (Servicios y Asesoría para la Paz)

· SIPAZ (Servicio Internacional para la Paz)

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, a 9 de octubre de 2007.

El ex presidente de México, Vicente Fox, cometió actos de corrupción vinculados con la remodelación de la residencia oficial de Los Pinos durante su mandato iniciado en 2000, según una auditoria especial conocida hoy. Los trabajos de remodelación para que el mandatario y su esposa, Marta Sahagún, habitaran el lugar tuvieron “visos fraudulentos” y ocasionaron “daño patrimonial al erario”, dijo el reporte final de la auditoría ordenada por la ahora desaparecida Secretaría de la Contraloría.
La documentación fue divulgada por el diario El Universal, luego de que hace dos meses el ex presidente fue declarado sospechoso de actos de corrupción y acusado penalmente del delito de “enriquecimiento ilícito”.
De acuerdo con el reporte, existen evidencias de que los funcionarios que ordenaron los trabajos no estaban legalmente facultados para hacerlo y que el proveedor seleccionado tampoco podía técnica ni financieramente afrontar el compromiso.
El despacho de Humberto Artigas y Asociados fue escogido por el entonces presidente Fox por recomendación de su hermano, José Fox Quesada, para realizar esta tarea.
La empresa firmó cuatro contratos por lo que facturó 6,1 millones de dólares según la documentación contenida en la auditoría.
Los contratos “se adjudicaron directamente sin la debida justificación y fundamentación, de acuerdo a la Ley, ya que el argumento esgrimido, de confidencialidad y seguridad nacional, se desvirtuó”, señala la cédula de observaciones.
Desde entonces “los errores y omisiones se acumularon”, como el hecho de que los funcionarios administrativos de la presidencia pagaron a Artigas del Olmo, dueño de la firma, un millón de dólares antes de que los contratos estuvieran firmados y las obras concluidas.
Además, la documentación indica que al daño patrimonial Artigas del Olmo sumó un fraude genérico, pues de los 475 enseres que debía haber adquirido para la residencia oficial de Los Pinos, sólo entregó 204 de los originalmente proyectados y 955 que no habían sido requeridos en el contrato.
La auditoría comprobó que el entonces jefe administrativo de Los Pinos, Carlos Rojas, firmó con una empresa a través de la intermediación de otra de su propiedad, Myo SA, que provocó que se duplicara el costo de las mercancías. Hubo “un sobreprecio de 636%, lo que se considera un daño patrimonial”, resaltó la auditoría.
En 2005 se conoció que al inicio del gobierno del presidente Fox la presidencia de México había adquirido 475 artículos por un importe de 446.000 dólares, entre ellos, un par de toallas por un valor de 400 dólares.
El informe provocó que el entonces ministro de la Contraloría, Francisco Barrio, ordenara la auditoría especial, cuyo reporte final estaba inédito. ACZ

Con escepticismo recibieron investigadores, abogados y políticos de izquierda el anuncio sobre la llamada Iniciativa Mérida, por la que el gobierno de Estados Unidos aportaría mil 400 millones de dólares a una estrategia conjunta con México para el combate al narcotráfico.

Guillermo Garduño, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, consideró que los recursos propuestos por el presidente George W. Bush sólo son una “limosna” y de nada servirán para frenar las actividades de los cárteles de las drogas, porque el crimen organizado “tiene capacidad muy superior para comprar aviones más rápidos, lanchas, barcos y hasta submarinos, así como equipos, y todavía se queda con un fondo para corromper a las estructuras policiaco-militares que buscan combatirlo”.

Bernardo Bátiz, secretario de Justicia y Seguridad del “gobierno legítimo” de Andrés Manuel López Obrador, señaló que con esa iniciativa se viola el principio constitucional de la no intervención en asuntos nacionales. La Carta Magna no incluye la aceptación de donativos y “muchos menos la posibilidad de abrir las puertas de par en par a la injerencia extranjera”.

Santiago Corcuera, abogado internacionalista y relator del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), afirmó que lo preocupante de la llamada Iniciativa Mérida es que con su aplicación termine repitiéndose en México el caso de Colombia, donde han ocurrido intervenciones encubiertas en su vida política, espionaje y violación de los derechos humanos de sus habitantes.

Para el especialista “el trasfondo del convenio que nos preocupa es que el gobierno mexicano debe entender que las fuerzas armadas no están hechas para combatir al narcotráfico; su misión es distinta, es el combate a un ejército enemigo”.

En tanto, Leonel Cota Montaño, presidente del PRD, afirmó que México “no debe estar supeditado” a los intereses de Estados Unidos. Indicó que las bancadas de su partido en el Congreso de la Unión exigirán una explicación puntual del acuerdo, porque les preocupa que sea aquel país el que determine las medidas de seguridad mexicanas.

Refirió que el acuerdo revela “actitudes de sometimiento” del gobierno calderonista y de “incapacidad” para juzgar en territorio nacional a responsables del narcotráfico. Pero sobre todo es claro que “limita la soberanía del país en esta materia”.

Convergencia advirtió que el Congreso de la Unión decidirá el monto que se destinará para combatir al crimen organizado, mientras el dirigente del PT, Ricardo Cantú, aseguró que la Cámara de Diputados demandará al Ejecutivo federal una explicación detallada sobre los compromisos que adquiere el gobierno mexicano con el proyecto.

La Conferencia del Episcopado Mexicano saludó el anunció del gobierno estadunidense de solicitar a su Congreso 500 millones de dólares para asistencia antidrogas a México. Consideró que se trata de la aceptación de una responsabilidad compartida en el combate al flagelo del narcotráfico por parte de gobiernos, instituciones y sociedad civil de ambas naciones.

Por otra parte, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, dijo que tiene “mucha confianza en la canciller Patricia Espinosa; ella fue mi alumna”, sé que es una buena diplomática y estoy segura de que en el convenio con Estados Unidos no se permitirá intromisión alguna en la soberanía nacional. Agregó que toda la cooperación entre los estados es positiva, sobre todo cuando ambos países tienen enfrente un problema como el de la delincuencia organizada y el tráfico de drogas. En tanto, el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, aseguró que independientemente de los acuerdos que suscriba México en el extranjero, es obligación del Estado proteger y promover el respeto de las garantías individuales.

Entrevistado acerca del anuncio de la puesta en práctica de la Iniciativa Mérida entre México y Estados Unidos, el funcionario evadió entrar en detalles e insistió en que el Estado tiene claro que la defensa de los derechos humanos es parte de una responsabilidad ineludible.

México tiene mejoras sustantivas en la apertura democrática, en el ámbito político y en el manejo macroeconómico, pero enfrenta desafíos como la desigualdad y la pobreza, y un crecimiento incluyente y capaz de generar empleos de buena calidad, sostuvo el Banco Mundial (BM).

El economista en jefe para América Latina y el Caribe del BM, Augusto de la Torre, dijo que la reforma fiscal aprobada en México es un paso hacia adelante, aunque la mayor recaudación debe servir para que el Estado tenga la capacidad de generar bienes y servicios públicos para los segmentos más necesitados, empleos y complementar la inversión privada.

En teleconferencia desde Washington, advirtió que si la economía de Estados Unidos se desacelera más de lo previsto tendrá repercusiones particularmente fuertes sobre Latinoamérica, sobre todo en los países más integrados a este mercado, como México y los de Centroamérica. (Con información de Notimex/MCH)