Cuatro grupos armados clandestinos “convocaron” a los movimientos sociales y guerrilleros de México a “articular esfuerzos”, con el propósito de crear un frente común que permita “recuperar la patria”, secuestrada –dijeron– por una “minoría usurpadora derechista”.

Además, demandaron la presentación con vida de los dos presuntos líderes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) desaparecidos desde mayo pasado, Edmundo (Andrés) Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

La convocatoria fue lanzada a través de un comunicado difundido por el Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos (MR-LCB), Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP), la Organización Insurgente-1º de Mayo (OI-1º M) y la Brigada de Ajusticiamiento-2 de Diciembre (BA-2D).

“Llamamos a todas las organizaciones políticas armadas a profundizar y extender el trabajo de organización, a fortalecer la autodefensa popular y a incrementar el número de sus efectivos militares, frente a la ofensiva de la ultraderecha y la escalada represiva gubernamental”, afirman en el comunicado.

Los grupos rebeldes uno de ellos encabezado por el comandante José Arturo, fundador del EPR, criticaron el sistema político mexicano y los primeros nueve meses del gobierno de Felipe Calderón, al que llamaron “represor e ilegítimo”.

Señalaron que ante la “ofensiva del gran capital y de la minoría usurpadora derechista”, es necesario articular esfuerzos con base en coincidencias fundamentales, respecto a las metas y tareas políticas en el corto y mediano plazos.

Para esa articulación de esfuerzos en “este proceso liberador”, los cuatro grupos armados proponen:

–“Avanzar en la construcción y la articulación de un nuevo poder democrático y popular”.

–Combinar, desarrollar y generalizar “todas las formas de lucha, incluido el derecho a la autodefensa y a la resistencia armada, como un frente ante la obstrucción de las vías democráticas y la acción represiva que ha intensificado la minoría derechista, desde el gobierno federal”.

–Que “desde arriba y desde dentro de las instituciones republicanas, a fin de conquistar posiciones, dar lugar a un nuevo sistema de partidos verdaderamente democrático

–Reconstruir el mando político de abajo a arriba.

Los grupos clandestinos expusieron la necesidad de que surjan planes concretos de lucha en todo el país “que recojan y enarbolen el espíritu humanista, fraterno y libertario que animó a los independentistas, a los liberales antiimperialistas de la Reforma, y a los agraristas y sindicalistas de la Revolución. También que recuperen la raíz comunitaria y el ejemplo de dignidad de los pueblos indígenas, afromestizos y mestizos de nuestro país… que orienten el previsible desencadenamiento de la violencia revolucionaria de todo el pueblo, al ser nuevamente defraudada y reprimida la voluntad popular por el gobierno derechista usurpador”.

De igual forma, coincidieron con la propuesta del EZLN con “La Otra Campaña”, en la necesidad de constituir la plataforma que contribuya a superar la dispersión de las fuerzas de izquierda, “que posibilite la más amplia articulación de todos los movimientos sociales, antineoliberales y anticapitalistas, y que dé lugar a un nuevo pacto social entre todos los mexicanos, a fin de impulsar la realización de un nuevo proyecto de nación”.

Respaldo al EPR

En otra de parte de su comunicado, los grupos armados se solidarizaron con el Ejército Popular Revolucionario en su demanda de que sean presentados con vida los presuntos líderes Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, capturados y desaparecidos, desde el 25 de mayo pasado.

Rechazaron “tajantemente la insidiosa versión” que ha deslizado el gobierno federal en los medios de comunicación, para hacer creer que la desaparición de los presuntos líderes del EPR fue producto de un “ajuste de cuentas” entre organizaciones revolucionarias armadas; y objetaron “las cínicas y cobardes declaraciones” del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, con las que pretende “reforzar” la versión del gobierno federal

Con estos cuatro grupos armados y el EZLN son ya cinco las organizaciones armadas que empiezan a confluir en un solo camino: la presentación con vida de los desaparecidos y la organización social y ciudadana.

Cuatro pequeños grupos guerrilleros de México anunciaron el jueves en un comunicado que decidieron hacer un frente común ante “el secuestro” del país por parte de las clases pudientes, y adelantaron que realizarán acciones armadas.

“Ante el secuestro de la patria (y) la estructuración de un Estado de derecho en beneficio de los de arriba (…) comunicamos nuestra decisión y compromiso de hacer frente común a la desaparición forzada, y a todas las prácticas de la guerra de baja intensidad que el gobierno neoliberal está desplegando”, apuntó la proclama.

El comunicado, dirigido “a los pueblos de México” y al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), entre otros, hace un llamado “a otras organizaciones revolucionarias armadas” para que se adhieran al frente común.

Los pequeños grupos subversivos que decidieron unirse son el Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos (MR-LCB), la Organización Insurgente 1 de Mayo (OI-1º M), la Brigada de Ajusticiamiento 2 de Diciembre (BA-2D) y la Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP).

El TDR-EP es una escisión de la guerrilla Ejército Popular Revolucionario (EPR, izquierda), que se atribuyó dos atentados a ductos de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) registrados el 10 de julio y el 10 de septiembre pasado.

Los otros tres grupos sólo han realizado acciones propagandísticas a través de internet, aunque la Organización Insurgente 1 de Mayo es señalada por especialistas como una organización a través de la cual actúa el EPR.

sup/ol/pz

Organizaciones civiles y de defensa de los derechos humanos, como la Red Todos los Derechos para Todos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos coincidieron ayer con la postura del EZLN de que “es obligación del Estado presentar a los dos desaparecidos que reclama el EPR”.

Las organizaciones referidas sostienen que “el Estado está obligado a realizar una investigación exhaustiva hasta dar con el paradero de las dos personas desaparecidas, Edmundo Reyes y Gabriel Cruz, cuya presentación reclama el EPR y acusa al gobierno de Oaxaca de retenerlos en su poder desde hace más de cuatro meses”.

En tanto, Erubiel Tirado, especialista en seguridad nacional, señaló que el EZLN debe tener “mucho cuidado” con las expresiones de apoyo que ha tenido hacia el EPR, porque éstas podrían ser interpretadas como un respaldo de los zapatistas a la lucha armada y a las técnicas de los eperristas. Alertó que, ante esta situación, el gobierno federal podría ubicar al Ejército Zapatista como un objetivo más en el combate a los grupos armados “radicales”.

El catedrático de la Universidad Iberoamericana comentó también que llama la atención el pronunciamiento zapatista, cuando su presencia mediática ha disminuido considerablemente ante los atentados atribuidos al Ejército Popular Revolucionario, y que en este contexto pueda tratarse de una acción coyuntural para recuperar espacios “perdidos” en los medios de información.

Por su parte, José Luis Piñeyro, especialista en el mismo tema, dijo que el comunicado zapatista es interesante, “porque vemos que hay una coincidencia entre ambos grupos en reivindicar la lucha histórica de las organizaciones de izquierda por el respeto a los derechos humanos y la presentación de cientos de desaparecidos políticos”.

Esta situación, sostuvo en entrevista, apuntala la hipótesis de que se puede ir conformando un centro de oposición a ciertas políticas del gobierno federal, como es la falta de respeto a las garantías individuales.

A su vez, Edgar Cortez, de la Red de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, aseveró que “el Estado ha incumplido; lo que tiene que hacer es una investigación que hasta hoy se ha negado a hacer y lo único que ha hecho es declarar que ‘ellos no los tienen’. Eso no es cumplir con los tratados y acuerdos internacionales ni mucho menos con la ley”.

El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Luis Arriaga, destacó que la desaparición de los dos militantes eperristas requiere de una investigación seria y expedita, porque a cuatro meses de su desaparición, la información que han proporcionado las autoridades no cumple con los requisitos de una indagatoria real.

Por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la abogada María Sirvent destacó que “no estamos a favor de ningún tipo de violencia para hacer reclamos”, pero más allá de ello apoyamos la demanda del Ejército Popular Revolucionario de que presenten a los desaparecidos. Abundó que si éstos hubieren cometido algún delito deben ser consignados ante la autoridad competente.

Por otro lado, el presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Adrián Ramírez, dijo que estas desapariciones ocurren en una coyuntura de represión, y con su declaración el Ejército Zapatista de Liberación Nacional pone de manifiesto que resiente ya los estragos y prevé una escalada represiva”.

Para el Partido Revolucionario Institucional, cualquier manifestación de inconformidad o de reclamo debe hacerse a través de los canales institucionales “que los mexicanos nos hemos dado”, por lo que los atentados, como los efectuados a la red de suministro de gas de Petróleos Mexicanos resultan del todo injustificados.

El ex presidente Vicente Fox y su esposa Marta Sahagún gastaron el sexenio pasado 233 millones, 401 mil 497 pesos con 77 centavos por concepto de giras nacionales e internacionales, incluyendo a sus respectivos equipos.

Fox y Sahagún, acusados de presunta riqueza ilícita, reportaron gastos que van desde mil 200 pesos por hospedaje y alimentación, hasta más de 665 mil pesos por giras de trabajo, según datos proporcionados por la Presidencia de la República, como respuesta a una solicitud de información.

Según la información difundida, Fox Quesada realizó durante su administración 668 giras nacionales y 63 giras internacionales. Marta Sahagún, por su parte, realizó 134 giras nacionales y 21 giras internacionales. Los viajes se incrementaron notablemente en los dos últimos años del sexenio pasado, en especial de Fox, quien triplicó lo erogado en giras en 2006.

Los gastos incluyen alimentación, hospedaje, transporte terrestre y aéreo, diversos como fax, papelería, teléfono y renta de salones. Presidencia precisó que los gastos no son por concepto de viáticos “en virtud de que los gastos en los viajes del ex primer mandatario y su esposa son cubiertos por el Estado Mayor Presidencial”.

El total de gastos incluye al ex presidente y su esposa, y al equipo que se movilizó para sus viajes, entre elementos del EMP, pilotos, tripulación, combustible y derechos aeroportuarios.

En el documento se precisan los gastos de ambos durante el tiempo en que estuvieron en Los Pinos y lo que se erogó por conceptos globales como alimentación y hospedaje, transporte, diversos y transporte aéreo.

Los gastos, reportados en dos partes, indican que para los viajes de Fox se erogaron 215 millones 712 mil 12.43 pesos; Sahagún gastó 11 millones 780 mil 349.88 pesos más 566 mil 770 dólares en giras al extranjero, equivalente a 5 millones 909 mil, 90.46 pesos, tasando el dólar en 10.50 pesos.

El ex presidente y la misma Marta Sahagún intensificaron sus actividades durante los dos últimos años del gobierno pasado, en 2006 y 2005. Así se constata con los gastos reportados en ambos años, pues mientras Fox Quesada gastó en 2001, 11 millones 950 mil 720.43 pesos; para 2005 se destinaron 25 millones, 983 mil 862.51 pesos y en 2006, su último año de gobierno pasó a triplicarse lo que había gastado al inicio con 39 millones, 101 mil 85.73 pesos.

En las 63 giras internacionales que hizo Fox Quesada se gastaron 92 millones, 627 mil 415.49 pesos durante las cuales visitó Japón, Suiza, China, Sudáfrica, Hungría, Marruecos, Eslovaquia, Escocia, Rusia y Corea, entre otros.

De los gastos hechos por Fox en giras nacionales se erogaron en hospedaje y alimentos 26 millones, 191 mil, 906.66 pesos; en transporte terrestre, 37 millones, 237 mil, 940.21 pesos; en gastos diversos 20 millones, 498 mil 450.97 pesos y en transporte aéreo 39 millones, 156 mil 299.10 pesos.

De Marta Sahagún no se reportan gastos por alimentos u hospedaje en sus giras nacionales, pero por transporte aéreo erogó ella y su equipo, 2 millones, 309 mil 518.52 pesos, y en seguridad y logística, 9 millones 471 mil, 153.18 pesos para hacer un total de 11 millones, 780 mil 349.88 pesos

Hubo giras en que Fox y sus colaboradores realizaron gastos menores, apenas registrables como la realizada el 24 de enero de 2001 a Tamaulipas y Durango, cuando se erogaron sólo mil 695 pesos, mientras que hubo otras como la realizada a Baja California el 11 de septiembre en donde por alimentos y hospedaje se pagaron 78 mil 927.66 pesos y, en total con los otros pagos hechos en transporte y diversos, sumaron un total de 320 mil, 898.07 pesos.

En lo que representa una feroz ofensiva no vista por lo menos desde los últimos 9 años —cuando en tiempos de gobierno de Roberto Albores Guillen y Ernesto Zedillo Ponce de León se ordenó el desmantelamiento de los municipios autónomos zapatistas—, los pueblos autónomos zapatistas padecen una brutal embestida por manos del Estado mexicano a través de sus instituciones agrarias, de instancias de “Seguridad Pública”, del Ejército Federal mexicano y de la conformación de grupos paramilitares. La escalada de agresiones y pretensiones de despojos y desalojos forzosos se agravó alarmantemente.

La SEDENA

La investigación documental y de campo realizada por el CAPISE sobre las posiciones militares permanentes nos arroja la siguiente distribución castrense en cada una de las zonas militares destacamentadas en el estado de Chiapas.

29 Campamentos militares en la 39º. Zona Militar. (Zona Selva y Norte)

23 Campamentos militares en la 31º. Zona Militar. (Zona Altos y Norte)

14 Campamentos militares en la 36º. Zona Militar. (Zona Costa)

13 Campamentos militares en la 38º. Zona Militar. (Zona Norte y región fronteriza)

La sumatoria marca un total de 79 campamentos militares permanentes en el estado de Chiapas, 56 de ellos en el territorio indígena de Chiapas.

9 (nueve) Batallones de infantería (BI). (El 20º.–101º.–13º.–91º.–31º.–18º.–21º.–38º.–73º. BI)

3 (tres) Regimientos de Caballería Motorizada (RCM). (El 4º. – 18º. – 15º. RCM)

6 (seis) Compañías de Infantería No Encuadradas (CINE). (El 4ª.—15ª.—8ª.—11ª.—12ª.—1ª.)

1 (uno) Regimiento de Artillería (RA). (El 3er. RA)

1 (uno) Batallón de Ingenieros de Combate (BIC). (El 2º. BIC)

1 (uno) Centro de Adiestramiento Militar (CAR)

1 (uno) Batallón de Comunicaciones Especiales (El 1er. BCE)

4 (cuatro) Unidades de Fuerzas Especiales (91º.BI GAFE, el 101º.BI, 13º.BI y 1er. BCE) estas cuatro Unidades desplegadas

en prácticamente toda la zona Selva y Altos del estado de Chiapas.

Cada Unidad militar se diseminada en varios campamentos militares permanentes dentro del territorio indígena de Chiapas.

Si bien en un marco nacional, el gobierno de Felipe Calderón ha militarizado prácticamente todas las instituciones de “Seguridad Pública” y entregando el control del país a la institución castrense, en el estado de Chiapas, la recomposición de la SEDENA en el territorio indígena es por demás alarmante, salió cantidad de tropa y entro “calidad” militar castrense, esto es, prácticamente disolvió del territorio indígena las Unidades militares convencionales, introduciendo en su lugar Cuerpos Especiales de Elite al más alto nivel.

El control del territorio y la administración de los recursos naturales y bióticos que le habitan son parte fundamental de la disputa. El proyecto y gobierno autónomo zapatista en su libre determinación como pueblos indígenas siguen siendo el enemigo interno para el Estado mexicano.

La estrategia en la conformación aún más delineada de la Contra zapatista se encuentra claramente respaldada y encubierta por instituciones federales como lo son: la Procuraduría Agraria (PA); la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA); la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y; las instituciones de Seguridad Publica en sus tres niveles Federal, Estatal y Municipal, así como el Congreso de la Unión, todas estrechamente articuladas entre si.

La Procuraduría Agraria (PA) y la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA).

El papel que actualmente juegan las instituciones agrarias en el marco de la guerra de contrainsurgencia se ha tornado relevante, estratégico y garante de la concretización de despojos de tierra contra pueblos zapatistas. “Legalizar” los despojos de miles de hectáreas de tierra y de territorios ha llevado al límite máximo los conflictos entre organizaciones indígenas oficialistas y organizaciones paramilitares, contra pueblos y autoridades zapatistas.

La Procuraduría Agraria (PA) avala supuestas Asambleas comunitarias donde da cabida y certificación de la conversión a Ejidos de lo que ahora es tierra recuperada por el EZLN desde 1994 e inmediatamente después, certifica esos nuevos ejidos al PROCEDE, asignando a su vez estos nuevos Ejidos a miembros de grupos indígenas oficialistas y de organizaciones paramilitares.

Cientos de familias y decenas de poblados zapatistas se encuentran en grave riesgo de ser despojados y desalojados forzosamente de sus tierras y territorios, entre ellos:

Poblado: Ejido Mukulum Bachajón

Municipio oficial: Chilón

Municipio autónomo: Olga Isabel

Número de hectáreas con pretensiones de desalojo: 1,580 hectáreas (Despojo concretizado)

Caracol: Morelia

Región: Segundo Paquete Fideicomisario (el Ejido Mukulum Bachajón era el paquete Uno).

Municipio oficial: Chilón

Municipio autónomo: Olga Isabel

Número de hectáreas con pretensiones de despojo y desalojo forzoso: 1,420 hectáreas

Caracol: Morelia

Poblado: Ranchería el Nance

Municipio oficial: Altamirano

Municipio autónomo: Vicente Guerrero

Número de hectáreas con pretensiones de despojo: 1,569 hectáreas

Caracol: Morelia

Poblado: 24 de Diciembre

Municipio oficial: Margaritas

Municipio autónomo: San Pedro de Michoacán

Número de hectáreas con pretensiones de desalojo: 525 hectáreas. (Despojo concretizado)

Caracol: La Realidad

Poblado: San Juan del Río

Municipio oficial: Ocosingo

Municipio autónomo: San Manuel

Número de hectáreas con pretensiones de despojo y desalojo forzoso: 380 hectáreas.

Caracol: La Garrucha

Poblado: San Alfredo

Municipio oficial: Ocosingo

Municipio autónomo: San Manuel

Número de hectáreas con pretensiones de despojo y desalojo forzoso: 140 hectáreas.

Caracol: La Garrucha

Poblado: Casa Blanca

Municipio oficial: Ocosingo

Municipio autónomo: San Manuel

Número de hectáreas con pretensiones de despojo y desalojo forzoso: 160 hectáreas.

Caracol: La Garrucha

Poblado: Miguel Hidalgo

Municipio oficial: Ocosingo

Municipio autónomo: San Manuel

Número de hectáreas con pretensiones de despojo y desalojo forzoso: 180 hectáreas.

Caracol: La Garrucha

Poblados: Crucero Agua Azul, San Miguel Agua Azul, Ignacio Allende, Primer Progreso, Segundo Progreso, Embarcadero, Parte Majas, Salto del Tigre y Bolon Ajaw

Municipios oficiales: Chilón y Tumbalá

Municipio autónomo: Olga Isabel

Número de hectáreas con pretensiones de desalojo: 2,580 hectáreas

Caracol: Morelia y Roberto Barrios

Poblado: 20 de Febrero

Municipio oficial: Ocosingo

Municipio autónomo: San Manuel

Número hectáreas con pretensiones de desalojo forzoso: 230 hectáreas. (Despojo concretizado)

Caracol: La Garrucha

Poblado: Nuevo Rosario

Municipio oficial: Ocosingo

Municipio autónomo: Francisco Gómez

Número de hectáreas con pretensiones de despojo y desalojo forzoso: 180 hectáreas.

Caracol: La Garrucha

Poblado: Nueva Revolución

Municipio oficial: Roberto Barrios

Municipio autónomo: Akabalná

Número de hectáreas con pretensiones de despojo y desalojo forzoso: 1,200 hectáreas.

Caracol: Roberto Barrios

Poblado: San Patricio

Municipio oficial: Ocosingo

Municipio autónomo: Francisco Gómez

Número de hectáreas con pretensiones de despojo y desalojo forzoso: 400 hectáreas.

Caracol: Roberto Barrios

Total parcial de hectáreas proyectadas para despojos y desalojos: 10,544 hectáreas.

La presente descripción de poblaciones, sujetas y amenazadas con ser despojadas y desalojadas forzosamente de sus tierras y sus territorios suma menos de la mitad de los poblados amenazados, este recuento es sólo parcial.

Las amenazas de despojos y desalojos van acompañados de agresiones diarias contra bases de apoyo zapatistas tipificadas como: amenazas, detenciones arbitrarias, daños en propiedad ajena, lesiones, heridos con el uso armas prohibidas, robos, abusos de autoridad, etc. En forma por demás vergonzosa y selectiva, autoridades federales y estatales adoptan presos políticos para ser usados en negociaciones ilegales e ilegitimas, pretendiendo negociar libertades por desalojos.

Hoy en día, en forma clara, abierta y en los hechos, el Estado mexicano ha desatado una guerra abierta y frontal contra los pueblos indígenas zapatistas.

El Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas exige:

I-Cese inmediato a todo tipo de agresiones contra los pueblos zapatistas.

II-Retiro inmediato de los campamentos militares permanentes en el territorio indígena de Chiapas.

III-Libertad inmediata de los presos políticos.

IV-Se cancele definitivamente cualquier nuevo intento de desalojo forzoso dentro del territorio indígena de Chiapas.

V-Se abra una investigación inmediata sobre autoridades de la Procuraduría Agraria y sobre la Secretaría de la Reforma Agraria que deslinde y especifique responsabilidades en materia de abusos de autoridad y corrupción de funcionarios públicos.

VI-Se abra una investigación que especifique responsabilidades sobre la actuación del Ejército Federal mexicano en su vinculación con grupos paramilitares en el territorio indígena de Chiapas.

VII-Alto inmediato a la guerra de contrainsurgencia desarrollada contra pueblos indígenas zapatistas.

A los medios de comunicación nacional e internacional.

A las y los reporteros.

Único. Existe otra guerra, es una guerra mediática. La estrategia: el silencio. Con respeto nos dirigimos a ustedes, les invitamos a romper el silencio, allá en el sureste mexicano hay represión, prisión, impunidad y silencio mediático contra pueblos indígenas zapatistas. Invitamos a romper el silencio, sólo eso, invitamos.

Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas A.C. (CAPISE)