En México prevalece la brecha de inequidad en las poblaciones y comunidades indígenas que exceden el ámbito laboral, diagnosticó la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Ese fenómeno se refleja en los mayores índices de pobreza que se registran en el ámbito rural, donde suelen concentrarse las comunidades indígenas y cuya incidencia fue del 61.8 por ciento en 2005 (pobreza por patrimonio), superior al 47 por ciento del promedio nacional. Eso no es digno, no es decente, indica.
El diagnóstico de ese organismo especializado de las Naciones Unidas, que promueve los derechos laborales internacionalmente reconocidos y fomenta la justicia social y los derechos humanos, apunta a centrar la atención en la persistencia de la pobreza en México.
Para Miguel del Cid, director de OIT para México y Cuba, en nuestro país como en Latinoamérica “las cifras oficiales de las encuestas de empleo muestran que prevalecen desafíos en materia de trabajo decente que van mucho más allá del ámbito de la legislación laboral, pues la mayoría de la fuerza de trabajo rural no es asalariada, sino que son trabajadores por cuenta propia, gran parte de los cuales no acceden a ingresos suficientes para satisfacer necesidades básicas, ni a la seguridad social y a otras dimensiones del trabajo decente que postula la OIT”
En ese sentido, el concepto de “trabajo decente” resume la aspiración humana en torno a su vida laboral, que implica la oportunidad de obtener un trabajo productivo con una remuneración justa, seguridad en el trabajo y protección social para las familias, y el derecho a organizarse y participar en la toma de decisiones que afectan su vida.
Empero, para millones de habitantes de los municipios más pobres de México, la oportunidad de un trabajo decente no existe.
Los adultos, mujeres y jóvenes mayores de 14 años –edad mínima establecida en la Ley Federal del Trabajo para trabajar– según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), carecen de un trabajo que garantice su desarrollo y participación en la toma de decisiones a nivel nacional y global.
Esto ocurre a pesar del compromiso que asumió el gobierno federal en la cumbre de Mar del Plata de Jefes de Estado de las Américas (septiembre de 2005), para “aplicar políticas activas que generen trabajo decente, para crear condiciones de empleo de calidad que doten a las políticas económicas y a la globalización de un fuerte contenido ético y humano y poniendo a la persona en el centro del trabajo, la empresa y la economía”.
El derecho al trabajo de la población rural y urbana de México contrasta con las cifras oficiales más recientes. Las actividades que emplearon a más trabajadores se concentraron en el sector servicios (39.9 por ciento, comercio con 20 por ciento e industria manufacturera con 16.5 por ciento).
En tanto que la actividad agropecuaria, sólo ocupó al 14 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), de acuerdo con el informe del INEGI, correspondiente a diciembre de 2006.
En contraste con los magros resultados de empleo, la desocupación va al alza. Sólo en diciembre de 2006, la Tasa de Desocupación (TD) a nivel nacional fue de 3.47 por ciento con respecto a la PEA; esto superó el nivel de 2.84 por ciento registrado en el mismo mes de 2005, señaló el informe del INEGI, el cual sólo consideró 32 zonas urbanas del país -el 4.28 por ciento de la PEA- y en donde la desocupación aumentó 0.53 puntos con respecto a noviembre de 2006.
Además, la TD representó 3.60 por ciento 2006, cifra superior al 3.58 por ciento en 2005: por lo que en diciembre pasado el desempleo en hombres aumentó de 2.74 por ciento a 3.45 por ciento y en mujeres ascendió de 2.99 por ciento a 3.52 por ciento.
Este escenario, para la Organización Internacional del Trabajo, es la “punta del iceberg”, pues el desempleo abierto incide en casi cuatro por ciento de la fuerza de trabajo (cerca de 1.8 millones de mexicanos), y afecta en mayor grado a jóvenes y mujeres.
A través del análisis de las cifras oficiales en materia de trabajo y desocupación, Miguel del Cid examina el déficit de empleo decente y la falta de ingresos suficientes en México.
El economista por la Universidad de Panamá y master en Economía Laboral de la American University, Washington, destaca el auge del trabajo infantil, asociado de forma innata a la pobreza.
“De acuerdo con estadísticas del INEGI (2003), 3.3 millones de niños y niñas menores de 14 años se ven obligados a trabajar, fenómeno que se asocia con problemas de pobreza de los hogares mexicanos, y es un problema más extendido en el área rural”.
Esto constituye de nuevo, “un desafío que va más allá del ámbito laboral, que requiere de políticas económicas y sociales para el fomento del crecimiento y empleo y para el combate de la pobreza en el largo plazo”, destaca el especialista de la OIT.
Ante el incremento de la pobreza en las zonas rurales de México y la precaria situación laboral en el campo, Miguel del Cid considera que no le correspondía hacer una calificación de ese tipo, “sin embargo, a nivel latinoamericano también existe el consenso en el sentido de que las condiciones de trabajo decente en el sector agrícola también depende de las posibilidades de desarrollo del sector”.
Esto demanda políticas integrales (inversión pública en infraestructura, crédito, capacitación, dotación de tierras, asistencia técnica) para el fomento de la productividad y competitividad de los principales cultivos (particularmente a favor de los pequeños productores) y del propio entorno internacional que determinan los precios de los productos agrícolas. “Es decir, depende de factores que van más allá del ámbito laboral”, asegura Del Cid.
Desterrados y desposeídos
Un factor que contribuye a la pauperización de las comunidades rurales mexicanas es la pérdida de la tierra, según lo apreció la OIT en México en el documento México: Desafíos y políticas de generación de empleo. El papel de las reformas laborales, en el foro “Políticas Públicas para el Desarrollo de México”, celebrado en febrero pasado.
Cita el estudio que “la condición de pobreza es producto no sólo del déficit en el acceso a la tierra y a los medios para producir (equipos y créditos), sino a su inserción ocupacional más precaria en ocupaciones de baja productividad e ingresos”. De ahí que el derecho a trabajar la tierra se avale en el Convenio OIT 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (1989), suscrito por México.
Ante la expropiación de terrenos comunales por la expansión de la mancha urbana, o por la construcción de obras ajenas al desarrollo de las comunidades, el artículo 13 del Convenio establece que los gobiernos “deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios que ocupan o utilizan de alguna manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación”.
Además, el artículo 14 establece el derecho de propiedad y de posesión que ocupan tradicionalmente los pueblos, por lo que deberán tomarse medidas para salvaguardar su derecho a utilizar tierras que “no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido acceso tradicionalmente para sus actividades y subsistencia”.
De acuerdo con el documento de la OIT titulado México: Desafíos y Políticas de generación de empleo, que presentó Miguel del Cid en dicho foro, otra forma de perpetuar la pobreza en las comunidades indígenas es la vigencia del analfabetismo y la falta de educación a niveles superiores a la primaria.
La investigación contempla que, particularmente en las áreas rurales y en los estados más rezagados económica y socialmente de la federación, “son muy bajos los niveles de educación y capacitación de la fuerza de trabajo y en los indicadores de acceso de la población a los servicios básicos de electricidad, salud y agua potable, entre otros”.
Por otra parte, la Organización Mundial del Trabajo estima que entre los problemas y desafíos del mundo del trabajo que enfrenta México, destaca el de la inversión privada.
Aprecia que México, pese a la dinámica resultante de los tratados de libre comercio con Norteamérica, “no logra alcanzar su potencial de movilización de inversiones, debido a los problemas de productividad y competitividad que afectan la economía y en general por el entorno desfavorable a la inversión, que se refleja en déficits de seguridad jurídica y ciudadana y por los problemas de transparencia”.
La OIT considera que en el país los problemas del crecimiento e inversión, reflejan una alta subutilización en el mercado de trabajo.
“Esa subutilización resulta mayor al considerar la alta proporción de ocupados que trabajan una jornada insuficiente y que desean trabajar más (subempleo visible). Tal fenómeno incide sobre el 7 por ciento de la fuerza de trabajo, y de acuerdo con el INEGI, representa unos 3 millones de mexicanos”.
El informe Panorama Laboral 2006 de la OIT, señala que tanto en las zonas urbanas como rurales, la alta proporción de la fuerza de trabajo que labora en la economía informal, es otra expresión del problema.
Cita que estimaciones recientes del INEGI revelan que la economía informal alcanza a casi el 28 por ciento de la PEA. Es decir, unos 12.5 millones de trabajadores que se caracterizan por los bajos niveles de productividad e ingresos.
En síntesis, 54 de cada 100 miembros de la fuerza de trabajo ocupada (unos 24 millones de trabajadores) no acceden a los beneficios de la seguridad social, registrándose el mayor déficit entre trabajadores independientes y asalariados de microempresas de la economía informal y entre los trabajadores agrícolas del ámbito rural.
Además, la OIT reconoció que persisten problemas en materia de salud y seguridad en el trabajo, particularmente en actividades de riesgo como la minería, agricultura y otras actividades priorizadas por los interlocutores sociales.
Emigrantes económicos
El fracaso de la política económica tuvo un gran impacto en el incremento de la pobreza. El desempleo rural se agudizó en la última década, cuando más de medio millón de mexicanos de las zonas más pobres del país emigró anualmente hacia los Estados Unidos. De esta manera, estima la OIT, el problema ocupacional se expresa más allá de las fronteras de México.
La investigación anticipó que “en los próximos 10 años, América Latina recibirá unos 300 mil millones de dólares en remesas, de los que cerca de 80 por ciento se concentrarán en México, Centroamérica y el Caribe”.
Por su parte, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) reveló, en su análisis de 2000, que la magnitud del impacto de esas divisas “es elocuente entre las familias, comunidades, municipios, entidades y el país en su conjunto”, cuando las remesas ascendieron a 8 mil 885 millones de dólares, aunque otras cifras apuntan a que pudieron ser más de 12 mil millones de dólares.
Paradójicamente, al emplearse en el extranjero, los mexicanos más pobres generan riqueza en su país a través de las remesas.
Ya en mayo de 2005, la OIT había propuesto al gobierno mexicano reencausar el uso de esas remesas. En su estudio Remesas de mexicanos en el exterior y su vinculación con el desarrollo económico, social y cultural de sus comunidades de origen, la OIT destacó que el importe real de remesas que transfieren los mexicanos del exterior hacia sus comunidades de origen, constituía una incógnita.
Desde hace una década, el ingreso de divisas por trabajadores inmigrantes ha aumentado y superado en 58 veces al monto por nueva inversión extranjera.
En ese sentido, la OIT recomendó al gobierno mexicano que, a pesar de que las remesas son extremadamente significativas y estratégicas para el país, se dirigen sobre todo al consumo familiar en el país. Si bien, en años recientes una parte de los recursos se han reintegrado a las comunidades de origen de los emigrantes con fines de financiamiento de vivienda o el establecimiento de negocios productivos.
La estrategia debe incorporar la sustentabilidad financiera para impulsar proyectos productivos como parte de la política de combate a la pobreza. Además, promover el desarrollo igualitario, incorporar una prospectiva de protección de medio ambiente e impulsar y respaldar la formación de nuevas unidades productivas, ofreció la OIT entre sus recomendaciones al gobierno federal panista.
El contraste entre las estadísticas de 2005 -cuando se hizo esa evaluación y sus propuestas-, con las cifras que el INEGI y el Consejo Nacional de Población, revela que el Ejecutivo sólo tuvo oídos sordos a las recomendaciones de la OIT para mitigar la pobreza por desempleo en México. El resultado: la miseria de millones de mexicanos.
