Casi mitad de los niños en la pobreza

42,6 por ciento de la población infantil mexicana vive en familias con ingresos de dos salarios mínimos o menos, según informe de la Red por los Derechos de la Infancia

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La Red por los Derechos de la Infancia en México, coalición de 58 ONGs mexicanas, presentó el informe alternativo Infancias Mexicanas: Rostros de la desigualdad, ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, en Ginebra, Suiza. En el documento señala que el 42,6 por ciento de la población infantil vive en condiciones de pobreza en el país, en familias con ingresos de dos salarios mínimos o menos.

Nashieli Ramírez, coordinadora de la investigación señaló en la presentación que en una tercera parte de las entidades de México (11), la proporción de niños y niñas que viven en situación de pobreza es superior al 50 por ciento. Y es mayor de sesenta por ciento en Chiapas, Oaxaca y Veracruz.

La estimación de la tasa de mortalidad infantil en menores de cinco años es de 25. El ritmo de descenso anual en la tasa de mortalidad infantil en México es de 1,8 por ciento, por abajo de Perú (5%), Bolivia (4,5%), Honduras (2,9%) y Nicaragua (2,4%).

“Sueño americano”: El derrumbe

Como en un flash back de cuando gobernaba el interino Roberto Albores Guillén, quien de plano no se medía para inventar informaciones, la Subsecretaría de Gobierno en Palenque armó una versión de la agresión sufrida por bases de apoyo zapatistas de la comunidad Bolom Ajaw por pobladores del ejido Agua Azul que nada tiene que ver con lo que sucedió el pasado martes 11. ¿Boletín mata realidad?

Diversos medios locales reprodujeron esa versión el 13 de septiembre; en un caso, ilustrada con fotografías de milicianos zapatistas de diciembre de 1994 en otra parte del estado, como si correspondieran a los hechos del día 11. Los pies de foto así lo aseguraban.

Tras visitar el lugar, entrevistar a testigos presenciales y a la junta de buen gobierno (JBG) de Morelia, el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE) desmintió la información oficial, oponiéndola a los testimonios y señalando falsedades evidentes (como ubicar los hechos en la comunidad San Jerónimo, que es lejana y cuyos pobladores no tuvieron nada que ver ni estuvieron presentes).

El CAPISE subraya que “existe un altísimo riesgo de un desalojo contra las bases de apoyo zapatistas de Bolom Ajaw”, para lo cual las versiones oficiales tendrían el papel doble de tender una cortina de humo y “justificar” acciones represivas. “El Estado encuentra enemigos prácticamente en todo el territorio nacional, pero existe un grupo al que le ha declarado e implementado una guerra sin cuartel desde 1994, agudizada ferozmente en los pocos meses de gobierno de Felipe Calderón Hinojosa: el EZLN, las JBG, las autoridades de los municipios autónomos, los pueblos zapatistas y todo su movimiento”, considera el reporte.

Afirmaciones oficiales

La versión oficial sostenía que hubo un “enfrentamiento” entre ejidatarios de Agua Azul (a quienes no identificó como miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos, Opddic, pero lo son) y “milicianos” zapatistas “con armas de alto poder”. Si lo que dijo el subsecretario de Gobierno Manuel Miranda Rodas fuera cierto, se trataría de la primera acción armada de los zapatistas en más de una década, y no fue el caso.

Además, confunde a la JBG con “comandantes”, y no capta que la junta que acude al lugar es de Morelia, y no de La Garrucha. ¿Lo mismo da? Omite que los miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic), señalados como paramilitares, agredieron e hirieron gravemente a tres indígenas pacíficos y desarmados, a razón de 50 contra tres: su “pelea generalizada” fue un intento de linchamiento.

La versión hablaba de un “clima de potencial confrontación, que hubo de ser atendido inmediatamente por la Secretaría de Gobierno”. Entre los motivos que esgrimió para el “enfrentamiento” estarían presuntas diferencias por una pluma de peaje para los turistas que acuden a las cascadas de Agua Azul; esta pluma nunca fue de zapatistas. Instalada hace tiempo por un grupo perredista del vecino municipio oficial de Chilón, la operó luego la propia Opddic, cuyas bases están en el municipio de Tumbalá.

El CAPISE asienta que los pobladores de Bolom Ajaw, definidos por la información oficial como “invasores” de una reserva forestal, de hecho viven en ella, la “trabajan, cuidan y conservan”. Además, los mismos agresores del ejido Agua Azul han destruido cultivos y áreas boscosas, y han ocupado parcelas de Bolom Ajaw. El gobierno considera “provocación del EZLN” lo que fue una reacción defensiva de sus bases de apoyo.

El escenario que figura la versión gubernamental es considerado “falso” por el CAPISE y la JBG de Morelia. Los funcionarios que arribaron al lugar la noche del día 11 no fueron recibidos por “35 milicianos”, y mucho menos los campesinos zapatistas portaban “armas de alto poder”. No hubo ninguna firma de acuerdo. Simplemente, los detenidos (y heridos) fueron liberados por exigencia de la JBG.

Bolom Ajaw se encuentra dentro de lo que actualmente se conoce como Área de Protección de Flora y Fauna Cascada de Agua Azul, y la problemática real “es por tierra, proyectos ecoturísticos y control del territorio”. Bolom Ajaw es tierra recuperada y comprende 339 hectáreas, donde habitan 41 familias zapatistas.

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El Ejército Zapatista de Liberación Nacional lanzó en un comunicado difundido hoy una dura crítica a los partidos legales de México, principalmente a lo que llamó la “izquierda institucional” y reconoció la demanda del Ejército Popular Revolucionarios.El comunicado del EZLN, firmado por el subcomandante Marcos, también anuncia que esa organización suspendió una gira por el centro del país y que del 11 al 14 de octubre próximos realizará en Vicam, en el norteño estado Sonora, en territorio de los indígenas Yaqui, un Encuentro de los Pueblos Indios de América.

Los zapatistas denunciaron que “en estos momentos los gobiernos estatal de Chiapas y Federal llevan adelante una campaña en contra de las comunidades zapatistas” realizando “desalojos ‘oficiales’, ataques de paramilitares, invasiones patrocinadas por funcionarios, persecuciones y amenazas”.

Agrega que el gobernador del suroriental estado Chiapas, Juan Sabines, elegido por una coalición de fuerzas encabezada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), actúa “como en los peores tiempos del PRI (Partido Revolucionario Institucional)”.

Cuando el EZLN se levantó el primero de enero de 1994 el país y Chiapas eran gobernados por el PRI. El EZLN sostiene que ahora las acciones contra ellos se realizan “con la bandera de la izquierda”, critica al presidente de México, Felipe Calderón, y al ex candidato presidencial de la izquierda Andrés Manuel López Obrador, afirmando que ambos dan su “aval” a las fuerzas que se mueven en su contra.

También sostiene que esas agresiones, como provienen de un gobierno presuntamente de izquierda (el de Chiapas), cuentan “con el silencio de voces que antes se alzaban para protesAnte la situación que denuncia señala que el EZLN hará lo que sabe hacer, “resistir”.

Al referirse al EPR, los zapatistas afirman que aunque tienen “diferencias de concepción, de estructura, de método, de análisis, de historia” las “reconocemos y respetamos”.

También indican que “la demanda de presentación” de dos eperristas que presuntamente fueron detenidos por las autoridades “no sólo es legítima, es también una denuncia actual de la guerra sucia” que Calderón “está reeditando”.

El EPR, en reclamo de sus dos miembros presuntamente desaparecidos en mayo pasado, ha realizado desde julio anterior varios atentados que han destruido ductos de la empresa estatal Petróleos Mexicanos, cortando con ello el abastecimiento de combustibles a amplias zonas del país.

Con respecto al encuentro internacional de indígenas que se realizará en octubre próximo en el norte del país, los zapatistas señalan que asistirán delegaciones de todo el continente y que ellos participarán en la organización de esa reunión.

Al señalar que suspenden una gira que iban a realizar en octubre y noviembre por el centro del país, los zapatistas indican que lo hacen porque no le pueden pedir, como lo han hecho en otras ocaciones, al EPR y otras organizaciones armadas, que declaren una tregua durante sus visitas a distintas colectividades y que temen que se monte una “provocación” en su contra.

André Aubry, un ex sacerdote y antropólogo de origen francés integrante del movimiento “La Otra Campaña” del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), murió la víspera en un accidente carretero a la edad de 80 años.

La Policía Federal Preventiva (PFP) informó que el accidente ocurrió a las 16:30 horas de la tarde del jueves, en el tramo carretero Tuxtla Gutiérrez- San Cristóbal de las Casas.

El auto del también director del archivo diocesano de la diócesis de San Cristóbal invadió carril y se impactó con un tráiler, y éste a su vez chocó con otro automóvil, resultando heridas tres personas, señaló la PFP.

Cuerpos de auxilio y patrullas de la PEP se trasladaron al sitio del accidente para recoger el cuerpo del antropólogo y historiador que vivía en Chiapas hace más de 30 años.

Aubry era un conocido activista defensor de los derechos humanos de los indígenas de Chiapas. Adherente del movimiento “La Otra Campaña” del EZLN en cuyos eventos siempre estuvo presente a lo largo de 13 años.

Aubry realizaba estudios antropológicos entre las comunidades indígenas mayas. Aunque dejó el sacerdocio, él y su esposa ya muerta, Angélica Inda, eran fervientes católicos impulsores de la Teología de Liberación junto con el obispo Samuel Ruiz, de quienes eran amigos cercanos.

Por su contribución a la ciencia el gobierno de Chiapas le otorgó el Premio Chiapas por su trayectoria y aportación a la vida de esta entidad. En 1995 y 1996, Andrés Aubry fue asesor de la desaparecida Comisión Nacional de Intermediación (Conai) que sirvió de moderador entre el diálogo que sostuvieron el gobierno de México y los indígenas del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional.

Era colaborador del diario La Jornada.

El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Antonio Ortega, informó que el órgano fiscalizador del Poder Legislativo aprobó auditar a Vicente Fox en cuatro rubros de su administración.

En entrevista en San Lázaro, expuso que se solicitará a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) aplicar cuatro auditorías a la oficina presidencial de Fox Quesada, con la referencia de que aún no vence el año dentro del cual se le puede someter a juicio político.

El legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) comentó que los juicios políticos suelen ser sólo de impacto mediático, pero ahora hay condiciones para que pueda prosperar, aunque lo que sí procede, comentó, es la aplicación de las auditorías al ejercicio fiscal 2006 en la Presidencia de la República.

Anunció que la primera auditoría se aplicará al capítulo 1000 sobre Servicios Especiales de Empleados, y la segunda al capítulo 3000, respecto a Gastos Erogados a Servicios Generales.

La tercera al capítulo 5000, de Bienes e Inmuebles Particulares del Presidente, y la cuarta se refiere a que por primera vez la Presidencia de la República deberá entregar a la ASF el acta de entrega-recepción del mandatario saliente al entrante.

El perredista precisó que el objetivo es conocer cómo recibió Fox Quesada la oficina y cómo la entregó al presidente Felipe Calderón.

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