1. No sé si la mayoría de los izquierdistas que vienen de 1968 y antes, como declaró el coordinador de la diputación perredista, “tengamos que empezar a preocuparnos y a escondernos” ahora que los militares, el CISEN y demás organismos policíacos (de acuerdo con el Plan México) comienzan a “desenterrar” archivos de luchas sociales pasadas.

La realidad es que por lo menos desde las grandes luchas magisteriales y ferrocarrileras de fines de los cincuenta, en los archivos policíacos hay miles de millones de fotografías y otros cientos de miles de expedientes de luchadores sociales de todas las edades que desde entonces venían enfrentando la represión del ejército y la policía al solidarizarse con las luchas de los trabajadores. Ese peligro represivo que cada día se hace más grande se ha sentido a partir de dos programas radiofónicos de Carmen Aristegui donde se denunció el pasado guerrillero del senador perredista René Arce2. Al parecer en todo el mundo, en todas las culturas pasadas, así como en el presente, han habido personas acusadas por religiosos, fanáticos o capitalistas, de ser brujos, hechiceros, comunistas o anarquistas, que buscan desestabilizar a la sociedad y el sagrado derecho de propiedad. Las persecuciones y asesinatos a estas personas por las clases dominantes, desde hace más de 500 años, han sido conocidas como “cacería de brujas”. El presidente ilegítimo Felipe Calderón, desde septiembre del año pasado comenzó a diseñar ese camino en lo que hoy conocemos como el Plan México. Una cacería de brujas contra todos aquellos miembros de la oposición que se niegan a someterse a su mandato. Todas las fuerzas policíacas/militares han comenzado a investigar historias, a intervenir teléfonos, correos electrónicos, etcétera, en ese Plan que contempla a medios de comunicación y multimillonarias inversiones.

3. Parecería que Calderón, con la participación del ejército, quisiera reeditar la llamada “guerra sucia” del México de los años setenta mediante acciones de represión militar y gubernamental contra la oposición política, tal como sucedió en la Argentina en setentas y ochentas y en España de los GAL de 1986/87. Hace unos días basándose en informes militares, en un reportaje se “descubrió” que un senador del PRD (por cierto socialdemócrata) era “dirigente guerrillero del Ejército Popular Revolucionario” y que además desde hace 25 años este senador se cambió de nombre. Han sido tan insistentes las acusaciones de la autora de la investigación que se dio a conocer en el programa radiofónico de Carmen Aristegui, que parecería haberse hecho por encargo del gobierno panista de Calderón tomando como base archivos y fuentes policíacas. La realidad es que esas denuncias que buscan enlodar, dan mayor prestigio a los luchadores sociales.

4. Vicente Fox le entregó a Felipe Calderón la responsabilidad política del país a los pocos días de que éste fue declarado “Presidente electo”. Las elecciones fueron a principios de julio de 2006, Calderón tomo posesión formalmente el 1 de diciembre, pero desde el mes de septiembre el problema de Oaxaca y el de los mineros fue determinado por él, porque según Fox al presidente entrante correspondía negociar con el PRI, con el gobernador de Oaxaca y con los empresarios mineros. Así que la represión contra la APPO en Oaxaca, el encarcelamiento de sus líderes, además del bloqueo a la solución de los problemas de los trabajadores mineros desde septiembre fue de la total responsabilidad de Calderón. Fox desde hacía varios meses “no quería queso sino salir corriendo de la ratonera”. Desde el 1 de septiembre, cuando no pudo informar (porque el PRD le tomó la tribuna) entregó todo el poder a Calderón.

5. Desde esos días Calderón y sus equipo militar/policiaco, así como de relaciones Exteriores, comenzó un gran Plan estratégico que involucrara a todas las “fuerzas del orden” con el fin acabar con la “delincuencia”, el narcotráfico, las bandas armadas y los grupos guerrilleros que “buscan desestabilizar al país”. Frente a las grandes protestas del lópezobradorismo contra las elecciones fraudulentas, exigiendo el “recuento de los votos casilla por casilla”, que reunían a cientos de miles, incluso millones de manifestantes, varios asesores militares (que han sido alumnos de la Escuela de las Américas) propusieron un Plan Colombia para México con la participación de militares yanquis en la asesoría. Pensaron que ese Plan debería ser muy amplio y abarcaría guerra contra las drogas, el crimen organizado, lucha contra terrorismo, cursos de capacitación, suministro de equipo y tecnología y finanzas multimillonarias.

6. Con dicho plan, México recibiría en los dos primeros años de ejecución entre 700 y mil 200 millones de dólares, donde también se incluiría tecnología para espionaje y extremada vigilancia tal como intercepciones telefónicas y radares para rastrear envíos de traficantes por aire, aeronaves para transportar grupos de elite, así como “diversos tipos” de entrenamiento militar y policial. Se mencionó que se estaría negociando la “donación” de siete helicópteros muy bien artillados (magníficos para el transporte de tropas) y un incremento de recursos para el desarrollo de centrales de inteligencia. Se dijo que “la conducción operacional” estará a cargo de efectivos mexicanos, no de extranjeros. México evitó implicarse con la presencia militar extranjera, aunque no de la asesoría, el equipamiento, sobre todo el financiamiento que por sí sólo obliga al país a someterse a los dictados de quien entrega los millones de dólares.

7. Rodeada de gran secreto, la negociación de lo que ha dado en llamarse Plan México (escribe Carlos Fazio) se inició en enero pasado e involucró a distintas instancias del gobierno estadunidense (los departamentos de Estado y de Justicia, la Secretaría de Seguridad Interna, el Pentágono, la CIA, la FBI, la agencia antidrogas DEA) y al Congreso, y a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina de Guerra, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) por la parte mexicana. El plan fue afinado en marzo pasado, durante la visita del presidente Bush a Mérida, y en mayo funcionarios mexicanos del área de seguridad se reunieron en Washington con la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, y fijaron los términos de un memorando de entendimiento, que contendría objetivos, metas, mecanismos y recursos.

mañana de hoy, la junta de buen gobierno (JBG) Hacia la esperanza y numerosos miembros de los cuatro consejos municipales autónomos en rebeldía de la región selva frontera y sus distintas comisiones rindieron un detallado informe de sus trabajos de gobierno. Asistieron al acto centenares de bases de apoyo del EZLN, hombres y mujeres, “comisiones” de los distintos pueblos, con el encargo de escuchar el informe y llevarlo a sus localidades de origen.Un significativo ejercicio democrático: eso fue la exposición colectiva, casi coral de las acciones educativas, de salud, producción, comercialización, justicia, transporte y administración de la segunda JBG, al concluir su primer año y a cuatro del establecimiento de las juntas zapatistas. Hubo sol, lluvia, preguntas del público (algunas) y respuestas de las autoridades, situadas detrás de una larga mesa sobre el estrado del caracol Madre de los caracoles del mar de nuestros sueños. Cerca de la mitad eran mujeres, la mayoría muy jóvenes, tojolabales y tzeltales principalmente.

Sin los empujones y sombrerazos de la clase política, el informe de gobierno fue una sesión del trabajo, y el Grito una modesta, casi escolar pero muy zapatista encarnación de los viejos héroes verdaderos.

La noche del sábado se celebraron baile y Grito. Pero no se piense que el segundo lo dio alguna autoridad presente: fue el mismísimo cura Miguel Hidalgo quien proclamó la independencia de México, rodeado de los personajes e insurgentes de entonces. El Grito aquí sucedió durante una representación dramática de los indígenas rebeldes en la explanada de su caracol, casi a campo traviesa. Al inicio aparecen los campesinos sometidos a la esclavitud por los amos españoles; reciben latigazos e insultos de los capataces. Una voz indígena que se esfuerza en sonar criolla y colonial manifiesta que esos indios se ven muy débiles, que si alguno muere, estará bueno para alimento de sus perros, que están hambrientos.

Cambio de cuadro. En torno a una mesa de plástico, como de fonda, los futuros próceres Allende, Iturbide, doña Josefa Ortiz y el corregidor Domínguez conspiran para iniciar la revuelta y liberar a México de la opresión virreinal. En otra escena, Miguel Hidalgo proclama la independencia y la abolición de la esclavitud. En ese momento da el Grito, y los petardos truenan arriba del caracol, como debe ser. A la viva México suben los cohetones y un perro en vez de huir de las caudas de fuego trata de perseguirlas y al verlas subir al cielo les ladra, retándolas, hasta que explotan. También el perro es zapatista.

Con los tres colores patrios y la imagen guadalupana, Hidalgo encabeza a los indios descalzos, combate, muere, y la lucha sigue al grito de “Vivir por la patria o morir por la libertad”. Es el “cura guerrillero”, como le cantarían más tarde los niños de la escuela Estrella de San Pedro, de San José del Río. Antes hubo un “programa cultural”, y después baile. En los sombreros y camisas de los jóvenes varones proliferan alacranes pintados o bordados, señal del grupo norteño K-Paz de la Sierra; además, lo nuevo es el “pasito duranguense” de las parejas bailantes.

Por primera ocasión acudieron a una reunión de trabajo delegaciones de niños de las escuelas autónomas, acompañados por los promotores de educación. Participaron en los actos culturales, como testimonio viviente del sistema educativo autónomo en los municipios San Pedro de Michoacán, General Emiliano Zapata, Libertad de los Pueblos Mayas y Tierra y Libertad.

Este domingo, el informe de la JBG fue acompañado y atestiguado por un nutrido grupo de miembros del Comité Clandestino Revolucionario Indígena (CCRI), entre quienes se contaban los comandantes Tacho, Brus Li y Emiliano. El comandante tzeltal Abraham tomó la palabra para dirigirse “a todos, y a las autoridades autónomas de todos los niveles”, y les expresó reconocimiento y respaldo del CCRI. Llamó a las autoridades y representantes “a mejorar más los trabajos”. Si algunos están mal, “es por nuestra culpa”, reconoció, en ese tono autocrítico muy común en los pueblos indígenas, donde no se eluden las responsabilidades colectivas y todo puede ser mejorado constantemente.

“No podemos echar para atrás. Tenemos que seguir adelante. Los pueblos de esta JBG tenemos que estar atentos de dónde están los fallos. Con calma vamos a ir a nuestras comunidades para analizar el informe y pensar cómo hay que mejorar. Así es la lucha”, concluyó Abraham.

El líder del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de México (EZLN), el subcomandante Marcos, anunció el domingo que el próximo 26 de septiembre reiniciará su gira por México enmarcada en su “Programa Nacional de Lucha contra el Neoliberalismo”, al que denomina la “Otra Campaña”.

En un comunicado, Marcos informó que en este segundo recorrido por la geografía mexicana, que realizará acompañado de 24 comandantes indígenas, visitará a los simpatizantes de la organización en las zonas centro y sur de México.

El objetivo de esta segunda etapa es “realizar un primer esbozo del Programa Nacional de lucha”, detalló Marcos.

“Si en la primera etapa el objetivo fue conocernos y, por lo tanto, el ‘esto soy y aquí estoy’ fueron las palabras más importantes, ahora lo primordial es saber cómo vemos el mundo y nuestro país, y cuáles son las demandas, ‘¿qué queremos?,’ qué tenemos o qué hemos detectado a nivel nacional, regional o local”, explicó.

La salida del grupo, encabezado por el subcomandante, se estima que sea el próximo 26 de septiembre, para viajar desde la selva hacia Ciudad de México (capital) y de ahí organizarse en ocho grupos.

Además, en su comunicado la dirección zapatista anunció que una delegación asistirá al Encuentro de los Pueblos Indios de América, que se realizará entre el 11 y el 14 de octubre en el estado de Sonora, al noreste de México.

De acuerdo con un informe “de campo” elaborado por brigadas independientes, a partir de diciembre se desató en tierras recuperadas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994 “una escalada de agresiones e intimidaciones”, apuntalada con un “vertiginoso proceso de despojo de tierras”, encubierto por una presunta “disputa” por el control territorial y la intención de practicar “desalojos forzosos contra cientos de familias zapatistas” en Chiapas.

El 25 de marzo, la Comisión Sexta del EZLN hizo pública la Campaña mundial por la defensa de las tierras y los territorios indígenas y campesinos, autónomos, de Chiapas, de México y del mundo. Ante el actual panorama de represión y despojos, los pueblos zapatistas implementaron el programa Brigadas de Observación Tierra y Territorio (BOTT), conjuntamente con el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE). El plan consiste en conformar grupos para “observar, dialogar con autoridades autónomas y familias indígenas amenazadas en su integridad, bienes, autonomía, tierras y territorios”.

La forma de trabajo fue acordada entre las juntas de buen gobierno (JBG) y el mencionado centro. “Una vez en campo, las BOTT son coordinadas por las JBG y las autoridades de los municipios autónomos. Las BOTT observan y documentan las agresiones y amenazas que padecen diversos pueblos zapatistas”. La estrategia del gobierno en la conformación de la “contra” y el “desarrollo” de proyectos presupuestados dentro de territorio indígena, según el informe Tierra y territorio (CAPISE, septiembre de 2007), son “respaldados, operados y encubiertos” por las secretarías de la Reforma Agraria, Defensa Nacional, Comunicaciones y Transportes, y Gobernación; la Procuraduría Agraria; Seguridad Pública federal, estatal y municipal, y por el Congreso de la Unión.

“La estrategia se desnuda por sí sola”, y se basa en argumentar “una defensa de la reserva de la biosfera de Montes Azules”. Pero no sólo eso: el EZLN y la construcción de su autonomía traducida en libre determinación como pueblos indígenas son “factores determinantes en la estrategia por el control político, social y económico de su territorio”.

El trabajo mencionado determina que “el desafío nacional” de la Sexta declaración de la selva Lacandona no es un asunto desatendido por las autoridades. En distintos momentos “el gobierno federal ha mostrado astucia, torpeza y brutalidad contra los movimientos sociales; sin embargo, la brutalidad policiaca y militar empieza a permear el país, particularmente contra personas y organismos adherentes a la Sexta declaración y la otra campaña, miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y diversos organismos sociales y civiles que osan contravenir los lineamientos del Estado”.

Así como es frecuente en Chiapas que familias o miembros de organizaciones sociales “se autonombren bases de apoyo zapatistas aunque no lo sean, con la finalidad de no quedar descubiertos”, con los adherentes a la otra campaña sucede “algo similar”. Esto da pistas del “gradual impacto que implica el desafío del EZLN y sus pueblos”, a pesar de que el boicot mediático es “abrumador”.

Este primer informe se deriva de un trabajo colectivo entre las JBG, los concejos autónomos, los pueblos zapatistas, los brigadistas y el CAPISE en torno al caracol de La Garrucha, que comprende gran parte de la selva tzeltal dentro del municipio oficial de Ocosingo y agrupa los municipios autónomos Francisco Gómez, San Manuel, Francisco Villa y Ricardo Flores Magón.

Al paso de los años se han registrado, de diversas maneras, hostilidades, intimidaciones y amenazas contra poblaciones indígenas. “De 1994 a la fecha, para el Estado mexicano el enemigo sigue siendo interno; el EZLN, su proyecto, lo que hace y lo que representa, son asuntos de seguridad nacional”, sostiene el CAPISE.

Tras el lanzamiento de la Sexta y los recorridos de la Comisión Sexta del EZLN por territorio nacional, “el Estado ha implementado una brutal ofensiva contra los pueblos zapatistas, sus autoridades y el proyecto de libre determinación de los pueblos indígenas dentro de la demarcación territorial que comprenden los caracoles y sus municipios autónomos”. De diciembre a la fecha, “el recrudecimiento de hostilidades hacia los pueblos zapatistas es alarmante”. La investigación de las BOTT documenta esta “brutal embestida” contra los pueblos zapatistas.

En cualquier momento la guerra del gobierno mexicano contra los zapatistas del EZLN podría pasar a un nivel de intervención militar abierta del gobierno de Calderón.

Subiría hasta ahí desde el nivel que tiene ahora, paramilitares, agresiones de la policía con pretextos ambientalistas, judicial (con órdenes de aprehensión suspendidas, en reserva) y la militarización de Chiapas.

El gobierno mexicano ha estado, durante tres sexenios, usando una estrategia de guerra en todos los niveles. Envenena la cotidianidad de un terreno militarizado. Es la gota de veneno contrainsurgente. Pero pasar a la guerra abierta ha sido la obsesión del gobierno federal, no de un régimen o un presidente, sino un gobierno mexicano con idéntico método antizapatista, por encima de la transición de partidos en el poder del PRI al PAN y de presidentes, de Ernesto Zedillo, iniciador de la paramilitarización (recordemos la masacre de Acteal, cuyos autores siguen impunes), a Vicente Fox y Felipe Calderón.

Cada iniciativa de movilización pacífica zapatista ha sido respondida con provocaciones gubernamentales para tratar de hacerlos romper el alto al fuego que han respetado desde 1994. No es una exageración, a pesar del falso lugar común de que “no hay guerra”. Porque los ataques paramilitares, desde la época de los Chinchulines, “Paz y Justicia”, el Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista (MIRA) y Los Puñales, hasta el actual grupo, la OPDDIC (bajo el camuflaje del nombre: “organización para la defensa de los derechos indígenas y campesinos”) han dado lugar a nuevas agresiones, cualitativamente más cínicas y abiertas, con Calderón.

En el desalojo de dos comunidades, una de bases zapatistas (Nuevo San Manuel), intervinieron policías estatales y federales. Fue una confrontación más directa que las anteriores. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) le declaró la guerra al gobierno en 1994, pero los combates duraron apenas 12 días.

La guerra del gobierno se concentró en una estrategia de largo plazo, para esperar que los zapatistas dejen de contar con simpatías en el país. La lectura de Calderón es que hoy es cuando. El alto al fuego y la posterior simulación de diálogo, primero con un personero del salinismo, Manuel Camacho Solís, y luego mediante la Comisión para la Concordia y la Pacificación (Cocopa) y mediante la creación de una Ley para el Diálogo, sirvieron al gobierno de Zedillo y sus sucesores para preparar una estrategia de muchos frentes, la cual está operando hoy con cada vez mayor intensidad.

Uno de los elementos más importantes de la contrainsurgencia es la paramilitarización: La creación de grupos de choque antizapatistas reclutados, entrenados, pertrechados y protegidos por el gobierno chiapaneco y el federal para atacar a las bases zapatistas. Como lo ha expresado Andrés Aubry, uno de los pocos que han documentado este proceso, se trata de meter en la pecera a un pez más agresivo (los paramilitares) para agredir a los zapatistas.

Este elemento de contrainsurgencia está probado por hechos de sangre como la masacre de Acteal y la agresión al poblado de Viejo Velasco, en Montes Azules, donde protegidos por el gobierno los paramilitares (indígenas) agredieron a grupos indígenas no zapatistas, pero con la intención de involucrar al EZLN, ya sea obligándolo a responder con las armas o buscando la posibilidad de acusarlos de agresores.

Las agresiones a tiros contra zapatistas también se han dado, como la ocurrida contra una marcha pacífica en Zinacantán, donde los zapatistas llevaban agua a compañeros suyos que habían sido privados de ese suministro y el grupo paramilitar agresor era de filiación perredista (otro elemento, la incorporación del PRD a la contrainsurgencia). El activismo de la OPDDIC en estos días es una de las falanges de esa mano agresora, como el ataque a las bases zapatistas con balas y machetazos, hiriendo a Leonardo y Juan Navarro, en Chilón. Pero lo más importante es que el gobierno federal aprendió la lección de la importancia de los medios de masas para la guerra. Así que está utilizando el factor psicológico de la propaganda de guerra: Ganarse las mentes y corazones.

Lo deseado por el gobierno, y lo que con más cuidado ha preparado, es que las agresiones de paramilitares no sean identificadas como un brazo del gobierno, sino como enfrentamientos entre indígenas, como los ha venido llamando la prensa, en los hechos más recientes: “disputas, pleitos, riñas o enfrentamientos por la tierra” no entre un grupo de choque del gobierno y zapatistas, sino “entre campesinos o entre indígenas”.

De esa manera el gobierno aparece como ajeno, casi neutral. Con un mucho más de maña, y con ayuda de la negligencia y el dolo de cierta prensa, al gobierno federal le interesa presentar a los zapatistas como “agresores de campesinos, agresores de indígenas”. Le falló en el caso de Acteal, le falló en Viejo Velasco, pero insiste.

Basta ver el nombre del grupo de choque y paramilitar que está usando para agredir a los zapatistas. Lo llamaron “Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos”, Opddic. Si los zapatistas respondieran con armas a una agresión, podrían el gobierno y la prensa presentarlos como agresores de una organización “defensora de los derechos indígenas y campesinos”.

Para el gobierno es muy necesario contar con un elemento así. Porque evitaría el costo político de ser agresor y endosaría al EZLN el rol de “agresor de campesinos e indígenas”. La manera en que maneje la prensa estos hechos de violencia es vital para el gobierno. Como en el caso de Oaxaca, donde los medios comerciales siempre hablaron de muertos y jamás explicaron que los asesinos eran sicarios pagados por el gobierno oaxaqueño y los muertos eran gente del pueblo. Así, para una gran cantidad de población desinformada, la imagen de la APPO fue la de “violentos” (como los campesinos de Atenco eran “macheteros”) y la intervención militar disfrazada de policiaca era para “recuperar la paz y tranquilidad”.

Por ejemplo, el 16 de noviembre de 2006, El Universal, en nota firmada por Freddy Martín Pérez, dice en las cabezas: “Crisis en la Selva Lacandona; entra la fuerza pública” y luego redondea: “Se teme otro enfrentamiento entre indígenas por un conflicto agrario”. Ahí se reúnen todos los elementos que el gobierno se ha cuidado estratégica y pacientemente de sembrar: La presentación de las agresiones de sus paramilitares a los zapatistas y otros grupos indígenas independientes del priismo como “enfrentamientos entre indígenas” y la entrada de la “fuerza pública”, militares y/o policías, como un tercero, que “va a poner paz”.

Esta presentación de los hechos la hemos observado también en La Jornada, con notas de Elio Enríquez, por ejemplo, al informar de la agresión de indígenas progobiernistas lacandones a indígenas no zapatistas en Viejo Velasco.

Cada vez es más insistente y difundida la estrategia de prensa contrainsurgente con estos conflictos que el gobierno genera con sus grupos de choque. El caso más reciente es el del poblado San Jerónimo, en las cercanías de la reserva forestal Agua Azul, municipio de Palenque Chiapas. La nota ha tenido mucha más cobertura que la del desalojo por la fuerza de las comunidades de Montes Azules y su reclusión en condiciones insalubres e inhumanas en improvisados albergues de La Trinitaria y Ocosingo.

Mientras la noticia del desplazamiento forzado ha sido seguida sólo por La Jornada, agencias de Internet, como CIMAC, las organizaciones de derechos humanos y medios libres, la noticia sobre el “enfrentamiento” entre indígenas choles de San Jerónimo y ejidatarios de la reserva de Agua Azul, como lo describe en La Jornada una nota de Ángeles Mariscal y Elio Enríquez, ha sido publicada por diversos medios en el país y a nivel internacional.

Los corresponsales de La Jornada dan la noticia así: “Indígenas choles del poblado de San Jerónimo se enfrentaron con ejidatarios de la reserva forestal Agua Azul por las tierras donde se ubican las cascadas del mismo nombre, pertenecientes al municipio de Palenque, con saldo de dos campesinos heridos.”

La Jornada lo cabecea como: “Riña por tierras en Chiapas deja 2 labriegos heridos”. La cortedad de una nota no permite asomarse al contexto del problema, es un “enfrentamiento” o “riña” entre indígenas choles y ejidatarios también indígenas. Los ejidatarios, dice la nota, son “presuntas bases de apoyo del EZLN”, pero en los párrafos siguientes ya no son “presuntos”, simplemente los llaman “zapatistas”.

Veamos cómo evoluciona la nota, y sobre todo la cabeza de la nota, que es lo único que leen muchos de los apresurados usuarios de periódicos y la Internet: La Jornada: “Riña por tierras en Chiapas deja 2 labriegos heridos”. El Siglo de Torreón, Coahuila: “Se enfrentan ‘zapatistas’ y campesinos” Proceso (nota de Isaín Mandujano): “Chocan zapatistas y opositores en Cascadas de Agua Azul, un herido”. Terra Noticias: “Un pleito entre simpatizantes zapatistas y campesinos deja un herido”. AFP (Associated France Press), nota publicada por Univisión: “México: EZLN y campesinos se enfrentan a balazos por disputa territorial.” Ahí están la nota y el titular que Ernesto Zedillo y Vicente Fox soñaban. Lo tienen ahora con la estrategia del gobierno priista perredista de Juan Sabines y panista de Felipe Calderón. Un lector descuidado puede imaginar toda una batalla, casi un hecho de guerra civil. Y el gobierno agresor no aparece por ningún lado. Al contrario, aparece el EZLN echando tiros.

De eso a que el gobierno federal anuncie que tiene que meter la “fuerza pública” para “restaurar el orden y la tranquilidad”, queda muy poco. Por eso pensamos que cualquier día podría iniciarse otra fase en la guerra contra los zapatistas, ya no sólo los paramilitares y policías. Incluso, los gobernantes mexicanos, que tiraron a la basura los Acuerdos de San Andrés, el diálogo y la ley para el diálogo, podrían pasar al “mátenlos en caliente” que les dejó recomendado desde el siglo pasado (y desde el antepasado) el cacique mayor, santo patrono de los gobiernos que “pacifican” indios. (¿Porfirio Díaz, Fidel Velázquez?)

Las piezas del gobierno se mueven rápido. Si la guerra abierta se reinicia en Chiapas, será una dura prueba para la Otra Campaña. El gobierno de Calderón está jugando con fuego.