Nueva maniobra para escamotear recursos

Según Desarrollo Social, el GDF “maquilla” cifras sobre pobreza

El gobierno federal quitó unos $100 mil millones

Durante mucho tiempo, digamos que en todo el lapso en que la izquierda ha gobernado la ciudad de México –una década–, el discurso del gobierno federal mantuvo inalterable una postura: en el Distrito Federal no hay pobres, y si los hay, son muy pocos.

El dicho se apoyó, una y otra vez, en datos que presentaba el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, cuyas suman daban como resultado que sólo 28 por ciento de pobladores de la capital mantienen niveles de pobreza, y bajo ese cobijo los fondos federales para los más necesitados se escamotearon, aunque las cifras que maneja el gobierno de la ciudad cuentan otra verdad.

Los últimos números expuestos por las autoridades de la capital del país señalan que 47 por ciento de sus habitantes sobreviven en niveles de marginación y alta marginación, lo cual quiere decir que no logran obtener ingresos suficientes para que su alimentación y salud al menos se puedan considerar dentro de las mediciones de normalidad.

En el Distrito Federal habitamos casi 9 millones de personas y los niveles de desigualdad parten por la mitad a la población, pero para Vicente Fox y su camarilla desconocer el hecho fue parte de la estrategia con que se pretendió ahogar financieramente a la capital. Negar los índices de pobreza fue restar beneficios económicos al gobierno, sí, pero principalmente a la gente sin recursos.

Aun así, en la ciudad se aplican 34 programas sociales que van directamente a ancianos, madres solteras, estudiantes sin recursos y, más recientemente, desempleados, entre otros, que se ejecutan sin la ayuda del gobierno federal.

Por eso, a todas luces sería un despropósito tratar de ocultar la gran necesidad de mejorar la condición de vida de casi uno de cada dos defeños y la carga financiera que esa situación exige para tratar de aliviarla. Ninguna razón, ni política ni financiera, sería conveniente para que se ocultara esa verdad.

Pero del otro lado, desde la gerencia de Los Pinos, el engaño y la mentira no sólo abonaban en la estrategia política, que según ellos indicaba que sin recursos serían menos los programas de asistencia y ello impediría el aumento de la popularidad de los gobernantes, sino que crearía altos niveles de descontento en la población por la ineficacia de los gobernantes.

Ahora el gobierno federal monta otra falacia. El nuevo secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero, se atrevió a decir que el gobierno de la ciudad “maquilla” la cifras de la pobreza. La declaración puede provenir de dos fuentes: la ignorancia del funcionario, o el dolo con que acostumbran actuar los gobiernos panistas.

En la última década el gobierno federal quitó a los pobres del DF unos 100 mil millones de pesos, que deberían haber obtenido mediante al menos tres diferentes programas federales que sí se entregan a otras entidades. Uno para infraestructura social, otro para educación de adultos mayores y uno más para salud.

Las cifras se pueden consultar, y la pobreza salta en las esquinas de toda la ciudad, pero, ya sea por ignorancia o por estrategia dolosa, hay que tomar la palabra al secretario de Desarrollo Social para que de una vez se entregue al Distrito Federal lo que la ciudad merece. Total, en la capital ya casi todos saben de qué lado masca la iguana.

De pasadita

Ahora resulta que la gente no necesita que la agravien, humillen, engañen y traicionen para que reclame e insulte a sus representante políticos por ir en contra de lo que ellos, los votantes, les exigen, y sus manifestaciones violentas sólo tienen que ver con quien supuestamente los azuza y no con la realidad. Nos referimos, desde luego, a un episodio que apenas ayer presenciamos en un restaurante, donde se impidió a un cliente saborear un cigarrillo y éste reclamó a un diputado que se hallaba entre los comensales, no de muy buena manera, que se haya impuesto esa ley. ¡Cosas que hay que ver!

Los movimientos sociales surgidos en el México moderno a partir del movimiento estudiantil del 68 y hasta el fraude electoral del 88 forman parte de la publicación “El principio 1968-1988, años de rebeldía”, de Francisco Pérez Arce, presentado en la 29 edición de la Feria del Libro del Palacio de Minería.El autor aseguró que en la publicación se tocan además temas como la guerrilla en México en esos años y la organización de la sociedad a raíz de los terremotos de 1985.

“El libro es un relato-crónica, sin intento de hacer una reinterpretación; es un ensayo de esos 20 años, el punto de partida es el movimiento de 1968 y la mayor parte del libro está dedicada a ese movimiento”, dijo Pérez Arce.

“En tanto, el resto de la publicación recorre el movimiento sindical del llamado periodo de la Insuficiencia Obrera, así como el surgimiento de la sociedad civil como consecuencia de la apatía gubernamental después del terremoto de 1985 y el fraude electoral de 1988″, explicó.

Señaló que la idea de sacar a la luz un libro con temas como el del `68″, radica en que la sociedad conozca su versión “respaldada por documentos de la época”. El escritor agregó que su motivación por la presente obra, radicó en su faceta como investigador.

Pérez Arce, adscrito a la Dirección de Estudios Históricos (DEH) del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), consideró que en la actualidad existen en el país situaciones sociales similares a las de hace 20 años.

En su oportunidad, el escritor Saúl Escobar Toledón señaló que la publicación “es una historia que se narra a contrapelo de la tradicional historia sexenal, que se escribe desde la visión del poder, del presidente en turno”. “Es una revisión de la historia en donde Paco (Francisco Arce) se convierte así en un revisionista al ofrecernos una historia diferente”, dijo.

Destacó que el escrito publicado por la editorial Itaca, se trata de una autobiografía “una historia en donde las izquierdas tienen un protagonismo relevante”. Asimismo indicó que la obra es un recuento importante de una etapa del país, tal como la vieron y vivieron multitudes.

Abundó que en el texto el autor consigue crear un mural noticioso de una etapa desconocida y hoy investigada. “La crónica-ensayo sólo tiene un inconveniente, aún es la historia de la marginalidad beligerante que urge, porque las lecciones hoy hacen más falta que nunca”, agregó.

Al respecto, el profesor Orlando Delgado indicó que en el libro se relatan 20 años de rebeldía, empezando con el movimiento estudiantil de 1968, al que tantos estudiosos y protagonistas han considerado “un parteaguas” en la historia moderna de México.

Dijo que a partir de entonces se sigue el rastro del sindicalismo democrático, las guerrillas urbanas y rurales, la insurgencia magisterial y los movimientos urbanos populares.

Agregó que este intenso recorrido conduce a la antesala de la rebelión electoral de 1988, cuando la sociedad mexicana rechazó al partido del gobierno y votó masivamente por Cuauhtémoc Cárdenas, el candidato de la izquierda. “Esos veinte años constituyen, según el autor, el principio de una transformación profunda de la sociedad y el estado. Este es un libro imprescindible para los interesados en la historia de la segunda mitad del siglo XX”, apuntó.

EPR negó nexos con el narco

El grupo guerrillero que se ha adjudicado ataques en 2007 a ductos de Petróleos Mexicanos rechazó vínculos con el narcotráfico o la delincuencia organizada.

Criticaron a diputado

“No somos parte de la delincuencia organizada, somos luchadores sociales con una moral diferente a la del gobierno”, señaló el Ejército Popular Revolucionario (EPR) en un comunicado divulgado en un sitio de internet que suele colocar textos de organizaciones rebeldes latinoamericanas ().

La organización rechazó las declaraciones del presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, Justiniano González, quien sugirió recientemente que el narcotráfico podría estar financiando a grupos guerrilleros como el EPR.

Una nueva versión de origen gubernamental, aunque no oficial, sobre los hechos de Bolom Ajaw el pasado jueves por la tarde, señala que el “reportero” que presuntamente fue retenido el jueves por bases zapatistas de la mencionada comunidad, en el área de las cascadas del río Agua Azul, era en realidad “un agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen)”, organismo federal dependiente de la Secretaría de Gobernación.Desde el viernes, fuentes del gobierno estatal transmitieron a algunos reporteros dicha versión. La agencia informativa Mirada Sur reporta que “policías estatales preventivos y un agente del Cisen” habrían sido “retenidos y desarmados por presuntas bases del EZLN del municipio de Chilón, cuando el agente tomaba imágenes de un predio invadido en Salto de Agua acompañado de policías estatales”.

No obstante, Bolom Ajaw pertenece a la región autónoma zapatista La Montaña, en la demarcación del municipio oficial de Tumbalá (no Chilón ni Salto de Agua). La información, procedente de Palenque, señala que “seis policías preventivos estatales destacados en Agua Azul, de la patrulla PEP-315”, habrían custodiado al agente federal para que tomara imágenes “de un predio conocido como Bolom-Ajau (sic) invadido por los zapatistas; problema agrario que ya lleva varios años sin resolverse y ha provocado conflictos entre zapatistas y ejidatarios”.

Mientras la junta de buen gobierno del caracol de Morelia, consultada por La Jornada, manifestó que “sigue investigando los hechos”, el citado reporte periodístico añade: “Al parecer, los indígenas zapatistas de Bolom-Ajau tomaron como una provocación la presencia en su territorio de policías armados y un agente del Cisen en presuntas acciones de espionaje, por lo que fueron retenidos y desarmados”. La noche del mismo jueves, los policías “denunciaron los hechos ante la Fiscalía Distrital con sede en Palenque, la cual inició la averiguación previa”.

Fuentes policiacas de Palenque sugirieron el viernes que podría efectuarse “un operativo para recuperar las armas”. Según Mirada Sur, también “trascendió que hay malestar en las autoridades superiores del gobierno chiapaneco, porque el mando a cargo de los policías retenidos no pidió autorización para prestar el apoyo solicitado por el agente del Cisen, tratándose de un asunto delicado y del orden federal”.

La guerrilla mexicana Ejército Popular Revolucionario (EPR, izquierda) se deslindó este jueves del crimen organizado y de la ejecución de un alto mando policial en el estado de Oaxaca (sur).

“No somos parte de la delincuencia organizada, somos luchadores sociales”, dijo el EPR en un comunicado, al responder a versiones de que supuestamente tiene relaciones con el narcotráfico.

El EPR, que se atribuyó dos atentados en 2007 contra ductos de la petrolera estatal Pemex, no se refirió en su comunicado a la explosión cometida el viernes pasado en la capital mexicana y que dejó un saldo de un muerto y dos heridos.

Las autoridades de la Ciudad de México investigan los nexos de la única detenida y también herida por la explosión con cárteles de droga que operan en la capital mexicana.

El EPR tiene células en la sierra de Guerrero (sur) y en Oaxaca, además de algunos municipios del estado de Chiapas (sureste).

Por otro lado, el EPR se deslindó “totalmente” del asesinato de un alto mando policiaco de Oaxaca ejecutado por un grupo armado a finales de enero pasado.

El EPR sostuvo que no participó en el asesinato, cometido por un comando armado, a pesar de que acusó a la víctima, Alejandro Barrita, de ser “un torturador y represor de luchadores sociales” y “responsable también de la detención desaparición” de dos de sus militantes.

En julio y septiembre del año pasado el EPR reivindicó ataques a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en demanda de la presentación con vida de esos dos guerrilleros y amenazó con continuar lo que definió como acciones “quirúrgicas”, que, según el grupo armado, gozan del apoyo incluso de militares.

“Un gran número de miembros del ejército federal están de acuerdo con este tipo de acciones de autodefensa que evitan la confrontación directa entre hermanos mexicanos, al dar donde más duele a la oligarquía y al Estado: sus propiedades, sus intereses, su economía”, señaló el EPR al citar una encuesta propia de la que no dió más detalles.

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